Cooperacción, institución de la sociedad civil que defiende derechos colectivos y el medio ambiente, interpuso una demanda de acción popular contra el Ministerio de Energía y Minas, solicitando que la Resolución Ministerial No.120-2014-MEM-DM publicada en el 2014 sea declarada nula por ilegal. El recurso de anulación fue presentado ante la Sala especializada en lo constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima el pasado 6 de marzo.

La demanda de acción popular se dirige concretamente a que se anule la norma que establece los criterios de aplicación de un nuevo instrumento de gestión ambiental que se ha convertido en el más usado por las grandes empresas mineras.

El famoso Informe Técnico Sustentatorio- ITS

Para realizar cambios en un proyecto minero se requiere de un instrumento de gestión ambiental y de su aprobación por el Estado. Hasta mayo del 2013, los cambios propuestos debían seguir un procedimiento de aprobación denominado “Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA)”, cuya evaluación – aunque con menor detalle y requisitos que un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) – podía durar 120 días calendario, suponía algunos mecanismos de participación ciudadana y la emisión de opiniones de entidades estatales especializadas.

La Presidencia del Consejo de Ministros, mediante D.S. 054-2013-PCM, creó un nuevo instrumento de evaluación de impacto ambiental: el Informe Técnico Sustentatorio (ITS). El ITS debía permitir aprobar cambios menores de carácter “no significativo” en los proyectos de inversión con un procedimiento de solo 15 días hábiles de plazo (a diferencia de la MEIA que duraba 120 días). El corto plazo de su trámite implicaba que se excluyera cualquier mecanismo de participación y las opiniones técnicas de entidades estales especializadas, aunque la norma no nada explícito al respecto.

Las empresas mineras empezaron inmediatamente a utilizar este procedimiento. Por ejemplo, al poco tiempo de aprobado -y cuando aún no existían directrices claras sobre su uso- la empresa minera Las Bambas presentó (julio de 2013) un primer ITS para modificar el diseño del megaproyecto Las Bambas. Mediante el uso del ITS, de evaluación rápida y sin mecanismos de participación, el MINEM aprobó el cambio de la ubicación de dos componentes principales (plantas de procesamiento de mineral) nada menos que de una región a otra, esto es, de Cusco a Apurímac. Surgieron entonces serias interrogantes: ¿Qué se entiende como impacto no significativo? ¿Cuál era la naturaleza de las modificaciones que se pueden tramitar por procedimiento simplificado como el ITS?

En el análisis que realizó Cooperacción en esta demanda, se establece que “los criterios técnicos que orientan y regulan el uso del ITS en el sector minero peruano no son conforme a derecho. Estos criterios entran en contradicción con normas de mayor rango que regulan la materia. Además, su aplicación genera en la práctica un uso impreciso, discrecional y contradictorio del instrumento por parte de los administrados y una inadecuada evaluación ambiental de los impactos ambientales que se producen por las modificaciones aprobadas por los ITS. Ello se traduce en una afectación y/o riesgo de afectación grave al derecho al ambiente, a la salud y al bienestar de las personas.”

El DS.054-2013-PCM, norma que crea el ITS, señala expresamente que este procedimiento (por su naturaleza excepcional y de rápido trámite) será utilizado solo para modificar componentes auxiliares de los proyectos mineros, ampliaciones o mejoras tecnológicas. Asimismo, el Reglamento Minero Ambiental aprobado por D.S. 040-2014-EM señala que las modificaciones por ITS se realizarán excepcionalmente para cambios tales como “las características o la ubicación de las instalaciones de servicios mineros o instalaciones auxiliares”.

La RM.120-2014 –MEM-DM permite la modificación vía ITS de varios otros componentes principales como el tajo, los depósitos de relaves, las plantas de beneficio, etc.  Esto no debería proceder pues, por ejemplo, el aumento del tajo puede suponer afectación de cursos superficiales y subterráneos de agua.  Además de ello, la modificación de la cantidad de producción tendrá como consecuencia, cambios en cadena en los demás componentes. Para evitar riesgos, esta norma establece porcentajes que limitan los cambios. Pero son insuficientes.

