No es extraño que los conflictos sociales, la violencia y la violación de los derechos humanos estén aumentando en la medida en que la locomotora minera aprieta su paso.
La minería está exacerbando los conflictos sociales y la violencia en Colombia.
Precisamente, por estos días, al tiempo que se anuncian medidas para combatir la minería ilegal, que, sin duda, es una de las causas fundamentales de estos fenómenos de violencia y conflicto renovados, se vuelve a afirmar que el fomento de la minería legal, en particular la de las multinacionales, es la estrategia para evitarlos. Pero es una afirmación que está lejos de la realidad.
«Hay US$30 mil millones paralizados por la resistencia a la minería en América Latina», asegura César Padilla, del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) en el marco del Día Internacional de Acción Contra la Minería a Cielo Abierto donde a nivel continental se realizaron diversas actividades para repudiar la actividad saqueadora y proponer nuevos métodos, sistemas y modos de vida.
La pregunta de la Consulta Popular: Las y los habitantes de Piedras deberán responder con «sí» o «no» a la pregunta: «Está de acuerdo, como habitante del municipio de Piedras, Tolima, que se realice en nuestra jurisdicción actividades de exploración, explotación, tratamiento, transformación, transporte, lavado de materiales, provenientes de las actividades de explotación minera aurífera a gran escala, almacenamiento y el empleo de materiales nocivos para la salud y el medio ambiente, de manera específica el cianuro y/o cualquier otra sustancia o material peligroso asociado a dichas actividades y se utilicen las aguas superficiales y subterráneas de nuestro municipio e dichos desarrollos o en cualquier otro de naturaleza similar que pueda afectar y/o limitar el abastecimiento de agua potable para el consumo humano, la vocación productiva tradicional y agrícola de nuestro municipio» (1).
“Están vendiendo en pedazos el país”, expresó el economista Hugo Noé Pino al referirse a la