Agua y Minería, Argentina

¿Qué está pasando con la ley de glaciares en Argentina y por qué hay protestas y demandas?

La reforma impulsada por Javier Milei permite minería cerca de glaciares y desata un conflicto legal, ambiental y político
EL SIGLO 10/04/2026
Google Discover
La reciente aprobación de la reforma a la ley de glaciares en Argentina ha generado un conflicto que ya escaló a tribunales y moviliza tanto a gobiernos provinciales como a organizaciones ambientalistas. Pero, ¿qué cambió realmente y por qué hay tanta polémica?
¿Qué cambia con la nueva ley?

La ley, aprobada por el Congreso, modifica la legislación vigente desde 2010, que protegía a los glaciares y zonas cercanas como reservas estratégicas de agua.

Con la reforma:

Se permite el desarrollo de proyectos mineros en zonas cercanas a glaciares
Se otorga a las provincias la facultad de definir qué áreas periglaciales pueden ser explotadas
Se plantea que no todas esas zonas cumplen funciones clave para el almacenamiento de agua

El gobierno de Javier Milei asegura que el objetivo es dar seguridad jurídica a las inversiones y permitir el crecimiento económico, especialmente en sectores como el litio, cobre y oro.
Regreso de Artemis II a la Tierra: La prueba de fuego con velocidad y temperatura extremas

¿Por qué preocupa a ambientalistas?

Organizaciones como Greenpeace advierten que la reforma representa un retroceso en la protección ambiental.

Sus principales alertas son:

Riesgo para el acceso al agua de millones de personas
Posible afectación de ecosistemas ligados a glaciares
Menor control federal sobre zonas protegidas

Además, acusan que el proceso legislativo ignoró opiniones científicas y la participación ciudadana.

Por ello, impulsan una demanda colectiva para intentar frenar la ley en tribunales.
Provincias también se oponen: el caso de La Pampa

El rechazo no solo viene de activistas. El gobierno de la provincia de La Pampa, encabezado por Sergio Ziliotto, presentó un amparo contra la reforma.

Aunque la provincia no tiene glaciares, depende del agua que proviene de ellos.

“El acceso al agua y el ambiente sano están en riesgo”, advirtió el mandatario, quien busca que la ley sea declarada inconstitucional.
El antecedente clave

En 2019, la Corte Suprema de Argentina ya había respaldado la ley original de 2010, estableciendo que:

Los glaciares son bienes públicos
El derecho al agua debe prevalecer sobre intereses privados

Este fallo es ahora uno de los principales argumentos de quienes buscan frenar la reforma.
¿Qué sigue ahora?

El conflicto entra en una nueva etapa:

Demandas colectivas de ciudadanos y organizaciones
Amparos presentados por gobiernos provinciales
Un posible nuevo análisis judicial sobre la constitucionalidad de la ley

Mientras tanto, el debate sigue abierto entre dos posturas, impulsar la economía mediante la minería o proteger las principales reservas de agua del país.
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2026/que-esta-pasando-con-la-ley-de-glaciares-en-argentina-y-por-que-hay-protestas-y-demandas.html

Agua y Minería, Argentina

Argentina aprueba reforma que permite su explotación minera en glaciares

Ingrid Sánchez
FOTO: Wikimedia Commons

El Congreso de Argentina aprobó una reforma a la Ley de Glaciares que reduce su protección y habilita la actividad minera, en medio de protestas y críticas ambientales.

La iniciativa, ya avalada desde febrero, obtuvo 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, tras casi 12 horas de debate.
Críticas ambientales

La aprobación ocurrió de madrugada y en medio de protestas que fueron reprimidas. Miles de personas se movilizaron bajo consignas como “el agua vale más que el oro” y “los glaciares no se tocan”.

Organizaciones ambientales advierten que la medida agravará la crisis climática y anticiparon acciones legales.

“La verdad que me duele un montón porque es anticonstitucional estar discutiendo esto cuando tenemos una Constitución, una ley que defiende nuestros glaciares, que defiende nuestra tierra”, dijo Bernardina Moitia, estudiante argentina.

 

Luz verde a explotación de glaciares en Argentina

Con la reforma, los glaciares que no cumplan con un aporte hídrico verificable —según autoridades locales— podrán ser explotados a cielo abierto para extraer oro, plata y cobre.

De acuerdo con cifras oficiales, para 2018 el país contaba con cerca de 17 mil cuerpos de hielo, fundamentales para el abastecimiento de agua.

Inversión vs. recursos naturales

El presidente Javier Milei impulsa la medida como clave para atraer inversiones y fortalecer la minería, siguiendo modelos como el de Chile.

