Agua y Minería, Perú

CAMPESINOS DEL SUR ANDINO DEMANDAN PROTECCIÓN DE CABECERAS DE CUENCA

Imagen: Red Muqui 07/07/2022
El miércoles 06 de julio, se desarrolló el Foro público “Miradas y perspectivas de cabeceras de cuenca, donde nace la vida” con la participación de especialistas y dirigentes de Apurímac, Puno y Cusco.

El evento, que se desarrolló en la Casa campesina del Centro Bartolomé de las Casas en la ciudad del Cusco, buscó articular saberes de especialistas y de dirigentes campesinos de las regiones del sur andino, que busquen alternativas para la preservación del agua frente a retos como el cambio climático.

El evento fue organizado por la Red Muqui, CooperAcción, Cedep Ayllu, Centro Bartolomé de Las Casas, APRODEH, Derechos humanos sin fronteras, Arariwa, IDECA, Isaías, Cadep.

La primera exposición estuvo a cargo del biólogo Wilfredo Chávez, responsable de la unidad de estudio del Instituto de manejo de agua y medio ambiente- IMA, quien señaló la importancia de la Ley de recursos hídricos y la Ley 30640 que destaca importancia de cabeceras de cuenca. En ese sentido dijo que es un concepto difícil de definir, y sobre todo de establecer hasta dónde son las cabeceras de cuenca en los territorios. Asimismo, que no hay una metodología clara para establecerlo.

“La norma no es clara sobre los instrumentos para garantizar la conservación de las cabeceras de cuenca. Los límites de las cabeceras de cuenca son difusos, el agua no entiende de límites. El agua puede discurrir en una cuenca de manera subterránea. No todas las cuencas tienen las mismas características, tienen diferentes rocas”, puntualizó Chávez.

Por su parte Ana Leyva, de CooperAcción, recordó que la identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca le corresponde a la Autoridad Nacional del Agua del Perú.

“¿Quiénes van a hacer la zonificación de las cabeceras? Las empresas en sus Estudios de Impacto Ambiental. Esto es grave. Tenemos que actuar ante el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú que lo aprobó», señaló Leyva.

Asimismo, Henry Córdova del MOCICC recordó que los gremios empresariales como la SNMPE y la SNI reaccionaron en contra de las cabeceras de cuenca, pues señalaron que esa concepción atentaría contra la inversión privada. En esa línea recordó que cuando uno va a Cusco, Cajamarca, Piura, ve que hay un permanente conflicto con las poblaciones por la protección de las cabeceras de cuenca, por lo que las poblaciones son perseguidas. Por eso hay que exigir al Estado que se defina técnicamente las cabeceras.


Imagen: Red Muqui

Por su lado el Ingeniero Edwin Mancilla, del Concejo regional del cambio climático, dijo que es muy importante contar con las áreas de conservación, que van a significar que se podrá cuidar esas zonas. El agua necesita un cuidado especial, sobre todo frente al cambio climático como gran amenaza.

«Recién en adelante se va a tomar en cuenta la zonificación de las cabeceras de cuenca de acuerdo a los criterios que está señalando la Autoridad Nacional del Agua del Perú, pero las concesiones mineras que se dieron y están en cabeceras, ¿no se va a hacer nada?», señaló Mancilla.

Por otro lado, también intervinieron diversos líderes campesinos del sur andino, haciendo comentarios y contando sus experiencias de luchas por la preservación de las cabeceras de cuenca.

«Hemos visto quemas en los cerros de Cusco y el gobierno regional no tiene capacidad para apagar incendios. Cuando hemos sido dirigentes hemos apagado incendios con el pueblo. Como Federación Departamental Campesina del Cusco hacemos la siembra y cosecha del agua para su uso racional, pero ¿el Estado?», sostuvo un dirigente de la Federación Departamental Campesina del Cusco.

Un dirigente campesino de Chamaca, Chumbivilcas, señaló que «nosotros en las comunidades donde vivimos cerca a las cabeceras de cuenca, no sabemos lo que hace el Estado con nuestros territorios. ¿Cómo quieren codifican las cabeceras de cuenca? Defendemos el territorio y el agua para nuestro presente y futuro».

En un segundo momento de las exposiciones, intervinieron especialistas como Wallter Choquevilca, docente de la Universidad Tecnológica de los andes, quien destacó que la importancia de entender las cuencas como ecosistemas, un sistema integral y delicada convivencia donde todos los seres vivos estamos en interrelación. Puso de ejemplo que no puede haber actividades intensivas de ganadería o agricultura en la parte alta de la cuenca, pues afectarán a la parte baja de la misma.

Por su parte Marcela Machaca, de la asociación Bartolomé Ariypalla de Ayacucho, señaló que la cuenca no puede ser vista desde una concepción solo utilitaria. También señaló que el cambio climático está impactando con la reducción de glaciares y a las cabeceras de cuenca. Por eso es clave rescatar los conceptos quechuas del buen vivir y la convivencia con la tierra, para no sobre explotar los bienes de la naturaleza.


Imagen: Red Muqui

Posteriormente el foro tuvo un momento participativo. Las y los participantes realizaron grupos de trabajo, donde intercambiaron experiencias y saberes. Finalmente, el foro concluyó con exposiciones y reflexiones de los asistentes sobre el rol que cumplen las cabeceras de cuenca en las regiones y qué se debe de hacer para la protección y preservación de las mismas, con un enfoque del buen vivir y con demandas dirigidas al gobierno de Pedro Castillo para que se norme y asuma políticas públicas concretas para la preservación de las cuencas, como el tema de una ley de ordenamiento territorial. Se formó, asimismo, una comisión especial entre los asistentes, para redactar un memorial que será dirigido al gobierno central y autoridades regionales.
Puede ver la transmisión del evento en este enlace: https://bit.ly/3aigSQG

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Agua y Minería, Bolivia, Criminalización de la protesta

En Oruro, mineros atacan y queman carpas de comunarios que protestaban por contaminación

ESTABAN EN VIGILIA
El ataque y cómo quedó una carpa. Foto: comunarios del Ayllu Acre Antequera.
UNITAS 09/06/2022
Luego de tres semanas de vigilia, trabajadores de la empresa minera Illapa atacaron con dinamita la noche del martes a los comunarios del Ayllu Acre Antequera del departamento de Oruro, que habían instalado dos puntos de vigilia en contra de la desertificación y la contaminación que esta empresa hacía en tierras de la comunidad. Hay una comunaria herida, además de carpas y enseres de los pobladores que fueron quemados.

