La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó hoy al Estado de Honduras por violar la propiedad privada colectiva en perjuicio de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz.
El caso se relaciona con las distintas problemáticas en torno al territorio de esa comunidad ubicada en el municipio de Tela, departamento de Atlántida.
La demanda indica que los pobladores de ese lugar no poseen un título de propiedad sobre su territorio ancestral, idóneo y culturalmente adecuado.
Además se refiere a la denegación del derecho de ese pueblo a la participación en la toma de decisiones en asuntos que les conciernen, así como de sus derechos a las garantías y protección judicial.
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El incremento de la actividad minera ha desplazado a comunidades y ha obtenido el control del territorio y sus recursos en donde se lleva a cabo, advierte el estudio Miradas en el Territorio: Cómo Mujeres y Hombres Enfrentan la Minería.
La empresa china Ecuacorriente S.A. (ECSA) planea realizar minería a cielo abierto en el corazón de la Cordillera del Cóndor, al sur de la Amazonía ecuatoriana. Para llevar a cabo su proyecto minero Mirador ha sido preciso llevar a cabo desalojos forzosos de familias y comunidades enteras con la connivencia del Estado ecuatoriano que han generado múltiples violaciones de Derechos Humanos. El presente documento: "Informe sobre desalojos forzosos realizados por el Estado ecuatoriano y la empresa minera china Ecuacorriente (ECSA) en la Cordillera del Cóndor, Parroquia Tundayme, Diciembre de 2015″ es una compilación de los hechos más relevantes sucedidos respecto al desalojo forzoso y una síntesis de la vulneración de derechos de las familias y sus comunidades.
El titular de la Fiscalía General de Jalisco (FGE), Eduardo Almaguer, ordenó una revisión administrativa de la actuación de los policías que participaron en la detención de Miguel Monroy Gerardo y Marciana de los Santos López, indígenas nahuas, contra quienes un juez mixto de primera instancia dictó órdenes de arresto por presunto despojo de tierras. Ambos encabezan la resistencia de los indígenas del sur de Jalisco contra la minería de tajo, a cielo abierto, y el despojo de sus recursos naturales por empresas mineras o grupos de la delincuencia organizada.
La muerte de 13 mineros en Santander de Quilichao (Cauca), en mayo del año pasado, volvió a poner en evidencia el problema de la minería ilegal en el país -de los 55 millones de toneladas de oro que produce Colombia, sólo 7 millones son legales-. Sin embargo, ni el dolor por esa tragedia ha cesado en las familias de las víctimas ni la búsqueda de los responsables del hecho se ha detenido.
El Gobierno de Francisco Pérez terminó el 9 de diciembre, pero sus decisiones siguen generando sorpresas. Antes de irse, el Gobierno firmó la actualización del proyecto Minero San Jorge, que fuera desestimado hace 5 años en la Legislatura. Esa firma implica la reapertura del proceso para darle vida al proyecto, pero con una nueva metodología: extraer la roca de la mina en Uspallata, molerla y trasladarla a San Juan para realizar el proceso de lixiviación y extraer el cobre.
El diario estadounidense Arizona Daily Star publicó el domingo 20 el caso de los enfermos por el derrame de la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, en el Río Sonora y que el gobierno mexicano se tardó en reconocer. El diario revela las fallas del gobierno mexicano en la detección y realización de los exámenes médicos por parte de la Cofepris a los habitantes del río Sonora que presentaron síntomas, casi inmediatamente después del derrame de 11 millones de galones de químicos tóxicos.
La ciudad peruana de Cerro de Pasco, que es conocida como 'la capital minera del Perú' y es una de las ciudades más altas del mundo, hace un siglo fue muy desarrollada y la segunda más grande del país. Actualmente está considerada oficialmente en "emergencia ambiental", según la decisión del Ministerio de salud del país andino. Los niños son los más afectados por los desechos tóxicos que 'consumen' poco a poco a los residentes de Cerro de Pasco.
Pese a que renunciaron a Barrick, un par de ejecutivos deberá recordar lo que fue su anterior trabajo. Esto, dada la citación realizada por la Superintendencia del Medio Ambienta (SMA) para declarar en el proceso sancionatorio contra Pascua-Lama.
La justicia brasileña ordenó bloquear los bienes de las mineras Vale y BHP Billiton para garantizar la indemnización por el deslave tóxico que mató 17 personas y causó el mayor desastre ambiental de la historia del país.