Sin embargo, especialistas advierten riesgos. Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, señaló para AFP que la reforma “está hecha a medida de grandes mineras transnacionales” y que “pone en peligro el agua del 70 % de los argentinos”.
https://oncenoticias.digital/internacional/argentina-aprueba-reforma-que-permite-su-explotacion-minera-en-glaciares/559217/amp/

Agua y Minería, Argentina

Argentina: Policía dispersa protesta contra ley de glaciares

Noticias DW
09/04/2026

El Gobierno alega que la modificación a la Ley de Glaciares es necesaria para contribuir al desarrollo económico del país.
En la imagen de archivo se observa a un hombre, en medio de una manifestación, que busca huir de los policias.
Los agentes arremetieron contra los manifestantes y detuvieron a uno de ellos. (Imagen de archivo 05.03.2025)
Imagen: Rodrigo Abd/AP Photo/picture alliance

La Policía de la ciudad de Buenos Aires detuvo a una persona y desplegó a un importante número de agentes para dispersar a manifestantes que protestaban este miércoles (08.04.2026) contra un proyecto de reforma a la ley de protección de los glaciares en Argentina.

Los incidentes se iniciaron cuando la Policía capitalina, con escudos y gases lacrimógenos, arremetió contra un grupo de manifestantes que se concentraba en una esquina del centro de la ciudad con la intención de marchar desde allí hasta el Congreso, donde un pleno de la Cámara de Diputados debate el proyecto de ley.

Los efectivos dispersaron la concentración y obligaron a los manifestantes a dirigirse hacia la plaza frente al edificio del Congreso.

Fuentes oficiales consultadas por EFE confirmaron la detención de un manifestante y señalaron que éste será dejado en libertad si se constata que no tiene antecedentes penales.

El proyecto en debate, que el Ejecutivo de Javier Milei envió al Congreso a finales del año pasado, otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciales (cercanas a los glaciares) en las que se pueden permitir las actividades mineras.

La iniciativa modifica la Ley de Glaciares aprobada en 2010 en Argentina, una norma pionera en Latinoamérica y que establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.
«Reservas estratégicas de recursos hídricos»

El Gobierno ha alegado que esta modificación a la Ley de Glaciares es necesaria para contribuir al desarrollo económico del país a través del impulso a la minería, sector que ahora mismo registra fuertes inversiones, principalmente en litio, cobre y oro.

Las empresas mineras sostienen que no todos los ambientes periglaciales constituyen «reservas estratégicas de recursos hídricos» a ser protegidas.

El proyecto del Ejecutivo desató una fuerte reacción de rechazo entre organizaciones ambientalistas, que advierten que están en juego importantes reservas de agua y que no se puede permitir que los intereses de empresas privadas se sobrepongan frente a los derechos colectivos a un ambiente sano, consagrados en la Constitución nacional de Argentina.

La iniciativa ya fue aprobada el pasado 26 de febrero por el Senado con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, por lo que, de ser avalada también en la Cámara Baja, se convertirá en ley.
mg (efe, Clarín)
https://www.dw.com/es/polic%C3%ADa-dispersa-protesta-contra-ley-de-glaciares-en-argentina/a-76714451

Agua y Minería, Argentina

Detuvieron a siete activistas en el Congreso por protestas contra la ley de Glaciares

08/04/2026
El operativo de la Policía de la Ciudad fue cerca de las 7 frente al Monumento a los Dos Congresos. Allí se montó una escena que combinó despliegue de efectivos, bomberos y tensión.

greenpeace protesta congreso ley glaciares

Cerca de siete activistas de Greenpeace fueron detenidos en el Congreso por protestar contra la ley de Glaciares, en el marco de su votación en Senadores este miércoles. El operativo de la Policía de la Ciudad fue cerca de las 7 frente al Monumento a los Dos Congresos, en una escena de despliegue de efectivos, bomberos y tensión.

El cronograma parlamentario tiene previsto que la norma se vote este miércoles cerca de las 15 horas. El Senado ya le había dado media sanción a la propuesta el pasado 26 de febrero y el proyecto cambia la ley 26.639, proponiendo redefinir el alcance de las zonas protegidas, al limitar la tutela ambiental a aquellos cuerpos de hielo que acrediten una función hídrica efectiva.

Imágenes difundidas por C5N mostraron que dos manifestantes se subieron al monumento y desplegaron una bandera con consignas en rechazo a la iniciativa oficial. Mientras tanto, personal de bomberos trabajaba para hacerlos descender de la estructura.
Desde Greenpeace defienden la norma 26.639 y rechazan cualquier modificación que implique una flexibilización de la protección ambiental.

En la base del monumento, permanentemente cerrado con rejas, otros siete activistas permanecían sentados en el suelo, rodeados por efectivos policiales. Todos vestían mamelucos naranjas y exhibían carteles con mensajes en defensa de los glaciares.