El pasado 15 de mayo, comunarios del Ayllu Acre Antequera del municipio de Antequera de Oruro habían instalado estas dos vigilias en contra de la instalación de tuberías que atraviesan por la comunidad y que sirven para expulsar la sobreexplotación de agua que esta minera está realizando, según denuncia del dirigente Hernán Roque, miembro del consejo de Justicia de este ayllu.

Según Roque, la noche del martes un grupo de trabajadores mineros llegó a uno de los dos puntos de vigilia que los comunarios habían instalado y con dinamitas expulsaron a la totalidad de ellos. “Han venido a desbloquear con dinamitas, nos han arrinconado, sobre todo eran mujeres y personas mayores (en la vigilia). Han quemado nuestras carpas donde dormíamos en la noche”, denunció el dirigente en entrevista con el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS.

Indicó que luego de retirar a los comunarios de la vigilia, procedieron a quemar sus carpas y enseres, además de denigrar a las mujeres que estaban en protesta. Una de las comunarias fue herida. “Han golpeado a una hermana que tiene al parecer las costillas rotas”, precisó y mencionó que fueron al municipio de Huanuni y presentaron una denuncia contra la empresa minera por estos abusos, además de la portación de dinamita.


De acuerdo con Roque, el problema con la empresa Illapa, que es filial de la empresa transnacional Glencore, data de 2018, cuando descubrieron que la minera extraía más agua de lo que su licencia ambiental le permitía, de 140 litros por segundo a 400 litros por segundo, según estimaciones de los propios comunarios.

Es justamente a causa de ese hecho que se han presentado tres problemas en la comunidad: el primero es la desertificación de las tierras, hay una falta de agua para la producción en la comunidad; el segundo tiene que ver con la contaminación que esta situación está provocando; y el tercer conflicto son las inundaciones en la mina que, frente al alto uso del líquido, obliga a la empresa a instalar tuberías que están atravesando por el territorio de la comunidad.

Roque indicó que la Gobernación de Oruro se comprometió a enviar una comisión de la Secretaría de Medioambiente para verificar la situación que está atravesando la comunidad, no obstante, hasta la fecha, no se ha presentado. La vigilia fue levantada debido a este ataque.
https://erbol.com.bo/seguridad/en-oruro-mineros-atacan-y-queman-carpas-de-comunarios-que-protestaban-por-contaminaci%C3%B3n

Agua y Minería, Chile

Chile amortigua el golpe de la prohibición de los glaciares en las gigantescas minas de cobre

24/05/2022
Imagen referencial. / Crédito: Codelco.
El Gobierno de Chile está estudiando una aplicación gradual de la propuesta de prohibición de la minería cerca de los glaciares para limitar el impacto en algunas de las mayores minas de cobre del mundo y sus proyectos previstos en las alturas de los Andes.

En una entrevista el lunes, la ministra de Minería, Marcela Hernando, identificó alrededor de 20 sitios mineros que están en áreas protegidas, alguno de ellos cerca de glaciares, como El Teniente y Andina de Codelco y Los Bronces de Anglo American Plc.

“Tiene que haber un período para esa transición”, dijo. “Uno entiende que a partir de ahora, ninguna tarea nueva podrá estar cerca de los glaciares”.

Hernando habló después de que la Convención Constitucional aprobara una ampliación de la gobernanza medioambiental que también incluye la remodelación de las normas sobre el agua. BTG Pactual calcula que las nuevas protecciones para los glaciares y otras zonas sensibles ponen en riesgo una quinta parte de la producción de cobre de Chile. Se trata de un gran problema, ya que la industria se enfrenta a la creciente demanda del metal de las baterías en la transición energética.

Suponiendo que la carta se ratifique en un referéndum en septiembre, el gobierno del presidente Gabriel Boric, de 36 años, tendrá que encontrar el equilibrio adecuado entre la revisión de las normas medioambientales y sociales y el mantenimiento del atractivo de Chile para los inversores en un momento en el que la construcción de minas es cada vez más difícil y costosa. La Convención está debatiendo las medidas de aplicación de la nueva carta magna.

Sin duda, la industria ya está avanzando en esa dirección, cambiando a la energía renovable y al agua de mar en medio de una sequía de 12 años, buscando formas de sustituir el diésel y comprometiendo más a las comunidades locales.

Pero el ritmo ha sido demasiado lento, dijo Hernando. Por ello, el Estado debe desempeñar un papel para acelerar los esfuerzos de ESG a través de iniciativas público-privadas o, en el caso del litio, mediante la creación de una empresa nacional, dijo.

No está claro cómo afectaría la propuesta de ampliación de la gobernanza medioambiental a la extracción de litio en los salares del desierto de Atacama. Los productores ya están explorando nuevas formas de operar que no impliquen el bombeo de salmuera en gigantescas piscinas de evaporación, dijo Hernando.

“En ese sentido, la nueva constitución podrá acelerar este proceso y me parece que es absolutamente positivo porque nadie puede ignorar el daño que se ha producido en el Salar de Atacama durante tantos años”.

El Gobierno también quiere potenciar la fundición nacional invirtiendo en plantas estatales e introduciendo nuevas tecnologías a través de asociaciones público-privadas. Está trabajando en un proyecto para mejorar la planta de Paipote, gestionada por la empresa estatal Enami, y está interesado en modernizar otras fundiciones construidas hace décadas. “Lo ideal” sería que Chile ampliara sus siete plantas actuales, dijo.

