Es público y conocido que el 11 de agosto se desalojó la comunidad Shuar de Nankintz, ubicada en la zona afectada por el proyecto minero Pananza-San Carlos de la corporación china Tongling-Corriente Resources-ExplorCobres-EXSA. Esta comunidad fue fundada en el 2006 luego de que el campamento de Rosa de Oro de esta compañía minera fuera expulsado por la movilización popular en Morona Santiago sobre todo de los sectores campesinos y Shuar. La fundación de Nankintz fue un acuerdo entre todas las organizaciones y movimientos de campesinos, entre ellos la Coordinadora Campesina Popular CCP, pobladores de los sectores urbanos de la provincia y comunidades Shuar, que participaron en la resistencia que llevó a la expulsión de este y otros campamentos mineros en el 2006, así como a la suspensión de todas las actividades mineras en la provincia de Morona Santiago e incluso del proyecto Mirador en Zamora Chinchipe.
La Coordinadora Campesina Popular CCP y la Asociación de Campesinos de Limón Indanza ACLI y el Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía, organizaciones que han sido parte activa de la resistencia al megaproyecto Pananza-San Carlos desde hace más de una década, han venido haciendo desde el 11 de noviembre pronunciamientos públicos rechazando el desalojo, exigiendo la desmilitarización de la zona que se dio a raíz del mismo, y en contra de la violencia que estos hechos han generado en los últimos meses. Además ha realizado distintas acciones públicas y pacíficas para manifestar su rechazo y exigencia por los derechos, el territorio campesino y la Soberanía Nacional, como fue la «Caminata Campesina» que recorrió desde Limón a San Juan Bosco el 21 de agosto de 2016 (ver nota sobre la Caminata en: http://mingaccp.blogspot.com/2016/08/caminata-de-dignidad-por-los-derechos.html#links); así mismo fueron parte de los convocantes del «Tribunal contra la invasión minera imperialista», realizo el 2 de septiembre de 2016 en Cuenca (ver nota sobre el Tribunal enhttp://mingaccp.blogspot.com/2016/09/tribunal-popular-condeno-la-invasion.html).
Para el domingo 18 de diciembre de 2016 la CCP y ACLI estaban convocando una nueva Marcha en exigencia de la desmilitarización, los derechos campesinos y la soberanía, la cual iba a partir de San Miguel de Conchay hacia San Juan Bosco, sin embargo el 14 de diciembre se dieron los hechos que son de dominio público en sector donde la compañía minera ha levantado un campamento, y se decretó un estado de excepción por 30 días en toda la provincia de Morona Santiago, con lo que se boicoteó la Marcha, siendo suspendida al no contarse con las garantías democráticas para su realización.
Por la presencia, participación activa en la resistencia e historia de lucha consecuente e inclaudicable, cómo es lógico, miembros y dirigentes de la ACLI, Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonia y CCP, han venido siendo objeto de diversos actos violatorios a sus derechos humanos, en especial luego de los hechos registrados el 21 y 22 de noviembre, y 14 de diciembre que son de dominio público. En particular, los ataques han sido dirigidos a miembros y dirigentes de la ACLI y Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía en la parroquia San Miguel de Conchay, donde se han registrado interrogatorios ilegales por parte de la Tenienta Política junto con funcionarios del Ministerio del Interior, Comisaría Nacional de Policía y otros, allanamiento de casas y fincas por parte de la fuerza pública, intimidaciones, difamación, inicio de investigaciones previas en la Fiscalía de Limón por falsas acusaciones, entre otros. (Un resumen de los casos puede leer al final de esta nota).
Preocupa sobre manera la situación de Manuel Peláez Mayta, Vicepresidente de la Asociación de Campesinos de Limón Indanza ACLI y su familia, quienes está siendo blanco de una rabiosa persecución por parte del gobierno y la empresa, utilizando a pro-mineros de su propia comunidad. En los últimos días Manuel Peláez fue notificado para presentarse el 9 de enero de 2017 a rendir versiones en la Fiscalía de Limón por falsas acusaciones en su contra por parte de un trabajador de la empresa minera EXSA y una pro-minera de lo localidad, por lo que se ha iniciado las Investigaciones Previas No. 140301816120015 y 140301816120016 por el presunto delito de «INTIMIDACIÓN».
Manuel Peláez Mayta acudió el lunes 9 de enero a la Fiscalía y allí se le entregó una nueva denuncia en su contra por la que se ha abierto la Investigación Previa No. 140301817010002 por el presunto delito de «ABIGEATO». Estas investigaciones abiertas por la Fiscalía en contra del Vicepresidente de la ACLI, se suman a otras violaciones de derechos cometidas en su contra en las últimas semanas.
