La minería ilegal en Buriticá, occidente de Antioquia, produciría 60 mil onzas de oro al año causando un impacto ambiental 10 veces mayor al habitual, según voceros de Continental Gold, propietaria de los títulos mineros en este municipio.
Las empresas mineras ilegales estarían usando mercurio para la explotación, metal prohibido en esta actividad, según un estudio ambiental realizado por la empresa de Gestión y Servicios Ambientales GSA y el Laboratorio Antek, afirmó el Coordinador Ambiental de Campo de Continental Gold, Gustavo Valencia.
Además, las aguas efluentes, es decir, las aguas residuales del proceso minero, se estarían vertiendo en algunas quebradas del municipio como La Cueva y Los Chorros, siendo esta última la más afectada, encontrándose en ella plomo y hasta residuos de heces fecales.
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La comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de diputados citó para “confrontar”, como textualmente fue planteado por el diputado Leopoldo Pérez, a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hecho gatillado por la intervención extraordinaria de representantes de la Coordinación de Territorios por la defensa de Glaciares en dicha instancia, donde se dio cuenta que el informe anual del INDH 2015, plantea la vulneración de derechos en que incurre el proyecto de glaciares. 
La compañía minera involucrada en la fatal ruptura de dos diques de lodos tóxicos el año pasado en Brasil dijo que su presidente y jefe de operaciones se separaron temporalmente de sus cargos. El presidente de Samarco, una empresa conjunta de los gigantes mineros Vale y BHP Billiton, Ricardo Vescovi y el jefe de operaciones Kleber Terra pidieron dejar sus puestos para preparar su defensa.
Para favorecer los trámites de una empresa minera que pretende explotar oro en varios sectores olanchanos, desconocidos falsificaron la firma y sello de la secretaria municipal de Juticalpa, Brenda Yamileth Méndez Carrasco, según denuncia interpuesta en el Ministerio Público (MP).
Un grupo de vecinos del sector Las Coimas, en su mayoría jóvenes, decidieron interrumpir el tránsito en la carretera E-71 a la altura del Paradero 25, levantando barricadas para sumarse a la oposición de la comunidad hacia el proyecto minero de Andes Copper al interior de Los Patos.
Busca acomodar la actividad minera a lo que determina la Ley 7722. El secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, busca desmitificar la explotación no metalífera y avanzar con iniciativas que si cumplen la legislación vigente.
La minera brasileña Vale propuso un acuerdo con el Gobierno de Brasil para recuperar la cuenca del Río Doce, que se vio afectada por el colapso de una represa de un embalse de Samarco y provocó el desastre ambiental minero más grande registrado en América Latina.
Un grupo de vecinos de Pajas Blancas marcharon contra la instalación de un proyecto minero en esa zona. Sostienen que de concretarse este propósito de explotación de granito, la zona se verá afectada de manera muy negativa, por lo que reclaman que no se habilite este emprendimiento.
La presa de la minera canadiense tiene ya cuando menos unas cuatro hectáreas de extensión, y sigue creciendo. El dique de colas amenaza las casas de la comunidad de Melladito, un caserío de 11 familias, ubicado al norte de la presa de jales. Lodos tóxicos de la presa están por invadir la comunidad de Melladito; mineros canadienses sabotean intención del Estado de hacer turística la zona minera de la Sierra de Guanajuato.
El gobierno canadiense no ha abordado cuestiones de responsabilidad empresarial que ameritan ser atendidas. Una serie de organizaciones de Naciones Unidas ya han expresado directamente a Canadá que debe adoptar “medidas legislativas o administrativas para evitar que actos de empresas transnacionales constituidas en Canadá” tengan un impacto negativo en los derechos de las personas fuera de Canadá. La Canadian Network on Corporate Accountability instó a la CIDH a emitir una declaración igualmente clara con respecto a Canadá.