Imagen: Rumbo Minero
4 de febrero de 2019
El juzgado mixto con sede en La Oroya, presidido por el juez Jesús Santana, admitió una acción de amparo el día 29 de enero pasado contra la minera Chinalco y Acciones Mineras SAC por su intento de desalojar y destruir las viviendas del casco antiguo de la ciudad de Morococha, en la región Junín.

El Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses de Morococha, La Asociación de Propietarios Desplazados por el Proyecto Toromocho del Distrito de Morococha, así como la Asociación de hijos nacidos en Morococha, como demandantes pidieron que “se disponga la paralización de la destrucción, desmantelamiento y destrozo de todos los rezagos que constituyen el ornato urbano de la Antigua ciudad de Morococha que se ubica dentro del predio “lote Municipio de Morococha” de 34 hectáreas; se ordene mantener la situación de hecho y derecho sobre el precitado predio hasta las resultas del proceso principal”. Según señala el mencionado documento.

Recordaron que el 17 de julio de 2018 mediante Resolución Nro.02 se admitió a trámite la demanda de Amparo, sin embargo en estos últimos meses, la Minera Chinalco del Perú SA, “habría irrumpido en el predio para llevar a cabo una programada y sistemática serie de destrucciones en lo poco que queda del ornato urbano, espacios libres acceso y esparcimiento que queda en la Antigua ciudad de Morococha.”

Se trata de controversias por los cuestionamientos al derecho de propiedad de la demandada Minera Chinalco Perú SA, en esta oportunidad por los agrupados reclamantes. Se trata de 34 hectáreas de terreno, vitales para el devenir de Toromocho, por cuanto representan una barrera para la expansión del tajo abierto. Debido a ello, fueron expropiadas por el Gobierno en marzo pasado y cedidas a Chinalco.

La medida cautelar evitaría así cualquier acción de desalojo que quiera realizar la empresa minera, amparándose en el procedimiento de transferencia expropiatoria que fue amparado anteriormente por el Estado peruano.

Cabe recordar que pobladores de Morococha Antigua, realizaron a fines del año pasado un paro preventivo de 24 horas, para que la empresa minera Chinalco S.A.C respete las treinta y cuatro hectáreas de terreno de Morococha Antigua, hasta que se entable diálogo con las familias que habitan en este sector, y se garantice el respeto de sus derechos al ser reasentados, la firma del Convenio Marco y fiscalización ambiental. El paro también se habría motivado por la demolición de la Municipalidad de Morococha, ejecutada por órdenes de Chinalco y las detonaciones que realizó cerca del lugar en donde viven, acción que alarmó a los pobladores.

Recordemos que la ciudad de Nueva Morococha fue construida por la empresa Chinalco, minera de capitales chinos, para albergar a las casi 1200 familias desplazadas a causa del proyecto cuprífero Toromocho. Aunque la mudanza inició en el 2012, el proceso que ha tenido una serie de dificultades y problemas sobre todo por el impacto económico y social de esa reubicación.

Memorial

Así mismo el martes 29 de enero, el Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Morococha (FADDIM), la Asociación Civil de los Hijos Nacidos en Morococha (ASOC HNM) y la Asociación de Propietarios de Morococha se movilizaron tomando medidas de protesta y sacando un memorial suscrito por distintas autoridades de la región Junín.

El memorial publicado solicitaba el apoyo a los pobladores de la antigua ciudad de Morococha; quiénes denuncian que la Minera Chinalco está realizando acciones de hostilización, amedrentamiento y abuso contra los pobladores de la zona con la finalidad de desocuparlos de la antigua ciudad; sin indemnizar a los pobladores quiénes viven en el territorio. Los pobladores de la comunidad temen que la empresa minera destruya sus casas para expulsarlos de su propiedad; quiénes hace más de cinco años conviven con el polvo de la extracción del cobre, las vibraciones y el ruido de las detonaciones del proyecto minero Toromocho de la empresa minera Chinalco.

Que busca Chinalco

Según versiones de la empresa que han circulado en los medios de comunicación, la medida cautelar no impactará el cronograma ni el flujo de inversiones, porque solo afecta las 34 hectáreas en litigio. Según algunos geólogos consultados en dichos medios, Chinalco podría ampliar el tajo en otra dirección. Una posibilidad sería la zona sur, donde habría más de 300 millones de toneladas de cobre en recursos, que no fueron considerados en el estudio de factibilidad.

