Para este 23 de febrero los ronderos de las regiones de Cajamarca y Lambayeque acatarán un paro macroregional en rechazo a la actividad minera que se viene desarrollando en estas localidades vecinas y que está poniendo en peligro el recurso hídrico.
Este acuerdo fue tomado durante la asamblea que se desarrolló en el sector el progreso en Pósope alto del distrito de Pátapo en Lambayeque y donde concurrieron más de 300 ronderos de diferentes bases.
Cabe indicar que en esta asamblea macroregional participaron bases de rondas de Bambamarca, Cajabamba, Reque, Chongoyape, Pátapo, Pósope Alto, Chota, Cajamarca, Chugur, entre otras.
El presidente de la central de rondas de Lambayeque José Félix Carranza Mejía dio a conocer que exigirán durante esta medida de protesta el retiro de la empresa minera Santa Clotilde 7 que pretende operar en el sector La Puntilla en Pátapo pese a la negativa de la licencia social por parte de los pobladores y ronderos del lugar, dicha minera pretende extraer concentrado de cobre.
El presente documento es un esfuerzo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policia Comunitaria (CRAC-PC) de la Costa Chica-Montaña de Guerrero, México. El texto contiene información general de la minería a cielo abierto, y principalmente de las concesiones mineras en el estado de Guerrero. En segundo lugar presenta una reflexión acerca de porqué no aceptar la minería en nuestros territorios y como defenderse frente a los intentos de despojo de las empresas. Finalmente da cuenta de cómo ha sido la organización en los pueblos de Guerrero; las asambleas, los acuerdos, las discusiones, a partir de los cuales enuncian cómo la estrategia de la CRAC.
Los futuros proyectos de explotación de yacimientos mineros de tierras raras en la provincia de Ciudad Real están generando desconfianza en los municipios en los que se plantean, lo que ha llevado a colectivos sociales a movilizarse para saber más sobre cómo puede afectar al territorio y sus vidas.
Como una muestra gráfica de que “la institucionalidad administrativa y política no está funcionando”, definió el abogado Marcelo Castillo Sánchez el nuevo hecho de contaminación ocurrido en Alto Mañihuales y que involucraría a minera El Toqui. El profesional, quien interpuso a principios de diciembre una querella en contra de los responsables de la intoxicación por plomo y arsénico en las familias del sector, señaló que en este caso “algunos organismos del Estado no están cumpliendo su rol constitucional”.
De acuerdo al último boletín oficial y judicial de la provincia (Nº 104), a través de la secretaría de Estado de Minería (SEM) se realizó la determinación de oficio de las regalías mineras de la empresa Minera Alumbrera correspondientes al segundo y al cuarto trimestre del 2014, por las cuales se llegaba a un monto favorable para la provincia de 9.492.339 millones de pesos. En caso de no ser abonados, se procederá a dar participación a Fiscalía de Estado.
Con el firme propósito de rechazar los actos de minería que afectan el recurso natural del norte de Nariño, la comunidad de San Lorenzo participó de la Minga por la construcción del territorio campesino agroalimentario.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) concluyó la revisión, inspección y verificación de mil 130 instalaciones mineras que operan legalmente en el país.
El líder comunero Gervacio Osuna Contreras salió del penal de Felipe Ángeles, en Los Mochis, el pasado 31 de diciembre, luego de dos años y tres meses procesado por despojo. El juez quinto de distrito resolvió otorgar el auto de libertad por falta de elementos. Osuna encabezó protestas contra la empresa china Paradox Global Resources en la mina del ejido El Potrero, municipio de Choix, que incumplió con obras de infraestructura y pago de comisiones a habitantes de la región. El líder aseveró que tras su reclusión estuvieron confabulados inversionistas locales, empresarios chinos y el gobernador Mario López.
Estimados amigos y amigas, ponemos a disposicion el libro «Aratirí y otras aventuras» de Víctor Bracchetta.
Habitantes de las comunidades de Santa Marta, Trinidad, Santa Rosa y La Maraña e integrantes de organizaciones sociales mantienen firme la lucha contra la minería y la búsqueda de justicia tras 6 años del asesinato de Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, ambientalistas opositores de los proyectos mineros de la empresa canadiense Pacific Rim en el departamento de Cabañas.