Para entender el por qué de esta persecución y criminalizción es importante hacer las siguientes puntualizaciones:
1. Morona Santiago es una provincia Amazónica donde conviven en la actualidad población nativa denomina «mestiza», campesina en su gran mayoría, producto de la colonización por parte de campesinos de región Andina, en especial de la provincia de Azuay, que desde hace 100 años llegaron a esta parte del Oriente ecuatoriano, y, la población Shuar.
Por tanto el área afectada por las concesiones de Tongling-Corriente Resources-ExplorCobres-EXSA, que son de más de 41 mil hectáreas, está conformada por comunidades campesinas y áreas de los centros Shuar, es decir, estas concesiones, no afectan sólo el territorio Shuar, sino el de la población campesina del sur de la provincia de Morona Santiago.
El proyecto Pananza-San Carlos, afecta directamente varias parroquias donde la mayoría, sino la totalidad de su población son campesinos: Pananza, San Miguel de Conchay y San Carlos de Limón, pertenecientes a los cantones de San Juan Bosco y Limón Indanza.
2. El campesinado ha jugado desde hace más de una década un papel activo en la resistencia a los megaproyectos de minería en la provincia, especialmente al Pananza-San Carlos. La conformación de la Coordinadora Campesina Popular CCP en el 2005, fue un hecho importante para el campesinado conciente y organizado de Morona Santiago, en particular del cantón Limón Indanza, donde posteriormente se formó la Asociación de Campesinos ACLI. Estas organizaciones han tenido una presencia activa, pública y pacífica en la zona en demanda de los derechos violados desde que se entregaron las concesiones a las empresas mineras en los años 90 del siglo pasado, sin que las comunidades campesinas e indígenas hayan sido informadas ni consultadas. En años posteriores se constituyó también el Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía para visibilizar la participación de las mujeres campesinas que resisten a la imposición de la megaminería en sus comunidades.
3. Los procesos de persecución y criminalización al sector campesino opuesto al megaproyecto minero Pananza-San Carlos, se dieron a la par con la emergencia del proceso de resistencia de los años 2005-2006. Por su participación en la resistencia a este megaproyecto, miembros de la CCP, ACLI, y otras personas, fueron blanco de una persecución con distintos procesos judiciales, algunos abiertos hasta el 2012 a pesar de la Amnistía otorgada por la Asamblea Constituyente del 2008. Por el desalojo del campamento de Rosa de Oro, dado en el 2006, Lina Solano Ortiz, Fernando Mejía y otras personas, fueron acusadas de delitos penales como «invasión de edificios» y «robo», con falsas acusaciones de haber ingresado al campamento minero a la cabeza de un grupo armado, haber atentado contra la vida de los trabajadores de la empresa y robado pertenecías de ExplorCobres por más de 20 mil dólares, mentiras que la empresa jamás pudo probar. Igualmente Vicente Zhunio Samaniego, miembro de la CCP y ex Presidente de la ACLI, fue herido, secuestrado por la policía en Indanza, y privado injustamente de su libertad, durante las protestas comunitarias del 5 de enero de 2009 en contra la aprobación de las reformas a la ley de minería. Estos entre otros hechos se han venido registrando contra miembros de la ACLI y CCP en estos años de lucha.
4. Desde el 2006 en que se fundó la comunidad de Nankintz, nativos mestizos y Shuar de las parroquias de Pananza, San Miguel de Conchay y San Carlos de Limón, han convivido en paz, por lo que la CCP y ACLI han sido enfáticas en rechazar la violencia por parte del Estado, gobierno y la compañía minera que se ha desatado con el desalojo de Nankintz, la militarización y de la zona, y ha señalado que la presencia de la fuerza pública, así como el estado de excepción, lejos de solucionar el problema lo profundizarán. Pero también han manifestado que ni la ACLI, ni la CCP, ni el Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía, tienen relación alguna con los hechos de violencia registrados a partir del 11 de agosto, y otros que según el gobierno se estarían dando, y en base a los que trata de justificar la militarización y el estado de excepción en Morona Santiago.
Por todo lo señalado anteriormente, preocupa la distorsión y desinformación que se difunde por parte del gobierno y la empresa minera que pretenden ocultar el rechazo que la población campesina ha venido realizando a este proyecto por más de una década, y la persecución sin cuartel que ha emprendido contra la ACLI para tratar de impedir la movilización del campesinado.
