Nicaragua

Marcharán contra empresas mineras

El año pasado, centenares de campesinos indígenas, encabezados por líderes comunitarios de la iglesia católica, marcharon en ese entonces por las calles del poblado de San José de Cusmapa, municipio del departamento de Madriz, exigiendo al gobierno y a las autoridades de la comuna, parar el despale indiscriminado de los bosques de pinos y que ya causaron daños irreparables en las fuentes hídricas.

Nuevamente los líderes de la iglesia católica, de las 12 comunidades que conforman este municipio han convocado a las familias del campo a que salgan y marchen con pancartas y mantas la mañana del jueves 28 de septiembre hasta el poblado de Cusmapa, en Madriz, para demandar y ser escuchados por el gobierno de la república a que no se permita la explotación de la minería en esa zona, el cual se ha visto afectado por el despale de los bosques de pino y los daños ambientales.

En un comunicado emitido por el sacerdote de esa localidad se convoca a una marcha en contra de la minería en esa zona.

«La Iglesia Católica llama a todas las instituciones que profesan la Fe Cristiana de San José de Cusmapa a participar en la marcha de protesta a la actividad minera y en respaldo a los habitantes de las comunidades afectadas por concesiones otorgadas a la Empresa Minera Recursos (ENCINAL) con sede en el municipio de Limay, departamento de Estelí», señala la nota hecha llegar a los periodistas.

La marcha está prevista para las 9:00 de la mañana del 28 de septiembre, y saldrá de la comunidad de Imires, sector de la Balastrera.

«Yo voy a participar porque estoy en contra de la explotación minera que va a afectar los recursos naturales y silvestres de muchas comunidades de este municipio, a como ya sucedió con los bosques de pino que nos ha dejado sin agua», dijo Javier Herrera, líder comunitario de San José de Cusmapa.

Fuente: http://www.radioabc.info/noticia.php?ID=12436

Mexico

Descubren que mineras ocultan dos proyectos más que devastarán el ambiente en Veracruz

La minera Caballo Blanco SA de CV filial de la canadiense Calendaria Mining oculta información de al menos dos proyectos más de explotación  de minería a cielo abierto de oro y plata en la región de Alto Lucero y Actopan que devastarían ambientalmente la región, señalaron investigadores expertos.

Aunque solo pidió permiso de explotación para el Proyecto La Paila, en su página de internet para inversionistas revela que hay otros cuatro proyecto viables con altas concentraciones de mineral: Autopista (Highway North), Las Cuevas, Bandera Norte y Bandera Sur. Además de otros dos :  La Cruz y  Red Valley donde hay indicios de mineral.

Hasta el momento, la minera solo ha presentado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), una Manifestación de Impacto Ambiental por el proyecto de La Paila, y dos informes preventivos para anunciar la exploración de Bandera Norte y Highway North.

Sin embargo, en su página internet señala que estos proyectos le  permitirá ampliarse nueve kilómetros al sur de La Paila en lo que  denominan la zona de la autopista, “La Compañía identificó estos objetivos como de alta prioridad siguiendo un programa de muestreo detallado basado en los resultados de la geoquímica extensiva y estudios geofísicos”.

La minera revela a los inversionistas que se están preparando los permisos de exploración para un programa de perforación de 7 mil 500 metros de estos puntos.

Necesaria  una MIA regionalizada para conocer el impacto ambiental real de la minera

Sobre el tema, la investigadora del Instituto de Ecología AC, Patricia Moreno Cassaola advirtió que la empresa debería presentar una MIA regionalizada para conocer cuál será el verdadero impacto ambiental a esta región, y no solo una parte del proyecto.

A su consideración esta solo es una forma “mañosa” de la empresa de presentar el proyecto, para evitar dar a conocer los daños ambientales reales a esta región,  también dijo es preocupante que la Semarnat este aceptado esto.

Señaló que además de su cercanía de apenas 3.08 kilómetros con la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, lo que ya representa un grave riesgo, esta minería a cielo abierto es altamente tóxica, pues utiliza altas concentraciones de químicos como cianuro lo cual podría afectar el mantos freáticos de la montaña que llegan hasta  30 comunidades cercanas al proyecto.