El episodio guarda similitudes con una protesta anterior registrada durante el tratamiento del proyecto en el Senado, cuando un grupo de ambientalistas logró ingresar a las escalinatas del Congreso y manifestarse mediante una performance que incluyó el uso de inodoros.

Desde Greenpeace sostienen una férrea defensa de la norma 26.639 y rechazan cualquier modificación que, según advierten, implique una flexibilización de la protección ambiental. La organización alerta que los cambios podrían favorecer a la industria minera y poner en riesgo reservas estratégicas de agua dulce, en un contexto marcado por la crisis climática.
Protestas contra la ley de Glaciares

La discusión por la reforma comenzará a las 15 en la Cámara de Diputados y, en paralelo, organizaciones sociales, ambientales y partidos de la oposición ya definieron una convocatoria para las 17, con movilización hacia el Congreso.

En ese marco, los partidos del Frente de Izquierda llevarán adelante una concentración que partirá desde 9 de Julio y Avenida de Mayo, en una jornada que promete mantener alta la tensión política y callejera durante varias horas. También anunciaron una vigilia que se extenderá hasta el momento de la votación final en el recinto.

En esa misma línea, La Cámpora convocó a marchar este miércoles desde las 17 bajo la consigna “La ley de Glaciares no se toca”. El espacio también endureció su postura frente al tratamiento legislativo y cuestionó tanto al Gobierno como al Fondo Monetario Internacional. “No a la flexibilización ambiental de Milei y el FMI. Defender los glaciares es defender el agua, la soberanía y el futuro de los argentinos”, expresaron.

Mientras tanto, en el centro porteño ya se anticipa un operativo complejo. Está previsto que haya cortes de tránsito en las inmediaciones del Congreso desde el mediodía, en simultáneo con la llegada de los primeros manifestantes. A eso se suma un fuerte despliegue de seguridad, luego de los incidentes registrados durante la mañana.
Ley de Glaciares: protestas y convocatorias en distintos puntos del país

Más allá de lo que ocurra en el Congreso, la jornada también tendrá réplicas en varias provincias, con marchas, concentraciones e intervenciones en defensa de la norma ambiental.

Ley de Glaciares: qué es el ambiente periglacial y cuál es su importancia

La ley de Glaciares en la Argentina espera ser aprobada esta semana, tras una solicitud del ala legisladora libertaria, y un punto que circuló es el del concepto de geoformas periglaciales, entendido anteriormente como ambiente periglacial. Este término remite a un rol clave en la conservación del agua ya que se trata de una de las zonas más importantes dentro del sistema de protección establecido por la norma.

En febrero pasado, la ley atravesó una adecuación con la incorporación de modificaciones de última hora al Dictamen OD 700, que redefine aspectos clave del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial. La iniciativa se aprobó en el Senado en general por 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención.

El texto reafirma que los glaciares y el ambiente periglacial constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos, fundamentales para la recarga de cuencas y el abastecimiento de agua para consumo humano, producción agrícola, conservación de la biodiversidad, investigación científica y turismo.
https://www.ambito.com/informacion-general/detuvieron-siete-activistas-el-congreso-protestas-contra-la-ley-glaciares-n6264146

Agua y Minería, Argentina, Criminalización de la protesta

En Mendoza, cuidar el agua te puede costar una causa penal

La protesta social está protegida por la Constitución Nacional, por tratados internacionales y por la doctrina de nuestra Corte Suprema.
Mario Vadillo
05/04/2025
Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ
En Mendoza, la defensa del agua y del ambiente ha sido convertida —desde el discurso oficial y el accionar judicial— en un acto sospechoso. Lo que debería considerarse un “legítimo ejercicio de participación democrática”, es criminalizado con figuras penales graves y con un aparato judicial que parece más preocupado por silenciar la protesta que por garantizar derechos.

En este contexto, los casos de Federico Soria y Mauricio Cornejo, integrantes de las asambleas por el agua en Uspallata, son paradigmáticos. Ambos fueron detenidos tras manifestarse contra la megaminería y terminaron imputados bajo una figura legal extremadamente severa: el artículo 213 bis del Código Penal, que establece penas de tres a ocho años de prisión para quienes integren agrupaciones que pretendan imponer sus ideas “por la fuerza o el temor”.

Un artículo de los años oscuros, en una democracia que tolera poco
El artículo 213 bis fue incorporado en 1974, en el marco de una legislación represiva que anticipaba la lógica del terrorismo de Estado. Usarlo hoy contra ciudadanos que protestan pacíficamente no solo es un exceso, sino una señal preocupante sobre el retroceso en materia de libertades civiles.

