Agua y Minería, Perú

El 30% de conflictos sociales en Perú surgen por la defensa al agua

Sector minero. A octubre, existen 184 conflictos latentes en el país, de los cuales el 43% están ubicados en las regiones del sur como Arequipa, Cusco y Puno. Éste último por el litio. ¿Qué soluciones se proponen ante esta problemática?

El 2019 ha sido un año de picos de conflictos sociales vinculados a la minería: en marzo se retomó la huelga contra el proyecto minero La Bambas (Apurímac), para agosto, iniciaron las protestas contra Tía María (Arequipa), y en noviembre, contra el proyecto minero Quellaveco (Moquegua).

Pero dichos proyectos son solo algunos. En Perú, sólo entre mayo y octubre, se registraron 11 nuevos conflictos. Así, en total – según información de la Defensoría del Pueblo – se tienen registrados 184 conflictos, de los cuales, el 43% está ubicado en la macroregión del sur (Ica, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Apurímac, Puno, Madre de Dios, Moquegua y Tacna).

Si se analiza los motivos de dichas problemáticas, José De Echave, investigador de CooperAcción, señala que el 30% de los 184 conflictos están directamente relacionados al recurso hídrico: por ejemplo, en Áncash – la región que lidera el ranking de conflictividad social -, el 44% de proyectos mineros estaría afectando el agua.

En su último Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, CooperAcción también recuerda que pese a que proyectos como Conga (Cajamarca) están paralizados, las poblaciones siguen vigilantes para evitar su reactivación. En este proyecto, las poblaciones apelaron a la protección de sus fuentes de agua. En Moquea, con Quellaveco, la población de Tumilaca también pidió la paralización del proyecto de cobre ante la posible contaminación del río Asana.

Caso en Lima

La región Lima que cuenta con el mayor número de población es a su vez la segunda con mayor producción de plomo a nivel nacional. El 43,3% de su territorio está concesionado y la mayoría de sus conflictos vinculados a la minería, tiene relación con el derecho al agua.

El reciente caso reportado es el proyecto minero Ariana, que – según la organización – afectaría toda la infraestructura que abastece de agua a las 10 millones de personas que viven en Lima y Callao. El caso ha sido denunciado y aunque la empresa a cargo del proyecto ha descartado una posible afectación al recurso hídrico, una jueza constitucional dictaría su sentencia en las próximas semanas.

Concesiones con Consulta

En medio de la propuesta para que se elabore una nueva Ley de minería – y que tiene aceptación del Gobierno y hasta un documentos presentado por los Gobiernos Regionales del sur -, la Organización manifiesta que debe plantearse una política “con carácter de urgencia” de ordenamiento territorial, para evitar que se sobrepongan concesiones mineras con la propiedad de comunidades indígenas y nativas, o zonas arqueológicas.

Asimismo, señalan que la nueva ley del sector extractivo debe contemplar la realización de la Consulta Previa para el proceso de concesión. Hoy sólo se realiza dicho proceso para la etapa de explotación.

Asimismo, indican que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene pendiente revisar el real costo – beneficio de los beneficios tributarios al sector minero. Subrayan que la reciente aprobación de un decreto de ugencia que amplía la devolución del IGV a las exploraciones mineras no ayudan “realmente” a incentivar dicha actividad.

 

Fuente:https://larepublica.pe/economia/2019/12/11/conflictos-sociales-el-30-de-conflictos-sociales-en-peru-surgen-por-la-defensa-del-agua-minem-tia-maria-las-bambas/?fbclid=IwAR1IngYNbxakfixV7y1iU2WGecByY_2ocOYdLUylrM12B7sTKCe4KN7OQeA

Agua y Minería, Chile, Litio

Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza exige al Estado cambiar su “actitud ecocida” con la Patagonia por avance minero y salmonícola

En fallo emitido este lunes 9 de diciembre en Santiago. En el caso de Patagonia, y luego de escuchar a delegaciones de Aysén y Magallanes, los jueces determinaron que “la actividad minera y salmonicultura que se realiza en la Patagonia chilena son contrarios con los derechos de la Madre Tierra, por lo que este Tribunal declara la vulneración de los Derechos de la Naturaleza”.

  • Organismo sesionó el 5 de diciembre con la presentación de los casos chilenos Minería de litio en el desierto de Atacama; Amenazas a la Patagonia: reserva de agua y vida; Privatización del agua: el agua como objeto en Chile.