Pero también preocupa que ciertos medios de comunicación, partidos políticos, instituciones y ongs, muestren el problema como si sólo la población indígena Shuar fuera la afectada por el megaproyecto Pananza-San Carlos, como si sólo los Shuar hubieran resistido a la invasión minera en Morona Santiago, y que por tanto, sólo los Shuar son los que están siendo perseguidos y criminalizados a partir del 11 de agosto de 2016. La propia realidad desmiente esto, ya que de los presos que actualmente se encuentran en Latacunga y están siendo criminalizados, acusados de «tentativa de asesinato», la mayoría son campesinos mestizos de la comunidad de Pananza, quienes han venido manifestando su oposición al proyecto minero desde hace más de una década.
Invisibilizar la delicada situación que está viviendo el campesinado opuesto al megaproyecto minero Pananza-San Carlos particularmente los miembros y dirigentes de la ACLI y del Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía en San Miguel de Conchay, es atentatorio también a sus derechos, y sobre todo, profundiza la situación de vulnerabilidad y el riesgo a la que están expuestos.
Ante esta situación, y por el riesgo en el que se encuentran las y los compañeros de la ACLI, CCP y Guardianas de la Amazonía, el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama ha dado su apoyo y solidaridad activa por lo que, entre otras actividades, está recogiendo información sobre la resistencia del campesinado al proyecto minero Pananza-San Carlos, a fin de fundamentar, documentar, denunciar y difundir los casos de violaciones de derechos, persecución y criminalización que se están registrando por la violencia desatada por el gobierno y el Estado de Ecuador para proteger los intereses de la corporación transnacional china Tongling-Corriente Resources-ExplorCobres-EXSA.
El Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama rechaza la persecución y criminalización que el gobierno, Estado y empresa minera, vienen haciendo en contra de las y los campesinos que se oponen a la minería en Morona Santiago, particularmente a las y los compañeros de la ACLI, CCP y Guardianas de la Amazonía, así como la violencia que han desatado desde el 11 de agosto, la militarización y el estado de excepción para imponer el megaproyecto Pananza-San Carlos.
El Frente solicita a las instituciones, organismos nacionales e internacionales de defensa de los Derechos Humanos, y de defensa de las y los Defensores de los Derechos Humanos, su actuación para tomar medidas tendientes a exigir al gobierno y Estado de Ecuador, garantizar la vida, integridad. libertad y demás derechos de miembros y familiares de los socios de la Asociación de Campesinos de Limón Indanza a ACLI, de la Coordinadora Campesina Popular CCP y del Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía, así como de toda la población campesinas que se opone al megaproyecto Pananza-San Carlos.
Solicita además a los periodistas y medios de comunicación apoyar con la difusión de la situación de riesgo en la que se encuentra el campesinado en la zona afectada por este megaproyecto, la militarización y estado de excepción, en particular de las y los compañeros de la ACLI y Guardianas de la Amazonía de la parroquia San Miguel de Conchay.
A continuación un RESUMEN actualizado de los casos documentados, y un video con las denuncias de algunos de las personas afectadas, grabado en la sede del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, el 19 de diciembre de 2016.
1. CENSURA PREVIA CONTRA INTEGRNTE DE LA CCP POR PARTE DE RADIO VOZ DEL UPANO
El 22 de noviembre de 2016 Lina Solano Ortiz, miembro del Directorio del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, de la Coordinadora Campesina Popular CCP, y Presidenta de la Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM, hizo una solicitud formal al Padre Marcos Cuenca Director de la radio Voz del Upano, perteneciente a la Vicaría Apostólica de Méndez, con el fin de dar a conocer a la opinión pública el pronunciamiento de las organizaciones a las que representa a cerca de lo que había acontecido el día anterior en Pananza del cantón San Juan Bosco, en el sector denominado Nankintz. Dicha solicitud fue negada mediante mensaje de respuesta de la Secretaría de la radio, aduciendo que «la información sobre este caso se esta llevando en absoluta confidencialidad segun manifesto el Gobernador». Hacemos notar que para esa fecha (22 de noviembre de 2016), no existía ningún estado de excepción que hubiera quitado el derecho a la libertad de expresión y opinión, o impuesto la censura en los medios.