Los manifestantes no portaban armas. No hubo violencia. Lo que hubo fue organización vecinal, reclamo público y expresión popular. Equiparar eso con una “imposición ideológica por la fuerza” no es una interpretación jurídica: es una decisión política que apunta a desmovilizar.

Protestar es un derecho, no una amenaza
La protesta social está protegida por la Constitución Nacional, por tratados internacionales y por la doctrina de nuestra Corte Suprema. Limitarla a través del miedo judicial no solo vulnera derechos individuales, sino que erosiona la salud democrática del país.

Cuando el poder judicial adopta el rol de disciplinador social, deja de ser garantía de justicia y se convierte en parte del problema. No se protege al Estado aplicando normas del pasado autoritario; se lo debilita, porque se daña la confianza ciudadana en las instituciones.

La defensa del ambiente no puede ser criminalizada
Quienes se oponen a la megaminería no lo hacen por capricho. Lo hacen por el agua, por el derecho a vivir en un ambiente sano, por la autodeterminación de sus territorios. Esa defensa, lejos de ser una amenaza, es una contribución valiosa a la democracia.

Si el Estado impone proyectos sin consulta, sin licencia social y con el acompañamiento de una justicia que persigue al que reclama, entonces no estamos ante una República dialogante, sino ante un poder que teme a su pueblo.

El uso del artículo 213 bis para perseguir ambientalistas es una muestra más de cómo ciertas herramientas legales pueden transformarse en mecanismos de control. Por eso es importante que la ciudadanía conozca sus derechos, reconozca estos abusos y entienda que el ejercicio del reclamo es legítimo.

La protesta no es delito. La defensa del agua no es ideología. Y el respeto a la ley empieza por no usarla para callar.
https://www.mdzol.com/politica/2025/4/5/en-mendoza-cuidar-el-agua-te-puede-costar-una-causa-penal-1200033.html

Agua y Minería, Perú

La normativa que podría poner en jaque a la minería en Perú

Dayana Sánchez 24/02/2023

La minería y los industriales peruanos enfrentan un escenario riesgoso si es que una normativa actualmente en discusión en el Congreso sale a la luz.

Se trata de un proyecto que aprobó el Legislativo a finales del mes pasado, que, entre otras cosas, entrega mayores libertades a las organizaciones de usuarios de agua, constituidas como asociaciones civiles, en la gestión de los recursos hídricos. En el país, está, en el mayor nivel, la Junta de Usuarios del Agua (JU).

Según la regulación local vigente desde 2014, estas organizaciones cumplen la función de administrar y gestionar la infraestructura hidráulica pública de menor escala, permitiendo así el suministro del líquido a usuarios finales licenciados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

No obstante, la normativa actualmente en discusión en el Congreso -y criticada por el Ejecutivo-, busca precisamente dejar atrás la ley que establece funciones específicas y acotadas de estos grupos para la gestión del recurso.

Expertos, entonces, estiman que se puede abrir la puerta para la politización de la actividad y ocasionar inseguridad en el abastecimiento de agua para actividades productivas.

Las interrogantes
La gran preocupación del sector minero e industrial es en sí misma la libertad que se le dan a las agrupaciones para la toma de decisiones. De hecho, entre las facultades que se les entregaría está la administración y gestión de infraestructura hídrica mayor, así como la calidad de operador del servicio de monitoreo y gestión de agua subterránea.

Lo anterior podría impactar a la industria minera, porque para efectos de ese país, ese sector es considerado como un usuario con sistema de abastecimiento propio por lo que no requieren ningún servicio de suministro de agua para poder operar.

En este sentido, Julian Li, socio del área de Recursos Hídricos de la firma de abogados Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria, dijo a DFSUD.com que “las Juntas están recibiendo facultades para hacerse cargo de infraestructura hidráulica mayor -como grandes reservorios de agua- y ahí sí podría haber un impacto en el aprovechamiento del recurso por parte de las mineras, en tanto hay proyectos que coordinan su operación con esta clase de infraestructura pública”.

La iniciativa plantea la posibilidad de que los usuarios no agrarios, como la minería y la industria, puedan participar en la JU para la toma de decisiones, pero no establece los mecanismos, ni las vías alternativas.

Lo que sí indica es la forma en que las decisiones podrían ser adoptadas, siendo esto otro punto de preocupación en el sector, dijo Li. Esto porque, da posibilidad a las asociaciones de, en segunda convocatoria, instalar asambleas sin un quórum mínimo con amplia libertad en la agenda para adoptar acuerdos.

“Si en primera convocatoria no se llega al quórum, en segunda convocatoria aunque haya 10 personas se puede instalar una asamblea general. El agravante es que esta normativa dice que con los que estén presentes también se puede ampliar la agenda y agregar puntos que no estaban en discusión”, explicó.