Es el último intento de un gran productor de materias primas por captar más valor en las fases posteriores del proceso, en un momento en que la pandemia y la guerra de Ucrania aceleran la ruptura de los lazos comerciales tradicionales y estimulan los esfuerzos por fomentar las industrias locales, especialmente las que participan en la transición a energías más limpias. Pero impulsar el procesamiento local también implica grandes inversiones y más uso de energía y emisiones. Hacerlo lejos de los centros de demanda de Asia y Europa también puede ser un reto, sobre todo teniendo en cuenta que a China le sobra capacidad.

“Tenemos que potenciar la capacidad de fundición de nuestro país y con ello estamos hablando de industrialización, pero sostenible y sin descuidar nuestro ambicioso objetivo de neutralidad en carbono”, dijo Hernando.

Chile también está en conversaciones con Argentina y Bolivia sobre la forma de añadir valor a sus industrias mineras, en particular en lo que respecta al litio, y México se ha sumado recientemente a las conversaciones, dijo Hernando.

El gobierno también busca que la minería contribuya más al gasto social. Planea aumentar los impuestos para el sector, aunque la carga total no debería superar el 50%, dijo Hernando. La consultora Plusmining calcula que la carga fiscal actual ronda el 40%.

La medida más justa, que también tiene en cuenta la calidad del yacimiento, es un impuesto ad valorem de entre el 1% y el 3%, que es una forma de pagar una especie de derecho de explotación, diferente de los impuestos sobre la renta, dijo Hernando.

La nueva carga impositiva hará que las empresas sigan invirtiendo en Chile, dijo: “Tenemos que seguir siendo un país competitivo en esta materia”.

Restó importancia al riesgo para la industria minera si se elimina la referencia al modelo de concesiones del país en la nueva Constitución.

“Lo que estamos haciendo es nivelar nuestro sistema legislativo en materia minera a lo que ocurre en otros países”, dijo Hernando. “Hay cosas básicas y fundamentales que deben estar establecidas en la Constitución y el resto debe ser regulado por simples leyes”.
Fuente: Bloomberg

Chile amortigua el golpe de la prohibición de los glaciares en las gigantescas minas de cobre

Agua y Minería, Perú, Salud y Minería

EXPERTOS ALERTAN SOBRE EL RIESGO DE DERRAME DE RELAVES TÓXICOS SOBRE EL RÍO RÍMAC

CooperAcción. 09/04/2022
Imagen: Mancomunidad municipal del valle Santa Eulalia
A raíz de la última denuncia de organizaciones sociales sobre la rotura de una represa de relaves tóxicos de la mina Huampar que estaría contaminando los ríos Santa Eulalia y Rímac, CooperAcción organizó el último jueves 7 de marzo un espacio de conversación vía Twitter denominado: “Derrame de relaves en el Rímac: El peligro es real”


Este espacio de intercambio tuvo como invitados a Ana Leyva, Subdirectora de CooperAccion y a Dionel Martinez, geógrafo y maestrando de la FU Berlín y la PUCP. Ambos comentaron que en la zona afectada existen un sin número de pasivos ambientales, entre ellos relaves mineros que ponen en riesgo los medios de vida de las poblaciones de la zona y también de los más de 10 millones de personas en la ciudad porque precisaron que el agua que viene desde la parte alta del Rímac es consumida por la capital de Lima.

Ana Leyva indicó que una represa de relaves o relavera es un depósito de desechos de la producción minera que contienen químicos de alto riesgo y que son un peligro para la vida. Estos desechos químicos van a quedarse permanentemente, es decir están para siempre en el lugar, así la mina haya dejado de operar. Precisó que la posibilidad de falla está siempre presente, y que con el tiempo esta se puede agravar.

Por lo tanto, según Leyva, es muy importante que las relaveras se construyan garantizando el máximo de seguridad que se pueda tener. Sin embargo, asegura que eso no viene ocurriendo en el Perú, pues las normas vigentes peruanas no están actualizadas y adaptadas a estándares internacionales.

Por su parte Dionel Martinez advirtió que a nivel de toda la cuenca del río Rímac se llegaría fácilmente a más de 80 pasivos ambientales. Estos pasivos son de diferente tipología, entre los cuales se encuentran los relaves mineros. Martinez precisó que existe una cuestión interesante relacionada al abastecimiento de agua para Lima y el Callao, y es que desde mediados del siglo pasado la cuenca del río Rímac es la que abastece principalmente de agua potable a la ciudad de Lima.

Caso Ariana


Ambos expertos señalaron con preocupación el caso de la mina Ariana como una alarma inminente de contaminación para el agua de consumo humano de más de 10 millones de peruanos. Esta mina se construye justo donde se encuentra el sistema de lagunas y el trasvase de aguas del río Mantaro al río Rímac que abastecen de agua potable a las ciudades de Lima y Callao.

Señalaron que es sumamente preocupante que existan proyectos mineros cerca a los ríos y quebradas. Finalmente, hicieron un llamado de atención a las autoridades competentes para que se garanticen criterios de prevención, mejorar los TDR para la elaboración y ejecución de proyectos y exigieron la reglamentación de la ley de cuencas.

Escucha el space completo aquí: “Derrame de relaves en el Rímac: El peligro es real” https://twitter.com/i/spaces/1DXxyDOpeknJM

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Agua y Minería, Argentina

Una campaña nacional en defensa agua

Darío Aranda 17/01/2022
Medio centenar de organizaciones sociales y ambientales impulsan una campaña para el cuidado y el acceso al agua como un derecho humano. Cuestionan las actividades que la contaminan y proponen la democratización de los bienes comunes.