Además, la mencionada resolución incluye cláusulas abiertas que permiten al titular minero exceder los límites porcentuales indicados y el número máximo de ITS por unidad minera; siempre que el titular justifique técnicamente que los impactos a generarse sean no significativos. Esto trae, en la práctica, que se pueda realizar cualquier tipo de modificación a los proyectos vía ITS y que existan más de 3 ITS por unidad minera; lo que desnaturaliza el carácter excepcional del ITS.

Las estadísticas del SENACE para el periodo 15 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018 indican que, para ese entonces, en total se habían presentado 436 ITS para todos los sectores. De este número, 175 corresponden a proyectos del sector minero, habiéndose aprobado 138, desaprobado 11, mientras 13 se reportaban como en evaluación y 13 habían sido calificados como otros. Por otro lado, según SENACE durante el mismo periodo solo se presentaron 29 EIA y/o modificatorias de EIA (MEIA) para proyectos mineros, sin que la entidad ofrezca un dato desagregado de esa información. De estos fueron aprobados 14, se desaprobó 1, y 14 se mantenían en evaluación (10) o en situación de otros (4).

Conclusión: más flexibilidad para las mineras

Las cláusulas abiertas y la falta de parámetros técnicos específicos de la RM.120-2014 –MEM/DM en la práctica promueven un uso discrecional de este instrumento: para todo tipo de cambios y para todo tipo de estudio ambiental (EIA, DIA, PAMA). Gracias a su “apertura”, este instrumento se ha convertido en la principal vía de las empresas mineras para modificar sus proyectos, no solo con menores plazos que los canales regulares sino también con menores estándares de evaluación ambiental. Esta situación trae serias consecuencias para las zonas de operación y las comunidades locales, atentando y poniendo en riesgo derechos constitucionales como el derecho a un medio ambiente saludable, a la salud y a la vida digna.

En tanto el gobierno peruano no cuenta con una metodología propia, en la práctica existe un amplio margen de discrecionalidad para el titular minero en la estimación de los impactos de sus operaciones. Las empresas vienen utilizando metodologías con distintos rangos de valoración de impactos, elegidas discrecionalmente; estas muchas veces no recogen la realidad de los ecosistemas, las comunidades, ni la vulnerabilidad de la flora y fauna endémica del Perú. Ello, en combinación con plazos rápidos e instrumentos acelerados de evaluación ambiental como el ITS, se traduce en un incentivo perverso para el titular minero: se estarían subestimando impactos ambientales para agilizar inversiones, con graves efectos a largo plazos y para las localidades donde operan las empresas mineras. Esta situación sin duda socava el sistema de evaluación del impacto ambiental en el país.

Como hemos visto, el amplio margen de discrecionalidad que se genera a través de los criterios técnicos que orientan el uso de los ITS genera que los titulares mineros puedan tramitar modificaciones a sus proyectos sin control en el número ni en el contenido de los cambios. En la práctica los titulares mineros pueden proponer cualquier cambio, de cualquier componente, las veces que sea necesario.

Así, existen empresas mineras que cuentan hasta con 5 ITS por cada proyecto minero. El hecho de que existan tantos instrumentos de gestión ambiental para un solo proyecto genera una gran dificultad para su evaluación, vigilancia y fiscalización ambiental por parte de las entidades competentes y de la ciudadanía. Hace también muy difícil que la población le pueda dar seguimiento a los cambios y que participe en los procesos de evaluación. Además, el procedimiento de aprobación de los ITS, por su plazo tan corto hace inviable el uso de mecanismos de participación.

A ello se añade, que los cambios mediante ITS permiten la ubicación de componentes mineros en el límite del área de influencia ambiental directa, sin que se tenga que redimensionar como correspondería. Esto impide que se visibilicen los nuevos impactos en zonas que no son consideradas áreas de influencia ambiental directa y que no tienen línea de base.

Casos:

-Un caso de una deficiencia en la evaluación ambiental realizada en los ITS, lo encontramos en el proyecto de exploración minera CORANI en Puno, donde se incrementa y reubica el número de plataformas. La norma señala técnica de ITS señala que pueden hacerse modificaciones dentro del área del proyecto inicialmente aprobada en el estudio ambiental; sin embargo, la reubicación de una plataforma se hizo en el límite del área de influencia ambiental directa (AID) del proyecto. Consideramos que, al reubicarse la plataforma de perforación en el límite de la mencionada AID, lo lógico hubiera sido que esta sea redimensionada; esto es, que el límite la AID también fuera ampliado por los posibles impactos del componente modificado, pero no fue así.

