El Salvador, Noticias

Mesa contra Minería exige a OceanaGold pagar $8 mills. al Estado

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La Mesa Nacional frente a la  Minería Metálica (MNFM) exigió ayer a la empresaaustraliana OceanaGold pagar de inmediato la compensación de $8 millones al Estado salvadoreño, establecida hace dos meses por el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.

Saúl Baños, portavoz de la organización, expresó que la empresa “lejos de acatar el fallo, lo ha desobedecido”. Aseguró que consultaron al abogado defensor de la minera cuándo pagarán la compensación y respondió que tomará un lapso de  120 días decidir si continuaban con el caso o si pagaban.

El proceso legal inició en 2009, cuando la compañía Pacific Rim -que luego fue comprada por OceanaGold- demandó al Estado salvadoreño por haber suspendido los permisos de exploración y extracción en la mina El Dorado, en San Isidro, Cabañas. Ante el reciente fallo del CIADI a favor de El Salvador, la empresa debe pagar $8 millones para reconocer los costos del litigio.

Al respecto, los representantes de la MNFM mencionaron que existe un vacío legal en el auto judicial emitido, pues “no se determinó el tiempo preciso en que se debe pagar y tampoco se ordena que la empresa que entre más se tarde debe pagar intereses”, por lo que el abogado defensor del país, Luis Parada, solicitó al Tribunal del CIADI que se solventara.

Además, denunciaron la publicación de campos pagados en medios de comunicación masiva, mediante los cuales difunden el eslogan de “minería responsable”, así como las campañas médicas y la promoción de excursiones a minas de Nicaragua para ganar simpatizantes.

En ese sentido, Luis González,  también de la MNFM, llamó a las autoridades de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa para que discutan la propuesta de ley presentada por la entidad para prohibir la minería metálica. También pidieron al Ejecutivo un decreto para evitar más demandas de mineras, y a los salvadoreños para no aceptar falsos discursos.

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Desde el pasado 14 de octubre, OceanaGold debía reconocer los costos del litigio al Estado, más los intereses que el impago ocasiona.

Fuente:http://elmundo.sv/mesa-contra-mineria-exige-a-oceanagold-pagar-8-mills-al-estado/

Colombia, Noticias

Autoridades y habitantes de Támesis se unen en contra de la minería en su municipio

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Habitantes y autoridades del municipio de Támesis, suroeste antioqueño, se unieron para decir “No” a la minería y “sí” al agua. La administración municipal promovió reuniones con finqueros y campesinos de la vereda La Oculta, en las que fueron expuestas algunas problemáticas que inquietan a la comunidad, entre ellas la incursión de la minería en esa localidad.

La posible puesta en operación de una mina ubicada en la vereda Quebradona de municipio de Jericó prendió las alarmas en Támesis. En esa vereda jericoana nacen las quebradas La Mica, La Yarumala, La Guamo, La Virgen y otras, que proporcionan el agua que utiliza el corregimiento de Palermo y las veredas La Oculta y La Virgen de Támesis.

La comunidad pidió protección y garantías para impedir que proyectos mineros vulneran su derecho a un medio ambiente sano, a la vida digna, al mínimo vital de agua, a la libertad de oficio, a la alimentación, al respeto de su tradicional cultura, al paisaje y a la seguridad.

Los encuentros promovieron la creación de una Mesa Técnica con la que se hará visible la problemática. Esperan que su “No” a la Minería se traduzca en un “Sí” al agua, al fortalecimiento de los corredores biológicos, a las Áreas de Reserva de la Sociedad Civil y a la protección de la riqueza arqueológica y cultural.

La Mesa Técnica quedó conformada, además de finqueros y campesinos, por concejales de varios municipios, colectivos ambientales de La Provincia de Cartama y la Administración Municipal de Támesis, con el propósito de preservar y proteger el territorio frente a la amenaza minera.

Por su parte, el Alcalde de Támesis propuso realizar acciones articuladas para crear Sistemas Locales de Áreas Protegidas (SILAP) en La Provincia Cartama, que garanticen la conservación del agua y la biodiversidad de fauna y flora.

Fuente:http://www.noalamina.org/latinoamerica/colombia/item/16638-autoridades-y-habitantes-de-tamesis-se-unen-en-contra-de-la-mineria-en-su-municipio

Brasil, Noticias

Expansión de minería en noreste de Amazonas causa inquietud en Brasil

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Santa Rita, Brasil, 16 Nov (Notimex).- José Lopes de Oliveira no sabe cómo su familia vivirá cuando la empresa Vale termine la obra para incrementar la carga en uno de los mayores trenes de mercancías del mundo, la Estrada de Ferro de Carajas (EFC), que desde hace más de 30 años transporta millones de toneladas de mineral de hierro extraídas del Amazonas hacia los puertos del norte de Brasil.

