Los acontecimientos suscitados en Nankints, ubicado en la provincia de Morona Santiago, al sur del país, develan la actitud prepotente del gobierno ecuatoriano que ha buscado imponer su política extractivista haciendo caso omiso a los derechos de las comunidades afectadas, los cuales no pueden ser sometidos a intereses económicos; más aún cuando los cálculos económicos no se compadecen con los volátiles precios que tienen en el mercado los minerales a explotarse, los que están cayendo sistemáticamente, ni toman en cuenta el inmenso pasivo ambiental y social que este proyecto dejará a su paso.
Contexto
Al analizar la historia de los territorios afectados nos topamos con varias irregularidades, todas ellas encaminadas a despojar a la nacionalidad shuar de sus territorios ancestrales. Primero, un proceso de colonización apoyado por el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC), que asignó tierras a colonos sin considerar la existencia de comunidades shuar consolidadas y otros grupos shuar dispersos en este territorio. La conformación de la actual parroquia de Panantza San Carlos también se da en función de legitimar la presencia colonizadora, sin reunir los requisitos necesarios y sin considerar los derechos de las comunidades shuar. Las tierras en manos de colonos se convirtieron en una mercancía y así pasaron de mano en mano hasta que alguien, con información privilegiada o actuando de testaferro de la empresa minera Explorcobres S.A. (EXSA), de nacionalidad canadiense en principio, empezó a comprar las tierras y acapararlas. En muchos casos las compras fueron engañosas, en especial con indígenas shuar, a quienes se les compró a precios irrisorios u obteniéndolas con titulaciones y posesiones irregulares. El territorio indígena corresponde al uso y posesión ancestral que el pueblo le haya dado y las formalidades creadas con el fin de legitimar el despojo de sus tierras carece de cualquier valor legal.
La posesión y uso equivalen a título, por lo que las tierras en las cuales se desarrolla el proyecto de EXSA nunca han dejado de pertenecer a la nacionalidad Shuar, más allá de títulos fraudulentos o normas jurídicas que desconocían el territorio ancestral. Es en ese uso legítimo de su derecho al territorio que se creó el del Centro Nankints, comunidad que fue fundada por familias shuar que vivían en su territorio ancestral, presionados por el proceso colonizador. Aun cuando las tierras fueron reconocidas como propiedad de EXSA, la ilegitimidad e ilegalidad del proceso de entregar adjudicaciones y registrar títulos sobre territorio indígena es evidente ya que dicho territorio es indivisible, irreductible, indisponible e inembargable. La nacionalidad Shuar tiene derecho a desplazarse, ocupar y usar todo su territorio. EXSA fue adquirida por el Consorcio Chino Ecuacorrientes, que también desalojó a familias shuar y Kichwas de San Marcos (Tundayme – Zamora Chinchipe) para implementar el proyecto minero Cóndor Mirador, y, como ocurre con todos los megaproyectos, en ningún momento se interesó en cumplir con el mandato constitucional y del derecho internacional de consultar previamente a la población. En el Ecuador el consentimiento previo, libre e informado no es respetado por el Estado, lo que acarrea que todos estos procesos de concesión, explotación, expropiación y desalojo sean ilegales e inconstitucionales. Todas las consecuencias de lo que ha pasado a raíz de esta serie de arbitrariedades son de exclusiva responsabilidad del Estado y así lo establecerán en el futuro cortes nacionales independientes o las cortes internacionales de derechos humanos. Esperamos que no sea demasiado tarde para la naturaleza y la cultura que están siendo puestas en peligro por estos megaproyectos.