-Otro caso que llama la atención es la aprobación de la segunda modificación del Proyecto Sulliden Shahuindo a través de ITS, con fecha el 26 de marzo de 2014 y cuyo titular es la empresa minera Shahuindo S.A.C. Con la aprobación del ITS se aprobó la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas como se aprecia en el informe técnico que sustenta la aprobación del mencionado ITS. Por la especialidad de este componente y su relación con la calidad del agua, dicho ITS no debió ser aprobado sin contar con la opinión favorable de la ANA. No obstante este procedimiento rápido no da lugar a opiniones de autoridades competentes, lo que evidentemente le resta calidad a su evaluación de impactos ambientales.

-Otro caso a resaltar es el ITS del proyecto de exploración minera Maqui Maqui, aprobado el 2014, de Minera Yanacocha S.R.L. A través de dicho ITS la empresa minera solicitó ejecutar 50 plataformas adicionales a las que ya tenía. Debemos señalar que esta empresa primero solicitó 245 plataformas en su EIAsd, luego tras una modificación de EIAsd logró adicionar 502 plataformas de perforación (115 superficiales y 387 subterráneas), más 1250 m de túnel de exploración subterránea y   10 297 m de camino de acceso. Luego, con el ITS en mención planteó ejecutar 50 plataformas de perforación, 2.81 km de acceso, 100 pozas de fluidos y 35 sedimentadores, por un tiempo adicional de 08 meses. En este caso no se hizo la estimación de los impactos acumulativos de todos los cambios realizados. Entre estos cambios se puede evidenciar que la adición de las plataformas se ha hecho dentro y fuera del área de influencia ambiental directa.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/presentan-demanda-judicial-contra-criterios-de-aplicacion-de-modificaciones-de-proyectos-mineros/

El jueves 7 de marzo del presente año fue notificado a DHUMA (Derechos Humanos y Medio Ambiente) en Puno e IDL una nueva resolución del Tribunal Constitucional sobre el “Caso Arboleda”. Ésta nueva resolución declara nula la resolución anterior; y en su contenido señala que declara nulo todo lo actuado y decide enviar el expediente al juez de 1ra instancia a Puno.

Recordemos que el presente caso es una demanda de amparo de comunidades de Arboleda contra el Ministerio de Energía y Minas por omisión de consulta previa antes del otorgamiento de concesiones. La demanda fue desestimada en 1ra instancia, confirmándose ésta improcedencia en 2da instancia en el año 2012; subiendo ese año al Tribunal Constitucional vía recurso de agravio constitucional. Es el primer caso sobre consulta previa en concesiones mineras que se conoce en el Tribunal Constitucional y, por tanto, un caso de bastante importancia porque podría sentar precedentes constitucionales en la materia.

Ésta última resolución del Tribunal Constitucional (TC) que data de diciembre de 2018 fue notificada en la misma semana que la anterior resolución de noviembre de 2018 (notificada el lunes 04 de marzo de 2019) donde el TC se ratificaba en la postura que mantiene desde el 2012, donde señala que tiene jurisdicción para resolver el caso.

Este cambio de postura se da en casi un mes, entre noviembre y diciembre del 2018, y llama la atención de los abogados de las instituciones que vienen litigando el caso. En palabras del Dr. José Bayardo Chara de DHUMA: “en la misma semana nos notifican dos resoluciones con contenido contrario. Durante el año pasado hubo bastante movimiento en el TC, ya que intervino la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía presentando un amicus curiae para el caso, donde señalaban que se afectada su derecho a la defensa por no ser considerados parte del proceso”. Según el abogado de DHUMA ésta resolución no toma en cuenta el principio de economía procesal y tutela jurisdiccional efectiva, ya que el juicio ha estado sin resolverse 7 años, para que al final el TC decida declarar nulo todo lo actuado y devuelva el caso a primera instancia.