La línea férrea, inaugurada en 1985, atraviesa en parte de sus 892 kilómetros áreas amazónicas que han sido deforestadas intensamente en los últimos años como consecuencia de la implantación de cultivos de soja y eucalipto, así como la extracción ilegal de madera y la creación de ganadería extensiva.

La línea de tren, que transporta cada año 120 millones de toneladas de mineral de hierro en forma primaria para su exportación desde el puerto de Sao Luis, en el norte del estado de Maranhao, está siendo duplicada, con un nuevo ramal que permitirá superar los 200 millones de toneladas anuales de carga, una iniciativa vivida con recelo por decenas de comunidades que el tren corta –literalmente- en dos partes.

“Nuestra vida va a ser aún peor. Los trenes, que pasan cada 20 minutos, van ahora a ser el doble”, explica de Oliveira a Notimex junto a la ferrovía minutos antes de que una inmensa hilera de vagones -que pueden sumar 330 en un solo convoy y llegar hasta 3.3 kilómetros de longitud- pasen cargados del mineral que Vale extrae de la mina de Carajás, considerada una de las mayores del planeta.

La EFC fue inaugurada durante el declive de la dictadura militar brasileña (1964-1986) que priorizó la explotación de los recursos naturales en el Amazonas sobre cualquier impacto y apoyó macroproyectos de extracción de minerales, de creación de obras con alto impacto socioambiental y la migración masiva a áreas despobladas.

Junto a la línea férrea se construyó una enorme presa hidroeléctrica para suministrar la energía necesaria para extraer el mineral de hierro que alberga la región minera de Carajás, donde se encuentra uno de los mayores yacimientos a cielo abierto del planeta y el mineral de hierro más puro y valioso del mundo.

La EFC permitió a Brasil aprovechar como pocos países el auge de los precios de las materias primas creado por el empuje económico de China en las décadas 1990-2000, ya que la línea férrea enlaza la región minera con un puerto que permite a los buques cargar el mineral y llevarlo a los polos industriales y siderúrgicos de Asia.

Sin embargo, en sus 31 años de actividad, la EFC también ha provocado un enorme impacto ambiental y social, no solo por la deforestación de regiones de bosque amazónico que causó su construcción, sino también por la muerte de decenas de personas que viven en comunidades cortadas por el tren.

La vida de decenas de miles de personas y un centenar de comunidades situadas en 27 municipios de los estados brasileños de Pará y Marañao, al norte del país y en el Amazonas nororiental, está determinada cotidianamente por el paso del tren: desde escuelas que deben parar clases por el ruido a mujeres que pierden sus bebés por quedar aisladas a causa de la parada durante horas de los convoyes.

Ahora, Vale –cuya privatización en 1997 es contestada en los tribunales- ultima la expansión de la mina de Carajás con un nuevo macroyacimiento en Canâa, a 70 kilómetros de la mina original, y avanza en la construcción de una nueva línea férrea que avanza en paralelo a la existente en un proyecto denominado S11D, valuado en 16 mil millones de dólares.

“El tren y la extracción de mineral no nos aporta nada. No ganamos nada con ello. Solo tenemos problemas como la contaminación de nuestros ríos, que usamos para la agricultura, tenemos problemas con la muerte de familiares que son arrollados por el tren al intentar cruzar, porque Vale solo quiere construir viaductos de paso cada tres o cuatro kilómetros”, protesta Jesy Lopes, cuya madre perdió hace uno años a una prima por un accidente en el tren.

Organizaciones como la red Justicia nos Trilhos (Justicia en los Raíles), que trabaja con comunidades impactadas, entre otros, de indígenas, agricultores y quilombolas (asentamientos creados siglos atrás por esclavos negros que lograron huir de sus amos), articula desde hace una década una lucha jurídica y de protestas para reivindicar los derechos de miles de afectados.

Justiça nos Trilhos ha procesado, por ejemplo, a la minera y al órgano ambiental brasileño (IBAMA) por entender que hubo irregularidades en la licencia ambiental de la construcción de la nueva línea férrea, lo que llegó a provocar la suspensión de las obras por hasta 45 días en un proceso que aún no ha concluido por parte de la justicia.

