Por derrame de zinc. Ciudadanos bloquean la vía Canta-Lima y exigen que el Gobierno fiscalice que la empresa Volcan cumpla con labores de limpieza y compensaciones económicas a los afectados.
Óscar Chumpitaz
23/06/2022
Ya han pasado ocho días y hasta ahora los ciudadanos de la provincia limeña de Canta siguen esperando respuestas de parte de la empresa minera Volcan y del Gobierno tras la grave contaminación ambiental que ha generado el derrame de 34 toneladas de zinc sobre el río Chillón.

“El agua, que es la vida de todos, está contaminada. Es algo muy peligroso, además nuestras actividades económicas están paralizadas”, dijo Elmer Páez, secretario general del Frente de Defensa de Canta, quien ha señalado que las protestas continuarán si el presidente Pedro Castillo no llega hasta la zona del desastre ecológico. Y es que, según él, hasta ahora no atienden sus demandas. Ayer, los manifestantes siguieron bloqueando la vía Lima-Canta, por horas.

Páez criticó que la empresa Volcan reduzca la reparación económica a los productores de las piscigranjas cuando también están afectados agricultores, ganaderos, dueños de restaurantes y hoteles y empresas turísticas.

En Canta, la actividad comercial está paralizada y solo pequeñas tiendas de víveres han abierto sus puertas; aunque ya empiezan a escasear los productos de primera necesidad.

Por eso, en sesión de concejo, la Municipalidad de Canta, acordó declarar en estado de emergencia todo el valle del Chillón por la contaminación de las aguas del río y solicitaron al Gobierno que se preste la especial atención para que se realice acciones de mitigación ambiental y compensación a las personas.

Las autoridades y los pobladores piden instalar una mesa de diálogo con el presidente Pedro Castillo y cinco ministros.

Así, al del Ministerio del Ambiente le piden asumir su responsabilidad y obligar a Volcan a resarcir los daños ambientales a todos los afectados. “Necesitamos que nos apoyen, estamos solos”, dijo Elmer Páez.

Asimismo, demandan al del Ministerio de Transportes suspender provisionalmente la licencia de vehículos de transporte de carga pesada hasta que asuman su responsabilidad.

En tanto, al Minsa le solicitan desarrollar campañas de tamizaje de sangre para descartar metales en el organismo de los vecinos. Y al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y al de Agricultura le exigen realizar el empadronamiento y la reparación económica a los agraviados.

El zinc de la empresa Volcan afectó a piscigranjas, agricultores, ganaderos, restaurantes, hoteles y empresas turísticas. Foto: Ministerio Público

Empresa responde
Volcan, que contrató a la empresa Wari Service para transportar el zinc en camiones, indicó que siguen con los trabajos de limpieza en el río Chillón.

“El rastro del zinc ha llegado en bajas proporciones hasta la tercera piscigranja afectada. Pero seguimos tomando muestras de agua y sedimentos”, dijo. No obstante, Sedapal ha precisado que existe un aumento de 70,8 veces más de la concentración de zinc, en comparación a 500 metros antes del punto de la contaminación (Culhuay).

Por su parte, el Mincetur gestionará la generación de empleos temporales del programa Lurawi Perú, relacionados a limpieza, mantenimiento o reparación de sitios turísticos. El municipio de Canta debe empadronar a los prestadores turísticos y artesanos afectados.

Empresa tiene hasta agosto para remediar zona afectada
El MTC dispuso que Wari Service cumpla con un cronograma de remediación en un plazo de 90 días, realizando supervisiones de la calidad del agua, los peces, el suelo y de la hidrobiología.

El primer monitoreo deberá realizarse hasta el 30 de junio, el segundo hasta el 15 de julio, el tercero hasta el 30 de julio y el cuarto hasta el 15 de agosto. En esta última fecha, la zona debe estar totalmente restablecida y libre de contaminación.

Según el MTC, las acciones no solo se realizarán en las piscigranjas sino también en las parcelas agrícolas potencialmente afectadas derivadas de canales de regadío y en la franja ribereña.
https://larepublica.pe/sociedad/2022/06/23/canta-protestas-seguiran-si-pedro-castillo-no-viene-advierten-manifestantes-contaminacion-ambiental-protestas/

21/06/2022
Yacimiento Las Bambas en Apurímac, Perú. /Crédito: MMG.
Las Bambas ha pagado 2.500 millones de soles (USD 671.4 millones) a 500 comuneros por las tierras, es decir que cada comunero recibió más de 1 millón de soles (aproximadamente USD 268.526). Sin embargo, muchos de ellos no supieron administrar y hoy viven en una condición precaria.

El embajador de la República Popular China en el Perú, Liang Yu, afirmó en una entrevista para Diario Gestión que la minera Las Bambas no está dispuesta a dar más dinero a las comunidades.

