Las organizaciones abajo firmantes denunciamos y rechazamos las agresiones de las que fueron víctimas el pasado 20 de octubre de 2015 varias mujeres integrantes del Frente de Mujeres defensoras de la Pachamama que se manifestaban de forma pacífica en contra del proyecto minero Río Blanco en el marco de la visita del Presidente Rafael Correa a la comunidad rural de Molleturo, en Cuenca, Ecuador.
El mandatario estaba de paso para inaugurar la obra de un centro de salud que hace parte del programa “Ecuador Estratégico”. Durante el acto manifestó que la obra se llevó a cabo gracias a las regalías del proyecto minero de la empresa china Junefield y respaldó las actividades de la empresa en la región.
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En audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), organizaciones muestran que empresas y estados no respetan derechos básicos de poblaciones. En el caso de Brasil, la agencia reguladora del gobierno federal ni siquiera fiscaliza a las empresas mineras.
Una represa de una compañía minera colapsó en el sudeste de Brasil y al menos 15 personas resultaron muertas y otras 45 se encuentran desaparecidas, señalaron medios locales.
Más de un centenar de mujeres lideresas de 34 territorios a nivel nacional e integrantes de organizaciones de mujeres, con el apoyo de la no gubernamental Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (Red Local), se dieron cita a fines de agosto para crear la llamada Alianza Nacional por los Derechos Humanos de las Mujeres para la defensa de sus territorios. Estos han sido asediados por las nuevas políticas de posesión de la tierra, amparadas en el marco legal nacional y apoyadas por el gobierno para la implementación de megaproyectos, que están tensionando la vida de las comunidades rurales a nivel nacional.
Lina Solano Ortiz, en representación de la Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM y del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama de Ecuador, fue una de las participantes en la Primera Audiencia Regional sobre Criminalización a Mujeres Defensoras de los Territorio y el Medio Ambiente en las Américas, solicitada por una coalición de organizaciones, que se llevó a cabo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el viernes 23 de octubre de 2015.
La semana pasada circularon unos fotos mostrando una mancha color negro al costado del paredon del dique Caracoles. Un equipo de la Asamblea tomó muestras de agua y sacó más fotos desde otras perspectivas. El Estado Provincial minimizò, tergiversó y ocultó información sobre el derrame de tóxicos del pasado 13 de septiembre cuando Barrick Gold derramó un millón de litros de sustancias tóxicasL Descreen en la hipótesis “oficial” de que la mancha sea producto de grandes concentraciones de manganeso y hierro que el río arrastró. Un análisis serio de agua tarda entre 20 y 30 días o sea que es imposible que un par de horas el gobierno haya podido saber con exactitud de que se trataba la mancha.
A pesar de no contar con pruebas contundentes, autoridades sólo se basan en la versión de los gobernadores de Celendín y Sorochuco.
Los pobladores de Cantumarca endurecerán sus medidas de presión una vez que pase la fiesta de Todos los Santos demandando que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) firme un contrato con la empresa china Jungie Mining Industry SRL para el traslado de las colas del dique San Miguel. Así lo hizo conocer el concejal de Potosí-MOP, Eloy Relos.
Unas 25 personas de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), parroquia Tundayme en Zamora Chinchipe, realizaron ayer un plantón en las instalaciones de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) para exigir la suspensión del proyecto Mirador, concesionado a la empresa EcuaCorriente S.A.