10 de noviembre de 2009
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El gobierno ha cometido una serie de arbitrariedades y faltas para dar paso a la industria minera.
Por ejemplo, ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la Comisión de Auditoría del Crédito Público-CAIC-, la misma que calificó de ilegítima a la deuda contraída con el Banco Mundial para el Proyecto de Minería y Control Ambiental -PRODEMINCA- y sugirió anularla por haber injerido en la política estatal y por violar los derechos colectivos, entre otras razones. El gobierno también ha incumplido el Mandato Minero, aprobado por la Asamblea Constituyente, puesto que no ha revertido las concesiones mineras a las empresas extranjeras. Además, recientemente, para la aprobación de la Ley de Minería se ignoró la opinión y derechos de las organizaciones y poblaciones locales, campesinas e indígenas. Aún más, ha omitido la existencia de una demanda de inconstitucionalidad de la mencionada Ley de Minería ante la Corte Constitucional.