Como una muestra gráfica de que “la institucionalidad administrativa y política no está funcionando”, definió el abogado Marcelo Castillo Sánchez el nuevo hecho de contaminación ocurrido en Alto Mañihuales y que involucraría a minera El Toqui. El profesional, quien interpuso a principios de diciembre una querella en contra de los responsables de la intoxicación por plomo y arsénico en las familias del sector, señaló que en este caso “algunos organismos del Estado no están cumpliendo su rol constitucional”.
Tales declaraciones las hizo luego de recibir una serie de fotografías de parte de pobladores de la zona (cuya identidad mantuvo en reserva) donde se da cuenta de la contaminación presente en uno de los ríos producto de descargas de residuos industriales líquidos (riles) por parte de la compañía perteneciente a la belga Nyrstar. Según informaciones que le entregaran testigos, el vertido se habría producido el 19 de diciembre pasado el mediodía en el tranque de relaves Confluencia (el mismo que se asume como origen de la intoxicación de la población) y las imágenes fueron tomadas tres kilómetros aguas debajo de este.
“En estos meses hemos presenciado sistemáticamente cómo los organismos del Estado responsables de cautelar la salud de los habitantes de un sector rural como Alto Mañihuales, su integridad física y su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no están cumpliendo su rol constitucional y administrativo” indicó el abogado. “Las autoridades han estado más enfocadas en bajar el perfil a este problema, preocupadas más por la empresa que por las personas, que son las verdaderas víctimas de esta situación” puntualizó.
A esto agregó la forma restrictiva en que se ha llevado adelante el proceso con la comunidad, circunscribiendo los afectados por los hechos de contaminación solo a los habitantes de Alto Mañihuales en circunstancias que los cauces afectados fluyen hasta Puerto Aysén, pasando por Villa Mañihuales y otros sectores poblados.
En este sentido expresó que “la institucionalidad administrativa y política no está funcionando, toda vez que este hecho de nueva contaminación, pasados los días, se hace público por la denuncia de un habitante y no por los canales institucionales”.
Marcelo Castillo informó que agregará estos antecedentes a la demanda interpuesta hace un par de semanas, evaluando si amerita realizar una nueva acción penal por contaminación. Asimismo, llamó a las autoridades vinculadas “a ejercer su mandato legal y tomar las medidas pertinentes ante este nuevo hecho”.