4 de febrero de 2018

El viernes 25 de enero, la Presidencia del Consejo de Ministros emitió el Decreto Supremo N° 008-2019-PCM que vuelve pa rorrogar el Estado de Emergencia en las comunidades que son atravesadas por el Corredor Vial Minero Sur de Apurímac- Cusco- Arequipa. Como sabemos, desde el año pasado, el Ejecutivo viene declarando y prorrogando este estado de emergencia y, desde el 2017, ha estado declarando estados de emergencias en los distritos de Chalhuahuacho, Haquira y Mara, de la provincia de Cotabambas del departamento de Apurimac, y en el distrito de Capacmarca de la provincia de Chumbivilcas del departamento de Cusco.

En el sur del Perú, específicamente en Apurímac, se viene desarrollando el proyecto minero cuprífero “Las Bambas” del consorcio chino Minerals Metals Group (MMG), que es el más grande del país. Desde el 2016 despacha el concentrado de cobre hacia China por el puerto de Matarani en Arequipa; y la población de Cotabambas (Apurímac), viene protestando porque la calidad y cantidad de agua sigue siendo perjudicial para sus comunidades y los impactos generados por los camiones de transporte de minerales que van por la carretera del corredor minero sur (Apurímac-Cusco-Arequipa), sigue afectando a la población.La “Mesa de Diálogo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas” con Resolución Ministerial N° 263-2015-PCM fue suspendida a fines del 2016 y eliminada hace unos meses a través una resolución del Gobierno de Vizcarra; negando así la posibilidad de diálogo entre la población, el Estado y la empresa minera.

Asímismo, en los últimos meses se han registrado enfrentamiento entre los comuneros de Fuerabamba (Apurímac) y la policía porque el corredor vial minero sur (la carretera), atraviesa sus territorios y recién el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha asumido el diálogo con estas comunidades para establecer responsables en la construcción de esa parte de la carretera.

Como ya se ha señalado anteriormente, desde Red Muqui y otras organizaciones: las declaratorias de estados de emergencia permanente, sin que se configuren los supuestos constitucionales para esta medida; son violatorios a los derechos humanos y violatorios a las obligaciones de protección que tiene el Estado peruano en contextos donde se desarrollan actividades económicas.

Esta medida se da días antes de que empresas mineras, entidades del Estado y algunas organizaciones de la sociedad civil que conforman el Grupo de Alto Nivel (GAN); presenten la Visión de la Minería al 2030, donde supuestamente se presentará una “minería sostenible y respetuosa de los derechos humanos”. Pero que, sin embargo; no renuncia o deslinda con el uso de estrategias como la criminalización de la protesta, los convenios entre empresas mineras y la policía para seguridad y la declaración de estados de emergencia “preventivos”; que, como vemos, el Ejecutivo sigue dictando para controlar el territorio y garantizar la extracción minera sin importar el respeto a los derechos fundamentales de comunidades y poblaciones que viven en zonas mineras.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/837-en-el-2019-vizcarra-continua-con-politica-inconstitucional-de-declarar-estado-de-emergencia-en-las-comunidades-del-corredor-minero-sur-del-peru

El martes 29 de enero, el Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Morococha (FADDIM), la Asociación Civil de los Hijos Nacidos en Morococha (ASOC HNM) y la Asociación de Propietarios de Morococha se movilizaron e hicieron público un memorial suscrito por distintas autoridades de la región Junín, entre ellos, el gobernador regional Vladimir Cerrón. Este memorial apoya y respalda a los pobladores de la antigua ciudad de Morococha; quiénes denuncian que la Minera[RM1] Chinalco está realizando acciones de hostilización, amedrentamiento y abuso contra los pobladores de la zona con la finalidad de desocuparlos de la antigua ciudad; sin indemnizar a los pobladores quiénes viven en el territorio.

Los pobladores de la comunidad temen que la empresa minera destruya sus casas para expulsarlos de su propiedad; quiénes hace más de cinco años conviven con el polvo de la extracción del cobre, las vibraciones y el ruido de las detonaciones del proyecto minero Toromocho de la empresa minera Chinalco.

DATO: Las reservas de la mina se estiman en 1 526 millones de toneladas. El 61% de los envíos de este metal tiene como destino China.

Debido a esta situación, el FADDIM, la ASOC HNM y la Asociación de Propietarios han interpuesto una medida cautelar de no innovar; para que se suspenda alguna acción de desalojo que quiera realizar la empresa minera, amparándose en el procedimiento de transferencia expropiatoria amparada por el Estado peruano.