Advirtió que la Minera contrató a una empresa experta para rehacer la MIA – que había sido presentada y rechazada en 2012-, y aunque mejoró algunas cuestiones técnicas,  sobre todo de la seguridad de las Pailas donde se verterá el acido y agua, hay temas que no cambian como su cercanía con Laguna Verde un regiones como La Mancha, que es un sitio ramsar protegido.

La investigadora consideró el proyecto altamente riesgoso para la zona, pues dijo la autoridad ambiental no tiene capacidad para vigilar el proyecto, ni que se cumplan la normativa para impedir contaminación en la región.

Bosque de encinares será imposible recuperar a corto plazo: Investigador

Javier Laborde Dovalí, también investigador del Instituto de Ecología AC. (Inecol, cuestionó que habría que preguntar cuántas mineras a cielo abierto están cerca de una planta nuclear, pues aunque la minera dice que no habrá afectación, debería consultarse a un experto independiente que pueda hablar sobre ese tema.

“ Nos preocupa que al hacer el tajo a cielo abierto en este cerro, puedan estar cambiando las cargas y pesos, porque son toneladas de rocas, que se vaya a desparramar algo y azolvar las lagunas de enfriamiento de la central nuclear”, dijo.

El experto señaló que la zona de Paila donde realizaran el proyecto hay un bosque de encino y selva caducifolia,  y es uno de los fragmentos de vegetación forestal más conservados a lo largo de la costa del Golfo de México.

“ Los encinales tropicales son únicos porque están de frente al mar, por lo que reciben la humedad del golfo de México, están cargado  de pifitas, y abajo está lleno de cicadas, no hay otro lugar solo en La Paila con estas características, además de flora y fauna como venados”, explicó.

De acuerdo a la MIA del proyecto, el tajo y el cielo abierto se establecerán en al menos 265 hectáreas de uso forestal, de las cuales el 30 % es bosque de encino y el 20%  es selva baja.

Detalló que la zona que la minera pretende explorar es también uno de los corredores de aves migratorias más grande del mundo.

Consideró  que las condiciones ambientales de Veracruz son precarias debido a que muchas zonas fueron devastadas por el trabajo agropecuario, por lo que solo quedan montañas, y una actividad minera ahí devastaría la región.

“Le pido a Semarnat que no tomen toda la opinión de la empresa, Un bosque genera agua limpia, está filtrada por la vegetación, genera oxigeno, servicios ecosistemicos, que no son fáciles de estimar, por lo que es necesario hacer una análisis más profundo del proyecto”, dijo.

Cuestionó que en la MIA, la minera explica que explotará seis  años  el tajo ( a cielo abierto) y luego destinará tres años para remedición, lo cual es prácticamente imposible, pues se necesitan varios años para restablecer el hábitat de encinares, y hay animales como venados que no podrían vivir ahí en un bosque joven.

El investigador también cuestionó que la empresa no ha dicho claramente a las comunidades afectadas cuáles son los proyectos completos a explorar, y en cambio intenta comprar  a la comunidad a través de apoyos, para ir ganando su confianza.

Advirtió que el impacto ambiental es una mayor magnitud de la que están informando, y se minimizan los impactados ambientales a la fauna del lugar  “ promete remediaciones, que es complicado que pueda cumplir”.

La Manifestación de Impacto Ambiental está siendo analizada por al menos 40 expertos investigadores de la Universidad Autónoma de México (UNAM), la Universidad Veracruzana y el Instituto de Ecología AC, para emitir una opinión técnica y fundamentada ante la Semarnat el próximo 28 de septiembre, fecha en que se vence el plazo abierto a la consulta pública.

 

¿ Qué es el proyecto La Paila?

El proyecto minero La Paila para explotación de minería a cielo abierto en Alto Lucero, contempla la explotación de al menos 521 mil onzas de oro y 2 mil 170 de plata,  un total de 52 mil 910 toneladas de minerales  que se extraerán de los cerros.

Las exploraciones del proyecto iniciaron desde hace 17 años, en el 2010, y aunque fueron frenadas en 2012, estas continuaron explorando en el cerro de La Paila ubicado frente a la central nucleoeléctrica Laguna Verde a unos 3.08 kilómetros.