El lago Colhue Huapi abarcaba 53.000 hectáreas en Sarmiento (Chubut). En los ’90 comenzó un proceso de bajante vinculado a la accionar de grandes estancias y petroleras. En la década del 2000 se secó por completo. A pocos kilómetros se ubica el lago Musters, que experimenta una bajante histórica y corre riesgo de seguir los pasos del Colhue Huapi. A 3000 kilómetros de allí, en Salta, las comunidades wichí exigen pozos de agua para no tener que beber de charcos contaminados, antesala de enfermedades y muertes. «Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida», es el nombre de la iniciativa impulsada por decenas de organizaciones sociales y asambleas, que remarcan el derecho humano al agua, denuncian el extractivismo y proponen la democratización del acceso a los bienes comunes.

«El agua vale más que oro», nació en 2002 en Chubut, cuando comenzaba la lucha de Esquel contra la megaminería. La frase ya es bandera de lucha en Argentina y América Latina. En el otro extremo, desde los ideológico y también geográfico, en 2020 fue noticia que el agua comenzaba a cotizar en la bolsa de especulación de Nueva York.

«El agua es vida. Todos los seres vivos dependemos de ella. La falta de agua potable para tantas personas en este país es una deuda socio-ecológica que necesita ser saldada en lo inmediato», destaca el documento fundacional de la Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida, un espacio donde participan más de cincuenta organizaciones, asambleas socioambientales, cátedras de soberanía alimentaria y colectivos diversos (desde artísticos hasta científicos).

La campaña tiene diversos ejes. Se comenzó por la difusión (vía redes sociales desde la dirección twitter.com/CampDefensaAgua ) y con una completa serie de conversatorios virtuales («Acceso a la tierra y al agua, claves para la reconfiguración demográfica», «Normativas en defensa del agua», «Agua para la deuda externa o para la vida», fueron algunos de los temas). «El agua es un bien común y un derecho. Queremos protegerla, cuidarla; evitar el uso indiscriminado, el desperdicio, la contaminación. Tenemos que avanzar hacia una conciencia colectiva de cuidado y acompañarla de una legislación que la defina como elemento vital a preservar para la continuidad de la vida», remarcan la Asamblea Jáchal No Se Toca, el Servicio de Paz y Justicia, las Madres de Ituzaingó Anexo, la ONG Conciencia Solidaria, la Multisectorial Paren de Fumigarnos (Santa Fe), el Espacio Intercuencas, la Coordinadora Basta es Basta por una Vida sin Agrotóxicos, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición (UBA) y la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa), entre otras organizaciones.

El viernes 7 de enero, comunidades mapuches junto con vecinos autoconvocados cortaron la ruta 7 (Autovía Norte) en la meseta de la capital neuquina en reclamo de agua. «En una zona que está siendo devastada por las petroleras y el fracking, que utilizan diariamente millones de litros de agua para sus explotaciones, le falta el agua a la gente para el consumo, para el riego y la vida general. Ya no hay excusas, por eso el hartazgo que hoy se manifiesta en este corte», explicó la Confederación Mapuche de Neuquén.

La defensa del agua unifica casi las luchas contra el extractivismo y sus consecuencias: megaminería, forestales, agronegocio, represas, petróleo, litio, humedales, energía nuclear, bajante de ríos, extractivismo urbano y megaciudades.

Mariano Sánchez Toranzo es uno de los voceros de la Campaña. Remarca que uno de los objetivos es profundizar la democracia. «Es imprescindible salir de la democracia delegativa, que no resuelve los problemas ni de los pueblos ni de los territorios. Es necesario pasar a una democracia más participativa. Apostamos a todo tipo de consulta e iniciativa popular, instrumento de democracia directa que hoy podríamos utilizar y desde los sectores de poder no desean que utilicemos», afirma Sánchez Toranzo.

Además de Esquel en 2003, hubo otras votaciones populares contra el extractivismo: en 1996, la población de Misiones le dijo no a la hidroeléctrica Corpus (entre Argentina y Paraguay). En 2012 la población de Loncopué (Neuquén) votó y el 82 por ciento rechazó un proyecto minero impulsado por el gobierno provincial y una empresa china. En 2014, otra vez Misiones, 120.000 personas se autoconvocaron a votar y el 96 por ciento dijo «no» a la represas de Garabí (entre Argentina y Brasil).

Hubo numerosos intentos de votaciones locales contra el extractivismo y por la autodetermianción. Quizá los dos más conocidos sean la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas (contra la instalación de la empresa Monsanto) y Andalgalá (en defensa del agua y contra la megaminería). En ambos casos, gobiernos provinciales y nacional se opusieron al acto democrático.

La Campaña Plurinacional en Defensa del Agua trabaja en la construcción popular de un proyecto de ley de cuidado del agua, que prohíba las actividades que la contaminan y que contemple la gestión pública del agua. Buscan llegar con un respaldo de 500.000 firmas. «Entendemos que es un proceso de construcción de abajo hacia arriba, y que pueda tomar la impronta que tuvo y tiene el movimiento de mujeres, una marea verde que los políticos no puedan ignorar», grafica Sánchez Toranzo. Naciones Unidas (ONU) reconoció en julio de 2010 (en su Asamblea General) explícitamente “el derecho humano al agua”. Reafirmó que el agua potable es esencial para la realización de todos los derechos humanos.

* Por Darío Aranda. Artículo publicado en el diario Página12 el 17 de enero de 2022.

Agua y Minería, Chile

Movimiento por el Agua y los Territorios exige derogación inmediata del Código de Aguas y rechaza encuesta de mesa del MOP

Ante el llamado del MOP respecto de la encuesta de la «mesa del agua»
07 de Abril de 2020

Como Movimiento por el Agua y los Territorios (zonal centro) rechazamos rotundamente la realización de la encuesta de la Mesa del Agua, ya que nos parece una maniobra más del actual gobierno, para perpetuar la privatización de este elemento vital.
Sebastián Piñera, pocos días antes del inicio de la revuelta social, el 9 de octubre de 2019, presentó la denominada “Mesa Nacional del Agua”para generar “la discusión de una nueva política hídrica que se produce en el marco de la sequía más extrema de la que se tiene registro en el país”, cuyo trabajo fue encargado al Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, ex presidente de CPC. La Mesa fue integrada por una veintena de personas designadas a dedo que incluían ministros -entre ellos, el ministro Antonio Walker, con serios conflictos de intereses hídricos-, parlamentarios y representantes del sector empresarial. Actualmente, se ha iniciado un proceso de consulta digital con la denominada primera “Encuesta Digital del agua”.