Cabe recordar que en el contexto de la reconstrucción nacional luego del fenómeno de “El Niño Costero”, el Congreso aprobó el artículo 49 de la ley de agilización de expropiaciones expropiaciones (Ley 30680), que convirtió en ilegal la posesión de predios en zonas de riesgo como medida de prevención de desastres. Asímismo, esta Ley regula la “declaración de intangibilidad” para fines de vivienda en áreas riesgosas («zonas de riesgo no mitigable»), de manera que los lugares catalogados así se vuelven inhabitables. De esta manera la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales (SBN) pasó a custodiar las tierras de Morococha antigua.

PUERTAS GIRATORIAS

Tras los cambios legales operados en el Congreso; el viceministerio de Minas, que presidía Ricardo Labó en febrero del 2017, que anteriormente trabajó hasta el 2014 en Río Tinto, un grupo minero con capitales chinos de Chinalco; pidió transferir a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) el terreno de 34 hectáreas de la Municipalidad de Morococha a la empresa estatal Activos Mineros, de la cual Ricardo Labó también era presidente, para ser destinado al proyecto minero de ampliación de Toromocho, operado por Chinalco.

Finalmente, durante la movilización y en el contenido del memorial, los pobladores anuncia que “realizarán marchas, vigilias y visitas para pedir a las autoridades que no se desentiendan de la situación por la que están atravesando”. El pronunciamiento señala que la población reafirma su compromiso para luchar por un reasentamiento en términos dignos y frenar cualquier acción abusiva por parte de la empresa minera Chinalco.

OJO

Cuando Chinalco anunció el inicio de las obras en la ampliación del proyecto minero Toromocho, lo hizo junto al propio Vizcarra en junio del 2018. Quién señaló: “Cuando la inversión va a generar progreso y desarrollo, encuentran en el Estado un aliado en esa inversión”, dijo públicamente el acual presidente

Memorial para exigir cese de hostilidades a la minera Chinalco

El asesinato del presidente del Frente de Defensa de la Comunidad Campesina de San Sebastián, Wilbelder Angel Vegas Torres, ocurrido en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca en Piura, es una clara muestra del clima de violencia e impunidad que se vive en las zonas donde se implanta esta actividad.

Suyo es el principal asentamiento de minería informal/ilegal en Piura y un porcentaje altísimo de su territorio se encuentra concesionado. Como se puede apreciar en el siguiente mapa, el 90.9% de Suyo o ya se encuentra concesionado o está en proceso de trámite.

Usualmente, en zonas de minería informal/ilegal son personas naturales las que tienen la titularidad del mayor número de concesiones. Sin embargo, en el caso de Suyo es importante subrayar que apenas dos empresas (que en realidad responden a un solo propietario) ocupan el 27.67% de todo el territorio de Suyo. Las empresas son San Miguelito SAC. y Minera Ate SAC., ambas de propiedad de la minera canadiense Plexmar Resources

Vegas Torres, había pedido garantías para su vida y según algunas informaciones no solo encabezaba el frente de defensa de su comunidad, sino que también estaba registrado como minero artesanal y había conformado una cooperativa para la explotación minera de forma artesanal.

Lo que se espera es que se investigue este crimen y se sancione a los culpables. Cabe señalar que no es la primera vez que ocurre un hecho similar en este distrito de Ayabaca: como lo ha recordado Radio Cutivalú de Piura, en los últimos años el conflicto con los mineros ilegales instalados en Suyo ha cobrado la vida de más de diez personas. Por ejemplo, en el año 2010, el fiscal de la comunidad campesina de Santa Rosa de Suyo también fue asesinado por sicarios y hasta el momento este hecho ha quedado impune.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/el-distrito-de-suyo-en-piura-y-las-disputas-alrededor-de-la-mineria/?fbclid=IwAR29sA5EcbrOZws9c8bgO2J525GeCRmdLZX_5YdfVqoN6W2wmORWoaWrkoI

La demora en la remediación de los pasivos ambientales en la provincia de Hualgayoc, ha ocasionado que el martes 22, representantes de las organizaciones sociales reclamen iracundos a la representante del Ministerio del Ambiente, amenazando inclusive con retenerla.

La Declaratoria de Emergencia Ambiental (DEA) de Hualgayoc se dio el 26 de setiembre de 2016, con Resolución Ministerial N° 272-2016-MINAM[1], para luego tener el “Plan Multisectorial Post DEA de la provincia de Hualgayoc”, que contenía 22 compromisos asumidos por diferentes instituciones.