Para su extraer el material se utilizarán explosivos para dinamitar el cerro y cianuro combinado con agua para extraer el minera de las rocas.

El proyecto comprende obras mineras tales como tajo, tepetatera, patio de lixiviación, piletas de soluciones y planta ADR.

El proyecto está agrupado en once polígonos de 361 hectáreas, tres de los cuales corresponden a las obras de mayores dimensiones como son el tajo, la tepetatera y el patio de lixiviación.

De acuerdo a la Manifestación de Impacto Ambiental de la empresa, el proyecto se dividirá en tres etapas:  la de preparación del sitio y construcción con duración de un año, que incluye: Apertura de caminos, desmontes, despalmes, movimiento de tierras, compactación, perforación de pozos de agua, impermeabilización, colocación de drenajes y construcción de instalaciones entre otros.

La operación, que tendrá una duración de cinco años y representa las  mayores afectaciones al medio ambiente y donde los impactos ambientales resultan más evidentes.

La clausura y Restauración,  con una duración de 3 años, contempla las acciones para recuperar la cubierta vegetal del sitio, cierre y clausura de la mina.

De la superficie total de 361.85 hectáreas al menos  265 hectáreas corresponden a vegetación forestal, correspondiente a bosque de encino (32.92%), selva baja Caducifolia (20.62%) y vegetación secundaria de selva baja Caducifolia (14.67%).

En la MIA también se contempla que al menos 20 comunidades  que pudieran verse afectadas por la dispersión de contaminantes en la temporada de secas.

Fuente: https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=131501&s=4

Bolivia

Agua e información

Según estimaciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), la provisión de agua potable en la ciudad de Potosí está garantizada solo hasta octubre. Se trata de una crisis de grandes proporciones agravada por el hecho de que la minería utiliza gran parte de este escaso elemento, y cuyos trabajadores rechazan cualquier restricción.

Por ejemplo, después de que se hiciese público este sombrío panorama, el Secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) descartó la paralización de la explotación minera en Potosí, en tanto los ingresos de las familias y del propio departamento dependen de la minería. Un argumento ciertamente veraz, pero que lejos de contribuir a la búsqueda de soluciones limita aún más las opciones para enfrentar el profundo desabastecimiento de agua que se cierne sobre la Villa Imperial, y que amenaza con mermar la salud, el bienestar y el desarrollo de la población potosina.

Ahora bien, como ocurre con todas las crisis, la que suscita este comentario ha tenido la virtud de poner en evidencia aspectos claves relacionados con la escasez de agua en el país en general, siendo uno de ellos el manejo de la información. Huelga recordar que las primeras voces de alarma respecto a la relación entre la minería y el desabastecimiento del líquido elemento en Potosí surgieron recién a mediados de julio, cuando el diputado oficialista Víctor Borda, alertado por un reportaje periodístico, realizó un inspección en la que pudo constatar varias tuberías instaladas en la red de distribución utilizadas para desviar agua a al menos ocho ingenios mineros. Esto pese a que desde finales de 2015 la provisión de agua se ha reducido en un 50% en la ciudad de Potosí, afectando a la mayoría de los barrios y en especial a las zonas altas, que reciben el líquido elemento solo una vez a la semana durante dos horas.

Frente a esta denuncia, el gerente general de la Administración Autónoma Para Obras Sanitarias Potosí (AAPOS), Rolando Montesinos, se limitó a negar la existencia de conexiones clandestinas en favor de los ingenios, argumentando que el agua desviada era utilizada para el consumo de los mineros. A su vez, las autoridades locales aún no han respondido a la interpelación interpuesta por diputados de la oposición para saber qué acciones se están realizando desde la municipalidad para revertir esta situación.

Se trata de ejemplos concretos que ponen en relieve la ausencia de información relevante respecto a asuntos claves como la provisión de agua potable en ciudades como Potosí, así como deficiencias en la comunicación entre las instituciones estatales, organismos privados y la sociedad civil en general. Información que dicho sea de paso resulta esencial para encarar y evitar crisis como la que hoy atraviesa la Villa Imperial.

