El Gobierno, a través del ministro Carlos Romero, anunció la aprobación del proyecto de Ley Marco de Consulta Previa con consenso de las organizaciones sociales, que antes de su envío a la Asamblea Legislativa Plurinacional será presentado al presidente Evo Morales. Sin embargo, otros sectores indígenas observaron la aprobación de la norma.
«El debate que ha sido muy profundo, a veces tenso, ha permitido con base en la confrontación de razones arribar a un entendimiento y a entender que el consentimiento previo es la construcción de un acuerdo entre el Estado y los pueblos consultados (…) Los consultados son los directamente afectados potencialmente por un proyecto o iniciativa estatal», explicó Romero en una entrevista concedida a radio Panamericana.
El coordinador de Fortalecimiento Político de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) Rafael Quispe señaló ayer que se lograron importantes avances en el anteproyecto de Ley de Consulta Previa que se debate con el Gobierno y organizaciones sociales. Uno de los más importantes es que el Gobierno ha aceptado que el 5 % del Impuesto Directo a los Hidrocarburos vaya al Fondo Indígena; en el mismo campo, piden la creación del Impuesto Directo a la Minería.
El relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, señaló como parte de las conclusiones y recomendaciones del informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, que los nativos tienen derecho a definir su propio desarrollo e incluso negarse a actividades extractiva en sus territorios a favor de otras iniciativas para su progreso.