Para la población representó un logro que una comisión de alto nivel atienda un problema ocasionado por la minería, que ha afectado desde hace décadas la salud y calidad de vida del pueblo Hualgayocquino. Sin embargo, el “Plan Multisectorial Post DEA de la provincia de Hualgayoc” ha resultado ser un cúmulo de reuniones informativas que lejos de tranquilizar a la población ha ocasionado una mayor preocupación.

La frustración es fundada, han pasado 2 años y 4 meses, y no se ha iniciado ningún proceso de remediación de los pasivos ambientales, y en cuanto a la atención integral, vigilancia, seguimiento y consejería en salud a la población expuesta a metales pesados y otras sustancias químicas ha sido suspendida por falta de presupuesto[2]. Entonces ¿Qué mensaje nos están dando los ministerios?

¿Hay postergación? Sí, la hay. En las coordinaciones entre Ministerios, en las suscripciones de convenios, en la solicitud de presupuesto, en la atención integral de la gente.

Así tenemos que, en mayo de 2017 se suscribieron los 22 compromisos, pero recién en noviembre del año pasado la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios de Proyectos  (UNOPS) y Activos Mineros (AMSAC) suscribieron convenios para que el organismo internacional lleve a cabo los procedimientos de selección de contratistas para la ejecución y supervisión de la remediación de los pasivos mineros de Cleopatra y Los Negros[3]. Y según la página web del MINAM el 20 de diciembre del año pasado se inició la convocatoria de selección. Es decir, a la fecha no contamos aún con la empresa que va a ejecutar la remediación de los pasivos ambientales.

Por otro lado, la abogada Patricia Cuba-Sichler ha señalado respecto a la remediación de pasivos ambientales que “la propuesta de incluirlos en la Ley de Obras por Impuestos es una buena iniciativa, pero sería más viable que un tercero las asuma y “reaproveche” los metales aún presentes en el pasivo ambiental”.[4] Es claro que los intereses de los funcionarios con la población Hualgayocquina no están sintonizados, la población ha sido firme en señalar que no quieren más expansión minera. La conclusión de la abogada puede escalar el conflicto existente, desconociéndose todo lo trabajado.

En este contexto son necesarias varias acciones para encaminar este proceso. Algunas podrían ser, que las nuevas autoridades locales se inmiscuyan para exigir al gobierno central el cumplimiento de los compromisos asumidos para la remediación de los pasivos ambientales y la atención a las personas afectadas por metales y otros químicos. También que las organizaciones sociales mantengan su rol vigilante durante la ejecución de la remediación. Asimismo, es urgente que el MINAM evalúe su intervención y cómo han venido coordinando este tema con los otros ministerios, sí ellos no tenían la posibilidad de manejar este problema, no debieron exponer a su representante.

Entonces vuelvo a plantear la misma interrogante ¿Nos están postergando? Sí, hace unos días ocurrió un desastre ambiental en San Juan de Lurigancho que capto todas las cámaras, y la intervención de diversas instituciones y el mismo Presidente de la República. En Cajamarca, en una provincia que se encuentra a dos horas y media, hay un gran desastre ambiental desde hace décadas, las personas mueren bebiendo agua contaminada y hasta la fecha no logramos un nivel de intervención como en la capital.

Fuente:http://noticiasser.pe/informe/los-urgentes-problemas-ambientales-de-hualgayoc?fbclid=IwAR3apXlNTtopuXKGkcNeF_fRlaEjBfD-c3yQ67akqCKUKh5fXSHRXWHSviw

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) dictó medidas administrativas a la empresa Compañía Minera Raura S.A., ubicada en el distrito de San Miguel de Cauri, provincia de Lauricocha (Huánuco), a fin de evitar la alteración de la calidad del agua de las lagunas Caballococha y Rupahuay, calidad del suelo, así como proteger la flora y fauna.

Entre las medidas impuestas, el organismo ordenó que la empresa ejecute la limpieza del material de coloración plomiza que se encuentra sobre el talud del cerro adyacente a la laguna Caballococha y que realice la respectiva remediación.

“En caso de que la empresa no cumpla con las medidas impuestas se impulsarán las acciones administrativas, civiles y penales correspondientes”, aclaró el OEFA.