En un reciente pronunciamiento del 12 de marzo, IDL y DHUMA cuestionan: “Que el juicio vuelva a foja cero afecta los derechos constitucionales de la comunidad campesina. ¿Qué pasa con el derecho de la comunidad a tener un proceso judicial rápido, sencillo y efectivo que se dilucide ante jueces y tribunales? Es intolerable el desdén que el TC ha mostrado con su inoperancia y negligencia en este proceso constitucional.

Aymarazo

El 2011 se desarrolló el Aymarazo; un ciclo de protestas organizadas por comunidades campesinas de Puno durante el gobierno de Alan García, que autorizó las operaciones de la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation y su proyecto minero Santa Ana en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito en Puno, bajo el argumento de que el territorio ya estaba concesionado. En ese entonces, las comunidades descubrieron que el 60% de sus territorios habían sido concesionados sin que se les consulte. Producto de éstas protestas, 18 comuneros aymaras fueron procesados penalmente por oponerse a la ejecución de las obras de la minera canadiense; siendo acusados del delito de “extorsión”.

La posición del Ministerio de Cultura y Salvador del Solar

En agosto del 2017, Red Muqui presentó una carta al MINCUL para conocer su postura en el caso Arboleda debido a que el ex ministro de cultura y ahora presidente de la PCM, Salvador del Solar, se habría reunido con los integrantes del tribunal para hacer incidencia personal en el caso de la comunidad de arboleda. En ese entonces, a través de una carta de respuesta, el MINCUL no desconoció ello ante nuestra pregunta formal y señaló que el MINCUL solicitaría su participación en el proceso en calidad de litisconsorte.

La respuesta formal que nos dio el Ministerio de Cultura fue bastante preocupante porque desconoció la importancia de los derechos colectivos de autodeterminación de los pueblos indígenas sobre su territorio, además que negó que las concesiones mineras no consultadas sí afectan los derechos de las comunidades campesinas. Entre las partes más controversiales de la respuesta del Ministerio de Cultura tenemos las siguientes:

• ·«De la evaluación técnica del Ministerio de Cultura, se considera que una eventual consulta previa sobre concesiones mineras podría desnaturalizar este derecho colectivo”.
• “La medida administrativa asociada al título de concesión minera no generaría afectaciones directas a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ya que la concesión solo otorga un derecho de carácter expectaticio al titular de la misma”.
• “El título de concesión no supone, per se, la implementación y viabilidad de un proyecto minero sobre una zona concesionada. Motivo por el cual, la consulta podría generar falsas expectativas en la población consultada”.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/860-despues-de-7-anos-de-espera-tc-se-lava-las-manos-ante-caso-arboleda-en-puno

En un contexto en el que estamos viviendo una ofensiva extractivista minera por parte del Gobierno del Presidente Vizcarra y del empresariado minero, nos preocupa desde RED MUQUI la designación como premier del señor Salvador del Solar; ex ministro de Cultura (MINCUL), quién, durante su gestión en dicho Ministerio, respondió una carta que le dirigimos RED MUQUI, DHUMA de Puno, la CNDDHH e IDL, de manera conjunta, en base a una serie de preguntas que le hicimos llegar, y que nos dejaron honda preocupación; preocupación que hoy con su presencia en la PCM vuelve a presentarse.

En el informe de respuesta de agosto del 2017 a nuestra carta, el MINCUL indicaba que “la consulta podría generar falsas expectativas en la población consultada”, dejando de lado el rol garante de derechos que debe jugar el estado peruano, en particular con nuestros pueblos indígenas u originarios. Ver Informe completo aquí  ➥ bit.ly/2Ciygkb

En la misma carta, en las respuestas a las preguntas dirigidas a Salvador del Solar, si bien se le consultó sobre su posible intervención ante los magistrados del Tribunal Constitucional en contra de una demanda de amparo presentada por la comunidad campesina de Arboleda (Puno), para que el Estado reconozca e implemente el derecho a la consulta previa que había sido omitido para la realización de un proyecto minero; no tuvimos respuesta sobre dicha pregunta.