La imagen de Vale en Brasil, una de las mayores empresas del país que es controlada por el Estado, se vio dañada hace un año en el accidente minero de Mariana, en el estado de Minas Gerais (sudeste de Brasil).

Los diques de contención de una presa de residuos de mineral de hierro se rompieron y 60 millones de metros cúbicos de residuos fueron vertidos, causando la muerte de 20 personas y contaminando las aguas del Río Dulce a lo largo de cientos de kilómetros, en lo que es considerado por expertos ambientalistas como uno de los peores accidentes medioambientales de la historia del país.

Fuente: http://www.notimex.gob.mx/notaLibre/538595

Mexico, Noticias

Madgalena Ocotlán impide consulta amañada de Fortuna Silver y autoridades federales

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El día 29 de noviembre de 2016, la empresa minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, en complicidad con la Procuraduría Agraria, la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, además de una Notaría Pública presionaron a las autoridades agrarias y municipales de Magdalena Ocotlán  para aceptar la firma de contratos o convenios de exploración mediante la simulación de una consulta, la cual no se consumó debido a la oposición de la comunidad.

Esta acción generó una fuerte confrontación, ya que la empresa minera con la finalidad de lograr la aceptación de dicha consulta, trasladó a trabajadores de la localidad al palacio municipal, lugar donde se realizaría la actividad. Por su parte el representante legal de la empresa minera, el ing. Javier Castañeda Pedraza y el Subdelegado de la Procuraduría Agraria presionaban a las autoridades locales para que la ciudadanía firmara la boleta por un “sí”.

La “consulta” estuvo plagada de una serie de irregularidades, además de que fue amañada y tendenciosa por lo que generó una fuerte indignación en nuestra comunidad, por lo que actualmente existe un clima de enojo y hostilidad, estos hechos violentan nuestro derecho a la paz social, a la libre determinación, a la integridad de nuestro territorio, así como el derecho al consentimiento previo libre e informado, derechos reconocidos por el gobierno mexicano.

Denunciamos que las autoridades federales y estatales, principalmente la Procuraduría Agraria se encuentran en complicidad con la empresa minera, dejando en total desprotección los derechos reconocidos constitucionalmente a nuestra comunidad, en este caso la Procuraduría Agraria debería velar por los intereses y derechos de las y los ejidatarios, no por los intereses particulares de una compañía minera.

Es importante mencionar que esta acción forma parte del proceso de ampliación del proyecto minero “San José”, ubicado en el municipio vecino de San José del Progreso, el cual ha generado una fuerte conflictividad social y política, además de contaminar nuestro territorio, por citar un ejemplo, durante 2016 se ha incrementado la emisión de polvo, existe contaminación en el arroyo El Coyote por un derrame de la presa de jales, así como un sinnúmero de explosiones que han agrietado nuestras casas.

En este sentido la comunidad de Magdalena Ocotlán, exigimos a las autoridades federales y estatales lo siguiente:

1.    La consulta representa para nosotras y nosotros un acto de provocación, ya que desde 2005 hemos definido no aceptar ningún proyecto minero. En este sentido Magdalena Ocotlán no ha pedido ninguna consulta a ningún orden de gobierno, sino más bien el respeto a los acuerdos establecidos por la comunidad donde rechazamos tajantemente cualquier actividad minera.

2.    Responsabilizamos a la empresa minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines, a la Procuraduría Agraria y a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca por cualquier confrontación o atropello en nuestra comunidad.

3.    Exigimos al gobierno federal, estatal y municipal cesen el hostigamiento constante que hemos vivido, el cual se incrementó a partir de 2009, fecha en la que sufrimos un desalojo violento por policías federales y estatales, así como 2012, fecha en la que de manera arbitraria y flagrante violación a nuestros derechos, la empresa minera introdujo una manguera de aguas residuales en nuestro territorio.

4.    La comunidad de Magdalena Ocotlán por enésima vez ratificamos nuestra oposición y repudio total al proyecto minero impulsado por Fortuna Silver Mines, declaramos que continuaremos con la defensa de nuestro territorio como lo hemos hecho desde 2005, de igual forma aclaramos que nuestra defensa es de manera pacífica y por las vías legales. Por este motivo hacemos un llamado a las organizaciones sociales y civiles, a las instancias de protección de los derechos humanos, a los medios de comunicación y a la sociedad en general a mantenerse alerta ante cualquier intención de la empresa por querer imponer dicho proyecto en nuestra comunidad.

