Llegó la hora de cambiar el rumbo actual del marco jurídico que nos conduce al precipicio y a la ruina del país.
Meter en cintura o regular la actividad minera del país, , muy en especial la conocida como megaminería, no puede esperar más. Nadie escapa a sus efectos destructivos. El tamaño creciente de su control político sobre el territorio destruye el poder formal municipal, estatal y nacional. Su impacto contaminante se extiende más allá de lo que se ve, abarca a la atmosfera, las tierras de cultivo, los acuíferos y fuentes de agua de la que depende la vida. Regular la minería es recuperar soberanía popular y nacional.
Mientras el corazón de la ley minera tenga a la extracción minera como “actividad preferente”, o prioritaria, sobre cualquier otra, seguirá manteniéndose la inconstitucionalidad y la contradicción evidente con la prioridad que la Constitución Política (Artículo 1) establece y mandata, de respeto y protección de los derechos humanos y de la naturaleza sobre cualquier otro enfoque.
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El espíritu de resistencia y dignidad que ha llevado a los campesinos del Catatumbo a permanecer en protesta por cerca de 40 días, habita ahora en muchos departamentos del país, en donde miles de pequeños y medianos mineros han salido a protestar contra las multinacionales que explotan el suelo colombiano rico en minerales sin beneficio alguno para las comunidades locales, quienes al contrario, se han visto perseguidas por el gobierno colombiano quien les ha señalado reiteradamente como ilegales.
PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO de la COALICION NACIONAL DE REDES AMBIENTALES
Tatiana Félix