Frente a lo descrito señalamos:

1.- Rechazamos completamente este primer informe cuyo diagnóstico es complaciente con el modelo neoliberal extractivista, responsable del saqueo del agua que viven nuestros territorios. Se le sigue considerando como un recurso económico más, transable en el mercado.

2.- La encuesta difundida es expresión de un cinismo y una manipulación mediática aberrante. El sentido mismo de las preguntas que se formulan son sesgadas y las alternativas restringidas y tendenciosas.

3-. La encuesta permite recopilar información sobre las personas y organizaciones que luchan activamente por la defensa del agua, por lo que se convierte en una fuente posible de criminalización.

Hacemos un llamado a no participar en este proceso, ya que sus resultados se ciñen al poder empresarial. Debemos seguir construyendo, desde las comunidades y los territorios, una gestión comunitaria del agua por cuencas hidrográficas, a partir del reconocimiento del agua como derecho humano y de la naturaleza, tal como lo hemos impulsado como movimiento social con la realización de más de 50 Cabildos por el agua desde Arica a Magallanes.

POR LA DEROGACION INMEDIATA DEL CÓDIGO DE AGUAS

Movimiento por el Agua y los Territorios – MAT

#AguaParalosPueblos

#ADesprivatizarElAguayLosTerritorioas

#PorLosDerechosDelAgua

Posted by Movimiento por el Agua y los Territorios – MAT on Tuesday, April 7, 2020

Agua y Minería, Perú

El 30% de conflictos sociales en Perú surgen por la defensa al agua

Sector minero. A octubre, existen 184 conflictos latentes en el país, de los cuales el 43% están ubicados en las regiones del sur como Arequipa, Cusco y Puno. Éste último por el litio. ¿Qué soluciones se proponen ante esta problemática?

El 2019 ha sido un año de picos de conflictos sociales vinculados a la minería: en marzo se retomó la huelga contra el proyecto minero La Bambas (Apurímac), para agosto, iniciaron las protestas contra Tía María (Arequipa), y en noviembre, contra el proyecto minero Quellaveco (Moquegua).

Pero dichos proyectos son solo algunos. En Perú, sólo entre mayo y octubre, se registraron 11 nuevos conflictos. Así, en total – según información de la Defensoría del Pueblo – se tienen registrados 184 conflictos, de los cuales, el 43% está ubicado en la macroregión del sur (Ica, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Apurímac, Puno, Madre de Dios, Moquegua y Tacna).

Si se analiza los motivos de dichas problemáticas, José De Echave, investigador de CooperAcción, señala que el 30% de los 184 conflictos están directamente relacionados al recurso hídrico: por ejemplo, en Áncash – la región que lidera el ranking de conflictividad social -, el 44% de proyectos mineros estaría afectando el agua.

En su último Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, CooperAcción también recuerda que pese a que proyectos como Conga (Cajamarca) están paralizados, las poblaciones siguen vigilantes para evitar su reactivación. En este proyecto, las poblaciones apelaron a la protección de sus fuentes de agua. En Moquea, con Quellaveco, la población de Tumilaca también pidió la paralización del proyecto de cobre ante la posible contaminación del río Asana.

Caso en Lima

La región Lima que cuenta con el mayor número de población es a su vez la segunda con mayor producción de plomo a nivel nacional. El 43,3% de su territorio está concesionado y la mayoría de sus conflictos vinculados a la minería, tiene relación con el derecho al agua.

El reciente caso reportado es el proyecto minero Ariana, que – según la organización – afectaría toda la infraestructura que abastece de agua a las 10 millones de personas que viven en Lima y Callao. El caso ha sido denunciado y aunque la empresa a cargo del proyecto ha descartado una posible afectación al recurso hídrico, una jueza constitucional dictaría su sentencia en las próximas semanas.

Concesiones con Consulta

En medio de la propuesta para que se elabore una nueva Ley de minería – y que tiene aceptación del Gobierno y hasta un documentos presentado por los Gobiernos Regionales del sur -, la Organización manifiesta que debe plantearse una política “con carácter de urgencia” de ordenamiento territorial, para evitar que se sobrepongan concesiones mineras con la propiedad de comunidades indígenas y nativas, o zonas arqueológicas.

Asimismo, señalan que la nueva ley del sector extractivo debe contemplar la realización de la Consulta Previa para el proceso de concesión. Hoy sólo se realiza dicho proceso para la etapa de explotación.

Asimismo, indican que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene pendiente revisar el real costo – beneficio de los beneficios tributarios al sector minero. Subrayan que la reciente aprobación de un decreto de ugencia que amplía la devolución del IGV a las exploraciones mineras no ayudan “realmente” a incentivar dicha actividad.

 

Fuente:https://larepublica.pe/economia/2019/12/11/conflictos-sociales-el-30-de-conflictos-sociales-en-peru-surgen-por-la-defensa-del-agua-minem-tia-maria-las-bambas/?fbclid=IwAR1IngYNbxakfixV7y1iU2WGecByY_2ocOYdLUylrM12B7sTKCe4KN7OQeA

Agua y Minería, Chile, Litio

Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza exige al Estado cambiar su “actitud ecocida” con la Patagonia por avance minero y salmonícola

En fallo emitido este lunes 9 de diciembre en Santiago. En el caso de Patagonia, y luego de escuchar a delegaciones de Aysén y Magallanes, los jueces determinaron que “la actividad minera y salmonicultura que se realiza en la Patagonia chilena son contrarios con los derechos de la Madre Tierra, por lo que este Tribunal declara la vulneración de los Derechos de la Naturaleza”.

