Miembros de diferentes organizaciones ambientalistas y un equipo de investigadores canadienses y de El Salvador presentaron los resultados de un estudio que se realizó en el cantón San Sebastián, de Santa Rosa de Lima, La Unión.
La investigación pretendía evidenciar el impacto que ha ocasionado en la comunidad la explotación minera que se llevó a cabo por diferentes compañías, y que ahora ha sido retomada por la comunidad pero de una manera artesanal.
Se señala en el estudio que la principal afectación por la explotación de la mina San Sebastián está en el recurso hídrico, causando que todos los afluentes de agua estén contaminados con metales pesados, como hierro, manganeso, aluminio y selenio. “Lamentablemente a esa agua no se le puede dar ningún uso”, afirmó el hidrólogo Julio César Quiñónez.
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Pese a los problemas con Pascua-Lama, la minera canadiense Barrick continúa con la intención por invertir en Chile. Se trata del proyecto Alturas, que ya recibió la aprobación para la campaña de exploración por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental, proceso que requiere una inversión aproximada de USD 70 millones.
En procedimiento de prueba se encontraron nuevos graves incumplimientos 
La gobernadora regional Yamila Osorio Delgado, calificó de soberbia y mezquina a la Sociedad Minera Cerro Verde, quien debería asumir un rol de responsabilidad social frente a los agricultores de La Joya. Osorio Delgado manifestó su total apoyo a los agricultores que acusan a la minera de llevarse más de un metro cúbico por segundo del Río Chili para realizar las pruebas de la planta de tratamiento de La Enlozada. Planta que procesará las aguas servidas para que Cerro Verde las use en su producción.
Un nutrido grupo de asambleas de vecinos, organizaciones sociales e investigadores, se prununcian contra la renovación del Pacto Federal Minero. "Ante la degradación social, cultural y la agonía de las economías regionales que nos deja los mega proyectos mineros en nuestras provincias, la desinformación sobre la situación ambiental después de casi 20 años de megamineria, la falta de aplicación de la ley de glaciares y la corrupción de los funcionarios."
Entre el 2014 y el 2015, la minera brasileña de hierro Samarco Mineração S.A. recibió advertencias de peligro grave emitidos porsensores de tierra, meses antes del colapso de una presa de relaves, que dejó a su paso cerca de 20 muertos, arrasó con pueblos y causo un inmenso daño medioambiental, informó la cadena de televisión brasileña Globo TV.
Estimados y estimadas, les hacemos llegar informe que elaboró la CNDDHH, denominado "Las Bambas: Violaciones de Derechos Humanos y Protesta Social" a propósito de la misión tras el conflicto en Las Bambas sobre la situación de derechos humanos durante y posterior al conflicto.
Mucho se ha analizado sobre los cuestionamientos al modelo de desarrollo y reales cambios efectuados por los gobiernos progresistas o de sensibilidad de izquierda que han dirigido nuestro subcontinente en los últimos años. Sin embargo, en algunos de estos países el panorama nos muestra que la derecha neoliberal y conservadora comienza a lograr triunfos significativos, como ya sucedió con la elección presidencial de Mauricio Macri en Argentina y la derrota del chavismo en las últimas legislativas en Venezuela.
Despuntaba la década de los años noventa cuando los venezolanos se enteraron de la llegada de los garimpeiros al sur del país. Estos mineros artesanales provenientes de Brasil habían traspasado la amplia frontera amazónica entre ambos países atraídos por la fiebre del oro, abriendo fosas en medio de la selva para extraer el preciado metal. Estas actividades ilícitas afectaron el frágil equilibrio del ecosistema amazónico, la salud y modo de vida de las poblaciones indígenas y criollas, e incluso amenazaron el potencial hidroeléctrico del país sudamericano. En ese momento, las fuerzas armadas venezolanas contaron la llegada de estos exploradores ilegales en cerca de mil individuos, expulsando al menos a la mitad de ellos.
Hay en México muchos ejemplos de personas que enfrentan poderes fácticos y económicos para defender su dignidad, territorios, bienes y sus derechos humanos. Entre ellos se cuenta la lucha y resistencia del líder nahua-otomí del poblado Potros, Félix Monroy Rutilo, quien desde el pasado 5 de enero ha visto intensificados los ataques en su contra por una de las dos minas de hierro más grandes del país: el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada SA de CV, filial de la multinacional minera italo-argentina Ternium, de negro historial en el ámbito de los derechos humanos. Su resistencia y lucha se enmarcan en el conflicto histórico y jurídico, del que ya tiene conocimiento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre los gobiernos de Jalisco y Colima, por el control del territorio limítrofe, del que ya he dado cuenta en otras ocasiones (La Jornada, 18/1/14).