Fuente: Denuncia Oaxaca

Chile, Noticias

El extractivismo minero en Chile: Una crítica a la ideología del crecimiento económico

chuquicamata_67161781Por: Espinoza, M.; Ramírez, C.; Ferrando, R. ; Álvarez, J. *

El extractivismo minero es reconocido mundialmente como una actividad económica que presenta grandes impactos ambientales en los ecosistemas. Sin embargo, pese a la gravedad de los problemas socioambientales que ha generado en Chile, éstos se nos presentan como “costos necesarios para el crecimiento”. Ello implica la imposición de un concepto de desarrollo que precariza sistemáticamente el empleo, vulnera los territorios, los ecosistemas y la vida de quienes habitan las zonas donde se emplazan estas faenas. Se postula que el modelo extractivista minero es inviable en el mediano plazo ya que presenta un nivel de producción que no tiene sustento en la realidad material de la naturaleza. El fin último de esta producción no es otro que el beneficio económico de un grupo humano pequeño mientras que los graves conflictos socioambientales generados son externalizadas a las comunidades periféricas violando la Justicia Ambiental. Por otro lado, este modelo es incapaz de entregar un bienestar duradero a la sociedad en general, toda vez que tiende a reproducir la inequidad y relega a las generaciones futuras a enfrentar situaciones críticas a nivel ambiental.

Este trabajo intenta establecer un espacio de reflexión que permita preguntarnos acerca de las bases que fundamentan el modo extractivista minero.

I. Introducción

Desde hace más de una década, América Latina se ha convertido en uno de los epicentros de la expansión minera a nivel global a través de la inversión transnacional. Esta expansión se desarrolla a través de un modo de producción conocido como extractivismo (OCMAL, 2015). Se considera extractivismo en sentido amplio, a las actividades productivas que remueven grandes volúmenes de recursos naturales, los cuales no son procesados (o lo son limitadamente), y pasan rápidamente a ser exportados (Acosta, 2011). En Chile, la exportación de materias primas corresponden a un 86,1% de las exportaciones totales (CEPAL, 2014). Un 40% corresponden al sector minero a través de la producción de concentrado de cobre sin refinar. (COCHILCO, 2013; Consejo Minero, 2014).

Si bien en América Latina este modelo de producción ha sido desarrollado desde la conquista del continente, una intensificación de este proceso se desarrolló después de las reformas neoliberales de la década de los 80’ y 90’ (Veltmeyer, 2012). El caso pionero tuvo lugar en Chile, donde durante la dictadura militar se desarrollarían, por ejemplo, reformas claves para la progresiva privatización de la gran minería del cobre en Chile, la cual continuó y se agudizó con los sucesivos gobiernos de la Concertación por la Democracia (Machado, 2009).

El extractivismo minero es reconocido mundialmente como una actividad económica que presenta grandes impactos ambientales en los ecosistemas (Acosta, 2011). Algunos de ellos corresponden a la pérdida de biodiversidad, contaminación del suelo y aguas, intervención de cursos de agua y glaciares y contaminación de zonas habitadas con desechos tóxicos asociados a relaves mineros. En Chile, esta actividad ha generado graves efectos al bienestar, autonomía y sustentabilidad de comunidades aledañas a proyectos mineros (Escalona et al., 2011). Estos conflictos se asocian a la contaminación ambiental, escasez de elementos básicos para la vida y desterritorialización (Urkidi, 2010; Vergara, 2011; OCMAL, 2015). Además, se han externalizado conflictos socioambientales a territorios lejanos en nombre de los requerimientos energéticos del modo de producción minero (OCMAL, 2015). Asimismo, se produce un desequilibrio de los ecosistemas intervenidos sin una comprensión de los efectos en la ecología de las especies. Por otro lado, a nivel macroeconómico, se tiende a desestructurar la economía, generando una pobreza asociada a la redistribución regresiva del ingreso y la concentración de la riqueza (Acosta, 2011).

Sin embargo, pese a la gravedad de los problemas socioambientales que ha generado la industria minera, éstos se nos presentan como “costos necesarios para el crecimiento”, consecuencias ineludibles del tránsito hacia el “progreso”. Esta mistificación, intenta asociar de forma incuestionable el concepto de un crecimiento económico exponencial con el de desarrollo. De esta manera, se concibe que éste se logra aumentando las exportaciones y maximizando las inversiones (Gudynas, 2009). Ello implica la imposición de un concepto de desarrollo que precariza sistemáticamente el empleo, vulnera las prácticas culturales ancestrales, los territorios, los ecosistemas y la vida de quienes habitan en las regiones del país donde se concentran estas faenas (OCMAL, 2015).