“Se debe entender que cada comunero recibió más 1 millón de soles (unos USD 268.526 al cambio actual). Si la empresa cede y paga una suma más, afectaría no solo a ella, sino a toda la imagen del Perú porque no vendría ninguna inversión más, ya sería demasiado costoso”, expresó el diplomático.

Mineroducto

Respecto a la construcción de un mineroducto desde Las Bambas, Liang Yu mencionó el proyecto para construir un tren desde el sur hasta la costa. Para ello, se requiere un estudio de factibilidad y determinar si el volumen de traslado de minerales alcanzaría para sustentar la inversión. “Es más un rol del Estado peruano hacer esta infraestructura”, sentenció.

Sin solución fija

Liang Yu indicó que minera Las Bambas debe mantener firme su voluntad de cooperación y diálogo. “El Gobierno peruano debería prestar mayor atención y averiguar dónde fue a parar el dinero que les dio la mina a los comuneros y si estos tienen razón o no en sus nuevas demandas de pago por las tierras”.

“Vamos a esforzarnos juntos para resolver esos problemas. Es un buen indicio el acuerdo preliminar para reanudar la producción (de Las Bambas), pero hace falta un trabajo mayor del Gobierno peruano porque esas demandas de los comuneros tienen gran irregularidad”, expresó.

El Dato

Las Bambas representan más del 1% del PBI del Perú, el 78% del PBI de Apurímac y el 9% del PBI minero, según estudio de Macroconsult.
Fuente: Gestión

Perú: “Las Bambas no está dispuesta a dar más dinero a las comunidades”

www.conflictosmineros.org.pe 22/06/2022
Alerta informativa
Foto: Radio Onda azul
El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, llegó a la ciudad de Juliaca para participar del Primer Encuentro sobre el Desarrollo de la Región de Puno, donde escuchó las demandas de las comunidades que han sido afectadas por metales pesados por la actividad minera.

El presidente Castillo tuvo un encuentro con más de mil pobladores de la región Puno, dirigentes de organizaciones sociales, autoridades regionales, alcaldes y congresistas representantes de la región, que se realizó en la Plaza de Armas de Juliaca.

En la cita participaron los dirigentes de las poblaciones afectadas por la contaminación de las cuencas de Coata, Llallimayo, Ramis, Suches y otros. Los representantes regionales y provinciales también dieron alcances sobre los proyectos de inversión que aún están pendientes a ejecutarse.

Los pobladores afectados de la cuenca de Coata exigen la inmediata implementación de los planes de acción para frenar la contaminación de la cuenca del mismo nombre. Así, con 168 años de creación, aún no tienen sistema de agua potable, y actualmente reciben agua en cisternas, pues los pozos están también contaminados con metales pesados.

Por su parte el dirigente Felix Susaca habló en representación de la cuenca de Coata, y expuso la agenda de derechos humanos y ambiente de esa cuenca afectada por los metales pesados.

“Las mineras afectan las cabeceras de cuenca del río Coata está contaminada por parte de las mineras Ciemsa, Tacasa, Minsur, El cofre, Limón verde. La cuenca del Coata tiene a más 83 por ciento de las personas contaminadas con metales pesados. Hemos propuesto alternativas de solución, para mejorar proyectos de agua y saneamiento, para que ningún niño nunca más tome agua con metales pesados,” señaló Susaca.

Susaca también pidió que sea prioridad que el MINSA atiende a las personas con metales pesados, que se ejecuten centros de salud, médicos y laboratorios especializados. Destacó que existe el Plan Multisectorial Nacional en favor para las personas afectadas por metales pesados, por el decreto supremo 037- MINAM, y pidió que ese plan se apruebe y se le destine presupuesto para que se implemente en todas las carteras ministeriales.

Asimismo, Hernán Nina, presidente del Frente de defensa del rio Llallimayo, señaló que han pasado 6 años después de que la minera Aruntani rebasó su operación dejando una contaminación de metales pesados en la cuenca. El pueblo de la cuenca logró arrancar con su lucha un plan de acción intersectorial para atender la afectación de la cuenca, pero este no se está cumpliendo. Los distritos de la cuenca son ganaderos y se están viendo afectados por la contaminación de las aguas.

“Le suplicamos presidente que atienda el reclamo de la población. Defendemos la vida y el agua, y si no tendremos que levantarnos para que nos atiendan. Sin presupuesto nuestro plan de acción no se avanzará”, destacó Nina.

Finalmente, el presidente Castillo se comprometió a ejecutar las obras de agua y saneamiento y a tener una reunión con los dirigentes de las comunidades afectadas por metales pesados a tener una reunión en menos de 15 días.

Ana Leyva V. 20/06/2022
Imagen: Agencia Andina
La semana que pasó se publicó la Ley 31494, “Ley que Reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural y los Incorpora en el Sistema de Seguridad Ciudadana”. Esta ley fue aprobada por insistencia por el Congreso de la República pese a que, en su momento, el Presidente Francisco Sagasti la observó.

