Por Javier Llorens
Pocos días atrás, el juez federal de San Juan, Angel Manuel Gálvez, decreto la suspensión parcial de la ley de protección de glaciares (n º 26.639) en la provincia de San Juan. Lo hizo con una medida cautelar, ante un pedido efectuado por el sindicato de obreros mineros (AOMA), la Cámara Minera de San Juan, y otras entidades privadas relacionadas con la minería. Más rápido que Juancito Gálvez, el juez se despachó en 48 horas, sin darle participación alguna a la contraparte (la Nación). Y sin pedirle demostración alguna a los interesados, porqué la ley los perjudicaba directamente, y en qué casos concretos.
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