Lo anterior crea un “paradigma del crecimiento” donde se invisibilizan preguntas básicas acerca del modo extractivista de la producción minera. En términos del objetivo de la producción: ¿Qué necesidades son resueltas a través de la producción minera?, ¿Es viable este modo de producción con respecto a las fronteras de la biosfera?, ¿Dónde se acumulan los “beneficios” de esta actividad y quiénes concentran las “externalidades negativas”? A la luz de estas preguntas, este trabajo intenta establecer un espacio de reflexión que permita preguntarnos acerca de las bases que fundamentan el modo extractivista minero. Se analizan además los límites de este modo de producción en Chile en relación a la conflictividad que presenta con las comunidades aledañas y el entorno ambiental.

II. El paradigma del crecimiento

La llamada “economía del desarrollo” obtuvo su sustento teórico, a finales de la década del 50` (Gudynas, 2011). Se distinguieron así los países desarrollados y subdesarrollados y se estableció la idea de que los países del sur “subdesarrollados” debían seguir los pasos de las naciones industrializadas (Esteva, 2009). La idea de desarrollo quedó atada al crecimiento económico en desmedro del bienestar humano y se la presentó como la solución a la pobreza y la distribución de la riqueza (Gudynas, 2011). La concepción moderna del desarrollo consiste en un proceso lineal, esencialmente económico, mediado por la apropiación de recursos naturales orientado a emular el estilo de vida occidental (Bustelo, 1998). De esta manera, en la economía capitalista en general y en el modo extractivista minero en particular, se establece una búsqueda vertiginosa hacia una producción exponencial. Esta visión presupone la errónea idea de que los “recursos naturales” del planeta son infinitos y se encuentran a plena disposición para el desarrollo.

Por otro lado, el paradigma del crecimiento necesita un nivel de consumo altísimo. De esta forma, las relaciones sociales son atravesadas por un incentivo al consumo vertiginoso. Esto se realiza de manera indirecta a través de un aparato publicitario que mistifica lo nuevo (obsolescencia percibida) y de manera directa a través del diseño efímero de las mercancías (obsolescencia programada).

II.1 Crecimiento en el extractivismo minero chileno

La industria minera en Chile se constituye por la extracción de metales (Cu, Mo, Ag, Au) y otros recursos minerales no convencionales (Re, nitratos, Li y I), siendo ampliamente encabezada por la producción de cobre. Esta industria ha registrado un aumento en la participación del mercado mundial del cobre desde un 18% en 1990 a un 32% en 2013, con una producción cercana a los 5,8 millones de toneladas métricas para 2013 y una tasa de crecimiento de 7,2% en este mismo año, la más alta en la última década (Consejo Minero, 2014). Estos cuantiosos niveles de producción constituyen a Chile como el principal exportador de cobre del planeta. Por otra parte, esta carrera ciega que emprende la industria minera en torno al crecimiento, es incapaz de observar una serie de problemas instalados al interior del modo de producción, los cuales determinan la inviabilidad de mantener este ritmo de producción irracional.

Límites propios del modelo: Las proyecciones de crecimiento de la industria del cobre esperan que se alcancen la cuantiosa cifra de 8.5 millones de toneladas métricas en 2025, constituyendo un crecimiento máximo de 47% en 11 años. Sin embargo, el pico de crecimiento para la producción de cobre se proyecta para el año 2030 (Kerr, 2014). En tal escenario, se proyecta que se intensificará la presión sobre el uso de energía y agua, junto con la emisión de gases de invernadero (Northey et al., 2014b). De esta manera, la percepción de que este modelo es capaz de generar un “desarrollo” sostenido, guarda poca relación con la abrupta caída de la producción en el futuro cercano y la intensificación del daño socioambiental.