Los desalojos de Nankints y la violencia
Con este contexto resulta ser ilegal e inconstitucional el desalojo de Nankints de Agosto pasado, pues Nankints se encuentra dentro de territorio ancestral Shuar y habitado por familias Shuar. EL nuevo desalojo carece también de legitimidad. La violencia que se vive en Nankints empezó con la sistemática negativa del Estado de reconocer los derechos territoriales de la nacionalidad Shuar. Esa violencia de Estado ejercida al margen del régimen constitucional y legal ha generado la necesidad de la defensa territorial. Si bien no podemos estar de acuerdo con la violencia, si podemos entender que ante la ruptura total del estado constitucional y del mismo pacto social, al haber abandonado el Estado su obligación de actuar en favor de los seres humanos y dedicar su aparataje y fuerza para defender los derechos de las transnacionales, han orillado a la nacionalidad Shuar a tener que defender sus territorios de la arbitrariedad estatal. Es lamentable que esta violencia la deba sufrir gente del pueblo, como son los policías, los campesinos, los indígenas o los propios jornaleros y cuidadores de las empresas intrusas. Es indudable que el Estado es responsable en el caso de la usurpación de territorios shuar; es indudable que el Estado es responsable de la presión ejercida sobre comunidades shuar que, después de ser dueñas de un amplio territorio, se han visto acorraladas y exigidas a ceder más y más territorios, ya sea ante nuevos colonos o ante nuevos proyectos que en nada las beneficia, pues sus réditos solo llegan a las ciudades y a los grupos de poder político y económico, sea como rentas o como coimas. Se requiere poner fin de inmediato a la violencia, lo cual implica el reconocimiento pleno de los derechos territoriales de la nacionalidad shuar, la titulación adecuada de sus territorios basada en estándares internacionales. Nada sacaremos criminalizando esta violencia pues eso no resolverá el problema, solo ayudará a mantener abiertas las heridas, como abiertas están las heridas provocadas con los asesinatos de José Tendentza y Freddy Taish en Tundaymi, cuyas muertes están en la impunidad y los autores han logrado evadir la justicia con estratagemas jurídicas que en nada benefician a la verdad que se grita de boca en boca: a Taish lo mataron los militares, a Tendetza lo mataron los mineros.
Apología del delito o imposición del silencio
Lejos de proponer una solución adecuada al conflicto de Nankints, el nuevo Ministro del Interior, Diego Fuentes, ha amenazado a las organizaciones que respaldaron las acciones de la comunidad de Nankints y a otros grupos shuar que los apoyaron. Las declaraciones del ministro Fuentes nos hacen ver que ya se está orquestando una nueva fórmula de persecución al movimiento indígena y a su principal organización representante: la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), y a otras organizaciones que rechazan la política depredadora del gobierno. No hay evidencia de que organización alguna haya caído en la tipificación contemplada en el Código Orgánico Penal sobre Apología del Delito; lo que han hecho las organizaciones es develar el conflicto y apoyar una acción legítima de recuperación territorial. Nadie ha festejado la existencia de heridos, al contrario, han mostrado su preocupación por la violencia generada. Consideramos que el anuncio del ministro es un nuevo intento de silenciar a la población crítica, de aislar a quienes defienden sus derechos, de infundir temor en quienes luchan por la vigencia de los derechos humanos, de los pueblos y la naturaleza.
Es necesario rechazar la prepotencia, porque de ella emerge la violencia; es necesario rechazar la violación de derechos, porque de estas violaciones pueden surgir formas de violencia que no deseamos que se den en el país; por ello es necesario llamar al gobierno nacional a desechar su política represiva y respetar los derechos de la población shuar; llamarlo a revisar la historia de Nankints y respetar el derecho de quienes son legítimos dueños de esos territorios.
INREDH, fiel a su mandato institucional, seguirá respaldando las acciones de legítima reivindicación de derechos, en el marco de la no violencia activa; seguirá acompañando a las poblaciones víctimas de la prepotencia estatal y seguirá denunciando cómo el Estado desea consolidar y legitimar la violación de los derechos humanos, de los pueblos y la naturaleza. En este sentido hacemos un llamado al gobierno para que deponga su actitud beligerante y busque salidas dignas y respetuosas de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador: la confrontación de unos y otros en nada beneficia al país ni a la sociedad.
CONSEJO DIRECTIVO DE INREDH