Señor Director:
En los últimos días hemos sido testigos de un nuevo accidente en la División Andina de Codelco, el cual provocó el derrame de más de 50 mil litros de concentrado de cobre en la cuenca del río Aconcagua.
Esta situación no es nueva (segundo derrame en menos de cinco meses), y constituye una demostración del actuar negligente de Codelco y de la total falta de fiscalización por parte de los servicios públicos.
Codelco no tiene regularizados los puntos de captación de sus derechos de aprovechamiento de agua y la Dirección General de Aguas no los fiscaliza. Ha construido un embalse en la que era la laguna “La Turquesa” y construye una serie de obras hidráulicas (como en la que se produjo el derrame) sin contar con el respectivo permiso, todo a vista y paciencia de la DGA. Ningún chileno goza de estos privilegios.
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Durante la reunión que sostuvieron comunidades rarámuris en el Senado de la República donde expusieron conflictos de tierras, violencia y despojo de predios, también se comentó el tema de las mineras en la región y se reveló que los 32 millones de hectáreas concesionadas en sexenios panistas no tienen vigilancia de sus actividades.
El 16 de febrero los manifestantes entregaron un petitorio a la Corte Suprema de Justicia con miles de firmas juntadas en Andalgalá y en la ciudad de Buenos Aires, para exigir la sentencia. El amparo ambiental que los vecinos presentaron en 2010 en el Poder Judicial catamarqueño demandó al Estado provincial y a la minera Yamana Gold, empresa de capitales canadienses dueña del proyecto Agua Rica, reclamó la prohibición de ese emprendimiento, y solicitó que se protegieran las fuentes de agua y la salud de los habitantes locales.
A la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización de Honduras
A la Secretaria de Relaciones Exteriores de Honduras
A la Secretaria de Relaciones Exteriores de México
A la Atención nacional e internacional
A las organizaciones de defensa de los derechos humanos
En la reunión de evaluación del DS Nº 335 (24-25 febrero) los comunarios de la sub cuenca Antequera exigieron que el Gobierno declare zona de emergencia ambiental a dicha sub cuenca, por los graves impactos ambientales que sufren las comunidades de esta zona que han afectado específicamente el agua para consumo humano y animal.
Desde FEDEPAZ expresamos nuestra condena y rechazo por el asesinato de la compañera Berta Cáceres, incansable y muy comprometida defensora de los derechos de los pueblos indígenas en Honduras, cuya notable labor le fue reconocida al otorgársele el Premio Internacional Goldman.
El delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Baja California Sur, José Carlos Cota Osuna, dijo no saber si Desarrollos Zapal, promovente del desarrollo minero Los Cardones que busca explotar el oro mediante minería a cielo abierto en la zona de la Sierra de la Laguna, ha desistido de su proyecto.
El dirigente quiché Pedro Tzicá denuncia una ofensiva de los macroproyectos mineros en Guatemala. Fue a partir de la firma de los acuerdos de paz de Guatemala, en 1996, que pusieron fin a 36 años de guerra civil, cuando Pedro Tzicá empezó a movilizarse. Hoy es uno de los dirigentes del Consejo de Comunidades de Cunén, municipio de 40.000 habitantes ubicado a 1.200 metros de altura en el departamento del Quiché.
DECLARACION PÚBLICA POR ASESINATO DE BERTA CACERES
Pueblo de Sanco denuncia que su permanencia está en riesgo debido a las actividades mineras. Las actividades de la empresa minera Apumayo S.A.C están amenazando con la permanencia de los pobladores del distrito de Sancos en la provincia de Lucanas (Ayacucho), denunció el integrante de la Comisión de Defensa del referido distrito Abner Velasco Ortega. Abner Velasco Ortega de la Comisión de Defensa del pueblo de Sanco, afirmó que la empresa Apumayo S.A.C obtuvo la concesión de manera ilícita ante las autoridades.