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Carácter suntuario de las necesidades a satisfacer: La producción minera en Chile, se considera necesaria para suplir el dramático aumento de la demanda de minerales asociada al crecimiento de los países industrializados del hemisferio norte (Northey et al., 2013). Los principales destinos de la exportación son China y Estados Unidos, los que en 2013 representaron un 46,8% y 8,8% de la demanda mundial de cobre respectivamente (Consejo Minero, 2014). El principal destino de la exportación de cobre manufacturado de China son los mercados asiáticos, los cuales típicamente lo incorporan a componentes eléctricos que son ensamblados nuevamente en China como productos finales (Hammer and Jones, 2012). Estas mercancías electrónicas, constituyen cerca del 50% de la exportación china (Observatory of Economic Complexity, 2015). Sin embargo, este tipo de productos trae aparejada una obsolescencia programada que rápidamente los convierte en basura electrónica, la cual es difícilmente reciclable y produce una alta contaminación en el tercer mundo (Lebel, 2015). Por otro lado, aunque con una producción menor en Chile, la extracción de oro es altamente superflua, toda vez que el porcentaje destinado únicamente a joyería supera el 50% y otro porcentaje cercano al 25% se utiliza como respaldo a las inversiones de quienes presentan los más altos ingresos del mundo (World Gold Council, 2014).

Fronteras de la biosfera frente al crecimiento: La explotación minera es indispensable para el desarrollo industrial y el bienestar del Norte global (Acosta, 2011). Esto se desarrolla sin importar la sustentabilidad de los proyectos extractivistas, ni el agotamiento de los recursos locales como lo indica la Huella Ecológica que generan los distintos países (Figura 2B). Este índice da cuenta del terreno necesario para mantener la producción, satisfacer las necesidades de consumo y manejar los residuos de un individuo o grupo humano (Galli et al., 2014). En términos generales, los países del hemisferio norte presentan un alto nivel de vida, sin embargo los recursos naturales necesarios para sostener ese nivel de consumo superan con creces la capacidad de regeneración del terreno que disponen. Por otro lado, la tendencia de “desarrollo” de Chile muestra que los modelos de producción y consumo cada vez se alejan más de la capacidad que el territorio puede albergar.

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Indicadores específicos para la minería del cobre (huellas de agua, de emisiones de gases invernadero y energética) indican una enorme presión sobre el medio ambiente, la cual es particularmente alta en el uso y degradación del agua (Figura 2A) y el consumo energético (Northey et al., 2013). En Chile, para el período 2014-2025 se proyecta un aumento de un 66% en el consumo de agua total en la minería del cobre, pasando de 14,8 a 24,6 m3/seg. Para este mismo período se doblaría la energía eléctrica necesaria en esta industria. Si bien se argumenta, que se aumentará el consumo de agua de mar, esto no ataca la raíz del problema ni tampoco se consideran las eventuales repercusiones en la biodiversidad marina ni las consecuencias poco exploradas de producir tal desequilibrio hídrico. Por otro lado, la minería lidera el consumo eléctrico nacional con cerca de un tercio del consumo, más del doble del total del consumo residencial (Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, 2008). Por ende, cuando se establece la idea de una crisis energética, lo que se esconde es que lo que está en crisis es el modo de crecimiento del extractivismo minero.

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III. Justicia ambiental y conflictos socioambientales en el extractivismo minero.

Los efectos negativos directos generados por el intenso modo de extracción de la industria minera y la presión que desarrolla en elementos vitales para el ser humano y otras especies, genera conflictos concretos tanto con las comunidades aledañas como también con aquellas que se ubican en sectores de carácter estratégico para la generación de energía. Es importante destacar que esta relación es siempre asimétrica, generándose una opresión desde los centros acumuladores de la riqueza hacia las periferias pobres, hacia donde se “externalizan” los efectos negativos del desarrollo (contaminación, escasez de recursos vitales, pérdida del territorio, etc.). Además, se genera un empobrecimiento en la autonomía de las comunidades periféricas a las cuales se les impone la participación en un modelo de desarrollo que las vuelve en extremo dependientes y que les quita el control de territorios que históricamente manejaban.

En este contexto se acuña el término Justicia Ambiental, entendido como el aseguramiento de que ningún grupo social, étnico, racial, socioeconómico o de género, deba soportar una mayor carga de las consecuencias ambientales negativas que se generen en su territorio, derivadas de las operaciones económicas (privadas o estatales) y la ausencia u omisión de políticas relacionadas con estas temáticas (Escalona et al., 2011). De esta manera, se observa que el extractivismo minero chileno es altamente nocivo en su relación con la comunidad en general. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de 97 conflictos socioambientales registrados en Chile, entre enero de 2011 y junio de 2012, un 34% guarda relación con minería y un 42% con energía (Escalona et al., 2011). Por otro lado, en el Mapa de Conflictos del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, Chile encabeza la lista con 35 de 205 conflictos socioambientales (OCMAL, 2015).

III.1 Falsas soluciones y la manipulación del concepto de sustentabilidad.

