Hay 45 concesiones en cinco municipios de la Costa y la Montaña, informa el presidente del Comité de Bienes Comunales de San Miguel del Progreso, Malinaltepec, Valerio Muro Amado. Con apoyo de la CRAC-PC impedirán que empresas exploren su territorio, afirma
Al menos 18 núcleos agrarios de cinco municipios de las regiones Montaña y Costa Chica, se siguen sintiendo amenazados por empresas mineras que buscan establecerse en su región, a pesar de que 12 de esos núcleos agrarios se vieron beneficiados con un amparo que el año pasado canceló concesiones a dos mineras, una de capital británico y otra peruana.
Sin embargo, en esa zona aún hay autorizados 45 concesiones para explorar, y en su caso explotar, proyectos mineros.
El documento emitido por el Ejecutivo de García-Page afirma que esta polémica explotación supone una “grave amenaza para la biodiversidad”. Entre las especies protegidas que se verían perjudicadas por el proyecto se encuentran el lince ibérico y el águila imperial.
Fracasada”. Así es como la campesina quechuahablante Guadalupe Sota traduce al español cómo ve su cosecha de este año. Así es como esta peruana de 48 años se siente después de que sus tierras, las que lleva trabajando toda la vida y con las que hasta ahora había sacado adelante a sus cuatro hijos, redujeran drásticamente su producción. Para ella, el culpable está claro: el polvo que levantan las decenas de camiones que desde inicios de año transportan cada día la producción de 
Ecuador proyecta que los productores ganen por lo menos US$ 8,000 millones en inversiones en minas nuevas para 2024. BHP Billiton Ltd., la minera más grande del mundo, y Hancock Prospecting Pty, la empresa de Gina Reinhart, son algunas de las productoras de materias primas que negociaron una posible entrada a proyectos de minería y exploración en Ecuador, según el Gobierno del país.
Aquel viejo proyecto de sacar el mineral de hierro y manganeso de los yacimientos El Mutún de Bolivia, a través del ferrocarril o camión por Puerto Busch (vía hidrovía Paraguay-Paraná) significaba una inversión de unos 200 millones de dólares. Pero ahora surgió una nueva y sorprendente alternativa que algunos expertos consideran más factible y menos costosa que todo lo pensado hasta el momento.
A la toma de las instalaciones del proyecto Constancia de la minera canadiense Hudbay, en el distrito de Chamaca, hoy día se le suma una nueva movilización en las instalaciones de la empresa Anabi, en el distrito vecino de Quiñota, de la misma provincia de Chumbivilcas (Cusco).
La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) junto a otras organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en contra de los proyectos de minería metálica en el país. Entre las exigencias está que la Asamblea Legislativa apruebe una ley que proscriba esa actividad por el impacto que podría tener en el medioambiente.
El Gobierno de Namibia suspendió la reunión extraordinaria convocada por el presidente de la República, Hage Geingob, en la que iba a abordar si se vetaba la minería de arena fosfática en el mar o se preservaba el derecho a autorizarla. Al final no hizo una cosa ni otra. El Ejecutivo aseguró a la prensa local que la revocación de la licencia ambiental a Namibia Marine Phosphate (NMP) era razón suficiente para anular el encuentro, con lo que no hubo ningún pronunciamiento oficial sobre qué pasará en el futuro con esta actividad, que ha dividido al partido Swapo y al país.
El estado de Guerrero no sólo se encuentra inmerso en una vorágine de violencia, pobreza y marginación, sino además y, por si fuera poco, la actividad minera –ejercida principalmente por consorcios canadienses—ha generado un clima de violencia y desplazamiento forzoso de habitantes de pequeñas localidades donde se desarrolla esta actividad productiva.