El 5 de diciembre sesionó en Santiago el 5to Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, organismo internacional creado por la sociedad civil para proporcionar una alternativa sistémica a la protección del ambiente y que reconoce que los ecosistemas tienen derecho a existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales, con legitimación legal en los tribunales. El espacio fue constituido por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza en enero de 2014.

En esta ocasión, el tribunal fue presidido por el líder indígena ecuatoriano Yaku Pérez, e integrado por la socióloga argentina Maristella Svampay, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile Nancy Yáñez, el analista internacional Raúl Sohr, el sociólogo chileno Antonio Elizalde y el economista ecuatoriano Alberto Acosta, quien fuera presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador desde donde impulsó, precisamente, la incorporación de la figura de derechos de la naturaleza.

Fiscal de la Tierra fue el abogado ambientalista argentino Enrique Viale, secretaria la ecuatoriana Natalia Greene.

Ante una audiencia de unas 150 personas que se congregaron en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, expertos y afectados expusieron los fundamentos de los tres casos principales: Minería de litio en el desierto de Atacama; Amenazas a la Patagonia: reserva de agua y vida; Privatización del agua: el agua como objeto en Chile. Adicionalmente se pusieron a consideración para su admisibilidad los caso de la Amazonía (varios países) y Vaca Muerta (Argentina). En total, fueron 22 los expositores de Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina y Brasil.

Ecocidio en Patagonia

Por la Patagonia fueron ocho los participantes, siendo responsable de la presentación general el director de Codeff Aysén y presidente de la Agrupación Aysén Reserva de Vida Peter Hartmann Samhaber. Como exponentes del caso concurrieron el periodista Patricio Segura Ortiz (Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén), el asesor legal Erwin Sandoval Gallardo (Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén), la empresaria de turismo local Miriam Chible Contreras (Corporación Chelenko), el médico veterinario Juan Carlos Cárdenas Núñez (Centro Ecocéanos), la abogada Victoria Belemmi Baeza (FIMA). Por los pueblos originarios afectados asistieron las representantes yagán María Luisa Muñoz Manquemilla y kawésqar Leticia Caro Kogler. Acompañó también a la delegación aysenina la dirigenta de la Agrupación “Puro Ibáñez” de Puerto Ingeniero Ibáñez, Rayen Cayún.

Las exposiciones abordaron los impactos ambientales y sociales de los proyectos mineros de Aysén Los Domos (Equus Mining-Southern Gold), El Toqui (Laguna Gold), Cerro Bayo y Mina Javiera (Mandalay Resources), Newmont-GoldCorp y Mina Invierno (Grupo Angelini). Asimismo, el avance depredador de la salmonicultura en toda la Patagonia chilena.

Luego de escuchar a los expositores, el tribunal ratificó que “la Patagonia tiene gran biodiversidad amenazada debido a la presencia de industrias que progresivamente han destruido la naturaleza, y que la explotación del borde marino ha afectado el ecosistema”. El organismo también determinó que “el Estado chileno permitió un genocidio de los habitantes indígenas del extremo sur para poder desarrollar la ganadería ovina, y que el Estado no ha respetado a las comunidades. De igual manera se reconoce la vulneración de los derechos consagrado en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra en la que se reconoce que cada ser tiene el derecho a un lugar y a desempeñar su papel en la Madre Tierra para su funcionamiento armónico”.

Ante esto, recomendó al Estado chileno “cambiar su actitud ecocida; respetar rigurosamente las áreas protegidas y de conservación; cumplir con los procesos de consulta previa; establecer medidas de precaución para que las actividades humanas no afecten brutalmente los sitios en cuestión; establecer justicia restaurativa para los pueblos originarios afectados; condenar moralmente a las empresas mineras y salmonícola e instarlas a asumir los costos reales de sus acciones”. Asimismo, exigió “al Estado de Chile generar todo las condiciones para adoptar una nueva constitución que consagre Derechos a la Naturaleza”.

Al finalizar, el 5to Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza determinó que “la actividad minera y salmonicultura que se realiza en la Patagonia chilena son contrarios con los derechos de la Madre Tierra, por lo que este Tribunal declara la vulneración de los Derechos de la Naturaleza”.

