Ofrece foro un diagnóstico crítico de la actuación de la industria extractiva en el país. Urge una reforma congruente entre el derecho internacional y la legislación nacional: PRD.
En México, mineras trasnacionales y consorcios del país pagan por concepto de derechos, cinco pesos anuales por hectárea explotada; cada año piden a la Secretaría de Hacienda, crédito fiscal; tienen concesiones por 50 años renovables; pagan los salarios más bajos de Latinoamérica; han impactado negativamente los recursos hídricos y ambientales de diversas comunidades, y han provocado en ellas afectaciones sociales.
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Organizaciones populares iniciaron hoy en varias provincias del norte un paro de 48 horas en demandas de obras sociales y para pedir la nacionalización de la mina de oro Pueblo Viejo, una de las mayores del mundo, explotada actualmente por la canadiense Barrick Gold
La presencia de las compañías mineras en comunidades de San Luis Potosí, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, entre otros, ha detonado en conflictos sociales, ya que éstas llegan sin consultar a las comunidades –la mayoría de ellas indígenas–, explotan los recursos y deterioran el medio ambiente