A la Presidencia de Honduras,
A la Corte Suprema de Justicia de Honduras,
Repudiamos la decisión de la Fiscalía General de Honduras quien ayer 7 de marzo prolongó por 30 días la alerta migratoria que impide al defensor mexicano Gustavo Castro Soto regresar a su país. Esta decisión es injustificada e innecesaria: Gustavo Castro, quien fue herido durante el asesinato de Berta Cáceres el 3 de marzo en La Esperanza, Intibucá, Honduras, ha aportado toda la información suficiente a la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos. Además, no ha sido informado de qué diligencias le faltan por hacer.
El 6 de marzo, la Fiscalía General de Honduras aseguró verbalmente a Gustavo Castro dentro de la Embajada de México en Tegucigalpa que después de ampliar su declaración el 7 de marzo en La Esperanza, podría salir del pais.
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La Mesa Ambiental de Jericó publicó varios videos en los que se evidencian afectaciones a una fuente de agua ubicada dentro del predio en donde la compañía realizó actividades de exploración. Según Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, “en los recorridos que hemos hecho en la zona hemos encontrado que el agua contaminada sale de varios tubos de PVC camuflados en la vegetación, los cuales están cubiertos con telas negras y piedras grandes, como si quisieran esconder algo”.
Amnistía Internacional el martes denunció fallas en la investigación del asesinato de la líder indígena y activista hondureña Berta Cáceres el pasado 3 de marzo, y criticó las medidas a las que está siendo sometido el único testigo de los hechos, el mexicano también activista Gustavo Cáceres, cuya vida, según la organización, corre peligro.
¿Usted sabía que en las dos últimas décadas ha habido años en los que la Sunat le ha devuelto a las empresas mineras más de lo que pagan por Impuesto a la Renta? ¿Es cierto? ¿Es posible?
El comité regional ambientalista del valle de siria ante los hechos sucedidos el día de hoy jueves 3 de marzo de 2016con el asesinato de la compañera Bertha Cáceres, compañera dirigente del consejo cívico de pueblos indígenas de Intibucá COPIN quienes están luchando por la no instalación de una represa hidroeléctrica en el rio gualquerque en la zona occidental de Honduras.
Señor Director:
Durante la reunión que sostuvieron comunidades rarámuris en el Senado de la República donde expusieron conflictos de tierras, violencia y despojo de predios, también se comentó el tema de las mineras en la región y se reveló que los 32 millones de hectáreas concesionadas en sexenios panistas no tienen vigilancia de sus actividades.
El 16 de febrero los manifestantes entregaron un petitorio a la Corte Suprema de Justicia con miles de firmas juntadas en Andalgalá y en la ciudad de Buenos Aires, para exigir la sentencia. El amparo ambiental que los vecinos presentaron en 2010 en el Poder Judicial catamarqueño demandó al Estado provincial y a la minera Yamana Gold, empresa de capitales canadienses dueña del proyecto Agua Rica, reclamó la prohibición de ese emprendimiento, y solicitó que se protegieran las fuentes de agua y la salud de los habitantes locales.
A la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización de Honduras
A la Secretaria de Relaciones Exteriores de Honduras
A la Secretaria de Relaciones Exteriores de México
A la Atención nacional e internacional
A las organizaciones de defensa de los derechos humanos
En la reunión de evaluación del DS Nº 335 (24-25 febrero) los comunarios de la sub cuenca Antequera exigieron que el Gobierno declare zona de emergencia ambiental a dicha sub cuenca, por los graves impactos ambientales que sufren las comunidades de esta zona que han afectado específicamente el agua para consumo humano y animal.