Fuente: http://www.la-razon.com/opinion/editorial/Agua-informacion_0_2790920882.html

Mexico

Amenazas por resistencia a minería en Chicomuselo

Amenazas de muerte, retiro de sus derechos ejidales son algunas de las presiones que los integrantes del comité para la promoción y defensa de la vida “Samuel Ruiz”, denunciaron por la resistencia que han realizado ante las nuevas intenciones de establecer una mina de extracción varita.
Estas acciones han sido denunciadas ante el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, cuyo integrante Francisco González Gutiérrez, denunció que incluso el párroco de esa localidad, Eleazar Juárez, ha recibido amenazas por apoyar a campesinos que se oponen a la actividad extractiva.
“Existe una preocupación por la desatención del ejecutivo del estado,  interno en el ejido Ricardo Flores Magón del municipio de Chicomuselo, la última agresión se dio el 14 de mayo, fue una amenaza de muerte en contra de quienes realizaban la una actividad”.
Fue Isidro López Alvarado quien amenazó con  arma de fuego, por lo que tuvieron que demandar penalmente, “aunque reconoció los hechos y se comprometió a respetar a las personas, existe aún temor por otras personas que están de acuerdo con la extracción minera” expuso.
Por su parte, Silvestre Hernández Sánchez, agente municipal y ejidatario de la colonia Ricardo Flores Magón, comentó que existe temor a que se repita una situación similar a la del 2009, cuando Mariano Abarca Roblero fue asesinado por defender los derechos de los comuneros y oponerse a la extracción minera.
“La insistencia de compañías mineras por reiniciar la actividad extractiva en distintas comunidades del municipio de Chicomuselo, sigue generando división en el tejido social. Estas empresas se aprovechan de la pobreza de nuestra gente ofreciendo dinero para que acepten el proyecto minero”, insistió.
Pese a que se ha dicho que la actividad minera se ha detenido en esa zona, la empresa Minera Barita de Chiapas, representada por Alfonso Alarcón ha negociado el reinicio de sus actividades negociando y engañando a comuneros del ejido Flores Magón y ejido Grecia para que en esa parte pase la extracción de barita.
En Chicomuselo existen 12 concesiones mineras con vigencia hasta el 2059, todas fueron otorgadas sin previo consenso de los comuneros.
Anunciaron que realización una mega peregrinación denominada “Movimiento contra la Explotación Minera y el Despojo de la Tierra” para protestar en contra del reinicio de la actividad minera.  Se prevé que sea el 02 de octubre de la comunidad Flores Magón a la cabecera municipal.

Fuente: http://www.diariodechiapas.com/landing/amenazas-por-resistencia-a-mineria-en-chicomuselo/

Chile

“Un avasallamiento mediático”

Referentes de pueblos originarios, académicos y periodistas alertaron sobre los discursos discriminatorios y estigmatizantes expresados desde los medios hegemónicos de comunicación respecto de la comunidad mapuche, en el marco del caso Maldonado.

“Ayer salvajes, hoy nos dicen terroristas. Siempre justificando su violencia con mentiras”, canta el grupo de rock mapuche Puel Kona y resume el sentir de comunidades indígenas, periodistas y académicos sobre la campaña mediática contra el pueblo mapuche. Cuestionaron a diarios, radios y canales porteños por su posturas “racistas” y que estigmatizan a los pueblos indígenas. El fondo de la represión y su justificación mediática: el extractivismo (minero, petrolero, forestal, hidroeléctrico) que intenta avanzar sobre la Patagonia.

“Violencia, anarquía y apoyo externo. Grupos mapuches que tienen en vilo a Chile y Argentina” (Infobae). “Denuncian vínculos de grupos mapuches con las FARC” (Perfil). “Facundo Jones Huala, el mapuche violento que le declaró la guerra a la Argentina” (Clarín). “Violencia mapuche en Chubut” (La Nación). Sólo algunos ejemplos de artículos publicados por diarios y portales porteños. Radios y canales de televisión tuvieron abordajes similares, donde nunca se mencionan los derechos vigentes de los pueblos indígenas y siempre se los acusa de violencia.

Ailín Pirén es werken (vocera) del Lof Puel Pvjv, de la Confederación Mapuche de Neuquén. Afirmó que es un momento de “gran preocupación por la represión y negación de derechos del Estado, pero también por el avasallamiento mediático” que legitima la avanzada contra los indígenas. “Es una práctica permanente de los medios de comunicación, en sintonía con el poder económico y político, contra los mapuches, pero ahora han redoblado una campaña de estigmatización y racismo”, afirmó la vocera.