  • Organismo sesionó el 5 de diciembre con la presentación de los casos chilenos Minería de litio en el desierto de Atacama; Amenazas a la Patagonia: reserva de agua y vida; Privatización del agua: el agua como objeto en Chile.

El 5 de diciembre sesionó en Santiago el 5to Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, organismo internacional creado por la sociedad civil para proporcionar una alternativa sistémica a la protección del ambiente y que reconoce que los ecosistemas tienen derecho a existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales, con legitimación legal en los tribunales. El espacio fue constituido por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza en enero de 2014.

En esta ocasión, el tribunal fue presidido por el líder indígena ecuatoriano Yaku Pérez, e integrado por la socióloga argentina Maristella Svampay, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile Nancy Yáñez, el analista internacional Raúl Sohr, el sociólogo chileno Antonio Elizalde y el economista ecuatoriano Alberto Acosta, quien fuera presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador desde donde impulsó, precisamente, la incorporación de la figura de derechos de la naturaleza.

Fiscal de la Tierra fue el abogado ambientalista argentino Enrique Viale, secretaria la ecuatoriana Natalia Greene.

Ante una audiencia de unas 150 personas que se congregaron en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, expertos y afectados expusieron los fundamentos de los tres casos principales: Minería de litio en el desierto de Atacama; Amenazas a la Patagonia: reserva de agua y vida; Privatización del agua: el agua como objeto en Chile. Adicionalmente se pusieron a consideración para su admisibilidad los caso de la Amazonía (varios países) y Vaca Muerta (Argentina). En total, fueron 22 los expositores de Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina y Brasil.

Ecocidio en Patagonia

Por la Patagonia fueron ocho los participantes, siendo responsable de la presentación general el director de Codeff Aysén y presidente de la Agrupación Aysén Reserva de Vida Peter Hartmann Samhaber. Como exponentes del caso concurrieron el periodista Patricio Segura Ortiz (Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén), el asesor legal Erwin Sandoval Gallardo (Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén), la empresaria de turismo local Miriam Chible Contreras (Corporación Chelenko), el médico veterinario Juan Carlos Cárdenas Núñez (Centro Ecocéanos), la abogada Victoria Belemmi Baeza (FIMA). Por los pueblos originarios afectados asistieron las representantes yagán María Luisa Muñoz Manquemilla y kawésqar Leticia Caro Kogler. Acompañó también a la delegación aysenina la dirigenta de la Agrupación “Puro Ibáñez” de Puerto Ingeniero Ibáñez, Rayen Cayún.

Las exposiciones abordaron los impactos ambientales y sociales de los proyectos mineros de Aysén Los Domos (Equus Mining-Southern Gold), El Toqui (Laguna Gold), Cerro Bayo y Mina Javiera (Mandalay Resources), Newmont-GoldCorp y Mina Invierno (Grupo Angelini). Asimismo, el avance depredador de la salmonicultura en toda la Patagonia chilena.

Luego de escuchar a los expositores, el tribunal ratificó que “la Patagonia tiene gran biodiversidad amenazada debido a la presencia de industrias que progresivamente han destruido la naturaleza, y que la explotación del borde marino ha afectado el ecosistema”. El organismo también determinó que “el Estado chileno permitió un genocidio de los habitantes indígenas del extremo sur para poder desarrollar la ganadería ovina, y que el Estado no ha respetado a las comunidades. De igual manera se reconoce la vulneración de los derechos consagrado en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra en la que se reconoce que cada ser tiene el derecho a un lugar y a desempeñar su papel en la Madre Tierra para su funcionamiento armónico”.

Ante esto, recomendó al Estado chileno “cambiar su actitud ecocida; respetar rigurosamente las áreas protegidas y de conservación; cumplir con los procesos de consulta previa; establecer medidas de precaución para que las actividades humanas no afecten brutalmente los sitios en cuestión; establecer justicia restaurativa para los pueblos originarios afectados; condenar moralmente a las empresas mineras y salmonícola e instarlas a asumir los costos reales de sus acciones”. Asimismo, exigió “al Estado de Chile generar todo las condiciones para adoptar una nueva constitución que consagre Derechos a la Naturaleza”.

Al finalizar, el 5to Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza determinó que “la actividad minera y salmonicultura que se realiza en la Patagonia chilena son contrarios con los derechos de la Madre Tierra, por lo que este Tribunal declara la vulneración de los Derechos de la Naturaleza”.

Litio y agua en Chile

En el caso de la actividad minera y extracción de litio en territorio atacameño, dictaminó el organismo que ha habido violación de los derechos de la naturaleza. “La extracción de litio, junto con la extracción de otros metales preciosos (como el cobre) y minerales (como el potasio) están consumiendo cantidades insostenibles de agua en el desierto de Atacama de Chile, poniendo en riesgo el frágil ecosistema del desierto, su vida silvestre y los medios de vida de los pueblos indígenas Atacameños que ahí habitan” sentenció, calificando la explotación de litio en los salares de Atacama como “minería de agua al encontrarse este mineral en las salmueras”.

Con relación a la privatización del agua en Chile, los jueces llegaron a la convicción que “el agua se ha vuelto un negocio. El agua en Chile es un objeto y es mercantilizada al permitir su privatización”, condenando “el modelo económico extractivista que niega que el agua es vida, debe ser un sujeto político, comunitario y espiritual” y recomendando “incidir y aprovechar el momento Constituyente chileno para establecer que el agua es un sujeto de derechos” como sí ocurre en el caso de la Constitución de Ecuador, que en sus artículos 12, 282 y 318 dictamina que el agua tiene derechos reconocidos y establece también una prelación de su uso.

