Gabriela Meza, gerenta de la Junta de vigilancia del Río Lluta, explicó a Semillas de Agua los puntos principales que determinaron la decisión del Consejo de Ministros para rechazar definitivamente el proyecto minero Los Pumas. Así también narró todo el proceso judicial que fue acompañado en todo momento por un movimiento social fuerte.
“Hicimos muchas cosas para detener este proyecto, incluso cortamos la ruta varias veces y fuimos más de diez mil en las calles… la lección es que David sí puede derrotar a Goliat”, espetó.
Recordó que en 1920 hubo una fuerte contaminación y que los campesinos y agricultores hicieron muchos esfuerzos para recuperar el ambiente y ya desde 1980 el Valle de Lluta es importante en la producción agrícola. “No queremos a las mineras, queremos que nuestro valle sea agrícola”, dijo.
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Como es de conocimiento público año tras año las aguas ácidas de la mina San José son descargadas sin tratamiento alguno, estas aguas acidas recorren la ciudad por el canal Tagarete e ingresan a los lagos Uru Uru y Poopó, fuente de vida para las comunidades que viven y conviven con el lago. Es un problema tan serio que afecta a la ciudad, también a las comunidades aledañas, a los lagos y a toda la población de Oruro, por ello las decisiones no pueden ser pensadas solo en beneficio de un solo sector y menos si tienen característica privada.
Grandes minas a cielo aberto, deforestación y expulsión de famílias y comunidades enteras. Pueblos indígenas y comunidades tradicionales amenazados por intereses mineros sobre sus territorios. Contaminación del agua, la tierra y el aire. 
Tras dos décadas del ingreso de la minería a gran escala no ha sido posible –en su gran mayoría- la convivencia con las poblaciones de las zonas de influencia directa de estos proyectos, cada vez las relaciones se han tornado más conflictivas debido a la defensa del agua y a su modelo de producción local, como es la agricultura y la ganadería, versus un modelo que impulsa a rajatabla las industrias extractivas bajo un crecimiento desordenado y sin una política de ordenamiento territorial. Las concesiones mineras y la aprobación de los proyectos se dan sin medir el impacto social ni ambiental, y el costo de ello viene cobrando muchas vidas.
Luego que el Consejo de Ministros resolvió dejar sin efecto permiso ambiental del proyecto minero Los Pumas y que a nivel regional el intendente y seremi de medio ambiente dieran a conocer información a la opinión pública local, las reacciones no se dejaron esperan.
Goldcorp inició su programa cierre operacional de la mina El Sauzal, ubicada en Chihuahua, donde retirarán todo elemento peligroso para el ambiente y renovarán el paisaje para limpiar de toda actividad destructiva que tuvo la zona.
Tras las consultas sobre concesiones mineras realizadas por comunidades en los municipios de Támesis y Pueblorrico, ubicados al suroeste del departamento de Antioquia, la comunidad del Carmen de Viboral, localidad del oriente del mismo departamento, presentó un derecho de petición para organizar su propio ejercicio consultivo.
Han salido a la luz pública las transcripciones de las escuchas telefónicas del exjefe de la seguridad de la empresa minera Tahoe Resources, Alberto Rodondo, derivado de una demanda civil en Canadá por víctimas sobrevivientes al tiroteo ocurrido el 27 de abril de 2013, afuera de la entrada del proyecto Escobal. Las transcripciones brindan evidencias contundentes sobre que Rotondo dirigió un ataque armado en contra de manifestante pacíficos, realizando acciones de encubrimiento de evidencias de dicho crimen, para posteriormente intentar huir del país. Las escuchas telefónicas salieron a la luz pública gracias a una investigación realizada por el Ministerio Público de Guatemala dos semanas antes de los hechos ocurridos, aparentemente relacionado hechos violentos anteriores. Las mismas que fueron originalmente presentadas ante una audiencia pública en mayo 2013 en Guatemala, cuando se levantaron cargos de asalto y encubrimiento en contra de Rotondo.