En los próximos días, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia deberán determinar si la ley 7.722 –que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en los proyectos mineros– es o no constitucional.
Desde el 2007, año en que se aprobó la norma, los empresarios y las asociaciones profesionales presentaron acciones ante la Justicia y contra el Estado provincial, por considerar que la ley es no se ampara a la Constitución Nacional.
Así, mientras las cámaras y los empresarios del sector aseguran que la norma prohíbe una industria lícita, organizaciones y vecinos autoconvocados entienden que resguarda el patrimonio ambiental mendocino.
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