Justamente cerca de dos años después, cuando asume la cartera de la PCM, coincidentemente la citada demanda de amparo, en la que habría incidido Del Solar cuando asumía funciones en el MINCUL; volvió a foja cero tras la resolución del Tribunal Constitucional, que declaró nulo todo lo actuado y envió al Poder Judicial de Puno la demanda presentada por la Comunidad Campesina de Arboleda ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) que hasta ahora vienen desconociendo y negando el derecho a la consulta previa a las comunidades al entregar concesiones mineras a las empresas; concesiones que se superponen con su territorio ancestral, y dónde se encuentran, además, zonas arqueológicas.

Reiteramos nuestra preocupación ante la reciente designación del Sr. Del Solar, porque el Ministerio de Cultura debió promover la implementación de la consulta previa, tal como lo establece su Reglamento de Organización y de Funciones; y no actuar en contra de su aplicación, y más aún, por la intervención que habría tenido en su momento cuando fuera ministro del MINCUL ante los magistrados del TC para favorecer a una empresa minera, debido a que ésta función corresponde a los procuradores públicos no a los/as ministros. Reiteramos al respecto que el MINCUL nunca negó dicha situación en su carta de respuesta.

Todo se agrava porque estamos en un contexto de ofensiva extractivista minera expresado en el Decreto Supremo N° 345-2018-EF, llamado Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), que señala que se necesita más minería en el país para ser más “competitivos” en América Latina; léase, exportar más materias primas para que la economía del país “no decrezca». Junto a ello, la PNCP señala como objetivo estratégico hacia el 2030: “continuar y afinar las reformas estructurales emprendidas en la década de 1990 (gobierno Fujimorista), las mismas que son imprescindibles para un crecimiento y desarrollo económico a largo plazo”; lo que va de la mano con la “Visión Minería al 2030”, parte de la PNCP, que busca “la aceptación social” de la actividad minera. “Visión” que Red Muqui no ha suscrito y espacio del cual se retiró a inicios de año.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/858-preocupante-designacion-de-salvador-del-solar-como-premier-por-su-postura-frente-a-la-consulta-previa-y-las-empresas-mineras

Espinar, es una provincia con un nivel de conflicto socioambiental permanente y en ascenso, debido a la presencia de la Empresa Minera Glencore Antapaccay, quien ha demostrado una ineficiente capacidad de negociación colectiva en los temas ambientales y sus impactos. También es resaltante la fragilidad del Estado para atender a la población afectada como parte de su obligación de garantizar el bienestar de las personas en la Provincia de Espinar y con mayor razón de las Comunidades Campesinas quienes denuncian desde hace años que viven con metales tóxicos en su sangre.

La Minería es para el “Estado” la principal fuente de ingresos para resolver demandas sociales a través del Canon y Sobre Canon distribuidas en todos los niveles de gobierno. El Gobierno refuerza el discurso que las actividades extractivas son la ‘columna vertebral’ de nuestra economía, y no realiza un verdadero sistema de fiscalización por temor de ahuyentar a las ‘grandes inversiones’.

La Red de Salud Canas Canchis Espinar, en noviembre 2018, ha emitido un informe sobre la situación del agua potable indicando que los parámetros de aluminio, arsénico, hierro y manganeso, exceden los límites máximos permisibles, y como es sabido, su ingesta podría ocasionar algún daño a la salud e incrementar la anemia y desnutrición crónica en niños menores a 5 años. Esta información ha sido proporcionada por el sector de Salud, quien ha creado preocupación sobre la calidad del agua. Sin embargo, en el mes de febrero en una reunión cerrada y sin convocatoria pública, la Dirección Regional de Salud (DIRESA – Cusco) ha emitido un comunicado indicando que el agua es apta para el consumo humano, desmereciendo el informe de la Red de Salud.

Frente a este panorama, las Comunidades Campesinas de la Provincia de Espinar emitieron un “MEMORIAL POR LA SALUD Y AGUA EN ESPINAR” dirigido a diversas entidades del Estado, entre ellas al Presidente de la República, Congreso de la Republica, Defensoría del Pueblo, Gobierno Regional Cusco, Municipalidad de Espinar, mostrando su indignación colectiva por el discurso institucional Estatal desde el Ministerio de Salud respecto al tratamiento y atención de la Salud y el Agua en Espinar.