“El OEFA continuará dictando medidas administrativas cuando se evidencien daños reales o potenciales que produzcan afectaciones al ambiente o a la salud de las personas, y realizará el seguimiento del cumplimiento de dichas medidas por parte de las empresas supervisadas”, agregó el organismo.

Fuente:http://www.actualidadambiental.pe/?p=54191

El 2017 la provincia cusqueña de Espinar celebró cien años de creación política, un centenario con mucho derroche de fiestas y eventos públicos para la población local. El centenario pudo haber sido la oportunidad para hacer una revisión histórica sobre los avances y nuevos desafíos que tiene la provincia a nivel de acceso a derechos en salud, educación, desarrollo económico, entre otros. Sin embargo se dejó pasar esta oportunidad y no se dieron grandes discusiones, ni reformas, ni planteamientos sobre el tema minero y las implicancias de ello para el desarrollo de Espinar.

En ese marco, y siendo el tema minero ambiental una problemática recurrente en Espinar, nos preguntamos. ¿Cuánto se ha avanzado realmente en materia de salud ambiental?, ¿Es prioritario para las autoridades locales el tema del agua y la salud ambiental?

Estas preguntas sin duda tienen que ser respondidas por las nuevas autoridades electas. Ante este contexto, queremos señalar aquellas problemáticas que deben ser atendidas de inmediato por ser situaciones de vulneración y afectación a la población espinarense.

Espinar dentro de las ciudades más sucias del Perú

En marzo del 2013, la Dirección Regional de Salud (DIRESA) – Cusco y el Ministerio Público, constataban en una inspección inopinada realizada en los botaderos de residuos sólidos en 108 distritos de la región Cusco, el 50% operaba inadecuadamente, y que las zonas que se encontraban en riesgo sanitario muy alto se ubicaban en Calca (Pisaq, Coya y Yanatile), Espinar y Canchis[1]. Para el 2018, la situación no había cambiado para Espinar, pues el Ministerio del Ambiente (MINAM) identificó a 92 distritos a nivel nacional que requieren de acciones inmediatas para mejorar el manejo de residuos sólidos[2], en esta lista nuevamente encontrábamos a la provincia de Espinar, evidenciando que es una de las zonas más sucias y con mayor contaminación de todo el Perú.

Calidad de sus fuentes de agua: Cañipia y Salado

 Es de conocimiento público que la problemática del agua en Espinar no solo es para la zona urbana, sino tambien para las comunidades del entorno minero. Ha sido el mismo Estado quien ha realizado estudios que señalan que el agua no es apta para consumo humano, pero no se conoce el origen y/o las fuentes de la contaminación hasta el momento. Además, están pendientes los resultados del estudio de causalidad que estuvo a cargo del Instituto Peruano de Energia Nuclear (IPEN), en ese marco cabe resaltar que Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF) ha evidenciado durante el 2018, a través de un informe de Análisis de monitoreos[3], que la cuenca del río Cañipia presenta puntos de monitoreo recurrentes cercanos a Antapaccay y la relavera de Huinipampa con presencia de Manganeso, Sodio, Mercurio, Fosfato, Sulfato, y Molibdeno que superan los Estándares de Calidad Ambiental (ECA’s). Así mismo, en el caso de la cuenca del río Salado los puntos recurrentes cercanos a la unidad minera Tintaya y la relavera Ccamacmayo, se encontró: Arsénico, Manganeso, Sulfato, Selenio, Sodio, Hierro, Aluminio, Boro, Cadmio y Cobre.

Agua con metales toxicos en la ciudad de Espinar:

A finales del 2018 hemos sido testigos de la reciente indignación “urbana” por un informe de la DIRESA en el que afirma la presencia de 4 metales (Aluminio, Arsénico, Hierro y Manganeso) en la planta de tratamiento de agua potable “Virgen de Chapi”. Frente a ello, como DHSF, hemos elaborado un informe[4] el cual fue compartido con la autoridad edil de Espinar para que pueda ser usado como un instrumento de apoyo en la elaboración de un Plan de Acción para responder la demanda de la población. Lo cierto es que los pobladores de la zona urbana también están siendo afectados por la presencia de metales tóxicos presentes en su agua y que tienen un efecto bioacumulativo[5], por ello se ha conformado hace unos días el Comité de Lucha por el agua y la salud de Espinar, el cual deberia ayudar a canalizar esta preocupacion y angustia ciudadana por el agua que se consume en Espinar y el impacto para sus vidas.