El empresariado minero, lejos de entender las demandas de las comunidades, las observa como impedimentos o “desafíos” para el crecimiento de la industria. Así, se orientan las soluciones de los conflictos a compensaciones económicas de las comunidades afectadas (Gudynas, 2011). Además, la creación de los departamentos de responsabilidad social son insuficientes y corresponden a un mejoramiento superficial a la hora de comprender la justicia ambiental. Como indica el informe de OCMAL, (2015): “es falso que las empresas mineras desarrollen infraestructura para las comunidades, ya que hacen obras para que transiten los equipos y el personal de las empresas mineras; que atiendan el derecho a la salud o educación de las comunidades, cuando lo que hacen es mercadeo con la pobreza, deducible de impuestos, contaminando el ambiente y desmejorando a corto, mediano y largo plazo la salud y las condiciones de vida de la gente”.

Por otro lado, la industria minera ha acuñado para sí el término de minería sustentable. Sin embargo, aquí el concepto se ha vaciado del contenido original referente al ambiente y, en cambio, se asocia a la mantención en el tiempo de los beneficios económicos y el alargamiento de la vida de los proyectos (Kirsch, 2010), o más simplemente, un “crecimiento sostenido”. Por otro lado, un proceso es sustentable cuando puede mantenerse en el tiempo, sin ayuda externa y sin que se produzca la escasez de los recursos existentes. De esta manera es impensable sostener, a menos que se intente distorsionar la realidad, que la minería es un proceso sustentable (Acosta, 2011).

IV. Ideas finales y preguntas abiertas

Este trabajo intenta abordar las consecuencias que tiene en el bienestar social la producción extractivista de la minería, particularmente el caso chileno. El enfoque utilizado se centra en analizar las razones ideológicas que soportan este modelo de producción (ideología del crecimiento) y las consecuencias socioambientales que genera éste. Se postula que el modelo extractivista minero es inviable en el mediano plazo ya que presenta un nivel de producción que no tiene sustento en la realidad material de la naturaleza. El fin último de esta producción no es otro que el beneficio económico de un grupo humano pequeño mientras que los graves conflictos socioambientales generados son externalizados a los grupos periféricos violando la Justicia Ambiental. Por otro lado, este modelo es incapaz de entregar un bienestar duradero a la sociedad en general, toda vez que tiende a reproducir la inequidad y relega a las generaciones futuras a enfrentar situaciones críticas a nivel ambiental.

Se considera que una verdadera preocupación por el bienestar social comienza con rechazar la idea de un modelo de producción que se justifique a sí mismo y no atienda a problemas centrados en las necesidades básicas de la gente. La sustentabilidad no está asegurada a priori y es una tarea política el generar un modo de satisfacer nuestras necesidades de una forma radicalmente distinta, acorde a los límites de la biosfera, con equidad y justicia social.

VII. Referencias
Acosta, A., 2011. Extractivismo y neoextractivismo: Dos caras de la misma maldición, in Lang, M. and Mokrani, D. eds., Más allá del Desarrollo, 83–118.
Bustelo, P., 1998. Teorías contemporáneas del desarrollo económico. Editorial Síntesis, Madrid.
CEPAL, 2014. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2014. Santiago de Chile.
COCHILCO, 2013. Inversión en la minería chilena: Cartera de proyectos 2013-2021.
Consejo Minero, 2014. Reporte anual Consejo Minero 2013-2014.
Escalona, D., González, V., Grez, F., and Mardones, M., 2011. Justicia ambiental y gran minería: La discriminación de las comunidades. Editorial Quimantú, Santiago de Chile.
Esteva, G., 2009. 1. Development, in Wolfang Sachs ed., The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power, 1–23.
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Gudynas, E., 2009. Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo: Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual. Extractivismo, política y sociedad, 187–225.
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Kerr, R. a., 2014. The coming copper peak. Science 343, 722–724.
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Veltmeyer, H., 2012, The Natural Resource Dynamics of Postneoliberalism in Latin America: New Developmentalism or Extractivist Imperialism?. Studies in Political Economy 90, 57–85.
World Gold Council, 2014, Gold Demand Trends: Second quarter 2014.

•    Espinoza, M. es estudiante del Doctorado en Ciencias Geológicas de la Universidad de Concepción; Ramírez, C.; Ferrando R.; y Álvarez, J. son geólogos del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN). El presente trabajo fue presentado en el XIV Congreso Geológico Chileno desarrollado en octubre de 2015 en La Serena, Región de Coquimbo, Chile.