Ello preocupa, dijo, porque “la operación de infraestructura es una cuestión técnica; debe existir un control del Estado para la legitimidad de acuerdos y protección de minorías, tratándose de decisiones sobre bienes y recursos públicos. Históricamente siempre ha existido un péndulo entre mayores y menores facultades hacia estas organizaciones de usuarios”.

“Antes de 2008, por ejemplo, las Juntas daban opiniones vinculantes para el otorgamiento de licencias, lo que actualmente ya no ocurre, y muchas de sus características de organización y decisión fueron materia de control mediante la reforma de 2014”, añadió.

Claridad y precisión
Sobre esto último, el abogado indicó que la duda de la industria radica en “la precisión que se debe hacer sobre estos actores. La idea es que deje claro que este tipo de usuarios, como la minera, tienen la posibilidad de organizarse por separado y participar desde otra instancia en la gestión del recurso”.

Toda vez que, según apuntó Li, esa posibilidad está expresada en la Ley de Recursos Hídricos que a su vez es complementaria a la normativa que regula a las Juntas de Usuarios del Agua.

Otro aspecto relevante consiste en la posibilidad de que, con el solo reconocimiento como tales, las agrupaciones puedan ser consideradas como operadoras del servicio de monitoreo y gestión de agua subterránea.

Sobre ello, Li mencionó que “debería precisarse que esta condición -operador subterráneo- será previo otorgamiento del título habilitante de ANA, que garantice los recursos humanos, técnicos y financieros para ello y no se pretenda cobrar una tarifa sin prestar ningún servicio efectivo a los titulares de pozos en el ámbito de las Juntas”.
https://dfsud.com/peru/la-normativa-que-podria-poner-en-jaque-a-la-mineria-en-peru

Agua y Minería, Bolivia

Las compuertas de la represa Tacagua se abren

este lunes para nutrir de agua a más 7000 hectáreas de siembra de alfa alfa, cebada y avena que son nutrientes para los ganados ovino y vacunos de más 2.500 familias que se dedican a la producción lechera de la zona.
Colectivo Casa
La actividad es el inicio de la Asociación de Usuarios del Sistema Nacional de Riegos N° 2 Tacagua para la gestión ante la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro para la promulgación de la Ley de Declaratoria de Patrimonio Departamental a represa ubicada en el municipio de Challapata distante a 121 kilómetros al sur de la ciudad de Oruro.

La declaratoria tiene su importancia “por su valor hídrico y símbolo del desarrollo agroproductivo lechero del municipio de Challapata, provincia Abaroa del departamento de Oruro del Estado Plurinacional de Bolivia, al ser la segunda represa más importante de nuestro país, protegiéndose y tutelando el agua, la producción y la alimentación, desde la jurisdicción territorial del Municipio de Challapata”, sostuvieron los dirigentes de Tacagua.

La declaratoria obedece ante cualquier intención de autorizar la explotación minera en los cerros que circundan la represa con capacidad de almacenar 45 millones de metros cúbicos de agua al año.

Tacagua empezó su funcionamiento en el año 1961, en diferentes puntos se puede apreciar los paisajes de colores azul, verde y café del cielo, agua, sembradíos y cerros que circundan la zona.

Challapata es la capital agroganadera del Departamento de Oruro gracias a Tacagua. Es un punto de parada por los buses de transporte interdepartamental donde visitantes nacionales y extranjeros, adquieren los ricos quesos, tostado de haba, el yogurt y la leche para ser saboreados en sus hogares.

concesiones contiguas, las que abarcan aproximadamente una superficie de 78 kilómetros cuadrados. Los pedidos de explotación van desde minerales complejos (plata, plomo, zinc), hasta de antimonio.

A finales de 2019, la empresa minera El Buen Samaritano junto a la Autoridad de Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) convoca a una consulta previa para septiembre a las comunidades de Acallapu y Tolapajru, que serían directamente afectadas. Los representantes dan a conocer su rechazo a la actividad minera.

LA MINERÍA CONSUME EXCESIVA AGUA

La operación minera demanda grandes cantidades de agua, además que su tratamiento y expulsión, pone en riesgo la pureza de las aguas de la represa de Tacagua, como también las aguas subterráneas.

Frente a la contaminación minera heredad por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), en otras regiones del departamento, además de otros países, los regantes de Challapata se oponen al ingreso de la minería, puesto que puede ocasionar una migración y degradación de suelos, siendo el beneficio económico efímero y el daño ambiental de largo plazo, además de perderse hectáreas aptas para el cultivo.

La declaratoria departamental de Tacagua como patrimonio orureño motiva a los habitantes de Oruro a evitar la contaminación de la zona, que ya se encuentra afectada por los cambios climáticos, en los ciclos de lluvias, y el ingreso de la minería puede ser fatal para su futuro como región agroganadera.

