La Organización Pensamiento y Acción Social PAS, en articulación con el Grupo de Trabajo Suiza-Colombia, lanzan el informe ‘Sombra de Sostenibilidad de las Operaciones de Glencore en Colombia’ una investigación sobre los impactos tributarios, ambientales, laborales, sociales y en derechos humanos del accionar de la multinacional Suiza en la región del centro del Cesar.
Esta multinacional opera de manera clandestina a través de 5 empresas colombianas del grupo Prodeco, implementando contratos de concesión fragmentados con regímenes de pagos de regalías e impuestos diferenciados que han generado detrimento patrimonial por el orden de más de 20 mil millones de pesos anuales en los últimos 5 años, de acuerdo con la Contraloría y que se suman a los descuentos que el Estado colombiano ha concedido a la empresa en los que por cada $100 de su pago en regalías le son descontados $124.
Por si acaso, éste no es un hecho ocurrido en la primera mitad del siglo pasado o en los años 50 ó 60. No es ni la antigua minería y tampoco es un hecho que involucre a pequeñas o medianas empresas mineras. Esto ocurrió hace muy poco, el pasado 5 de noviembre de 2015, en la localidad de Bento Rodríguez, en el Estado de Minas Gerais, Brasil. Los resposables son dos de los grupos mineros más grandes del mundo: las súper modernas y supuestamente súper responsables BHP Billiton (anglo australiana) y la no menos importante Vale (Brasil).
La Nacionalidad Shuar, apegados a nuestros derechos consuetudinarios, ancestrales, y amparados en los pactos, convenios y los demás instrumentos internacionales y la misma Constitución de la República del Ecuador, en los art. 56 y 57, mantenemos nuestros legítimos derechos de posición ancestral de nuestros territorios, milenarias, y ejercemos nuestros propios usos y costumbres, de mantener nuestra selva, libre de todo tipo de contaminación ambiental, por ello nuestro rechazo categórico la presencia de la ecucorriente ecsa china, en nuestros territorios para realizar trabajos de minería a cielo abierto.
El Congreso dio luz verde hace dos semanas a la U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act (H.R. 2262). Faltaba la firma de Barack Obama, que ha llegado esta semana. La aprobación de la norma ha sido recibida con entusiasmo por parte de los responsables de Planetary Resources. Eric Anderson, cofundador y codirector, ha declarado que esta nueva «legislación propiciará el desarrollo sostenible del espacio».
Organizaciones exigen eliminación de los permisos mineros en la entidad que generan muerte, deforestación, contaminación y cambio climático.
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El trabajo del Dr Francisco Durand, Poder político y gobierno minero, considera doce proyectos de las mineras modernas y “se explica mejor recurriendo al concepto enclave, que permite conocer las posibilidades y limitaciones para permitir el desarrollo de la institucionalidad de la sociedad civil”.
Los grandes proyectos mineros no se concretaron y su futuro es incierto, pero en Cerro Chato y Valentines la vida ya no es la misma. Los vecinos aseguran que se deterioraron las relaciones entre conocidos de siempre e incluso familiares. Las diferencias están entre quienes tienen expectativas de progresar económicamente en el lugar y evitar la emigración, y quienes piensan que no es un buen negocio para el país.
La Ley de Glaciares del Ejecutivo no ha estado exenta de las críticas por su claro corte neoliberal. Desde diversos territorios se levantan serios cuestionamientos sobre su origen, su proceso y su finalidad. ¿A quién busca favorecer realmente el gobierno impulsando este proyecto? Cabe preguntarse lo anterior dadas las falsas ideas instaladas desde la trinchera del “progreso”. Preocupante resulta el devenir de los glaciares ante el avance de esta ley y es preciso cuestionarse sobre la responsabilidad que nos compete en tanto cohabitantes de una vasta cordillera, y con ella, de un incalculable patrimonio natural universal que es urgente proteger.
Capulálpam tiene una historia de más de dos siglos de minería de oro y plata. Saúl Aquino, líder indígena zapoteca y presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad, recuerda que los desechos químicos de la actividad minera devastaron los acuíferos y contaminaron el agua, las tierras comunales y el bosque. La mina pertenecía a una empresa mexicana, pero ahora es de propiedad de Sundance Minerals, con sede en Vancouver, Canadá. Los conflictos más graves en Oaxaca se produjeron en comunidades indígenas donde las corporaciones procedieron a explorar y explotar sin el consentimiento previo de las poblaciones indígenas. Capulálpam es el primer territorio reconocido libre de minería en México. En los últimos años, Capulálpam ha desarrollado su propio modelo basado en los bienes naturales de propiedad comunal.