Defender las selvas, montañas, bosques y ríos de Latinoamérica nunca había sido tan peligroso.
Seis de los 10 países más hostiles para líderes y comunidades que defienden el ambiente y sus tierras ancestrales citados en el informe que el Relator Especial Michel Forst presentó a Naciones Unidas en 2016, están en América Latina.
Por eso, un equipo de 30 periodistas, desarrolladores y foto/videógrafos de siete países (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú) nos juntamos para indagar sobre episodios de violencia contra líderes ambientales y sus comunidades. Cinco de estos países están, tristemente, en ese deshonroso listado.
El resultado de este proyecto investigativo especial en el que trabajamos durante cinco meses documenta una base de datos con 1356 hechos victimizantes en los últimos diez años (2009-2018) y 16 reportajes en profundidad (que pueden consultar en la barra lateral de navegación).
Es importante precisar que no pretendemos tener un retrato completo de los ataques ocurridos durante ese período, dado que el subregistro es grande. Sin embargo, nuestra base de datos —construida a partir de un sinnúmero de fuentes, entre entidades oficiales, archivos de prensa, organizaciones sociales y reportería en terreno— muestra un panorama ...
Latinoamérica: tierra de resistentes
Defender las selvas, montañas, bosques y ríos de Latinoamérica nunca había sido tan peligroso.
Seis de los 10 países más hostiles para líderes y comunidades que defienden el ambiente y sus tierras ancestrales citados en el informe que el Relator Especial Michel Forst presentó a Naciones Unidas en 2016, están en América Latina.
Por eso, un equipo de 30 periodistas, desarrolladores y foto/videógrafos de siete países (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú) nos juntamos para indagar sobre episodios de violencia contra líderes ambientales y sus comunidades. Cinco de estos países están, tristemente, en ese deshonroso listado.
El resultado de este proyecto investigativo especial en el que trabajamos durante cinco meses documenta una base de datos con 1356 hechos victimizantes en los últimos diez años (2009-2018) y 16 reportajes en profundidad (que pueden consultar en la barra lateral de navegación).
Es importante precisar que no pretendemos tener un retrato completo de los ataques ocurridos durante ese período, dado que el subregistro es grande. Sin embargo, nuestra base de datos —construida a partir de un sinnúmero de fuentes, entre entidades oficiales, archivos de prensa, organizaciones sociales y reportería en terreno— muestra un panorama ...



Cualquier persona u organización que se sienta afectada por un proyecto minero en el aspecto social, ambiental o económico está totalmente legitimada para negarse a aceptarlo y para resistirse a la imposición del mismo.
Cuando, una mañana, Grecia Rodríguez abrió la puerta de su casa y vio que alguien le dejó una corona fúnebre repleta de claveles blancos, y una dedicatoria deseándole que descansara en paz, supo que su actividad como defensora del agua y del territorio de las comunidades ejidales de Zacatecas acababa de cambiar para siempre su vida personal.
Previo a esa mañana, recibir insultos ya era algo ‘cotidiano’, entre comillas, en su actividad diaria.
“Argüendera”, “revoltosa”, “alborotadora”, eran parte de los improperios a los que tuvo que acostumbrarse a vivir desde que, en 2013, comenzó a implicarse de lleno como activista.
Sin embargo, cuenta Grecia, la intensidad de los ataques arreció aún más cuando, ya como integrante del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, que forma parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), inició desde 2018, junto a otras mujeres y hombres de los ejidos El Potrero, Atotonilco, Estancia de Guadalupe, y Corrales, en el municipio Jiménez del Teúl, una férrea oposición a la construcción de la Presa de Milpillas.
Un proyecto que, por un lado, ...
“Nuestra lucha se basa en la información y la difusión”, suelen decir los/las vecinos/as de Chubut que resisten la instalación de emprendimientos mineros a gran escala, de extracción metalífera y de radioactivos mediante el uso de sustancias tóxicas. Gracias a los conocimientos sobre “megaminería” que supieron gestionar y compartir en asambleas y en diversas acciones de difusión pudieron posicionarse, organizarse y manifestarse de mil maneras para ponerle freno a la explotación de su territorio.
Este manual, elaborado por un grupo de vecinas y vecinos asambleístas que se embarcó en la aventura de producir un recurso didáctico que compile los saberes sobre megaminería que se han acumulado y complejizado durante más de quince años de aprendizaje popular y colectivo, está inspirado en ese espíritu y en esa necesidad de seguir aprendiendo, de seguir enseñando, de seguir difundiendo y seguir construyendo resistencia popular a partir de fundamentos científicos e informaciones de fuentes comprobables y válidas.