Agua y Minería, Perú

CAMPESINOS DEL SUR ANDINO DEMANDAN PROTECCIÓN DE CABECERAS DE CUENCA

Imagen: Red Muqui 07/07/2022
El miércoles 06 de julio, se desarrolló el Foro público “Miradas y perspectivas de cabeceras de cuenca, donde nace la vida” con la participación de especialistas y dirigentes de Apurímac, Puno y Cusco.

El evento, que se desarrolló en la Casa campesina del Centro Bartolomé de las Casas en la ciudad del Cusco, buscó articular saberes de especialistas y de dirigentes campesinos de las regiones del sur andino, que busquen alternativas para la preservación del agua frente a retos como el cambio climático.

El evento fue organizado por la Red Muqui, CooperAcción, Cedep Ayllu, Centro Bartolomé de Las Casas, APRODEH, Derechos humanos sin fronteras, Arariwa, IDECA, Isaías, Cadep.

La primera exposición estuvo a cargo del biólogo Wilfredo Chávez, responsable de la unidad de estudio del Instituto de manejo de agua y medio ambiente- IMA, quien señaló la importancia de la Ley de recursos hídricos y la Ley 30640 que destaca importancia de cabeceras de cuenca. En ese sentido dijo que es un concepto difícil de definir, y sobre todo de establecer hasta dónde son las cabeceras de cuenca en los territorios. Asimismo, que no hay una metodología clara para establecerlo.

“La norma no es clara sobre los instrumentos para garantizar la conservación de las cabeceras de cuenca. Los límites de las cabeceras de cuenca son difusos, el agua no entiende de límites. El agua puede discurrir en una cuenca de manera subterránea. No todas las cuencas tienen las mismas características, tienen diferentes rocas”, puntualizó Chávez.

Por su parte Ana Leyva, de CooperAcción, recordó que la identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca le corresponde a la Autoridad Nacional del Agua del Perú.

“¿Quiénes van a hacer la zonificación de las cabeceras? Las empresas en sus Estudios de Impacto Ambiental. Esto es grave. Tenemos que actuar ante el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú que lo aprobó», señaló Leyva.

Asimismo, Henry Córdova del MOCICC recordó que los gremios empresariales como la SNMPE y la SNI reaccionaron en contra de las cabeceras de cuenca, pues señalaron que esa concepción atentaría contra la inversión privada. En esa línea recordó que cuando uno va a Cusco, Cajamarca, Piura, ve que hay un permanente conflicto con las poblaciones por la protección de las cabeceras de cuenca, por lo que las poblaciones son perseguidas. Por eso hay que exigir al Estado que se defina técnicamente las cabeceras.


Imagen: Red Muqui

Por su lado el Ingeniero Edwin Mancilla, del Concejo regional del cambio climático, dijo que es muy importante contar con las áreas de conservación, que van a significar que se podrá cuidar esas zonas. El agua necesita un cuidado especial, sobre todo frente al cambio climático como gran amenaza.

«Recién en adelante se va a tomar en cuenta la zonificación de las cabeceras de cuenca de acuerdo a los criterios que está señalando la Autoridad Nacional del Agua del Perú, pero las concesiones mineras que se dieron y están en cabeceras, ¿no se va a hacer nada?», señaló Mancilla.

Por otro lado, también intervinieron diversos líderes campesinos del sur andino, haciendo comentarios y contando sus experiencias de luchas por la preservación de las cabeceras de cuenca.

«Hemos visto quemas en los cerros de Cusco y el gobierno regional no tiene capacidad para apagar incendios. Cuando hemos sido dirigentes hemos apagado incendios con el pueblo. Como Federación Departamental Campesina del Cusco hacemos la siembra y cosecha del agua para su uso racional, pero ¿el Estado?», sostuvo un dirigente de la Federación Departamental Campesina del Cusco.

Un dirigente campesino de Chamaca, Chumbivilcas, señaló que «nosotros en las comunidades donde vivimos cerca a las cabeceras de cuenca, no sabemos lo que hace el Estado con nuestros territorios. ¿Cómo quieren codifican las cabeceras de cuenca? Defendemos el territorio y el agua para nuestro presente y futuro».

En un segundo momento de las exposiciones, intervinieron especialistas como Wallter Choquevilca, docente de la Universidad Tecnológica de los andes, quien destacó que la importancia de entender las cuencas como ecosistemas, un sistema integral y delicada convivencia donde todos los seres vivos estamos en interrelación. Puso de ejemplo que no puede haber actividades intensivas de ganadería o agricultura en la parte alta de la cuenca, pues afectarán a la parte baja de la misma.

