Pobladores de la comunidad de Naopa, municipio de Molango de Escamilla, estado de Hidalgo, desde hace una semana protagonizan una serie de protestas para detener las operaciones de la Minera Autlán, a la que acusan de producir daños en la salud, el reblandecimiento de un cerro y amenaza con posibles brotes de violencia, denunciaron.

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Integrantes del grupo ambientalista Bios Iguana que participan en el movimiento de resistencia contra la explotación de una mina de oro, en el pueblo indígena de Zacualpan, se quejaron ante la Comisión de Derechos Humanos del estado por amenazas de muerte, agresiones y hostigamientos en su contra, supuestamente con el propósito de hacerlos desistir de su oposición al proyecto.

A su vez, Jonathan Ochoa Hernández, abogado de la agrupación, presentó en la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia contra Carlos Soule, empleado de la Procuraduría Agraria (PA), por agresiones físicas y amenazas de muerte.

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Carlos Guzmán Teodoro, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Zacualpan, fue destituido de su cargo esta tarde en asamblea comunal.

Con el aval de los 96 comuneros asistentes a la segunda convocatoria, los asambleístas también aprobaron la destitución del secretario y tesorero de la dirigencia, además de la renovación del comité de vigilancia.

Asimismo, respaldaron la declaratoria de “Zacualpan, libre de minería” para rechazar cualquier intento de exploración o explotación de los recursos minerales de esta zona.

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Comuneros de este pueblo indígena acordaron hoy no permitir la explotación de una mina de oro en su territorio, con el argumento de que dañaría su entorno natural y contaminaría un gran manantial, del que se abastece de agua potable a más de 70% de los habitantes de la capital del estado.

Asimismo, destituyeron de sus puestos a los integrantes de la mesa directiva de Bienes Comunales, que encabezaba Carlos Guzmán Teodoro —a quien acusaron de estar coludido con el empresario promotor del proyecto minero, Rigoberto Verduzco Rodríguez— y nombraron en su lugar a J. Guadalupe Rincón Carpio como presidente, a Epitacia Zamora Teodoro como secretaria y a Olivia Teodoro Aranda como tesorera.

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Desde 2008 hasta la fecha se han invertido 19 mil millones de dólares en exploración y valoración mineras de acuerdo con la página del gobierno canadiense correspondiente a Recursos Naturales.

Un libro publicado en 2010 titulado Imperial Canadá Inc: refugio legal para la industria minera del mundo, lanza la teoría de que Canadá tiene un “legado imperial” desde su fundación en 1867.

 

“Apoya la especulación, habilita flujos de capital para financiar proyectos cuestionables en el extranjero, usa una diplomacia proactiva para promover la minería, usa paraísos fiscales en el Caribe, da subsidios gubernamentales, da un amparo legal para protegerse de litigios hechos por comunidades afectadas por la minería”, dice el libro.

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