Ese doble discurso del sector de Salud causa preocupación, porque hasta la fecha no se ha socializado en Espinar ante sus Autoridades y Sociedad civil sobre la situación de Agua en Espinar, por ello Las Comunidades Campesinas exigen que se esclarezca la verdad, y que el Estado asuma el rol protector de la persona humana.

En el memorial se destaca principalmente: i El Ministerio de Salud y la DIRESA actué con transparencia y sin faltar a la verdad. ii La Defensoría del Pueblo participe como ente veedor en la visita programada para el mes de marzo por parte del sector de Salud en Espinar. iii Establecer mecanismos de comunicación idónea con la Plataforma Nacional de Personas Afectadas con Metales Pesados y permitir la participación de entes veedores independientes.

Frente a este panorama es necesario instalar una MESA DE TRABAJO SOBRE LA SALUD Y AGUA EN ESPINAR compuesta por el Estado en sus diferentes niveles de gobierno, la Plataforma de personas afectadas y la Sociedad Civil debidamente representada en la que se pueda administrar mejor las políticas emprendidas desde el sector de Salud y con fiscalización permanente para su cumplimiento. Retomar el trabajo de Declaratoria de Emergencia Sanitaria en la Provincia de Espinar como parte de las políticas de un Estado que garantiza los derechos humanos fundamentales abonando presupuesto público para el tratamiento en la salud de las personas afectadas con metales pesados y evitar la contaminación del agua potable en la Provincia de Espinar.

VER Y DESCARGAR MEMORIAL POR LA SALUD Y AGUA EN ESPINAR:

Fuente:http://derechosinfronteras.pe/estado-vs-estado-calidad-de-agua-y-salud-en-espinar/?fbclid=IwAR33enKSJ_a_UjVHI0nQaHAIJpzNwon3ayWrnCLG4cY-CT1WJNtHbSIXcyo

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó que emitió 30 medidas administrativas durante 2018 en contra de la unidad minera Arasi, por infringir normas ambientales. Las llamadas de atención se dieron por diversa índole, entre ellas se evidenció la alteración de la calidad de agua de la zona por actividades de Arasi, manifestó el jefe de la Oficina Desconcentrada del OEFA en Puno, Yuri Coila Choque.

Entre las disposiciones más importantes está el cierre final del tajo Jessica y el botadero Jessica de Arasi, ubicado en el distrito de Ocuviri, de la provincia Lampa, y que pertenece a la empresa Aruntani S.A.C.

En diciembre del año pasado, el Observatorio de Conflictos Mineros denunció que en la zona donde se produce el trasvase de las aguas de la cuenca del Mantaro a la del río Rímac, se estaba instalando un nuevo proyecto minero que se denomina Ariana. Para entonces el proyecto ya contaba con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado y se anunciaba el inicio de la construcción para el presente año.

El 21 de diciembre escribimos en esta revista sobre el peligro que representaba el proyecto minero Ariana para el abastecimiento de agua para Lima. Señalamos que “la preocupación sobre los posibles impactos de este proyecto minero no sólo la compartían grupos ambientalistas; la propia Sedapal también se había manifestado: mediante oficio N º1013-2018-GG dirigido al Ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, el gerente general de Sedapal expresó su preocupación por la posible autorización del inicio de la construcción y sobre todo, por la ubicación del depósito de relaves del proyecto minero Ariana”.

Dos congresistas visitan la zona

Kathia Gilvonio y Marisa Glave, congresistas de Junín y Lima respectivamente, decidieron tomar el toro por las astas y en la última semana de representación (febrero) se trasladaron con sus equipos de asesores a la zona del proyecto.

En primer lugar, se encontraron con una tranquera colocada por la empresa minera que bloqueaba el acceso que hasta hace poco era de uso público y por lo tanto de libre tránsito. Hasta hace poco, este camino era utilizado por las comunidades de la zona y por los propios funcionarios de Sedapal que suben regularmente para poder monitorear todas las lagunas que se ubican en la zona, sobre todo, la represa de la laguna Pucrococha-Sangrar que es una de las principales fuentes de agua del Túnel Trasandino que abastece de agua a Lima. Para la empresa propietaria de Ariana, la vía de acceso ahora es de propiedad privada, y por lo tanto, ellos controlan y deciden quién pasa y quién no.