2. PERSECUCIÓN Y CRIMINALIZACIÓN A MANUEL PELÁEZ MAYTA, VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DE LIMÓN INDANZA ACLI
2.1. Interrogatorio ilegal para intimidación
El 13 de diciembre de 2016 (un día antes del decreto de estado de excepción en Morona Santiago), Manuel Peláez Mayta, fue llamado a la Tenencia Política de San Miguel de Conchay mediante una boleta ilegal que solo decía «arreglar inconvenientes». Cuando acudió a la Tenencia fue sometido a un interrogatorio sobre la marcha que la ACLI convocaba para el 18 de diciembre, y sobre un ganado robado a Polibio Tapia, Presidente de la Junta Parroquial de San Miguel de Conchay (pro-minero). En este interrogatorio participaron 3 individuos que se identificaron como Diego Ruiz del Ministerio del Interior, Alexandro Cabrera de la Comisaría Nacional de Polícia, y Edgar Jaramillo de un supuesto Comité Ciudadano. Manuel Peláez fue sometido a este interrogatorio sin la presencia de un abogado.
2.2. Detención ilegal para allanamientos por parte de la fuerza pública
El domingo 18 de diciembre de 2016, en medio del estado de excepción decretado en Morona Santiago desde el 14 de diciembre, Manuel Peláez Mayta fue detenido por un gran número de policías y militares mientras llegaba de su finca al pueblo de San Miguel de Conchay en donde tiene su residencia. Fue obligado a abrir las puertas de su casa y su finca, para una requisa por parte de la fuerza pública en busca de «armas».
2.3. Calumnias por parte del Presidente de la Junta Parroquial de San Miguel de Conchay (pro-minero)
Polibio Tapia, Presidente de la Junta Parroquial de San Miguel de Conchay, quien durante su período ha firmado varios convenios con la empresa minera Tongling-Corriente Resources-ExplorCobres-EXSA, se ha dedicado a regar una serie de mentiras en contra de Manuel Peláez, acusándole de haber contratado gente para que lo maten y del robo de ganado de su finca. El individuo lanza estas acusaciones falsas y temerarias en la comunidad, a familiares de Manuel Peláez en el exterior, e incluso ha llegado a intimidar a sus hijos menores de edad con este tipo de calumnias.
2.4. Intimidación con falsas acusaciones en la Fiscalía
El 5 de diciembre Manuel Peláez recibió una notificación de la Fiscalía del cantón Limón Indanza, mediante Oficio de fecha 23 de diciembre de 2016, en el que se le cita para el 9 de diciembre a rendir versión por una denuncia puesta por Juan Carlos Mogrovejo Suconota (trabajador de EXSA) y María Ermelinda Peláez Mayta (pro-minera), quienes dicen haber sido amenazados por Manuel Peláez, según consta en las correspondientes denuncias tipificadas como presunta «INTIMIDACIÓN», por la que la Fiscalía ha abierto las Investigaciones Previas No.140301816120015 y 140301816120016.
Cuando se presentó en la Fiscalía el día 9 de enero, se le entregó una nueva citación por otra Investigación Previa No. 140301817010002, que se ha abierto por el presunto delito de «ABIGEATO», por la denuncia puesta por Polibio Tapia, Presidente de la Junta Parroquial, a quien se refiere el numeral anterior.
3. ALLANAMIENTO DE VIVIENDA DE CAMPESINA DE 80 AÑOS DEL FRENTE DE MUJERES GUARDIANAS DE LA AMAZONÍA Y SOCIA DE LA ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DE LIMÓN INDANZA ACLI
El 17 de diciembre de 2016 alrededor de las 9 am, un grupo de policías y militares llegaron a la casa de Teresa Mayta en San Miguel de Conchay, campesina de 80 años, integrante del Frente de Mujeres Guardianas d la Amazonía y de la ACLI, quien además es madre de Manuel Peláez Mayta. Los uniformados le hicieron abrir las puertas «a la brava» e ingresaron revisando todas las habitaciones, rebuscando hasta en los tumbados, levantando tablas y preguntando ¿dónde están las armas? Los uniformados filmaron la casa y la filmaron a ella y luego de constatar que no había nada de lo que supuestamente buscaban se retiraron. Acompañaba al contingente policial-militar un conocido pro-minero del pueblo de nombre Hernán Samaniego.