Para entender los intereses que podrían estar detrás, es necesario conocer de qué trata esta ley. La norma promueve la creación dentro de las comunidades campesinas y nativas de comités de autodefensa en apoyo a las fuerzas del orden. Autoriza a estos comités a comprar o recibir en donación armas de fuego de parte del Estado o de particulares. Pueden formular denuncias contra los comuneros y cuando se haya declarado estados de emergencia pueden detenerlos.

Esta norma es inconstitucional porque vulnera la autonomía comunal reconocida en el artículo 89 de la Constitución Política del Perú. Las comunidades tienen autonomía para organizarse para el cumplimiento de sus fines. Sin embargo, esta ley promueve grupos al margen de la organización comunal.

Organizaciones indígenas realizaron una serie de plantones ante el Congreso el año 2021 en rechazo a la Ley de Comités de Autodefensa (Foto: CooperAcción).

También es inconstitucional porque desconoce la existencia de las rondas campesinas, las cuales se han creado hace muchos años para encargarse de la seguridad y son reconocidas por la Constitución (artículo 149) como órganos de apoyo de las comunidades nativas y campesinas para el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

Además, va contra las obligaciones internacionales del Estado peruano de proteger los derechos de los pueblos indígenas, establecidos en el Convenio 169 de la OIT.

Esta ley acarrea graves riesgos entre los que debemos considerar:

Cede el monopolio o concentración del uso de la fuerza (armas de fuego) del Estado. Dárselo a particulares acarrea un grave riesgo de abuso o de su uso indebido poniendo en riesgo a los ciudadanos.
El que surjan grupos armados dentro de las comunidades vinculados a las fuerzas del orden y a particulares, al margen de la organización comunal, desconociendo la existencia de las rondas campesinas, puede traer divisiones y enfrentamientos al interior de las comunidades, lo que será difícil de controlar. Evidentemente, lo más probable es que la voluntad de los grupos armados se imponga porque tendrán el control de la fuerza. Esto puede ser la estocada final para la existencia de las comunidades campesinas y nativas, último refugio de los pueblos indígenas en el Perú.

Cabe recordar que, en los tiempos de la violencia política desatada por Sendero Luminoso, el Estado promovió comités de autodefensa en el sector rural a quienes se les dio armas de fuego. En ese contexto específico de guerra interna, sin duda los CAD cumplieron en muchos casos un rol importante en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, también se ha documentado cómo muchos de estos grupos usaron la fuerza para fines propios e incluso ilegales,razón por la cual fueron finalmente desactivados.

Por estas y otras consideraciones, las organizaciones indígenas y las rondas campesinas rechazaron y rechazan la aprobación de esta Ley. Frente a ello, también han expresado su preocupación la Defensoría del Pueblo y el propio Ministerio del Interior del anterior gobierno.

Frente a estos hechos, cabe preguntarse: ¿por qué los congresistas insisten en una ley que los “supuestos beneficiados” consideran peligrosa?. ¿Quién influenció para que una ley de esta naturaleza se apruebe y cuál es su finalidad?

Para responder, primero debemos recordar que sobre grupos de autodefensa hubo dos proyectos de ley, uno de Alianza para el Progreso y el otro del fujimorismo. Si la motivación genuina hubiera sido brindar seguridad a las zonas rurales, habría que tener en cuenta que las comunidades y las rondas vienen controlando la delincuencia con cierta efectividad. Bajo esa consideración, lo lógico hubiera sido que los congresistas buscaran fortalecer a comunidades y rondas, y no crear algo paralelo. Los pueblos indígenas y las rondas campesinas tienen una serie de iniciativas con ese propósito que duermen el sueño de los justos en el Congreso, sin que los congresistas se interesen en ellas.

Para seguir profundizando en este tema, tal vez sea importante traer a la memoria el caso colombiano. Los comités de autodefensa en Colombia fueron formados y armados inicialmente por particulares para la defensa de su propiedad, en el contexto de la existencia de una guerrilla. Con el transcurrir del tiempo, estos grupos han establecido redes clientelares con poderes locales, fuerzas armadas y redes de narcotráfico para la defensa de intereses políticos y económicos. En zonas sin (o con poca) presencia del Estado, controlan el territorio. Su accionar ha ocasionado miles de muertes. Entre ellas, de líderes y lideresas sociales, indígenas, etc. que se resisten a sus actividades.

Bajo estas consideraciones, es importante recordar que en nuestro país tenemos una alta conflictividad social y economías ilegales que han incrementado su poder en los últimos años. Nos preguntamos qué puede pasar en este escenario cuando se implemente la ley. ¿A quién empoderará? Con los elementos proporcionados, creo que la respuesta la podemos encontrar juntos.

Finalmente, consideramos muy preocupante lo que viene ocurriendo con el Congreso, que cada vez representa menos a la población y más a determinados grupos de interés. Por lo tanto, es importante encontrar salidas a este problema. Creemos que de no hacerlo, tendremos daños irreversibles.

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