Las congresistas y sus equipos de asesores tuvieron que utilizar otros accesos para llegar a la zona de inspección. En el trayecto pudieron constatar que, aparte de los posibles impactos que va a generar el proyecto Ariana en todo un ecosistema alto andino de lagunas, bofedales y humedales, en la zona de influencia también existen sitios arqueológicos preincaicos como el de Tilarhuay III (monumento arqueológico que tiene el carácter de intangible) y otras zonas protegidas por su valor histórico, como la vinculada a la Guerra del Pacífico,  donde se desarrolló el Combate de Sangrar el año 1881.

Los graves riesgos que representa Ariana

La ficha técnica de Ariana habla de un proyecto polimetálico de socavón, que procesará en promedio 2,000 toneladas de minerales por día al inicio de la etapa productiva (2020) y planea ampliar la capacidad hasta las 3,000 toneladas a partir del segundo año (2021). El proyecto requerirá una inversión de entre US$120 y 125 millones en su primera fase, la que involucra la etapa de construcción de la mina y la puesta en operación. Producirá anualmente unas 70,000 toneladas métricas de cobre, 300,000 onzas de plata y 10,000 toneladas métricas de zinc.  

La visita de las dos congresistas y sus equipos técnicos ha permitido confirmar los graves riesgos que encierra el proyecto. Por ejemplo, la construcción de túneles en espiral hacia abajo, a una profundidad de 1,000 metros, para extraer agua para labores mineras, aumenta el peligro de contaminación de los acuíferos subterráneos, así como una posible afectación del propio Túnel Trasandino que está ubicado, además, en una zona de alto riesgo sísmico: incluso algunos expertos mencionan el riesgo de filtración de aguas ácidas al túnel durante la etapa inicial de la operación de la mina subterránea.

Al respecto, cabe recordar que Sedapal ha recomendado someter el estudio del proyecto a una exigente evaluación de riesgos y vulnerabilidad a fin de que se adopten los estándares de seguridad más elevados. Uno de los principales temas de preocupación gira en torno a la presa de relaves: Sedapal ha alertado que el diseño de cimentación de la presa de relaves “se encuentra sobre una capa de depósito lacustre, generando las posibilidades de rotura de la presa y la licuación estática de los residuos mineros y su escape del depósito, que podría afectar el agua que se conduce por dicho túnel”.

Es importante subrayar que Sedapal no es la única entidad que ha mostrado su preocupación por el proyecto Ariana. También se ha pronunciado la empresa privada distribuidora de energía, Enel, subrayando que “hay gran cantidad de aportes de agua superficial, subsuperficial y subterránea en las diferentes épocas del año” y que “la geotécnia del túnel podría verse comprometida”. Además, concluye que “el proyecto debería de considerar la impermeabilización de todo el vaso” para evitar “la contaminación”, aunque reconoce que este proceso podría perjudicar “los aportes naturales de agua que actualmente recibe el túnel”.

La presencia de un proyecto minero en la zona agudiza los problemas que ya tiene el abastecimiento de agua para una ciudad como Lima y la necesidad de proteger este tipo de ecosistema altoandino. Por ejemplo, en cuanto a calidad del agua, la presencia de metales pesados ya es un grave problema que Sedapal tiene que enfrentar y que podría verse agravado por el desarrollo de un nuevo proyecto minero en la zona, precisamente en la cabecera de la cuenca: según el último inventario del Ministerio de Energía y Minas, en la cuenca del Rímac existen 425 pasivos ambientales mineros que contaminan con plomo, hierro, cadmio, entre otros metales, las aguas que llegan a la planta de tratamiento de Sedapal.

En relación a la cantidad de agua, cada año se discute sobre las amenazas de desabastecimiento de agua para Lima: las proyecciones hablan de escenarios críticos para los próximos años si es que no se realizan nuevos represamientos: cabe señalar que el proyecto Marca II, que embalsaría las aguas de la laguna Tucto, ha sido varias veces pospuesto.

