El tranque Ojanco de propiedad de la minera alemana Sali Hochschild, que se encuentra abandonado en las cercanías de Copiapó, es el que presenta mayor riesgo para la población, según el Director Regional, Sr. Miguel Fortt.
No sólo los relaves activos presentan, ante las lluvias y aluviones, un grave peligro para la población. Sino también los relaves inactivos que han sido catastrados por el Sernageomin y que no han tenido remediación. Es el caso del tranque Ojanco, que aun sin esta emergencia, arrastra materiales tóxicos derivados de la minería hasta las napas subterráneas y los ríos exteriores, e incluso contamina el agua potable.
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Apenas se mira el letrero que anuncia la llegada a esta comunidad nahua, situada a pocos kilómetros de la capital, y también se advierte el divisionismo y el abandono oficial. Los ánimos están caldeados –tanto como en el principio de un conflicto que prevalece en la mixteca oaxaqueña (en el municipio de San Juan Copala), del que se ha llegado al asesinato de decenas de personas, despojo y desplazamiento de familias enteras, en el que gobiernos local y federal parecen apartarse de la solución–, las familias divididas y el pueblo entero en disputa.
El día de hoy 23 de marzo de 2015, el COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE ZACUALPAN, el CONSEJO INDÍGENA POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO DE ZACUALPAN y representantes electos en ASAMBLEA POR USOS Y COSTUMBRES PARA QUE REPRESENTEN A NUESTRO PUEBLO INDÍGENA DE ZACUALPAN, presentaron ante el Juez de Distrito en turno en el Estado de Colima, un juicio de amparo del proceso de aprobación y otorgamiento de las CONCESIONES MINERAS que ilegalmente se han dado en la Comunidad Indígena de Zacualpan.
El pasado martes 17 de marzo de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en el marco del 154 período de sesiones, recibió a una delegación ecuatoriana conformada por integrantes de la nacionalidad shuar, de la Asamblea de los Pueblos del Sur y de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU. Esta delegación expuso la situación de dirigentes indígenas que denuncian la violación de derechos colectivos del pueblo shuar en el contexto de desarrollo de la minería a gran escala en su territorio.
Fallo del Tribunal ambiental reconoce que existían pruebas suficientes de destrucción de glaciares pero no condenaron a Barrick Gold
En el municipio de Mataquescuintla – Guatemala, los días 11, 12, 13, 14 y 15 de marzo de 2015, representación de pueblos, comunidades y organizaciones sociales nacionales y delegaciones internacionales de Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití, México, Costa Rica, Canadá, Islandia, Noruega y Sudáfrica, al calor del compañerismo, la solidaridad y el diálogo intercultural, nos hemos reunido para construir una propuesta de articulación continental y de impulso político.
Alberto Roque fue padre de tres niños pequeños, quechua, campesino de la comunidad de Yuricancha y dirigente social con ganas de aportar al futuro de su distrito Mara en Apurímac. Alberto ya no es. Fue asesinado en circunstancias extrañas cerca de su localidad en la madrugada del miércoles 18 de abril de retorno de una reunión de coordinación en Cusco. Iba a dar una audiencia pública sobre el proceso de transferencia y el estado financiero de la municipalidad el sábado 21 de marzo. También quería hablar de una agenda compartida frente a la minería en la zona.
Un decreto firmado el pasado martes por el ministro de Minas y Energía de Colombia, Tomás González Estrada, promete abrir una nueva polémica entre organizaciones ambientalistas y el gobierno de Juan Manuel Santos. Se trata de la inclusión de dos conceptos en el Glosario Técnico Minero que, para el Ejecutivo, simplemente llenan un vacío en la regulación minera pero que, para los juristas expertos en el tema, constituyen un cheque en blanco para las grandes empresas del sector.
La pequeña localidad de Caimanes tras una épica lucha contra la mayor fortuna de Chile y una de las mayores del mundo, logró un fallo inédito, la Corte Suprema le ordena a Minera
Comisarios y habitantes, de al menos ocho comunidades del distrito minero de La Cañada, conformaron en una asamblea un frente en defensa del medio ambiente y en contra de los daños que ha generado la empresa Industrial Minera México (IMSSA) por el inadecuado manejo de los desechos tóxicos extractivos que se encuentran a cielo abierto en las poblaciones ocasionando problemas de salud.