Fuente: http://resumen.cl/2016/12/el-extractivismo-minero-en-chile-una-critica-a-la-ideologia-del-crecimiento-economico/

Noticias, Perú

CARTA DE MÁXIMA ACUÑA A DIRECTOR DE MINERA NEWMONT POR CASO CONGA

maxima_acuna_si Compartimos la carta abierta difundida recientemente por Máxima Acuña y su esposo Jaime Chaupe, dirigida al CEO y director de la empresa minera Newmont, Gary J. Goldberg, a la que pertenece Yanacocha. El contenido hace referencia a un informe realizado por encargo de la empresa respecto al conflicto con la familia Chaupe Acuña a raíz del proyecto minero Conga.

Aquí la carta abierta:

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europa sevilla
Internacional

La juez rechaza parar los trabajos en la mina de Aznalcóllar poue no se investiga el riesgo medioambiental

europa sevilla Argumenta la magistrada que sería desproporcionado paralizar las tareas de Minera Los Frailes y destaca que la Junta de Andalucía las controla de forma mensual

Los trabajos en la mina de Aznalcóllar no se paran, aunque la adjudicación del yacimiento se encuentre bajo investigación judicial por las presuntas irregularidades cometidas en el concurso convocado por la Junta de Andalucía. Tampoco ante la posibilidad de peligro para el medio ambiente. La juez que dirige la instrucción, Patricia Fernández, ha denegado la petición de la empresa que denunció el caso, Emerita Resources, de decretar la paralización de las tareas de exploración y restauración que ya lleva a cabo Minera Los Frailes, la compañía que se quedó finalmente con los derechos de explotación.

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COTEOM 1 678x330
Chile

Comunidad Miñi Miñe denuncia a mineras por destruir territorio ancestral

COTEOM 1 678x330Comunidades indígenas del interior de la Región de Tarapacá denunciaron daños al territorio ancestral por parte de empresas transnacionales que estudian el territorio para la explotación de minerales. Además indicaron que en ningún momento se ha consultado a los pobladores tal como lo establece el convenio 169 de la OIT.

Comunidades indígenas del interior de la Región de Tarapacá denunciaron daños al territorio ancestral por parte de empresas transnacionales que estudian el territorio para la explotación de minerales. Además indicaron que en ningún momento se ha consultado a los pobladores tal como lo establece el convenio 169 de la OIT.

Integrantes de la comunidad territorial originaria Miñi Miñe denunciaron a las empresa mineras australianas Riotinto y BHP Billiton de estar destruyendo el territorio ancestral aymara del interior de la región de Tarapacá.

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WhatsApp Image 2016 12 07 at 9 46 32 AM
Perú

Ejecutivo presentó Plan de Desarrollo Integral para Cotabambas y Progreso

WhatsApp Image 2016 12 07 at 9 46 32 AMLa propuesta del Plan de Desarrollo Integral para la provincia de Cotabambas y el distrito Progreso, según anunció hoy el Vicepresidente Martín Vizcarra, contaría con una inversión de S/. 2,055 millones en proyectos de infraestructura, actividades productivas, educación, salud y programas sociales.

Dicho fondo sería asumido por el Estado y la empresa minera según el detalle: 865 millones desde el gobierno nacional, 560 millones a través del Gobierno Regional de Apurímac, 30 millones desde la Municipalidad Provincial de Cotabambas y 600 millones serán los asumidos por la empresa minera MMG Las Bambas.

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radio nacional
Perú

LAS BAMBAS Y EL PLAZO QUE SE VENCE

radio nacionalEsta semana se vence el plazo de 45 días acordado entre el gobierno, las organizaciones sociales y autoridades de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas. Si bien el gobierno deberá llevar una propuesta de plan de desarrollo para la zona, la tarea es bastante más compleja: de lo que se trata es de comenzar a construir confianza en una zona del país donde precisamente el Estado ha estado permanentemente ausente y que para algunos hoy en día aparece en el mapa por el mega proyecto Las Bambas.

¿Qué está en juego en Las Bambas? A parte de responder a la emergencia y a lo que la Defensoría del Pueblo categoriza como un conflicto latente -casi a punto de estallar-, en este caso hay mucho en juego. Por ejemplo, Apurímac tiene muchas similitudes con la Cajamarca de inicios de la década del 90, cuando con la entrada en producción de la mina Yanacocha, esa región comenzaba a conocer lo que significa la producción minera a gran escala.

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