El caso Ariana y la necesidad de reforzar las políticas públicas

Este caso también es un buen ejemplo de cómo se siguen aprobando proyectos de inversión en nuestro país. En principio un proyecto como Ariana ha tenido que recibir el visto bueno de varias entidades: Ministerio de Energía y Minas, la Autoridad Nacional del Agua, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental y hasta el propio Ministerio de Cultura. Pero además, es bueno precisar que en el caso de Ariana, su Estudio de Impacto Ambiental (semidetallado) fue aprobado por el propio Ministerio de Energía y Minas (Minem), lo que pone nuevamente en agenda la necesidad de insistir en procedimientos que garanticen un mínimo de imparcialidad frente a la autoridad -en este caso el Minem- que busca promover la actividad productiva.

Por otro lado, está claro que todos los procedimientos administrativos se han ido flexibilizando como consecuencia de leyes y decretos supremos que han sido aprobados desde el año 2013 para adelante y que han apostado claramente por acelerar la toma de decisiones, disminuyendo los plazos y al mismo tiempo reduciendo los estándares ambientales y los propios mecanismos de participación ciudadana.

Por último, el caso Ariana pone en evidencia la necesidad de definir una política de ordenamiento territorial en el país y de protección efectiva de las cabeceras de cuenca: no hay que olvidar que nuestro marco legal “reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca donde se originan los cursos de agua de una red hidrográfica”. Ese reconocimiento debe traducirse en acciones concretas de parte de nuestras autoridades.

Ambas congresistas se han comprometido a darle seguimiento a este caso y en los próximos días recibirán el reporte de la visita de fiscalización a la zona del proyecto del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Estaremos alertas a la evolución de este caso que pone en riesgo la principal zona de abastecimiento de agua para la ciudad de Lima.

Publicado en Hildebrandt en sus trece, 8 de marzo de 2019

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/el-agua-de-lima/

Ante el pedido de «poner fuerza» en el conflicto socioambiental por el proyecto minero Las Bambas, el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, le respondió al presidente de la Confiep, Roque Benavides.

En entrevista a Canal N, Molina explicó la gestión de este conflicto social en Apurímac, donde la comunidad de Nueva Fuerabamba ha bloqueado la carretera y reclaman que la empresa minera china MMG Limited pague una compensación por el uso de dicha vía.

«Este gobierno ha optado por agotar todos los mecanismos de prevención de conflictos, no queremos hacer uso de la fuerza hasta que agotemos todas las formas de diálogo posibles, en el caso de Fuerabamba hay una mesa de negociación y hay posibilidad de acuerdo dialogado. Ha entrado un nuevo actor como el gobernador regional que está intermediando con la comunidad», dijo.

Molina explicó que la comunidad exige a la empresa que pague compensación por el uso de la vía. En este sentido, afirmó que el gobierno no permitirá eso porque «esa vía es pública».

Confió, además, en que pronto se solucione este problema: «Esperamos que mañana la comunidad entienda que debe desocupar la vía».

Resaltó que:

«El Estado tiene autoridad y puede hacer uso de la fuerza, pero la comunidad ha hecho un asentamiento y hay mucho riesgo de que una operación policial resulte muy costosa. La voluntad del Gobierno es agotar el diálogo hasta que sintamos que no hay ninguna otra oportunidad».

Sobre otro conflicto minero, en este caso el relacionado al proyecto Tía María en la región Arequipa, el viceministro señaló que este es un caso «más complejo» y que «va a demorar unos meses».

«Pero esto no significa que el Estado no pueda cumplir con la empresa, pero la empresa debe entender que debemos solucionar para conseguir el consenso social», afirmó.

Por otro lado, ante las críticas recibidas por el acuerdo entre el Ejecutivo y los transportistas con el que se suspendió el paro, Molina señaló que las medidas se tomaron en coordinación con Petroperú, Osinergmin y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El último reporte de la Defensoría del Pueblo indica que hay 180 conflictos en el país, entre latentes y activos. El viceministro de Gobernanza Territorial señaló que, desde que está en el cargo, se han gestionado al menos 25 conflictos activos. «El balance es bueno, no hemos tenido ningún fallecido», resaltó.

Anteriormente, el presidente de la Confiep, Roque Benavides, criticó al Gobierno por no hacer «uso de la fuerza» ni «imponer las leyes» para resolver conflictos sociales.

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/03/10/conflictos-sociales-peru-viceministro-raul-molina-las-bambas-bloqueo-carretera/jorgepaucar/