ya no se otorgarán más concesiones mineras en el territorio nacional, al tiempo que también afirmaba que no se cancelará ninguna de las que se otorgaron por gobiernos anteriores.
Aprovechó para invitar a las mineras canadienses, sólo a ellas, a las de otra nacionalidad no, para que actúen como lo hacen en su lugar de origen donde, según dijo, las normas que regulan de la actividad minera son menos permisivas y por lo mismo provocan menos daños sociales, ambientales.
Las declaraciones del Presidente de la República no inquietaron a los empresarios mineros porque, como él mismo dijo, en los pasados 36 años, se entregaron concesiones como nunca, dejando un cuarto del territorio en manos de los empresarios ...
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La comunidad de Tecoltemi interpuso un juicio de amparo en contra de la Secretaría de Economía por haber entregado dos concesiones a Minera Gorrión, filial en México de la empresa canadiense Almaden Minerals
Un juzgado federal tuvo la oportunidad de resolver sobre la inconstitucionalidad de la
Ley Minera, luego de que la comunidad nahua de Tecoltemi, en la
Sierra Norte de Puebla, pidiera la revisión de las concesiones otorgadas sobre su territorio a la empresa canadiense
Almaden Minerals, pero también el análisis a fondo de varios artículos de esa legislación, alegando que son contrarios a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Tecoltemi, acompañada por
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26 abril, 2019
Una entrevista sobre las implicaciones ecológicas, sociales y humanas de los megaproyectos Minero-Energéticos en Colombia
En el mes de Octubre una comisión de líderes sociales colombianos estuvieron de gira por Europa con el apoyo y organización de Friends of the Earth International. Tras ubicarse Colombia, junto a Honduras y Palestina, como uno de los tres países prioritarios de la organización a causa de la situación de violación de derechos humanos, emprendieron camino en esta gira Danilo Urrea, miembro de CENSAT Agua Viva- Amigos de la Tierra Colombia, Blanca Nubia Anaya del Movimiento Social Ríos Vivos en defensa del Sogamoso en Santander y Jonathan Ospina del Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca – COSAJUCA – en el departamento del Tolima.
Nos reunimos con la comisión para ahondar en el estado de la situación y presentar las violaciones colectivas a los derechos de los pueblos que están teniendo lugar en el país por la participación del capital transnacional en la construcción de megaproyectos.
Colombia se ha caracterizado por décadas por su actividad económica de tipo extractiva. La extracción y exploración de hidrocarburos como principal fuente de ingresos nacionales, se vio sin embargo, consolidada junto ...
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En medio del conflicto de Las Bambas y una tendencia al alza de los conflictos vinculados a la actividad minera, no está de más darle una mirada a las cifras globales de inversión minera y ver cómo se ubica el Perú en este escenario. La tarea es no sólo constatar tendencias, también es importante revisar las narrativas que se han impuesto en el país en los últimos años. Vamos por partes.
¿Qué dicen las cifras?
Las últimas cifras presentadas el pasado mes de marzo en la ciudad de Toronto, en la convención minera más importante del mundo (PDAC), confirman la estrecha relación que existe entre la evolución de los precios internacionales de los minerales y los flujos de inversión. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico cuando los precios suben las inversiones aumentan y cuando bajan, todo indica que no hay manera de evitar que las inversiones también retrocedan.
Esto es bueno subrayarlo porque en nuestro país se construyó una narrativa a partir del año 2012, que explicaba el descenso de las inversiones en minería básicamente por factores internos: “la tramitología está espantando a los inversionistas”, “nos hemos vuelto demasiado exigentes ...
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Habitantes del poblado minero de Mezcala reunidos en la plaza central en protesta por la muerte de tres hombres que fueron abatidos por policías estatales durante un enfrentamiento armado en septiembre de 2018. Foto: Especial
“La mina se convirtió en la maldición de Mezcala”, expresó un habitante de este poblado ubicado en una de las vetas más importantes del país conocida como
El cinturón de oro del río Balsas y que actualmente explotan empresas canadienses como Leagold Mining y Torex Gold, asentadas en los municipios de Eduardo Neri y Cocula, respectivamente.
En esta franja de la entidad, donde el aire quema la piel y los cerros cortados en tajo se tiñen de rojo al atardecer, actualmente operan grupos armados que mantienen una confrontación por el control de las ganancias que genera la industria minera a cielo abierto, así como la producción y trasiego de heroína de Guerrero a Estados Unidos, de acuerdo con reportes oficiales.
227 organizaciones y redes guatemaltecas e internacionales firmaron la carta que fue entregada hoy a instancias del gobierno guatemalteco y la embajada de los Estados Unidos en Guatemala. En ella se denuncia la demanda de US$300 millones de dólares de la empresa minera estadounidense Kappes, Cassiday & Associates (KCA) en contra del estado centroamericano por ser un intento descarado de socavar la voluntad de las comunidades afectadas por su proyecto así como la decisión de las cortes en Guatemala. La empresa presentó su demanda en diciembre de 2018 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por supuestas violaciones al Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
Miembros de la resistencia pacífica ‘La Puya’ presentaron la carta a representantes del gobierno durante una cita en el Congreso, incluyendo representantes de los Ministerios de Energía y Minas, de Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía, además del Procurador de los Derechos Humanos, entre otros.