 Finalmente, no deberíamos ver la toxicidad en los pobladores como un simple resfriado, pues los efectos a largo plazo mostrarán la magnitud de un problema que pudo haberse evitado y que ya es visible en muchas comunidades, personas con signos y síntomas de enfermedades que pueden estar asociadas a la ingesta de metales tóxicos, tal como lo indican las guías de diagnóstico clínico que deben ser revisadas constantemente por los profesionales de salud que laboran en la zona.

Que Espinar encuentre las maneras de sobreponerse a estas situaciones,  no solo es responsabilidad de sus autoridades locales y regionales, sino también de sus representantes sociales, sus comunidades, ciudadanas y ciudadanos que se atrevan a salir de ese desarrollismo economicista que está absorbiéndolos y atrapándolos en el individualismo sistemático.

*Bióloga, – Área Derechos Colectivos y Medio Ambiente – Derechos Humanos Sin Fronteras.

Fuente:http://derechosinfronteras.pe/espinar-poblacion-convive-con-una-crisis-de-salud-ambiental/?fbclid=IwAR2gIiKqBWICi53SHCSWek-kLCTDID9m-6ZU6XEOMXu2EEhogzA1Pmb1QhY

El proyecto minero Ariana, de la canadiense Southern Peaks Mining, es uno de los proyectos cuya construcción está prevista para iniciar en el primer trimestre de este año 2019. La etapa de construcción se ejecutará en un período de 24 meses y el inicio de la etapa de operación está previsto para fines del primer semestre del 2020.

Sin embargo, este proyecto ha encendido las alertas de diversos sectores, porque se superpone con el túnel trasandino de Marcapomacocha, el mismo que abastece de agua a la ciudad de Lima y sus 10 millones de habitantes.

El proyecto tiene Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el Ministerio de Energía y Minas en el año 2016, y tiene autorización para el inicio de actividades y permiso de planta de beneficio. Ello, pese a los cuestionamientos de las empresas Sedapal y Enel, que señalan que la ubicación de la poza de relaves de la mina encima del túnel trasandino Cuevas Milloc pone en riesgo el abastecimiento de agua en Lima.

En efecto, el oficio remitido por Sedapal el 24 de mayo del año pasado alerta de un potencial riesgo de escape de los relaves y la probable contaminación del túnel.

Por su parte, el oficio de la empresa Enel del 18 de mayo de 2018 señala claramente que en la zona donde se acumularían los relaves “la geología es de caliza pizarrosa muy fracturada (material permeable y cárstico)” y que “hay una falla geológica muy fracturada por la que se filtra un gran chorro de agua”. Por ello, Enel asegura que debido al proyecto “la geotecnia del túnel podría verse comprometida”.

La empresa eléctrica plantea que “el proyecto debería considerar la impermeabilización de todo el vaso del proyecto para evitar la contaminación, pero ello perjudicaría los aportes naturales de agua que actualmente recibe el túnel”.

Así pues, en cualquier caso el proyecto es riesgoso: de no realizarse la impermeabilización, existe un riesgo latente de contaminación del agua que discurre por el túnel; y si se realiza la impermeabilización, se reducirían los aportes naturales de agua.

La gran pregunta es ¿cómo así un proyecto que involucra la principal fuente de agua de la ciudad más grande del país, logró pasar por todos los procesos de aprobación de un proyecto minero, desde el otorgamiento de la concesión, la aprobación de los estudios ambientales para exploración y finalmente explotación? Una muestra más de la urgencia de ordenar el territorio y contar con un sistema de evaluación ambiental más fuerte.

Pese a los cuestionamientos de Sedapal, quien envió en julio pasado una carta al Minem y al Senace pidiendo mayores análisis técnicos, no ha habido ningún pronunciamiento de las autoridades. Por el contrario, el propio Senace acaba de dar el visto bueno al primer Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto, mediante el cual se modifican algunos componentes del mismo, pero sin pronunciarse sobre el tema de fondo: el abastecimiento de agua para la ciudad de Lima.

Pese a que este tema fue denunciado por el Observatorio de de Conflictos Mineros en diciembre y fue ampliamente tratado en prensa nacional e internacional, no se conoce de ningún pronunciamiento ni explicación oficial por parte de las autoridades, ni por parte de la empresa titular del proyecto, la candiense Southern Peaks Mining. Este proyecto y los riesgos que entraña debieran ser parte de un amplio debate ciudadano, y debieran llevar a repensar las normas ambientales que han permitido que sea aprobado.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/ariana-comprometeria-tunel-trasandino/