4. ALLANAMIENTO DE VIVIENDA Y DETENCIÓN DE CAMPESINA INTEGRANTE DEL FRENTE DE MUJERES GUARDIANAS DE LA AMAZONÍA Y DE LA ASOCIACIÓN DE CAMPESINA DE LIMÓN INDANZA ACLI
El domingo 18 de diciembre de 2016 por la tarde, llegaron gran número de policías y militares a la casa de Rosario López, exigiéndole que abra las puertas para ingresar, que si no lo hacía ellos iban a entrar rompiendo las puertas. Ella procedió a abrir las puertas y los uniformados subieron hasta el tercer piso de su casa, desde donde comenzaron a revolver todo en busca de «armas». Posterior al allanamiento Rosario López se disponía a salir de San Miguel de Conchay en el transporte público hacia Cuenca donde tenía que asistir a una rueda de prensa programada para el lunes 19, cuando fue detenida por la policía quienes le pidieron y retuvieron su cédula de identidad y otros documentos personales, procedieron a revisar todo su equipaje, le obligaron a bajar del bus, y la trasladaron escoltada por un gran número de personal, hasta el centro del pueblo. Allí le mantuvieron por casi una hora y luego la dejaron en libertad.
5. ALLANAMIENTO DE VIVIENDA E INTIMIDACIÓN DE CAMPESINO INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DE LIMÓN INDANZA ACLI
El sábado 17 de diciembre de 2016 como a las 10 de la mañana, Luis Quiroga, integrante de la ACLI, se dirigía a San Miguel de Conchay en su vehículo, cuando fue detenido por la policía. Se le ordenó que se baja del carro y comenzaron a revisar todo, retirando las butacas, diciendo que buscaban «armas». Como no encontraron nada le dejaron pasar.
El domingo 18 de diciembre de 2016 por la tarde, llegó a su casa en San Miguel de Conchay y encontró las puertas rotas. Todo había sido revuelto en todas las habitaciones. El compañero se hizo presente a los jefes del operativo para reclamar por lo ocurrido en su vivienda y pidió a su hija que tome una foto como evidencia de la forma en la que encontró su casa, por lo que los militares, fusil en mano, le obligaron a borrar la foto del celular.
Fuente:http://www.aporrea.org/internacionales/n302639.html
Piden que se suspendan las obras hidroeléctricas en el país. Abanderados por el Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (Miocup), los inconformes tomaron pacíficamente las instalaciones de la Minera Autlán. A estas protestas también se sumaron activistas de la Sierra Negra.
Cotuí.- Habitantes de varias comunidades campesinas de este municipio se aopostaron este lunes en la parte frontal de la minera Laguna Limitad para protestar por supuesta contaminación.
La comisión enviada a San Juan por el ministerio de Ambiente nacional, para inspeccionar la zona donde ocurrió el último derrame de la minera multinacional Barrick Gold, comenzó hoy un ascenso de 5.000 metros hacia el complejo Pascua Lama, donde tomará muestras de agua del túnel binacional y las piletas de tratamiento, al tiempo que verificará lo informado por la empresa.
La explicación dejó un mar de dudas y algunos ambientalistas desconfían de las palabras de la minera que provocó varios vertidos de cianuro a los ríos del norte sanjuanino
Es el primer yacimiento explorado por la Corporación Minera Bolivia (Comibol) pues las operaciones estatales mineras actuales son herencia de los barones del estaño. Entrará en funcionamiento este año al igual que otros tres proyectos
El Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE) resolvió este jueves desestimar la solicitud de disolución de la Corporación Acción Ecológica presentada por el Ministerio del Interior el pasado 19 de diciembre, por considerar que la organización ambientalista incurrió en acciones políticas y de desestabilización durante las protestas de grupos indígenas shuar en la provincia amazónica de Morona Santiago.
El ministro César Navarro informó el miércoles que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) ya resolvió revertir para el Estado siete áreas mineras en las faldas del Cerro Rico de Potosí que se otorgaron a cooperativas mineras, pero estaban siendo explotadas por la empresa privada Manquiri.
El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda, afirmó que la actividad de las cooperativas mineras asentadas en San Ramón, en el departamento de Santa Cruz, vuelven improductivas las tierras y dañan las afluentes de los ríos que sirven en muchos casos para el riesgo de cultivos agrícolas.
La sombra de la corrupción sobrevuela la mina que causó uno de los mayores desastresmedioambientales de la historia de España. A las dudas sobre la reapertura de la explotación de metales de Aznalcóllar (Sevilla), que tras un accidente en el que se rompió la balsa de decantación de la mina vertió más de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y aguas ácidas ricas en cinc y arsénico al río Guadiamar en 1998, afectando a 4.634 hectáreas en el entorno del parque de Doñana, se suman las existentes sobre la legalidad de su adjudicación.