Aunque para comprender debidamente en qué consiste este manual, de dónde viene y adónde va, necesitamos remontarnos brevemente a la historia de la lucha contra la megaminería en la provincia de Chubut.
En el año 2002 el pueblo ...
Como señalamos anteriormente en otra publicación, hasta el momento las empresas que han estado a cargo de la mina Las Bambas (Xstrata Copper, Glencore-Xstrata y MMG Limited) han presentado nueve solicitudes para cambiar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que fue aprobado en marzo del 2011, cuando Alan García era presidente y Pedro Sánchez ministro de Energía y Minas.
Las solicitudes para cambiar el proyecto se presentaron a través de tres Modificatorias (MEIA) y seis Instrumentos Técnicos Sustentatorios (ITS). Hasta antes del 28 de diciembre del 2015, las empresas realizaban sus pedidos ante el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Después de esa fecha, se hace ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace). Este organismo, adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), fue creado en diciembre del 2012 con la ley de su creación, promulgada por Ollanta Humala.
En ese contexto, en el que se pretendía fortalecer la fiscalización ambiental, el gremio empresarial minero ejerció presiones con el argumento de que habían muchos "trámites" que cumplir y que se debían "destrabar las inversiones". Finalmente, entre otras medidas, Humala creó el ITS como un "instrumento de gestión ambiental" que tenía el objetivo de ...
Un grupo de abogado que ha estado litigando a favor de los 12 defensores y defensora del río Guapinol y el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escalera, en el departamento de Colón presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 252-2013 que permite la explotación minera.
El abogado Rodolfo Zamora explicó que no se ocupa saber de derecho para entender que hay un parque nacional y el Congreso Nacional aprobó otorgar a una familia la explotación minera en una zona donde el recurso natural es vital para sus habitantes.
Los pueblos y organizaciones de Chiapas que conformamos el Grupo Chiapaneco contra el Modelo Extractivo este 25 y 26 de abril, reunidos en el Centro Ecológico de Alter Natos nos declaramos en oposición a las falsas soluciones para mitigar el cambio climático que ofrecen las empresas, las bancas internacionales y los gobiernos a través de planes y proyectos de economía verde, es decir una economía basada en la explotación, extracción, mercantilización, privatización de la naturaleza y evasión de responsabilidad de las empresas, para continuar contaminando, con planes y proyectos como las Iniciativas de Reducción de Emisiones (IRES), la de Reducción de Deforestación y Degradación Evitadas (REDD+), las Inversiones en Proyectos de Energía Renovable como hidroeléctricas, minihidroeléctricas, eólicas y fotovoltaica.
Estos proyectos solo benefician a las empresas que invierten en ellos a través de bonos de carbono y mecanismos de “energía limpia” para prolongar el modelo de producción y consumo capitalista, que ahora pretende pintarse de verde y avanzar en la privatización de los bienes naturales y conocimientos comunes.
No queremos las ...
- El martes 30 de abril, la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde Luján, llegó a uno de los barrios de la comunidad minera de Barroterán, al norte de Coahuila. Un encuentro sencillo, sin la cobertura que los secretarios del Trabajo en sexenios pasados solían desplegar para publicitar sus aventuras en provincia.
La corrupción institucionalizada, como conjunto de prácticas gubernamentales, ha contribuido a la persistencia y profundización de la crisis del agua en la región centro de Zacatecas, tales como la tolerancia a la transmisión parcial de los derechos de extracción como una manera de evadir las vedas formales, los bajos niveles de inspección y vigilancia de las extracciones, y los cambios “en el papel” de los volúmenes disponibles de agua para poder otorgar nuevas concesiones.
Así lo afirmó Cindy McCulligh, posdoctorante en la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), quien manifestó que en el estado se subordinan las consideraciones de sustentabilidad ecológica y social a la prioridad del Estado neoliberal de atraer y retener la inversión privada y extranjera, en particular en la industria, la agricultura y la minería.
Precisó que el concepto de “corrupción institucionalizada” no se refiere a los actos individuales de corrupción por parte de autoridades del agua o medio ambiente, sino más bien a un patrón ...
Luego que la corte constitucional fallara a favor de una demanda interpuesta por el polo democrático, en la que se impedía la minería y la extracción de hidrocarburosen las zonas protegidas, una empresas canadiense ha interpuesto una multimillonaria demanda en contra del estado colombiano, se trata de Eco Oro Mineral Corp con sede en Canadá, haciendo uso de sus derechos legales, entregados por el gobierno en los marcos puntuales del tratado de libre comercio firmado por Colombia.