Remarcó que se trata de una política de negación de derechos desde el Estado y que busca quedarse con los territorios indígenas. A modo de ejemplo, su comunidad, Lof Puel Pvjv, sufre la embestida del poder político (negación de personería jurídica) y del poder judicial (que ordena el desalojo por no contar con esa personería jurídica).

Ignacio Prafil es vocero del Parlamento Mapuche de Río Negro y fue tajante: “Respetamos a los periodistas que nos respetan. Y en los grandes medios no hay muchos que respetemos”. Afirmó que a la mayor parte de la prensa comercial de la Patagonia y Buenos Aires le molesta el indígena que lucha, y en los últimos años “se hizo muy evidente el discurso racista y al mismo tiempo servil al poder económico y político”. También cuestionó que los periodistas escriben sin conocer la realidad de los territorios.

Entre los tópicos más comunes de los medios sobresale la supuesta chilenidad del pueblo mapuche. Desde hace décadas, distintas organizaciones indígenas aclaran que se trata de un pueblo preexistente a la conformación de los Estados nación. Y, de forma periódica, la academia intenta explicar lo ya sabido: “Los mapuches no son araucanos de origen chileno y no exterminaron a los tehuelches. Los mapuches no son ‘indios chilenos’, sino pueblos preexistentes. Esto significa que vivían en estos territorios antes de que existieran los Estados”, precisaron una veintena de investigadores del Conicet en enero pasado.

Prafil destacó que lo prioritario es la aparición con vida de Santiago Maldonado. Aclaró que decenas de comunidades mapuches tomaron distancia de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y apuntó al fondo de la represión y la campaña mediática: “El Presidente, sus ministros y empresas amigas quieren nuestros territorios. Pero que sepan que la lucha va a seguir, responderemos con más organización indígena”.

Adrián Moyano es periodista de Bariloche, licenciado en Ciencias Políticas y autor de tres libros de historia mapuche. “La mayoría de los medios evidencian un gran desconocimiento sobre las formas de organización mapuche y sobre la historia. Son un pueblo originario, no pudieron venir de Chile porque algunos grupos pertenecientes a la gran cultura mapuche ya estaban en la actual jurisdicción argentina”, explicó. Afirmó que en los medios masivos de la Patagonia es recurrente el tratamiento racista de la lucha mapuche, pero sí es novedad una cobertura similar (y sostenida durante semanas) de los diarios porteños.

Moyano alertó que la campaña mediática antimapuche responde a que “se avecina una profundización del modelo extractivista, de la mano de la ‘lluvia de inversiones’ a la que apuesta el actual gobierno nacional”. Citó el ejemplo con la reactivación del proyecto hidroeléctrico La Elena (sobre el río Corcovado, para abastecer a la industria del aluminio). “Si los medios logran instalar el concepto de ‘enemigo interno’ en relación con el pueblo mapuche, es obvio que probables situaciones de represión serán toleradas o inclusive avaladas por el conjunto de la opinión pública”, advirtió Moyano.

Recordó que en la Patagonia viven más de 260 comunidades mapuches y no le parece inocente que por el accionar de una organización (RAM) se intente cuestionar a todo el pueblo mapuche.

La vocera Ailín Pirén, de Neuquén, aclaró que la política represiva (tanto del Estado como de los medios de comunicación) “no comienza ahora, lo hicieron todos los gobiernos” y recordó que el Estado argentino “tiene una deuda histórica” con los pueblos indígenas (por el genocidio cometido).

Por contraposición al accionar de los medios masivos, Pirén destacó el rol de los medios comunitarios, alternativos, cooperativos: “Son periodistas a los que les interesa escuchar nuestra voz, aún quizá sin estar de acuerdo. Son medios comprometidos con la verdad y la justicia, no con los negocios del poder”.

En Chubut, ocho comunidades mapuche-tehuelche se congregaron para analizar y expedirse sobre la situación local. Exigieron la aparición con vida de Santiago Maldonado, repudiaron el accionar represivo del Estado y también apuntaron al rol de los medios de comunicación: “Nunca convalidaremos el silenciamiento, la desinformación, la negligencia, el miedo, el agravio a la vida, las mentiras”.