En la ocasión, además, se decretó la admisión de los casos sobre la Amazonía profundamente afectada por iniciativas de explotación a gran escala y Vaca Muerta (Argentina), por la extracción de combustibles fósiles a través de fractura hidráulica (fracking).

 

Fuente:https://futurorenovable.cl/tribunal-internacional-de-los-derechos-de-la-naturaleza-exige-al-estado-cambiar-su-actitud-ecocida-con-la-patagonia-por-avance-minero-y-salmonicola/?fbclid=IwAR3s3clc85w3Di9y-eKW2eNllB4_wcVXhC8X0sHdVXeUflwwCC3UMN8l3jQ

Agua y Minería, Argentina

Batalla por el agua en Mendoza: movilización y cacerolazos contra el lobby político-minero

Las asambleas por el agua mendocinas redoblaron su actividad por las presiones empresarias para derogar la Ley 7722 que prohíbe el uso de cianuro, mercurio y otras sustancias tóxicas en la minería metalífera. Además supedita los proyectos metalíferos aprobados por el Ejecutivo provincial a la ratificación rechazo del legislativo. Hubo marchas y cacerolazos frente a la Legislatura para que no modifiquen una norma que se construyó con asambleas históricas. Desde la Universidad Nacional de Cuyo, la UTN y el Conicet, 511 docentes e investigadores presentaron un documento contra la apuesta «irresponsable» a un sector que no genera fuentes de trabajo. Mendoza vive la mayor crisis hídrica desde que se tienen datos oficiales. Minería y falta de agua forman parte de la misma ecuación. La grieta entre la clase política y la sociedad.

“Hoy por hoy tememos que cualquier martes de estos la Legislatura apruebe la modificación de la ley 7722”. Así sintetiza a lavaca Marcelo Giraud, geógrafo y representante de la Asamblea por el Agua Pura, la sospecha que hace meses ronda por las diversos espacios asamblearios de Mendoza: el intento de legisladores oficialistas y opositores, con el lobby de las corporaciones y cámaras mineras detrás, de modificar la ley que prohíbe el uso de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en la minería y que genera un marco normativo para la actividad en la provincia.

Miles de vecinas y vecinos han salido estas semanas a las calles con cacerolazos, ruidazos y vigilias en toda Mendoza, con la Legislatura como centro de las protestas. Mientras los empresarios mineros nucleados en la Unión Industrial de Mendoza (UIM) condicionan la generación de empleo a que se voltee la ley (falso argumento que se utiliza también en Chubut) 511 académicos y científicos del Conicet firmaron un documento que presentaron ante los legisladores en los que advierten sobre “la falta de debate público en torno a la supuesta conveniencia” de la derogación de la 7722.

Conicet: “Idea irresponsable”

“La idea de desarrollo provincial a partir de la expansión de la minería aparece a todas luces simplificada y anacrónica y, en tanto, irresponsable”, alertan los científicos, sobre uno de los principales argumentos promineros. “De las múltiples actividades con valor económico existentes en la provincia, la propuesta de insistir en viabilizar la minería como una de las principales alternativas, puede ser la peor forma de ‘ampliar’ la matriz productiva”.

Giraud, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), es uno de los firmantes. “La incertidumbre es grande”, dice a la Agencia lavaca. “La embestida que hemos notado en los medios, también. Al no tener despacho en comisiones, necesitarían dos tercios para habilitar el debate sobre tablas. Y al necesitar una mayoría importante, están presionando muchísimo. Inclusive los titulares de la televisión hablan de la política acorralada por los empresarios mineros. No hay metáfora”.

Historia de una ley

La resistencia de los pueblos contra los proyectos mineros en Mendoza comenzó en 2003. “Muy poco después de las históricas luchas de Esquel”, precisa Giraud, haciendo referencia al municipio chubutense donde la población votó a través de un plebiscito el rechazo a un proyecto de la Meridian Gold.

La movida cuyana: “El surgimiento de las primeras movilizaciones, en los departamentos de San Carlos y General Alvear, es heredero de todas las luchas encadenadas en nuestra América. Eso derivó en la concreción de un proyecto de ley de ampliación de la reserva provincial de Laguna del Diamante, uno de los íconos de la belleza y de lo que son las áreas de cordillera y de nieves y glaciares en Mendoza. Los mineros plantearon la inconstitucionalidad de esa ley, pero la Corte falló a favor del área protegida como bien común, y por la protección del medio ambiente. En San Rafael, la Comisión de Energía Atómica también pretendía reabrir una mina de uranio, de modo que hubo una oposición muy fuerte. La cosa fue creciendo hasta llegar a grandes marchas frente de la Legislatura, en 2006”.

A pura lucha y creatividad frente a la Legislatura se logró la ley 7627.

Giraud: “Suspendía toda la actividad minera y metalífera hasta que la provincia sancionara su plan ambiental. El entonces gobernador Julio Cobos la vetó en diciembre de 2006. Allí surge otra asamblea, del Gran Mendoza, la Asamblea Popular por el Agua, y se van reproduciendo cada vez más. Así, el 20 de junio de 2007 la Legislatura terminó aprobando la Ley 7722. Siendo candidato a vice en ese entonces, Cobos no se animó a vetarla. La presión de la gente en muchos lugares fue lo determinante, y se terminó redactando a cuatro manos entre gente que estaba en las marchas con los legisladores que acompañaban a los asambleístas. Así, en plena lucha, fue que se lograron los últimos retoques de la ley”.

-¿Qué establece la Ley 7722?

-No prohíbe por completo la minería metalífera, sino que es restrictiva: prohíbe el uso de sustancias tóxicas y obliga al Ejecutivo a que mande cualquier proyecto a la Legislatura para que lo ratifique o lo rechace. Esos artículos 1 y 3 son los que más molestan a las mineras. En 2011, por ejemplo, fue rechazado proyecto megaminero San Jorge que había sido aprobado por el Ejecutivo. Luego hubo otros proyectos que rebotaron, pero por grandes falencias técnicas y legales. Y los mineros quieren eliminar ese artículo bajo el argumento de que así ninguna empresa va a querer venir nunca. Hubo doce presentaciones para declararla inconstitucional, pero en diciembre de 2015 la Corte emitió un fallo ratificando su plena constitucionalidad.