Por su parte Marcela Machaca, de la asociación Bartolomé Ariypalla de Ayacucho, señaló que la cuenca no puede ser vista desde una concepción solo utilitaria. También señaló que el cambio climático está impactando con la reducción de glaciares y a las cabeceras de cuenca. Por eso es clave rescatar los conceptos quechuas del buen vivir y la convivencia con la tierra, para no sobre explotar los bienes de la naturaleza.


Imagen: Red Muqui

Posteriormente el foro tuvo un momento participativo. Las y los participantes realizaron grupos de trabajo, donde intercambiaron experiencias y saberes. Finalmente, el foro concluyó con exposiciones y reflexiones de los asistentes sobre el rol que cumplen las cabeceras de cuenca en las regiones y qué se debe de hacer para la protección y preservación de las mismas, con un enfoque del buen vivir y con demandas dirigidas al gobierno de Pedro Castillo para que se norme y asuma políticas públicas concretas para la preservación de las cuencas, como el tema de una ley de ordenamiento territorial. Se formó, asimismo, una comisión especial entre los asistentes, para redactar un memorial que será dirigido al gobierno central y autoridades regionales.
Puede ver la transmisión del evento en este enlace: https://bit.ly/3aigSQG

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

Agua y Minería, Bolivia, Criminalización de la protesta

En Oruro, mineros atacan y queman carpas de comunarios que protestaban por contaminación

ESTABAN EN VIGILIA
El ataque y cómo quedó una carpa. Foto: comunarios del Ayllu Acre Antequera.
UNITAS 09/06/2022
Luego de tres semanas de vigilia, trabajadores de la empresa minera Illapa atacaron con dinamita la noche del martes a los comunarios del Ayllu Acre Antequera del departamento de Oruro, que habían instalado dos puntos de vigilia en contra de la desertificación y la contaminación que esta empresa hacía en tierras de la comunidad. Hay una comunaria herida, además de carpas y enseres de los pobladores que fueron quemados.

El pasado 15 de mayo, comunarios del Ayllu Acre Antequera del municipio de Antequera de Oruro habían instalado estas dos vigilias en contra de la instalación de tuberías que atraviesan por la comunidad y que sirven para expulsar la sobreexplotación de agua que esta minera está realizando, según denuncia del dirigente Hernán Roque, miembro del consejo de Justicia de este ayllu.

Según Roque, la noche del martes un grupo de trabajadores mineros llegó a uno de los dos puntos de vigilia que los comunarios habían instalado y con dinamitas expulsaron a la totalidad de ellos. “Han venido a desbloquear con dinamitas, nos han arrinconado, sobre todo eran mujeres y personas mayores (en la vigilia). Han quemado nuestras carpas donde dormíamos en la noche”, denunció el dirigente en entrevista con el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS.

Indicó que luego de retirar a los comunarios de la vigilia, procedieron a quemar sus carpas y enseres, además de denigrar a las mujeres que estaban en protesta. Una de las comunarias fue herida. “Han golpeado a una hermana que tiene al parecer las costillas rotas”, precisó y mencionó que fueron al municipio de Huanuni y presentaron una denuncia contra la empresa minera por estos abusos, además de la portación de dinamita.


De acuerdo con Roque, el problema con la empresa Illapa, que es filial de la empresa transnacional Glencore, data de 2018, cuando descubrieron que la minera extraía más agua de lo que su licencia ambiental le permitía, de 140 litros por segundo a 400 litros por segundo, según estimaciones de los propios comunarios.

Es justamente a causa de ese hecho que se han presentado tres problemas en la comunidad: el primero es la desertificación de las tierras, hay una falta de agua para la producción en la comunidad; el segundo tiene que ver con la contaminación que esta situación está provocando; y el tercer conflicto son las inundaciones en la mina que, frente al alto uso del líquido, obliga a la empresa a instalar tuberías que están atravesando por el territorio de la comunidad.

Roque indicó que la Gobernación de Oruro se comprometió a enviar una comisión de la Secretaría de Medioambiente para verificar la situación que está atravesando la comunidad, no obstante, hasta la fecha, no se ha presentado. La vigilia fue levantada debido a este ataque.
https://erbol.com.bo/seguridad/en-oruro-mineros-atacan-y-queman-carpas-de-comunarios-que-protestaban-por-contaminaci%C3%B3n

Agua y Minería, Chile

Chile amortigua el golpe de la prohibición de los glaciares en las gigantescas minas de cobre

24/05/2022
Imagen referencial. / Crédito: Codelco.
El Gobierno de Chile está estudiando una aplicación gradual de la propuesta de prohibición de la minería cerca de los glaciares para limitar el impacto en algunas de las mayores minas de cobre del mundo y sus proyectos previstos en las alturas de los Andes.