Fuente:https://www.pagina12.com.ar/65228-un-avasallamiento-mediatico

Colombia

Los arhuacos, ubicados en el departamento del Cesar, ven amenazada su cultura y territorio con las excavaciones para megaproyectos mineros.

Además de los arhuacos, en la Sierra Nevada de Santa Marta habitan los pueblos indígenas koguis, wiwas, kankuamos y wayúu en tres departamentos: Cesar, Magdalena y La Guajira.

Según este pueblo amerindio, las minas estarían afectando no solo sus territorios sino que ha ocasionado enfermedades y contaminado las fuentes hídricas. Para esta comunidad étnica, sus territorios son considerados sagrados, por lo que han pedido al Gobierno que retiren el proyecto minero dentro de la Sierra.

HispanoPost visitó la comunidad de Jimaín, ubicada en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Alrededor de la zona, se hacen excavaciones de materiales para construcción de manera ilegal.

Los más de 50 mil indígenas arhuacos hablan su propia lengua –Ica-; los hombres se dedican principalmente a cultivar café, caña, maíz y fríjol, y las mujeres tejen mochilas. Viven en las tradicionales casas de bahareque.

Fuente:http://www.hispanopost.com/indigenas-arhuacos-una-cultura-amenazada-por-la-mineria-ilegal

Ecuador

En Cuenca se pide que se incluya el tema minero en la Consulta Popular

En 19 artículos sustentó y aprobó –por unanimidad- el Concejo Cantonal de Cuenca el pedido de que se incluya en la consulta popular dos preguntas referentes a la actividad minera.

Por este tema, los ediles se convocaron en sesión este 25 de septiembre del 2017. En la capital azuaya existen los proyectos Río Blanco y Loma Larga, considerados estratégicos por el anterior Gobierno, ubicados en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas y Reserva de Biósfera.

El primero está en etapa de construcción y Loma Larga en exploración avanzada. Desde hace más de cinco años grupos de comuneros, ambientalistas, sectores sociales, colectivos de defensa del agua, autoridades municipales y del Gobierno Provincial han cuestionado y mostrado rechazo a cualquier tipo de minería a gran escala en páramos y fuentes de agua.

Por esta razón, el concejal, Iván Granda, propuso que el Gobierno Nacional le consulte al pueblo sobre la decisión o no de realizar minería en estos territorios.

Al final se aprobaron dos opciones de preguntas que serán remitidas al presidente de la República, Lenín Moreno, para su análisis.

La primera tiene alcance nacional y dice: “Debe eliminarse y, en adelante, prohibirse las actividades de minería metálica en fuentes de agua, zonas de páramo, humedales y bosques nublados alto Andino, extinguiendo, además, las autorizaciones a las concesiones mineras metálicas en todas sus fases y declarando éstas como zonas intangible; mediante una enmienda Constitucional promulgada por la Asamblea Nacional que modifique el Artículo 407 de la Constitución de la República del Ecuador y la ley reformatoria de Minería y los cuerpos legales nacionales? La otra se circunscribe para el cantón Cuenca y dice: “Deben eliminarse y prohibirse expresamente las actividades de minería metálica en fuentes de agua, zonas de páramo, bosques nublados alto Andino y humedales en el cantón Cuenca.

Extinguiendo además las autorizaciones a las concesiones mineras metálicas en todas sus fases y declarando éstas como zonas intangibles; mediante una reforma a la Ley de Minería”. Para el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, esta decisión se basa en la invitación de dialogo nacional que impulsa el presidente Moreno.

“Nos preocupa que en los últimos meses se han entregado 2 309 concesiones en el área protegida de páramo, que Etapa tiene para conservar sus fuentes hídricas”. Cabrera dijo que con las comisiones de Medio Ambiente y Legislación prepararán toda la documentación para entregarle al Presidente Moreno y que harán todas las gestiones en Quito para que se incluyan las preguntas.

Para Granda, con esta decisión buscan preservar las fuentes hídricas en las zonas de páramo del macizo del Parque Nacional Cajas, frente a una eventual actividad extractiva.

