Estudio del CEPA consigna a empresas como San Cristóbal, Huanuni y Kori Kollo, entre otras, además de cooperativas de la región
La actividad minera, según estudios realizados por el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA) consume similar o mayor cantidad de agua, que los habitantes de la ciudad de Oruro en un día, cifra que llega aproximadamente a 30 millones de litros del líquido elemento.
Se cita como mayor ejemplo a la Empresa Minera San Cristóbal en Potosí, que en un día utiliza una cantidad superior de agua, a lo que en la ciudad de Oruro se consume, en un día, sin duda alguna una cifra alarmante, a ello se suma la actividad minera de varias empresas como Huanuni y otras en menor magnitud, además de las cooperativas mineras asentadas en la región.
Corte Superior de Justicia establece jurisprudencia para futuras autorizaciones.
Los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2016 en Aysén de la Patagonia (Chile), asambleas y organizaciones territoriales en lucha mapuches, chilenas y argentinas, se reunieron en la defensa y por la recuperación de los Bienes Naturales Comunes, entendiendo la organización y la movilización social como formas para enfrentar un modelo que no solo saquea y depreda los territorios a un ritmo desenfrenado, si no que además pone en serio peligro la vida de comunidades completas privatizando las ganancias y socializando las pérdidas. Con el objetivo de fortalecer el poder desde los territorios, para frenar la embriaguez depredadora y criminal de empresas Mineras, Hidroeléctricas, Termoeléctricas, Salmoneras, Forestales, Petroleras, Agroexportadoras y otras industrias. Ver comunicado y reseña.
El representante del Consejo Tiyat Tlati de la Sierra Norte, Leonardo Durán Olguín, advirtió que están en riesgo por lo menos 100 municipios de los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo, ante la intención de empresas privadas para la explotación de hidrocarburo en más de 2 millones de hectáreas de tierras fértiles.
El 25 de noviembre Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, entre música de tambores y organizadas en diferentes países, la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales, realizo la entrega de las 15 mil firmas recolectadas en todo el mundo denunciando que los proyectos extractivos y en particular las actividades mineras están generando violencia con el cuerpo y el territorio, pero la vez pidiendo a la ONU que interceda para otorgar garantías para las defensoras de la tierra y la vida.
IXTACAMAXTITLÁN, Pue.- Indígenas campesinos de las comunidades de Santa María y San Francisco promovieron ante la Oficialía de Partes de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) una denuncia popular contra las filiales de la empresa canadiense Almaden Minerals, por las diversas irregularidades cometidas en sus labores de exploración, así como por los daños causados al medio ambiente.
Dos comunidades originarias del municipio de Llallagua, en el norte de Potosí, se enfrentaron por la tenencia de un reservorio de aguas termales. La violencia dejó nueve personas heridas, reportó radio Pío XII de la Red ERBOL.
Las declaraciones de la ministra de salud sobre el problema de metales pesados detectados en Espinar, han generado interrogantes y preocupaciones entre los varios hombres, mujeres y niños afectados.
Los acontecimientos suscitados en Nankints, ubicado en la provincia de Morona Santiago, al sur del país, develan la actitud prepotente del gobierno ecuatoriano que ha buscado imponer su política extractivista haciendo caso omiso a los derechos de las comunidades afectadas, los cuales no pueden ser sometidos a intereses económicos; más aún cuando los cálculos económicos no se compadecen con los volátiles precios que tienen en el mercado los minerales a explotarse, los que están cayendo sistemáticamente, ni toman en cuenta el inmenso pasivo ambiental y social que este proyecto dejará a su paso.
Durante cuatro años, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) monitoreó la calidad del aire en el país y esta semana entregó los resultados, en los que el departamento del Cesar apareció con uno de los más altos índices de contaminación en la zona minera. Paradójicamente, algunas poblaciones del territorio cesarense registraron los índices más bajos.