La tarde de este jueves, 40 campesinos del ejido Matamoros en el municipio de Melchor Ocampo se manifestaron en el vestíbulo del Congreso del estado.
Esto en exigencia de que los legisladores intervengan en la demandas que están haciendo a la empresa Gold Corp para el pago justo por el uso de sus tierras y el cese de la contaminación del agua para consumo humano.
Recordaron que desde hace 7 meses mantienen un plantón en la construcción de una planta de distribución hidráulica y una subestación eléctrica propiedad de minera Peñasquito, sin haber recibido atención del gobierno del estado.
Denunciaron que durante el pasado fin de semana fueron amedrentados por elementos policíacos estatales y por militares, lo que calificaron de “terrorismo policiaco en contra de la gente del semi desierto”.
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De 7 a 15 minutos sería el tiempo que los casi 2 mil habitantes de Caimanes tendrían para evacuar el pueblo, en caso que el tranque relave El Mauro sufriera una ruptura. Según los expertos, de no demolerse a tiempo el tranque, perteneciente a Minera Los Pelambres, seguirá contaminando los afluentes del río Pupío. A pesar de que la Corte Suprema y el Tribunal de Los Vilos fallaran en 2013 a favor de la comunidad de Caimanes y ordenara la demolición del tranque, el proyecto minero, propiedad del Grupo Luksic, ha dilatado este proceso.
El abogado Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas), denuncia la supuesta fuga del exjefe de Seguridad de la Mina San Rafael, Alberto Rotondo, de nacionalidad peruana.
El domingo 29 de noviembre, en el local comunal Túpac Amaru ubicado en Cocachacra, centro urbano del Valle de Tambo, se reunieron más de 120 ciudadanos y ciudadanas para participar en la presentación pública del texto “Aportes técnicos que cuestionan la viabilidad del Proyecto Minero Tía María en la Provincia de Islay, Arequipa”.
El 7 de noviembre, ingresó ante el juzgado de letras laboral de Santiago una demanda de Víctor Manuel Vega Rodríguez en contra de la Subsecretaría de Minería en la que se acusa vulneración de derecho fundamental y despido injustificado tras desempeñarse a honorarios en la repartición.
Autoridades del municipio de Llica acusaron a la minera chilena Collahuasi de utilizar agua de forma gratuita, tras mover el hito establecido por ambos países. La minera es controlada por la suiza Glencore y la británico-sudafricana Anglo American.
Vecinos de la localidad de Tamberías, a 10 km de la ciudad de Jáchal, hoy miércoles por la mañana retiraron a sus niños de la escuela por no contar con agua segura, se manifestaron en la puerta del colegio y luego se movilizaron acompañados por vecinos de otras zonas hasta la sede de Obras Sanitarias Sociedad del Estado -OSSE, para reclamar por la sanidad del agua. El progreso y el bienesatar que genera la megaminería.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Costa Rica fijó en 6,4 millones de dólares el daño ambiental causado por el proyecto de minería de oro a cielo abierto “Las Crucitas”, que nunca llegó a operar y que estaba a cargo de la empresa Industrias Infinito, filial de la canadiense Infinito Gold.
A seis años del asesinato de Mariano Abarca Roblero, líder de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en Chiapas, el homicidio no solo sigue impune sino que la mina de barita contra la que Mariano luchó por la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, amenaza nuevamente con iniciar sus operaciones en el ejido Grecia, Chicomuselo, en medio de mayores divisiones y tensiones entre la población como las que genera también la extracción de barita en el ejido Santa María. Del mismo modo sigue impune la corrupción generada entre la empresa minera canadiense apoyada por su embajada y el ex presidente municipal Julio César Velázquez Calderón ya que, pese a las pruebas contundentes, tanto el gobierno canadiense como el gobierno de Chiapas, desistieron de esta investigación.
“No es un accidente”, gritan los miembros del Movimiento de Afectados por la Minería (MAM). “Es un acontecimiento de total responsabilidad de las empresas”, asegura Mario Zonta quien destaca que las empresas no monitorean las represas donde almacenan desechos tóxicos, como las que se rompieron el pasado 5 de noviembre provocando un río de lodo contaminado que destruyó poblados, provocó la muerte o desaparición de más de 20 personas y dejó miles de afectados.