Las organizaciones firmantes constatan que la demanda “representa un nuevo ataque al sistema judicial de Guatemala”. Señalando un aumento de presión sobre la Corte Constitucional por parte del Presidente Jimmy Morales por decisiones judiciales tomadas ...
Un grupo de abogado que ha estado litigando a favor de los 12 defensores y defensora del río Guapinol y el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escalera, en el departamento de Colón presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 252-2013 que permite la explotación minera.
El abogado Rodolfo Zamora explicó que no se ocupa saber de derecho para entender que hay un parque nacional y el Congreso Nacional aprobó otorgar a una familia la explotación minera en una zona donde el recurso natural es vital para sus habitantes.
“Modificaron los límites y las colindancias del parque del Cerro de Botaderos para que esa familia se beneficie de dicha explotación minera en perjuicio de todas las comunidades. Sabemos que explotación minera perjudica el agua, el medio ambiente, la salud, en definitiva, perjudica la vida de todos los habitantes de la zona”, expresó Rodolfo Zamora.
También se refirió a los abusos de autoridad, las negociaciones incompatibles que se han hecho desde el ejercicio de funciones pública. Además de otros tipos de delitos que se pueden dar en el departamento de Colón, debido a la creación de una mina que perjudica a toda la comunidad y solo ...
I. Introducción al conflicto territorial de Azacualpa
A. El origen del conflicto territorial en Azacualpa. Los acuerdos y confrontaciones entre la población y las empresas mineras
La comunidad de Azacualpa en el municipio de la Unión, departamento de Copán, Honduras, es escenario de un conflicto territorial constante y de largo aliento. Tiene sus orígenes en 1998, cuando en la zona inició operaciones la compañía minera Greenstone Minerals, de capital canadiense (Orellana Peña, 2016). La problemática en Azacualpa evidencia las implicaciones de la actividad minera en los territorios de Honduras, bajo una política estatal que promueve el extractivismo de forma desmedida.
Prueba de lo anterior son las acciones de destierro que provocó la minera en sus primeros años de operación. Esta empresa minera generó el desplazamiento de tres aldeas en el municipio: San Andrés Minas, San Miguel y Azacualpa. En el caso de San Andrés, la empresa minera gestionó con el Gobierno la reubicación total de la comunidad. Mientras que, en el caso de San Miguel y Azacualpa, el desplazamiento fue parcial (CESPAD, 2017).
Estos desplazamientos han tenido enormes consecuencias para las comunidades. En los últimos años, la dinámica de la contienda territorial ha estado ...
El proyecto minero Tintaya Antapaccay de la empresa minera Glencore, que opera hace varios años en la provincia de Espinar, Cusco; empieza lentamente a colocarse – otra vez- en el ojo de la tormenta.
Como es sabido, desde hace unos meses Glencore, pretende conseguir las autorizaciones para empezar a explotar su nuevo proyecto: Coroccohuayco. Este, implica minar un nuevo tajo a cielo abierto, túneles subterráneos además de caminos de acceso y otros componentes, en un nuevo territorio de este distrito del sur andino. Estas operaciones su sumarán a las operaciones más antiguas de la empresa, que también serán modificadas: el tajo Antapaccay y sus botaderos serán ampliados, el Deposito de relaves Tintaya (antes el Tajo Tintaya) deberá aumentar su capacidad, entre otros. En conjunto, la empresa minera Glencore pretende integrar todos estos cambios en un solo instrumento ambiental denominado “MEIA del proyecto Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco”.
Las comunidades campesinas de la zona han reaccionado manifestando su preocupación y rechazo a las pretensiones de la empresa. Tres comunidades del área donde se instalará el nuevo tajo, han presentado una demanda para que se consulte el MEIA presentado, antes de que este ...
El viernes veintiséis de abril en la ciudad de Cusco se dio inicio al juicio oral en contra de 10 dirigentes, defensores del medio ambiente y el territorio, que entre diciembre del 2011 y febrero del 2012, reclamaron en contra de la empresa minera Anabi y otras, por contaminar, su Cuenca, sus ríos y su territorio entre Llusco y Quiñota, en la provincia cusqueña de Chumbivilcas.
“Como no tuvieron respuesta de las autoridades, salieron a protestar. Eso les valió que la fiscalía les abriera una investigación penal por el delito de secuestro, daños a la propiedad privada, disturbios y otros, pidiendo 30 años de cárcel para ellos y corren el riesgo de ser condenados, aunque no existan pruebas concluyentes en contra de ellos” según refiere el abogado José Ramiro Llatas.
El caso ha sido asumido por las organizaciones Derechos Humanos Sin Fronteras, la Red Muqui Sur y Earth Rights Internacional, en modo conjunto con otros abogados particulares.
Junto con Llatas, la defensa de los acusados está siendo asumida por los abogados Pablo Ricardo Abdo, Sergio Sullca, Julissa Calle Godos. Los letrados –según refiere Llatas- respaldan el coraje de los campesinos chumbivilcanos que ...
Malas noticias para el Presidente de la República. En su conferencia mañanera del 18 de marzo pasado el titular del Poder Ejecutivo anunció que