Litio y agua en Chile

En el caso de la actividad minera y extracción de litio en territorio atacameño, dictaminó el organismo que ha habido violación de los derechos de la naturaleza. “La extracción de litio, junto con la extracción de otros metales preciosos (como el cobre) y minerales (como el potasio) están consumiendo cantidades insostenibles de agua en el desierto de Atacama de Chile, poniendo en riesgo el frágil ecosistema del desierto, su vida silvestre y los medios de vida de los pueblos indígenas Atacameños que ahí habitan” sentenció, calificando la explotación de litio en los salares de Atacama como “minería de agua al encontrarse este mineral en las salmueras”.

Con relación a la privatización del agua en Chile, los jueces llegaron a la convicción que “el agua se ha vuelto un negocio. El agua en Chile es un objeto y es mercantilizada al permitir su privatización”, condenando “el modelo económico extractivista que niega que el agua es vida, debe ser un sujeto político, comunitario y espiritual” y recomendando “incidir y aprovechar el momento Constituyente chileno para establecer que el agua es un sujeto de derechos” como sí ocurre en el caso de la Constitución de Ecuador, que en sus artículos 12, 282 y 318 dictamina que el agua tiene derechos reconocidos y establece también una prelación de su uso.

En la ocasión, además, se decretó la admisión de los casos sobre la Amazonía profundamente afectada por iniciativas de explotación a gran escala y Vaca Muerta (Argentina), por la extracción de combustibles fósiles a través de fractura hidráulica (fracking).

 

Fuente:https://futurorenovable.cl/tribunal-internacional-de-los-derechos-de-la-naturaleza-exige-al-estado-cambiar-su-actitud-ecocida-con-la-patagonia-por-avance-minero-y-salmonicola/?fbclid=IwAR3s3clc85w3Di9y-eKW2eNllB4_wcVXhC8X0sHdVXeUflwwCC3UMN8l3jQ

Agua y Minería, Argentina

Batalla por el agua en Mendoza: movilización y cacerolazos contra el lobby político-minero

Las asambleas por el agua mendocinas redoblaron su actividad por las presiones empresarias para derogar la Ley 7722 que prohíbe el uso de cianuro, mercurio y otras sustancias tóxicas en la minería metalífera. Además supedita los proyectos metalíferos aprobados por el Ejecutivo provincial a la ratificación rechazo del legislativo. Hubo marchas y cacerolazos frente a la Legislatura para que no modifiquen una norma que se construyó con asambleas históricas. Desde la Universidad Nacional de Cuyo, la UTN y el Conicet, 511 docentes e investigadores presentaron un documento contra la apuesta «irresponsable» a un sector que no genera fuentes de trabajo. Mendoza vive la mayor crisis hídrica desde que se tienen datos oficiales. Minería y falta de agua forman parte de la misma ecuación. La grieta entre la clase política y la sociedad.

“Hoy por hoy tememos que cualquier martes de estos la Legislatura apruebe la modificación de la ley 7722”. Así sintetiza a lavaca Marcelo Giraud, geógrafo y representante de la Asamblea por el Agua Pura, la sospecha que hace meses ronda por las diversos espacios asamblearios de Mendoza: el intento de legisladores oficialistas y opositores, con el lobby de las corporaciones y cámaras mineras detrás, de modificar la ley que prohíbe el uso de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en la minería y que genera un marco normativo para la actividad en la provincia.

Miles de vecinas y vecinos han salido estas semanas a las calles con cacerolazos, ruidazos y vigilias en toda Mendoza, con la Legislatura como centro de las protestas. Mientras los empresarios mineros nucleados en la Unión Industrial de Mendoza (UIM) condicionan la generación de empleo a que se voltee la ley (falso argumento que se utiliza también en Chubut) 511 académicos y científicos del Conicet firmaron un documento que presentaron ante los legisladores en los que advierten sobre “la falta de debate público en torno a la supuesta conveniencia” de la derogación de la 7722.

Conicet: “Idea irresponsable”

“La idea de desarrollo provincial a partir de la expansión de la minería aparece a todas luces simplificada y anacrónica y, en tanto, irresponsable”, alertan los científicos, sobre uno de los principales argumentos promineros. “De las múltiples actividades con valor económico existentes en la provincia, la propuesta de insistir en viabilizar la minería como una de las principales alternativas, puede ser la peor forma de ‘ampliar’ la matriz productiva”.

