La industria minera se ha convertido en la principal fuente de conflictos territoriales, persecución, agresiones, amenazas y homicidios en Honduras, advirtió un estudio realizado por expertos de una orden religiosa en el norte del país.
«El modelo extractivista de explotación y apropiación de los bienes naturales comunes es, en la actualidad, el principal generador de conflictos territoriales. También es factor de persecución, amenazas, agresiones y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y ambientales», destaca el informe.
El estudio fue realizado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Orden de los Jesuitas (católica) de la ciudad de El Progreso, en el norte del país.
«La minería no solo afecta por el impacto ambiental sino por violaciones a derechos humanos, amenazas, asesinatos» y porque «ha dividido a las comunidades entre los que están a favor y en contra» de las explotaciones, dijo a la AFP Elvin Hernández, uno de los investigadores.
Un año más, institucionalizando esta fecha, en más de 50 ciudades del mundo se realizará una jornada de lucha y resistencia con marchas, concentraciones, escraches, cortes, pintadas, exposiciones artísticas, teatro, música en vivo, talleres y toda forma de expresión humana que genere más conciencia frente a los impactos que históricamente genera la minería, las problemáticas actuales y las consecuencias negativas ya visibles, para un futuro no tan lejano.
La Fiscalía Federal de Brasil informó que abrieron una investigación por crímenes ambientales contra el director ejecutivo de la minera Samarco, luego del desastre ambiental del año pasado. Roberto Carvalho, CEO de Samarco, será investigado por la Justicia por no haber aplicado plenamente las medidas preventivas de emergencia ordenadas por la agencia de protección del medio ambiente de Brasil.
Entre el 13 al 15 de julio se efectuó en Honduras, el Segundo Congreso de Minería, en la ciudad de San Pedro Sula, auspiciado por la Universidad Politécnica de Ingeniería. Con este evento la actual administración gubernamental de Juan Hernández pretende continuar con la subasta del país, iniciada por su antecesor Porfirio Lobo.
El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), ordenó el cierre provisorio de la mina Atacama Pacific Gold por su responsabilidad en la contaminación que produjo en la localidad de Caimanes.
El día de ayer se conoció la noticia que el Tribunal Arbitral internacional encargado del caso “La Oroya” había resuelto parcialmente a favor del Estado peruano.
A propósito del nuevo llamado que hace Nelson Pizarro, Presidente Ejecutivo de Codelco, -realizado en la conmemoración de los 45 años de la nacionalización del cobre- a construir un “nuevo acuerdo” para la minera, es preciso señalar a qué tipo de nuevo trato apunta el señor Pizarro, en tiempos en que la minería ha causado grande estragos tanto a las comunidades que conviven a diario con estas grandes empresas mineras, ya sea Estatal o de capitales transnacionales, como para el ecosistema en el que habitamos. A qué se refiere cuando habla de “…mantener nuestro liderazgo mundial en la producción de cobre” o comenta que “Hoy la meta es ser más productivos, más innovadores y más sustentables…” ¿Qué es lo que Pizarro le está pidiendo al país y a los territorios? ¿Un poco más de laxitud?
La Agencia Andina acaba de anunciar que el Tribunal Arbitral internacional encargado del caso “La Oroya” -denominado The Renco Group Inc. contra el Perú- resolvió parcialmente a favor del Estado peruano. La fuente es el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Esta es una historia de poder y despojo. Un pequeño pueblo en Durango fue estafado por una empresa canadiense para explotar sus tierras, ricas en plata. El gobierno de Canadá intervino con las autoridades mexicanas para proteger los intereses de la minera y quitarle a la gente sus tierras. La batalla en los tribunales lleva 4 años.
Mientras, el pueblo muere de sed.
El día más temido por las comunidades ha llegado y exigen cierre definitivo