La fracción del PRD en el Senado presentó una iniciativa que pretende tipificar como delito el homicidio industrial, cuando los titulares y operadores violan medidas de seguridad en minas.
México.- La fracción del PRD en el Senado presentó una iniciativa que pretende tipificar como delito el homicidio industrial, cuando los titulares y operadores violan medidas de seguridad en minas.
La propuesta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) adiciona el párrafo cuarto del Artículo 60 del Código Penal Federal y reforma el numeral uno de la fracción I del Artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
La legisladora Dolores Padierna Luna explicó que la adición de un nuevo párrafo al Artículo 60 del Código Penal Federal subsanaría el vacío de normas penales adecuadas que establezcan el agravamiento de las omisiones patronales en materia de seguridad en las minas.
«De esta forma quedaría establecido que los actos y omisiones culposos causantes de un fallecimiento, constituyen una conducta grave penalmente sancionable tanto del titular como del operador de las concesiones de las minas por incumplir las medidas de seguridad a que están obligados», explicó.
Padierna Luna indicó que la pena a la que serían acreedores va de cinco a 20 años de prisión, así como la revocación de la concesión de que se trate, así como la inhabilitación para obtener otras concesiones de la misma naturaleza.
La integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara alta indicó que su partido propuso que en el correlativo Artículo 194, fracción I, parte final del numeral 1) del Código Federal de Procedimientos Penales se especifique como delito grave el homicidio culposo previsto en el nuevo párrafo cuarto del Artículo 60 del Código Penal.
«Con la aprobación de la reforma al Código Penal que se propone, los trabajadores mineros afectados en accidentes causados por incumplir las medidas de seguridad a que están obligados en las minas, serán considerados como víctimas de un delito», expuso.
En consecuencia, subrayó, podrán gozar de los derechos que la Constitución y la legislación penal les reconoce, protege y garantizan, incluidos los que de manera específica contiene la Ley General de Víctimas.
A decir de la perredista, el marco jurídico sobre una actividad tan riesgosa como la minería, es asunto de vida o muerte, por lo que es momento de restablecer la dignidad humana del trabador minero y de sus familias.
«Generemos las leyes necesarias para que en México no existan condiciones de trabajo como las que la Organización Naciones Unidas ha llamado el nuevo esclavismo de nuestra sociedad contemporánea», aseveró.