En la Corte Constitucional se está abriendo un camino para que la gente decida qué se hace en sus territorios frente a la minería, como muestra una seguidilla de sentencias que culminan en la del miércoles sobre el Código de Minas. Y tiene en su escritorio una muy simbólica, porque trata del páramo de Santurbán, que podría darle aún más poder a las comunidades que argumenten su derecho al medio ambiente, a costa de la política minera del Gobierno.
La corte y la minería
Este miércoles, la Sala Plena decidió, por quinta vez en lo que vamos de 2016, algo trascendental para la política minera del país. Al revisar quince artículos del Código Minero, demandados por el abogado Rodrigo Negrete, tomó dos decisiones claves con una amplia mayoría de siete votos a favor y uno (el de Alejandro Linares) en contra.
La primera es que ahora, antes de otorgar un título minero, el Estado tiene que “establecer un procedimiento que asegure la participación ciudadana, sin perjuicio de la de los grupos étnicos diferenciados”.
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