Giraud, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), es uno de los firmantes. “La incertidumbre es grande”, dice a la Agencia lavaca. “La embestida que hemos notado en los medios, también. Al no tener despacho en comisiones, necesitarían dos tercios para habilitar el debate sobre tablas. Y al necesitar una mayoría importante, están presionando muchísimo. Inclusive los titulares de la televisión hablan de la política acorralada por los empresarios mineros. No hay metáfora”.

Historia de una ley

La resistencia de los pueblos contra los proyectos mineros en Mendoza comenzó en 2003. “Muy poco después de las históricas luchas de Esquel”, precisa Giraud, haciendo referencia al municipio chubutense donde la población votó a través de un plebiscito el rechazo a un proyecto de la Meridian Gold.

La movida cuyana: “El surgimiento de las primeras movilizaciones, en los departamentos de San Carlos y General Alvear, es heredero de todas las luchas encadenadas en nuestra América. Eso derivó en la concreción de un proyecto de ley de ampliación de la reserva provincial de Laguna del Diamante, uno de los íconos de la belleza y de lo que son las áreas de cordillera y de nieves y glaciares en Mendoza. Los mineros plantearon la inconstitucionalidad de esa ley, pero la Corte falló a favor del área protegida como bien común, y por la protección del medio ambiente. En San Rafael, la Comisión de Energía Atómica también pretendía reabrir una mina de uranio, de modo que hubo una oposición muy fuerte. La cosa fue creciendo hasta llegar a grandes marchas frente de la Legislatura, en 2006”.

A pura lucha y creatividad frente a la Legislatura se logró la ley 7627.

Giraud: “Suspendía toda la actividad minera y metalífera hasta que la provincia sancionara su plan ambiental. El entonces gobernador Julio Cobos la vetó en diciembre de 2006. Allí surge otra asamblea, del Gran Mendoza, la Asamblea Popular por el Agua, y se van reproduciendo cada vez más. Así, el 20 de junio de 2007 la Legislatura terminó aprobando la Ley 7722. Siendo candidato a vice en ese entonces, Cobos no se animó a vetarla. La presión de la gente en muchos lugares fue lo determinante, y se terminó redactando a cuatro manos entre gente que estaba en las marchas con los legisladores que acompañaban a los asambleístas. Así, en plena lucha, fue que se lograron los últimos retoques de la ley”.

-¿Qué establece la Ley 7722?

-No prohíbe por completo la minería metalífera, sino que es restrictiva: prohíbe el uso de sustancias tóxicas y obliga al Ejecutivo a que mande cualquier proyecto a la Legislatura para que lo ratifique o lo rechace. Esos artículos 1 y 3 son los que más molestan a las mineras. En 2011, por ejemplo, fue rechazado proyecto megaminero San Jorge que había sido aprobado por el Ejecutivo. Luego hubo otros proyectos que rebotaron, pero por grandes falencias técnicas y legales. Y los mineros quieren eliminar ese artículo bajo el argumento de que así ninguna empresa va a querer venir nunca. Hubo doce presentaciones para declararla inconstitucional, pero en diciembre de 2015 la Corte emitió un fallo ratificando su plena constitucionalidad.

Sin grieta

Giraud explica cómo se llegó a este momento: “El año pasado, dos senadores del PJ, Alejandro Abraham y Juan Agulles, presentaron proyectos de modificación de la ley, y este año un diputado del PI (Partido Intransigente), Eduardo Martínez Guerra, otro para derogarla. Son proyectos que fueron vistos con más simpatía por el oficialismo del radical-cambiemos Alfredo Cornejo (gobernador) que por el propio peronismo. En campaña, el ahora gobernador electo Alfredo Suárez ya dijo que el artículo 3 era un absurdo y que había que potenciar la minería”.

Del otro lado, la senadora Anabel Fernández Sagasti, que fue candidata a gobernadora por el Frente de Todos, también sostenía que había que potenciar la minería, pero dentro del marco normativo de la 7722. Giraud: “El discurso era que dentro de la ley, todo; por fuera, nada”.

¿Cómo debe leerse?: “Hubo una presión muy fuerte del sector empresario minero y, también, de las principales cámaras empresariales de Mendoza, que buscan su tajada. El Senado trató esos proyectos en 2018, durante algunos meses, pero la resistencia fue bastante importante, aunque nos llevamos un susto muy grande. Ahora se vinieron con más fuerza y presencia en los medios, desde los principales canales de televisión, y con mucho más énfasis en la cuestión de generar puestos de trabajo”.

