Cerro Verde apelará fallo que favorece al Estado. Sociedad Minera Cerro Verde anunció que impugnará ante la Corte Suprema, es decir, mediante un recurso de casación, el fallo del Poder Judicial que en segunda instancia le obliga a pagar al Estado regalías por S/ 286 millones. Así lo informa el diario Gestión.
Estas supuestas regalías, afirma la empresa, reclamadas por la Sunat corresponden a la producción de la planta de flotación de sulfuros primarios que opera en Arequipa desde el 2006.
Con el recurso de casación, agrega Cerro Verde, buscará corregir los errores procesales y sustantivos (de fondo) en la decisión de segunda instancia emitida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso-Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros, que les fue desfavorable.
La empresa recordó que el Poder Judicial falló en primera instancia el 17 de diciembre del 2014, declarando fundada, en parte, la demanda de Cerro Verde; y ahora “la reforma y declara infundada con respecto a la pretensión principal y a las pretensiones accesorias; e improcedente, con respecto a la pretensión subordinada de la demanda”.
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El proyecto de mina cercana a la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, representaría mayor riesgo para la población, expresó Claudia Gutiérrez de Vivanco, integrante de la asociación civil Madres Veracruzanas.
El sector minero-energético ha tenido un aumento en las últimas décadas y más aún desde los planes de desarrollo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde se propuso la llamada Locomotora Minera. Con esto se pretendió establecer nuevos lineamientos y directrices en materia legislativa y económica frente al uso de los recursos naturales. A partir de ahí, y posteriormente con la llegada de Juan Manuel Santos, no se ha hecho más que otorgar licencias de exploración y explotación minera, con el fin de castigar la minería ilegal y pasar a la gran minería.
Otra vez, a espaldas de la gente, el gobierno corpaccista hace preparar los papeles para firmar un nuevo acuerdo con la empresa minera YAMANA GOLD donde los catamarqueños, sin duda, saldremos perdiendo, perjudicados, afectados. Ellos (YAMANA) renuncian a seguir litigando por Cerro Atajo y nosotros (el Estado catamarqueño que administra Lucía Corpacci) le entregamos el control de un grupo de yacimientos (incluído Agua Rica) por 40 años. ¡Somos geniales!
Los dos permisos de exploración aurífera solicitados por Grupo M-FM 2001 S.L., "Isabela II" (4.368 hectáreas), ya autorizado, y "Livia" (4.536 hectáreas), todavía en tramitación, copan buena parte del territorio de este municipio de la comarca coruñesa de la Terra de Soneira, frente a áreas de menor extensión en los ayuntamientos de Vimianzo, Coristanco, Santa Comba y Mazaricos. De la fase de exploración a la de explotación hay sólo un paso y este rincón de Galicia podría encontrarse con un conflicto socioambiental equivalente al vivido en Cabana de Bergantiños, Coristanco y Ponteceso estos últimos años.
La minera trasnacional Peña Colorada enfrenta una denuncia por las vías penal y administrativa bajo el cargo de despojo e invasión del rancho Los Potros, ubicado en la franja de conflicto limítrofe entre los estados de Colima y Jalisco.
El caso que está en manos de la magistrada Gloria Ortíz, es una demanda que presentó el Polo Democrática en contra de los artículos 20, 49, 50, 51, 52 y 173 de la Ley 1753 de 2015 (Plan de Desarrollo) y el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011.
El Ministro de Geología y Minas, Francisco Queiroz, consideró el viernes, en Luanda, las actividades mineras como las que más impacto tienen sobre el medio ambiente, debido a la actividad que desarrollan.
Pobladores e integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), anunciaron que la empresa minera Hochschild Mining, propietaria del proyecto minero Corazón de las Tinieblas que desde hace años se encuentra en fase de exploración de oro y plata principalmente, en La Montaña de Guerrero, desistió de su concesión al tener un juicio en su contra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que se ha retirado ya de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec.
La Corte Constitucional anunció este miércoles que asumirá una acción de tutela instaurada por comunidades indígenas y afro del río Atrato, en el departamento de Chocó, según la cual 37 niños habrían muerto en el último año en la región luego de que presuntamente consumieran agua contaminada con mercurio, químico que es utilizado en la minería.