Técnicos de la minera Falconbridge Dominicana (FALCONDO) no están seguros de la explotación de Loma Miranda, en caso de obtener el correspondiente permiso del Estado Dominicano.
La información fue ofrecida por técnicos de la empresa transnacional a periodistas que visitaron en el día de ayer (domingo 9 de marzo) sus operaciones en Loma Ortega, momentos que aprovecharon los funcionarios para exponer tres puntos importantes para que la empresa pueda seguir sus operaciones en el país.
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Un video elaborado por investigadores del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM aborda los impactos ambientales, económicos y sociales de esta modalidad extractiva en México.
La minería del siglo XX trajo consigo una nueva técnica de extracción llamada "lixiviación con cianuro de sodio", a la que se le considera muy eficaz porque en su proceso se recuperan más metales. La aplicación de este procedimiento consiste, básicamente, en lavar piedras en cianuro y extraer así todos sus minerales, como plata, oro, arsénico, fluoruro de calcio, grafito natural. Sin embargo, el agua que se utiliza para el lavado queda impregnada de cianuro, afectando los recursos hídricos cercanos, comenzando así una larga lista de afectaciones al ambiente, entre las que destaca la contaminación de los suelos.
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Saquean empresas mineras a países de la América Latina con el consentimiento de sus propios gobiernos, y dejan una estela de contaminación irreversible por el uso de sustancias como el arsénico, cianuro de sodio o el ácido sulfúrico para la concentración de metales, por el método de extractivo a cielo abierto.
Organizaciones No Gubernamentales en América del sur, hablan que al día se utilizan 80 millones de litros de agua para el lavado de la molienda de la montaña tras la aplicación 8 toneladas de explosivos.
La pulverización de los cerros libera partículas de metales pesados que se introducen al organismo del ser humano, y afecta los tejidos y el metabolismo de los habitantes de las zonas cercanas a los aprovechamientos. Niños nacen deformes, brotan úlceras en la retinas y la piel sufre de hiperqueratosis.
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El presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente de la provincia de Sucre, Johnny Martínez Arone, denunció que la minera australiana Laconia intenta obtener una licencia de concesión para la exploración en 100 mil hectáreas de terreno que incluyen la cuenca hidrográfica de Ccarhuarazo. El 99% de las autoridades locales y distritales están en contra del ingreso de la minería.
"Esta minera intenta apropiarse de nuestras tierras, mediante 'engaños' y 'promesas' a la población de dar estudios a los hijos de los campesinos. Sin embargo, si se aprueba la concesión de tierra, afectará la única cuenca hidrográfica que abastece de agua a la provincia de Sucre y parte de la provincia de Lucanas", comentó.
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Dentro de la lucha por impedir que se instale una mina de oro en la comunidad indígena de Zacualpan, este martes la nueva mesa directiva acudirá al Registro Agrario Nacional (RAN) para conocer si dicha dependencia registró la última acta de la asamblea.
El pasado 23 de febrero destituyeron de sus puestos a los integrantes de la mesa directiva de Bienes Comunales que encabezaba Carlos Guzmán Teodoro, a quien acusaron de estar coludido con el empresario promotor del proyecto minero, Rigoberto Verduzco Rodríguez.
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“Los procesos extractivos de la gran minería son intensivos en agua y energía, de modo tal que por cada tonelada de mineral exportado, se utilizan también varias toneladas de agua y grandes cantidades de energía, y los que unos consumen a otros se les quita”, mencionó Horacio Machado Aráoz, investigador del CEIICH de la UNAM.
La minería en México, no importando qué método extractivo utilice, es una actividad de gran importancia económica y la legislación actual no es muy restrictiva en cuanto a sus impactos ambientales. Aún así, los promotores (compañías explotadoras) requieren la autorización en materia del impacto ambiental de la Semarnat y para ello necesitan hacer análisis del impacto, estudios de riesgo, informes preventivos y acciones “(…) que terminan por no cumplirse”, dijo el académico.
El creciente número de conflictos derivados de la actividad extractiva en la Sierra Norte de Puebla, va en aumento. Comunidades campesinas e indígenas de los pueblos nahua, totonaco y otomí se enfrentan a la violación constante de sus derechos que han sido atropellados por compañías transnacionales del sector minero, al violentar su derecho a un medio ambiente sano su derecho al agua, a lasalud y a la autodeterminación de los pueblos.
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Ha pasado un mes de la fecha estipulada para la firma del contrato entre el Estado Uruguayo y Aratirí y todavía no se ha efectuado el acuerdo. La semana pasada el presidente José Mujica manifestó que "sin garantías suficientes" el proyecto no se llevará adelante. En torno a la polémica, el Movimiento Uruguay Libre de Megaminería sigue juntando firmas para realizar una consulta popular y elaborando informes que contradicen las informaciones oficiales. En Perspectiva conversó con Raúl Viñas, vocero de dicha organización, quien acusó a Aratirí de no tener "ni la experiencia ni el capital" para un emprendimiento como este. De firmar un contrato con esta empresa, a Uruguay "le sería imposible lograr el desarrollo de cualquier escalón de la industria metalúrgica", señaló Viñas. Sobre el final, concluyó: "la minería puede ser un gran negocio en Uruguay" pero no "para Uruguay".
El pasado 3 de marzo, el Instituto FRASER (Canadá) presentó el resultado del "Sondeo Anual entre Empresas Mineras (2013)", un interrogatorio electrónico sobre cómo evalúan las posibilidades de inversión en todo el mundo. Dicho estudio recoge las respuestas de 690 representantes de empresas mineras. En sus conclusiones, el Instituto FRASER realiza una evaluación de la situación particular de la Argentina, resaltando el hecho de que, excepto por el caso de Jujuy, todas sus provincias retrocedieron escalones en forma "significativa" en 2013, revirtiendo el "notable avance" experimentado en el sondeo precedente (2012/2013).
La defensa de los cinco acusados de pintar con graffitis las paredes del municipio de Puerto Madryn, planteó que la causa debe cerrarse porque significa una limitación a la libertad de expresión. Además de afirmar que no existen pruebas del daño que se dice ocasionado, manifestaron que la falta de oportunidad de difundir la lucha por el agua y contra la megaminería en los medios masivos de comunicación, es una forma de censura.
Asimismo, consideraron que resulta absurdo que el Municipio de Puerto Madryn impulse esta causa intentando amedrentar a gente que se expresa contra la megaminería, siendo que el abogado querellante, Diego Martínez Zapata, es también representante legal de Mario Das Neves, quien ahora se expresa contra la megaminería.
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