Comuneros de Benito Juárez, municipio de San Miguel Chimalapa, hicieron un llamado a la opinión pública, para que se solidaricen y puedan estar atentos en su lucha por la defensa de su tierra y territorio.

Conrado Solano Jiménez, comisionado de la comunidad Benito Juárez, denunció la invasión de talamontes y ganaderos del estado de Chiapas, en sus tierras comunales y reclamó su respeto, de acuerdo a sus documentos ancestrales y resoluciones presidenciales.

Dijo que el Gobierno del Estado de Oaxaca, no ha hecho algo por detener los bloqueos realizados por los habitantes de los ejidos chiapanecos que han dejado incomunicada a su población, por 15 días, por los trabajos que emprenden apoyados con maquinaria.

Mientras la provincia de Soto Norte espera el acuerdo administrativo que emitirá el Ministerio de Ambiente sobre la delimitación del páramo de Santurbán, y que esta cartera aseguró comunicará en menos de un mes, pobladores de Charta, Matanza, Vetas, Suratá y hasta de la misma capital santandereana se dejaron contagiar por lo que coloquialmente llaman “fiebre del oro”.

Cada persona, sin importar su estrato socioeconómico, educación, cargo o afinidad política, sin escatimar esfuerzos, llega a los socavones artesanales, elaborados por los buscadores del oro. Algunas perforaciones son realizadas con martillos y cinceles, otros en cambio, más osados y con experiencia, usan taladros que alquilan para arañar la montaña.

Más de mil 500 habitantes de Libres emplazaron al ayuntamiento a declararse “territorio libre de minería”, postura que la autoridad municipal evadió tomar con argumentos tan inverosímiles como que “están de parte de la realidad”, aunque negaron que hayan tenido contacto con Almaden Minerals o alguna de sus filiales o cualquier otra minera.

Más de cuatro horas de escuchar la información de especialistas de la UAM, de la organización PODER, de miembros de LAVIDA, sobre los efectos de la minería a cielo abierto, la entrega de los territorios y de los bienes naturales, no fueron suficientes para que el secretario general del municipio, Enrique Ramírez, fijara la postura de la autoridad que representó en la asamblea realizada este domingo en instalaciones de la presidencia municipal.

No obstante, aunque no le puso fecha, ofreció que el alcalde Enrique Cerón Flores convocará a una nueva reunión con “académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla” para que expliquen lo que saben de las actividades extractivas y sus consecuencias sobre el medio ambiente.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) federal no ha actuado contra empresas del sector minero que incumplen con medidas de seguridad en beneficio de sus trabajadores, “y mejor optan por pagar multas en vez de corregir un sin número de irregularidades en los centros de trabajo”, denunció Mario García Ortiz.

El segundo vocal del Consejo General de Vigilancia y Justicia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana manifestó que existen empresas renuentes a cumplir con las medidas de seguridad y quienes además, están en contra del gremio sindical.

Las empresas mineras que ya tengan una concesión para explotar carbón podrán extraer gas natural sin participar en las licitaciones.

Con los cambios hechos a la Ley Minera, las únicas condiciones serán que acrediten solvencia económica y capacidad técnica, administrativa y financiera para realizar la actividad.

A partir de la entrada en vigor de la ley, las firmas interesadas tendrán un plazo de 90 días para solicitar la adjudicación directa a la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

El Frente Indígena y Campesino de México (FICAM), al anunciar su movilización nacional para impulsar una Reforma al Campo y evitar que las leyes secundarias de la Reforma Energética dañen tierra ejidal y comunal, aseguraron que los impactos de esta ley ya se observan en los más de 35 millones de hectáreas en poder de la industria minera lo que ha propiciado la nula producción de alimentos en dicha área que representa más del 30 por ciento del territorio nacional cultivable.

Francisco Jiménez Pablo, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional a nombre de los integrantes del FICAM detalló que los estados vinculados a esta invasión minera son Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, principalmente entidades federativas ubicadas en el sur del país con alto potencial productivo de alimentos.

Por ello, ya se da la defensa jurídica en ejidos y comunidades al grado de que se han interpuesto varios amparos en la materia, dijo, al destacar que en este hectareaje se ha perdido la producción de maíz y hortalizas así como el impulso del ecoturismo.

Ante la creciente preocupación de cooperativistas, pescadores y familias del municipio de Comondu, ante la extracción de minerales del suelo marino y la posible afectación del ecosistema, el Senador Ricardo Barroso Agramont presentó un punto de acuerdo que busca exhortar a la Secretaría de Economía y a la Secretaría del Medio Ambiente a revisar, y en su caso revocar, las solicitudes y permisos de explotación minera en el mar de Baja California Sur. Específicamente en el  corredor pesquero San Carlos – Las Barrancas – San Juanico, en la costa del Océano Pacífico, ya que dicha explotación constituye un inminente peligro ecológico y daños irreparables al medio ambiente, así como la contaminación de las aguas y los productos pesqueros de los que, asegura Barroso, depende la economía y el sustento de miles de familias y comunidades pesqueras sudcalifornianas.