Anuncian que interpondrán todas las acciones legales tendientes a paralizar el proyecto, que se emplaza en sus tierras ancestrales, y a exigir el derecho a consulta previa que les asiste como pueblos indígenas de acuerdo a los estándares internacionales.
Aseguran, además, que la autoridad ambiental regional ha actuado de mala fe, intentando imponer un proceso de consulta que no responde a los estándares internacionales y que la comunidad nunca ha validado, con el claro propósito de viabilizar el proyecto.
El pasado martes la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama decidió aprobar el megaproyecto minero El Morro, luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental regional declarará como cumplida la consulta indígena exigida por la Corte Suprema, en su sentencia de abril de 2012, que confirmó la paralización del proyecto y dejó sin efecto el acto administrativo con el que originalmente éste se había autorizado en marzo de 2011.