En una entrevista el lunes, la ministra de Minería, Marcela Hernando, identificó alrededor de 20 sitios mineros que están en áreas protegidas, alguno de ellos cerca de glaciares, como El Teniente y Andina de Codelco y Los Bronces de Anglo American Plc.

“Tiene que haber un período para esa transición”, dijo. “Uno entiende que a partir de ahora, ninguna tarea nueva podrá estar cerca de los glaciares”.

Hernando habló después de que la Convención Constitucional aprobara una ampliación de la gobernanza medioambiental que también incluye la remodelación de las normas sobre el agua. BTG Pactual calcula que las nuevas protecciones para los glaciares y otras zonas sensibles ponen en riesgo una quinta parte de la producción de cobre de Chile. Se trata de un gran problema, ya que la industria se enfrenta a la creciente demanda del metal de las baterías en la transición energética.

Suponiendo que la carta se ratifique en un referéndum en septiembre, el gobierno del presidente Gabriel Boric, de 36 años, tendrá que encontrar el equilibrio adecuado entre la revisión de las normas medioambientales y sociales y el mantenimiento del atractivo de Chile para los inversores en un momento en el que la construcción de minas es cada vez más difícil y costosa. La Convención está debatiendo las medidas de aplicación de la nueva carta magna.

Sin duda, la industria ya está avanzando en esa dirección, cambiando a la energía renovable y al agua de mar en medio de una sequía de 12 años, buscando formas de sustituir el diésel y comprometiendo más a las comunidades locales.

Pero el ritmo ha sido demasiado lento, dijo Hernando. Por ello, el Estado debe desempeñar un papel para acelerar los esfuerzos de ESG a través de iniciativas público-privadas o, en el caso del litio, mediante la creación de una empresa nacional, dijo.

No está claro cómo afectaría la propuesta de ampliación de la gobernanza medioambiental a la extracción de litio en los salares del desierto de Atacama. Los productores ya están explorando nuevas formas de operar que no impliquen el bombeo de salmuera en gigantescas piscinas de evaporación, dijo Hernando.

“En ese sentido, la nueva constitución podrá acelerar este proceso y me parece que es absolutamente positivo porque nadie puede ignorar el daño que se ha producido en el Salar de Atacama durante tantos años”.

El Gobierno también quiere potenciar la fundición nacional invirtiendo en plantas estatales e introduciendo nuevas tecnologías a través de asociaciones público-privadas. Está trabajando en un proyecto para mejorar la planta de Paipote, gestionada por la empresa estatal Enami, y está interesado en modernizar otras fundiciones construidas hace décadas. “Lo ideal” sería que Chile ampliara sus siete plantas actuales, dijo.

Es el último intento de un gran productor de materias primas por captar más valor en las fases posteriores del proceso, en un momento en que la pandemia y la guerra de Ucrania aceleran la ruptura de los lazos comerciales tradicionales y estimulan los esfuerzos por fomentar las industrias locales, especialmente las que participan en la transición a energías más limpias. Pero impulsar el procesamiento local también implica grandes inversiones y más uso de energía y emisiones. Hacerlo lejos de los centros de demanda de Asia y Europa también puede ser un reto, sobre todo teniendo en cuenta que a China le sobra capacidad.

“Tenemos que potenciar la capacidad de fundición de nuestro país y con ello estamos hablando de industrialización, pero sostenible y sin descuidar nuestro ambicioso objetivo de neutralidad en carbono”, dijo Hernando.

Chile también está en conversaciones con Argentina y Bolivia sobre la forma de añadir valor a sus industrias mineras, en particular en lo que respecta al litio, y México se ha sumado recientemente a las conversaciones, dijo Hernando.

El gobierno también busca que la minería contribuya más al gasto social. Planea aumentar los impuestos para el sector, aunque la carga total no debería superar el 50%, dijo Hernando. La consultora Plusmining calcula que la carga fiscal actual ronda el 40%.

La medida más justa, que también tiene en cuenta la calidad del yacimiento, es un impuesto ad valorem de entre el 1% y el 3%, que es una forma de pagar una especie de derecho de explotación, diferente de los impuestos sobre la renta, dijo Hernando.

La nueva carga impositiva hará que las empresas sigan invirtiendo en Chile, dijo: “Tenemos que seguir siendo un país competitivo en esta materia”.

Restó importancia al riesgo para la industria minera si se elimina la referencia al modelo de concesiones del país en la nueva Constitución.

“Lo que estamos haciendo es nivelar nuestro sistema legislativo en materia minera a lo que ocurre en otros países”, dijo Hernando. “Hay cosas básicas y fundamentales que deben estar establecidas en la Constitución y el resto debe ser regulado por simples leyes”.
Fuente: Bloomberg

Chile amortigua el golpe de la prohibición de los glaciares en las gigantescas minas de cobre