Fuente:http://www.elcomercio.com/actualidad/cuenca-propuesta-mineria-consultapopular.html

Brasil

Brasil anula permiso para explotación de minería en la Renca

El decreto que dejaba a la Renca desprotegida generó rechazo en miles brasileños y sobre todo en grupos ambientalistas.

El gobierno de facto de Brasil decidió derogar este lunes el decreto que extinguía la Reserva Nacional del Cobre y sus Asociados (Renca), un área amazónica de 46.000 kilómetros cuadrados (el tamaño aproximado de Dinamarca), tras desatar fuertes críticas dentro y fuera del país suramericano.

«Estamos esperando últimos contactos con el ministro para ofrecer más detalles, pero de momento podemos decir que el decreto será derogado hoy (este lunes)», informaron fuentes del Ministerio de Minas y Energía.

La extinción, propuesta por el Ministerio de Minas y Energía en marzo, permitiría la concesión para también la explotación minera de aproximadamente cuatro millones de hectáreas en South border y suroeste con Amapá el Noroeste de Pará.

De acuerdo a fuentes oficiales, el decreto anulatorio será publicado este martes en el Diario Oficial de la Unión.

La Renca está situada en el norte de Brasil, en una región de la Amazonía entre los estados de Amapá y Pará; se creó en 1984, a fines de la dictadura militar (1964-1985) para proteger sus importantes reservas de oro, hierro, manganeso y tántalo de los intereses extranjeros.

Desde entonces había permanecido intacta, al margen de algunas pequeñas explotaciones ilegales; sin embargo, en agosto el presidente de facto Michel Temer autorizó por decreto que se eliminara el nivel de protección de la reserva para facilitar las inversiones de la industria minera.

El decreto que dejaba a la Renca desprotegida generó rechazo en miles brasileños y sobre todo en grupos ambientalistas, que argumentaban que la extinción de la Amazonía aceleraría el avance de la minería privada y la deforestación sobre las áreas de preservación. También denunciaron que la decisión del gobierno brasileño causaría uno de los mayores retrocesos ambientales de su historia, impulsado por intereses privados y políticos.

Fuente:https://www.telesurtv.net/news/Brasil-anula-permiso-para-explotacion-de-mineria-en-la-Renca-20170925-0062.html

Ecuador

Consulta popular revive el debate sobre minería

Mediante resolución, el Concejo Cantonal aprobó ayer enviar al presidente Lenín Moreno una solicitud para que en la consulta popular, propuesta por el actual régimen, se incluya una pregunta sobre la suspensión de la minería en ecosistemas andinos en Cuenca y en el país.

La resolución fue aprobada por unanimidad después de un debate que duró aproximadamente tres horas, en el que los concejales escucharon a activistas por el agua y a colectivos que presentaron argumentos contra la minería.
Los ediles coincidieron en que es potestad de la población decidir si quiere o no la minería en los páramos, a través de una decisión informada, por lo que votaron a favor de enviar la pregunta al ejecutivo.

Posiciones
Los representantes del Cabildo por el Agua sostienen que tienen razones suficientes como para asegurar que la actividad minera puede afectar las fuentes hídricas que nutren de agua potable a Cuenca. Así lo sostuvo Margarita Arias, representante del colectivo.

Esto es refutado por Julio Castro, uno de los estudiantes de ingeniería en Minas que recorre los proyectos mineros Loma Larga y Río Blanco, como parte del trabajo que ejecutan las universidades locales para dar un criterio imparcial a la ciudadanía sobre la minería metálica en el Azuay.

La posición también es rechazada por un grupo de comuneros de Cochapamba y Río Blanco. Humberto Ochoa dirigente de una de las comunidades, asegura que las empresas mineras les han brindado ayuda social y trabajo. “Si quieren que la minería se vaya, entonces que nos den trabajo digno a todos nosotros primero”, exige.

Proyectos
El proyecto Loma Larga se encuentra en fase de exploración avanzada, según el Ministerio de Minas, cuyo principal, Xavier Córdova, explicó que por ahora no habrá intervenciones mayores en el sector. Su proyección es de 27 años.
El proyecto Río Blanco está en fase de explotación y se calcula que tendrá una duración de 11 años, con una producción estimada de 800 toneladas por día. En el sitio ya se trabaja en la apertura de bocaminas, pero existe resistencia por parte de un grupo de comuneros.