Sin agua y sin trabajo

Como contó MU en su edición de octubre, una discusión similar está atravesando Chubut en este momento: en medio de un conflicto estatal que no cesa, las asambleas denuncian que detrás de la crisis que atraviesa la provincia está el interés de las corporaciones mineras por lograr la explotación de los territorios, hoy prohibidas en esa provincia por la ley 5001, luego del plebiscito de Esquel.

Retoma Giraud el tema del empleo: “Es cierto que en Mendoza la situación económica está más dura que hace unos años. Pero el discurso prominero olvida que todo el país está en crisis, no sólo Mendoza. Repudiamos que Sagasti haya dicho que ‘en Mendoza el único capaz de generar empleo genuino es el sector privado’. Y nos presentan al fracking y la minería como salvadores de una matriz económica agroindustrial supuestamente agotada, olvidando otras alternativas de diversificación y generación de empleo como el turismo, las industrias del conocimiento, la agroecología, la energía eólica y la solar. Las posibilidades de crear puestos de trabajo son muchas, y lo que menos empleo genera es el extractivismo”.

Crisis climática

Otro dato de contexto: el lobby minero se está produciendo en medio de la mayor crisis hídrica provincial desde que hay registros oficiales. “Una de las cuestiones clave es el impacto regional de cambio climático”, precisa Giraud. “Ocurre que llevamos 10 años consecutivos de crisis hídrica fuerte, tan grave como nunca la hubo en todo el siglo XX. No hay registro de algo así. De acuerdo a los ciclos, vamos a volver a tener años no tan secos, pero a largo plazo habrá cada vez menos agua para más población. Además, como la matriz productiva de Mendoza es la agroindustria bajo riego y las industrias derivadas. Si le das agua al fracking o a la megaminería, estás violando la ley de agua. Esa ley establece una jerarquía de prioridades entre diversos usos: primero para consumo humano, luego el uso agrícola, después el industrial y finalmente el recreativo. Mucha gente está con bronca porque le estuvieron dando agua al fracking mientras aguas abajo los regantes padecen turnos de riego cada vez más espaciados, teniendo que reducir la superficie regada y cosechando menos. Es parte de lo que reclamamos las asambleas”.

Giraud subraya así que no hay que leer la crisis del agua y al lobby minero como dos cuestiones separadas: “Así como están abocados con fuerza a derogar la 7722, también están buscando reformar la ley de aguas mendocina, pionera en su tiempo a nivel mundial. Tememos una mercantilización encubierta del agua, a favor del extractivismo y el gran capital”.

Por ese motivo, con políticos que no presentan grietas entre ellos sino con la comunidad, las asambleas se están reuniendo con una frecuencia semanal por el temor a que en cualquier momento queden conformados los dos tercios en la Legislatura. Giraud: “La incertidumbre es muy grande. Al parecer, apenas asuma Suárez presentaría otro proyecto contra la 7722, para que la Legislatura renovada le dé aprobación exprés en diciembre. Nosotros vamos a seguir resistiendo”.

 

Fuente:https://www.lavaca.org/notas/batalla-por-el-agua-en-mendoza-movilizacion-y-cacerolazos-contra-el-lobby-politico-minero/?fbclid=IwAR37xkUi2Rnr6UvLhydXGHqgps7ZBk8THRdIuS2dcR6HQ8G2cJ6jddul5OI

Agua y Minería, Latinoamerica

Informe Nº1¿ Agua o Minería? Resistencias Comunitarias en América Latina

El equipo del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina pone a su disposición el informe Nº1 : ¿Agua o Minería? Resistencias Comunitarias en América Latina , desde la mirada de las comunidades de Perú y Chile.

Existen diversos reconocimientos sobre el impacto que provoca la Megaminería sobre el agua y la afectación de su entorno. En Perú y Chile como en el resto de América Latina, siguen aumentando las concesiones y proyectos mineros de acá hasta los próximos 20 años . Esto significa un aumento considerable del consumo y uso del agua perjudicando y afectando profundamente a comunidades , ecosistemas y fuentes de agua , provocando el alzamiento de legítimas protestas sociales en defensa del territorio , ríos y fuentes que son fuertemente reprimidas y criminalizadas por parte de los Gobiernos y Empresas Mineras.

 

Puedes descargar el documento en Publicaciones Ocmal