Nicole Marcel es francesa pero habla rapidito un español muy fluido. Llegó a Venezuela hace veinte años porque la Gran Sabana la eligió. Ella trabaja en la Fundación Mujeres del Agua, una organización compuesta por un grupo de mujeres rurales, indígenas y no indígenas, que promueven su participación en pro de la defensa de los derechos socio-ambientales
La Fundación Mujeres del Agua se registró oficialmente en el año 2009 aunque desde hace tiempo realizaba un trabajo social en la comunidad de El Paují, ubicada en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar.
El Paují es un pueblo mixto formado por indígenas de la etnia pemón, y no indígenas (venezolanos y extranjeros). Con aproximadamente cuatrocientos habitantes es un sitio que no tiene horario y en el que hasta hace poco no había ni teléfono ni Internet. Sus habitantes vivían en comunión con la naturaleza, con buenas experiencias educativas y culturales, hasta que en 2006 se desbordó la minería en la zona, trayendo muchos problemas y desplazando a muchos miembros de la comunidad.
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El 30 por ciento del territorio mexicano está en manos de 293 empresas de capital extranjero que extrae, explora y transforma los recursos minerales, así lo destacan cifras oficiales y grupos ambientalistas que defienden el derecho de los ciudadanos a su tierra y a la propiedad de lo que ésta genera. A la par del crecimiento de la industria minera, también han aumentado las violaciones a los derechos de las comunidades y a las garantías laborales de quienes trabajan en la extracción, así como la cada vez más preocupante “devastación” al medio ambiente que, de acuerdo con diversas organizaciones, ha generado daños irreversibles que afectan a todo el país.
Un conjunto de dirigentes sociales y comunitarios de Arica y Putre, demandantes por los daños de los desechos mineros en los Altos de Copaquilla interpusieron recurso de casación en contra de la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental que rechazó el pasado 10 de abril su exigencia de reparación ambiental. El recurso considera que el fallo contiene múltiples decisiones contradictorias, por lo que busca que se eleven los antecedentes ante la Corte Suprema para que esta se pronuncie sobre el particular.
COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA
Hace unos días nos sorprendió leer[1] que la Comunidad de Naranjos manifiesta su rechazo a la renovación del convenio de usufructo con la minera Exploraciones Águila Dorada SAC. Por un momento nos sentimos optimistas respecto a una solución pacífica del conflicto que sostienen con su Comunidad hermana de Supayacu, que tanto Fedepaz como otras instituciones vienen siguiendo y denunciando desde hace varios años. Sin embargo, la sorpresa pronto se convirtió en duda al repasar eventos que se vienen suscitando en Supayacu, comunidad con la que trabajamos.
La campaña pretende demoler. Buscan dañar honras personales e institucionales. Muchas cosas se dicen sobre lo que viene ocurriendo en el valle del Tambo y el conflicto en contra del proyecto minero Tía María: se dice que se ha desatado el terror en la zona; que salen por las calles con cánticos que anuncian que “van a beber sangre de policía”; que son terroristas anti mineros; que los organismos no gubernamentales son los culpables de todo; que reciben millones de dólares; que Marco Arana es Abimael Guzmán y cuantas cosas más. El cielo es el límite.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) advirtió que Grupo México está obligado a indemnizar, ofrecer consultas médicas y dar seguimiento durante 15 años a todas las personas con daños a la salud por el derrame de la mina Buenavista del Cobre, denunciada por las comunidades aledañas al río Sonora.
Todos os anos, empresas como a Vale S.A. precisam ser submetidas a uma avaliação sobre seus impactos na economia, meio ambiente, sociedade e governança. Em geral, esses relatórios oficiais passam longe da realidade das comunidades cotidianamente atingidas pelas ações da empresa. Como forma de rebater as informações e mostrar quais os reais danos causados pela corporação, a Articulação Internacional dos Atingidos pela Vale (AV) elabora o Relatório de Insustentabilidade da Vale.
La Cordillera del Cóndor, escenario histórico en la guerra Perú-Ecuador, aún continúa siendo un territorio en disputa, pero esta vez de carácter interno en una trama de tensiones entre organizaciones indígenas, gobiernos nacional y regional, y las empresas mineras.
El Ministro del Interior, Pérez Guadalupe, ha señalado en el Congreso de la República que la actuación de un efectivo policial no puede manchar a toda la institución. También ha anunciado que Inspectoría del Ministerio del Interior ya se encuentra en la zona investigando los hechos. Estamos de acuerdo y esperamos conocer los resultados de la investigación. Sin embargo, todo indica que no estamos frente a hechos aislados. Tampoco se trataría de decisiones que han sido tomadas por un policía a título individual. ¿O el ministro piensa que la decisión de sembrar el arma punzocortante en la mano del poblador Antonio Coasaca, fue una inspiración del momento del policía que aparece en el video que ha dado la vuelta al mundo?