Julio Castro, quien cursa el quinto año de Ingeniería en Minas en la Universidad del Azuay, asegura que en todas las visitas efectuadas a los proyectos se ha constatado, al menos por ahora, que se cumplen los parámetros de responsabilidad social y ambiental.

“La minería con la que se compara a estos proyectos, la que se da en Nambija o en Zaruma, no tiene nada que ver con lo que se está haciendo en el Azuay. Aquí hay una minería técnica y que cumple estándares que nos demuestran que se están haciendo bien las cosas”, asegura.
Tanto Castro como parte de los comuneros de Cochapamba y Río Blanco piden que la actividad no se frene sin argumentos técnicos, ambientales y jurídicos que respalden dicha decisión. (JPM) (I)

Fuente:http://www.eltiempo.com.ec/noticias/cuenca/2/421763/consulta-popular-revive-el-debate-sobre-mineria

Colombia

Consultas en Santander y Quindío ponen en juego 23 títulos mineros

El boom de las consultas populares en contra del sector minero energético no para. De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, en los tres meses que quedan del año hay una consulta cada mes.

El próximo en ir a las urnas es el municipio de Sucre en Santander. Allí, la pregunta que tendrán que responder los habitantes el próximo domingo 1 de octubre es si está o no de acuerdo con que en el municipio se realicen actividades de exploración y explotación minera y petrolera. Posteriormente, el 5 de noviembre los pobladores de El Peñón (también en Santander) se harán esa misma pregunta.

Pero, ¿cómo es el panorama minero en Santander? De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería (ANM), actualmente en Santander hay 570 títulos vigentes, los cuales representan 6,99% de superposición en el departamento.
Visto por etapas, hay 24 en exploración, 102 en construcción y montaje, y 444 en explotación. De hecho, la producción en Santander proviene principalmente de Los Santos, Villanueva y Zapatoca para el caso del yeso; El Carmen de Chucurí, Landázuri y Albania, para el carbón; Vetas y California para el oro y la plata; Barrancabermeja, Girón y Landázuri para la arcilla; Bucaramanga, Curití y Pinchote, para las calizas; y Betulia, Piedecuesta, Barrancabermeja y Cimitarra para materiales de construcción.

Precisamente, según la entidad oficial minera, en Sucre, actualmente hay 11 títulos mineros vigentes (seis de carbón, dos de cuarzo, uno de materiales de construcción, uno de barita y uno de roca o piedra caliza). mientras que en El Peñón hay ocho (siete de carbón y uno de cobre).

Silvana Habib, presidenta de la ANM, señaló que “municipios con importante potencial minero como Sucre y El Peñón no pueden quedarse sin esta importante fuente de desarrollo. No pueden perder esta oportunidad de empleo formal, encadenamientos productivos e inversión privada al igual que sin insumos para sus obras de infraestructura”.

Entre tanto, el 3 de diciembre los habitantes de Córdoba (Quindío), también se medirán frente a una consulta en donde responderán a la pregunta de si están o no de acuerdo con el desarrollo de proyectos y actividades de minería de metales.

Allí, de acuerdo con la información de la ANM, hay cuatro títulos vigentes: dos para materiales de construcción y dos para arcillas, e incluso se han solicitado tres títulos en metales preciosos.

Es importante recordar que de acuerdo con Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), hasta septiembre se tiene registro de 96 consultas o acuerdos municipales.

Granada irá a las urnas el 22 de octubre

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, el próximo 22 de octubre, los habitantes de Granada (Meta) irán a las urnas para responder si están o no de acuerdo con las actividades de exploración, perforación, explotación y producción de hidrocarburos en el municipio. Al respecto, Álvaro Younes, presidente de Fedispetrol, dijo que además de que las consultas generan preocupación en el sector, “es importante que el Estado no espere a los resultados sino que llegue antes de la mano de las compañías para que la población se dé cuenta que son aliados del desarrollo”.

Fuente:https://www.larepublica.co/economia/consultas-en-santander-y-quindio-ponen-en-juego-23-titulos-mineros-2552171