Sin grieta

Giraud explica cómo se llegó a este momento: “El año pasado, dos senadores del PJ, Alejandro Abraham y Juan Agulles, presentaron proyectos de modificación de la ley, y este año un diputado del PI (Partido Intransigente), Eduardo Martínez Guerra, otro para derogarla. Son proyectos que fueron vistos con más simpatía por el oficialismo del radical-cambiemos Alfredo Cornejo (gobernador) que por el propio peronismo. En campaña, el ahora gobernador electo Alfredo Suárez ya dijo que el artículo 3 era un absurdo y que había que potenciar la minería”.

Del otro lado, la senadora Anabel Fernández Sagasti, que fue candidata a gobernadora por el Frente de Todos, también sostenía que había que potenciar la minería, pero dentro del marco normativo de la 7722. Giraud: “El discurso era que dentro de la ley, todo; por fuera, nada”.

¿Cómo debe leerse?: “Hubo una presión muy fuerte del sector empresario minero y, también, de las principales cámaras empresariales de Mendoza, que buscan su tajada. El Senado trató esos proyectos en 2018, durante algunos meses, pero la resistencia fue bastante importante, aunque nos llevamos un susto muy grande. Ahora se vinieron con más fuerza y presencia en los medios, desde los principales canales de televisión, y con mucho más énfasis en la cuestión de generar puestos de trabajo”.

Sin agua y sin trabajo

Como contó MU en su edición de octubre, una discusión similar está atravesando Chubut en este momento: en medio de un conflicto estatal que no cesa, las asambleas denuncian que detrás de la crisis que atraviesa la provincia está el interés de las corporaciones mineras por lograr la explotación de los territorios, hoy prohibidas en esa provincia por la ley 5001, luego del plebiscito de Esquel.

Retoma Giraud el tema del empleo: “Es cierto que en Mendoza la situación económica está más dura que hace unos años. Pero el discurso prominero olvida que todo el país está en crisis, no sólo Mendoza. Repudiamos que Sagasti haya dicho que ‘en Mendoza el único capaz de generar empleo genuino es el sector privado’. Y nos presentan al fracking y la minería como salvadores de una matriz económica agroindustrial supuestamente agotada, olvidando otras alternativas de diversificación y generación de empleo como el turismo, las industrias del conocimiento, la agroecología, la energía eólica y la solar. Las posibilidades de crear puestos de trabajo son muchas, y lo que menos empleo genera es el extractivismo”.

Crisis climática

Otro dato de contexto: el lobby minero se está produciendo en medio de la mayor crisis hídrica provincial desde que hay registros oficiales. “Una de las cuestiones clave es el impacto regional de cambio climático”, precisa Giraud. “Ocurre que llevamos 10 años consecutivos de crisis hídrica fuerte, tan grave como nunca la hubo en todo el siglo XX. No hay registro de algo así. De acuerdo a los ciclos, vamos a volver a tener años no tan secos, pero a largo plazo habrá cada vez menos agua para más población. Además, como la matriz productiva de Mendoza es la agroindustria bajo riego y las industrias derivadas. Si le das agua al fracking o a la megaminería, estás violando la ley de agua. Esa ley establece una jerarquía de prioridades entre diversos usos: primero para consumo humano, luego el uso agrícola, después el industrial y finalmente el recreativo. Mucha gente está con bronca porque le estuvieron dando agua al fracking mientras aguas abajo los regantes padecen turnos de riego cada vez más espaciados, teniendo que reducir la superficie regada y cosechando menos. Es parte de lo que reclamamos las asambleas”.

Giraud subraya así que no hay que leer la crisis del agua y al lobby minero como dos cuestiones separadas: “Así como están abocados con fuerza a derogar la 7722, también están buscando reformar la ley de aguas mendocina, pionera en su tiempo a nivel mundial. Tememos una mercantilización encubierta del agua, a favor del extractivismo y el gran capital”.

Por ese motivo, con políticos que no presentan grietas entre ellos sino con la comunidad, las asambleas se están reuniendo con una frecuencia semanal por el temor a que en cualquier momento queden conformados los dos tercios en la Legislatura. Giraud: “La incertidumbre es muy grande. Al parecer, apenas asuma Suárez presentaría otro proyecto contra la 7722, para que la Legislatura renovada le dé aprobación exprés en diciembre. Nosotros vamos a seguir resistiendo”.

 

Fuente:https://www.lavaca.org/notas/batalla-por-el-agua-en-mendoza-movilizacion-y-cacerolazos-contra-el-lobby-politico-minero/?fbclid=IwAR37xkUi2Rnr6UvLhydXGHqgps7ZBk8THRdIuS2dcR6HQ8G2cJ6jddul5OI

Agua y Minería, Latinoamerica

Informe Nº1¿ Agua o Minería? Resistencias Comunitarias en América Latina

El equipo del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina pone a su disposición el informe Nº1 : ¿Agua o Minería? Resistencias Comunitarias en América Latina , desde la mirada de las comunidades de Perú y Chile.

Existen diversos reconocimientos sobre el impacto que provoca la Megaminería sobre el agua y la afectación de su entorno. En Perú y Chile como en el resto de América Latina, siguen aumentando las concesiones y proyectos mineros de acá hasta los próximos 20 años . Esto significa un aumento considerable del consumo y uso del agua perjudicando y afectando profundamente a comunidades , ecosistemas y fuentes de agua , provocando el alzamiento de legítimas protestas sociales en defensa del territorio , ríos y fuentes que son fuertemente reprimidas y criminalizadas por parte de los Gobiernos y Empresas Mineras.

 

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