Perú

Minería ilegal causa daños al agua que consumen en Gran Chimú y Contumazá

Extraen mineral usando explosivos y otros productos químicos generando una grave contaminación. Refieren que ya hay presencia de cianuro.

Contumazá- El fin de semana se reunió la población, en un aproximado de 500 personas, así como representantes de instituciones sociales de base, rondas campesinas y autoridades, para reclamar por la minería ilegal que viene realizando trabajos de extracción de mineral, usando explosivos y otros productos químicos generando una severa contaminación.

Ello sucede en la cabecera de cuenca del agua de consumo de las provincias de Contumazá y Gran Chimú, en las regiones Cajamarca y La Libertad, respectivamente.

Según el detalle ofrecido por las autoridades que ya han inspeccionado el sector, la Policía y Ministerio Publico, refieren que ya hay presencia de cianuro.

En esta reunión cita también estuvieron presentes los propietarios de los terrenos en donde se ubican los yacimientos mineros, y la Asociación de Criadores de Vicuñas, cuya propietaria, Irma Zegarra Silva, alega que ya tiene su licencia y autorización del Gobierno Central.

Sin embargo, Zegarra no cuenta con la licencia social, utilizando explosivos, causando daños irreversibles e incluso profundizando y cambiando el ciclo del agua que cada vez va mermando su caudal y es la única fuente de recurso hídrico de estas dos provincia.

Representantes de la Municipalidad Provincial de Contumazá, Subprefectura, Ministerio Publico, rondas campesinas, el burgomaestre de Cascas (Gran Chimú) y población en su conjunto, solicitan a las autoridades del Gobierno Regional de Cajamarca y del Gobierno Central, así como del Ministerio del Ambiente, tomar cartas en el asunto.

Demandan una solución urgente a este problema que es muy delicado para estas dos provincias de Gran Chimú y Contumazá, con la presencia de esta minería irresponsable en cabecera de cuenca.

Las poblaciones de las dos provincias se están preparando para próximos enfrentamientos, para tratar de desalojar en forma inmediata a esta minería que está causando graves daños al medio ambiente y a la calidad del agua de consumo humano.

Fuente:https://panoramacajamarquino.com/2017/10/30/mineria-ilegal-causa-danos-al-agua-que-consumen-en-gran-chimu-y-contumaza/

Internacional

La minería submarina en aguas internacionales «está en puertas»

El científico del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) Luis Somoza ha manifestado que la minería submarina en aguas internacionales todavía no se ha iniciado pero «está en puertas», dado que los fondos marinos son fuentes de elementos usados para los móviles y la tecnología verde. También ha destacado que los recursos minerales y energéticos en aguas internacionales deben ser considerados «recursos de la Humanidad» y ha opinado que España ha de «tener más peso» en las organizaciones internacionales del mar.

Somoza, jefe del Servicio de Recursos Geológicos Marinos del citado instituto, realizó estas declaraciones a varios periodistas antes de la charla «La exploración de los océanos: recursos y derecho marítimo internacional» que impartió el miércoles pasado en el Aula de la Ciencia y Tecnología de la Universidad de Alicante (UA).

Preguntado sobre si es posible una explotación sostenible de la minería submarina, este científico ha explicado que hasta el momento se ha realizado la exploración minera; es decir, investigar qué recursos pueden existir o hay en el fondo del mar.

«Lo que se está intentado hacer es una minería de alta tecnología que no tenga mucho impacto medioambiental», indicó, aclarando que la explotación minera submarina en aguas internacionales «no está regulada» de momento. «Pero es una de las cosas que los expertos, tanto españoles como del resto del mundo, tienen que regular y hacerla sostenible desde el punto de vista medioambiental; una decisión que atañe a las Naciones Unidas», ha señalado Somoza.

La ONU ya ha concedido parcelas de exploración en el Pacífico a Alemania, Francia, Reino Unido y Polonia (entre otros países) por un periodo de diez años prorrogable a quince. Son autorizaciones que empiezan a darse también en el Atlántico, reconoce Somoza. España, por su parte, aún no ha solicitado ninguna. «Se está otorgando una parcela de exploración de 150.000 kilómetros cuadrados por 500.000 dólares», una extensión equivalente a Andalucía, concretó el jefe del Servicio de Recursos Geológicos Marinos del IGME. Somoza insistió en que «todavía no se han dado licencias de explotación, ni se ha hecho un reglamento de explotación».

Por ello, aún no se ha iniciado la minería submarina en aguas internacionales, «pero está en puertas», ya que «la tecnología verde» (fabricar paneles solares, molinos de viento o coches híbridos) «implica ir al mar a hacer minería submarina», lo que supone una contradicción «muy grande» y obligará a buscar un equilibrio en un futuro. «El ciudadano tiene que saber eso. Si quiere móviles, coches verdes, tecnología verde, se tiene que ir abajo, al fondo del mar», donde hay más cantidad de materiales para elaborarlos que en tierra, donde con el tiempo irán escaseando, destacó el experto.

Por ejemplo, en lo se refiere a los depósitos de telurio (un elemento estratégico para paneles solares), las concentraciones presentes en las costras de fondos marinos son 50.000 veces más que las existentes en tierra, con lo cual a una empresa le resulta más ventajoso extraerlo del mar.

La ONU ya ha concedido parcelas de exploración en el Pacífico a Alemania, Francia, Reino Unido y Polonia (entre otros países) por un periodo de diez años prorrogable a quince. Son autorizaciones que empiezan a darse también en el Atlántico, reconoce Somoza. España, por su parte, aún no ha solicitado ninguna. «Se está otorgando una parcela de exploración de 150.000 kilómetros cuadrados por 500.000 dólares», una extensión equivalente a Andalucía, concretó el jefe del Servicio de Recursos Geológicos Marinos del IGME. Somoza insistió en que «todavía no se han dado licencias de explotación, ni se ha hecho un reglamento de explotación».

Por ello, aún no se ha iniciado la minería submarina en aguas internacionales, «pero está en puertas», ya que «la tecnología verde» (fabricar paneles solares, molinos de viento o coches híbridos) «implica ir al mar a hacer minería submarina», lo que supone una contradicción «muy grande» y obligará a buscar un equilibrio en un futuro. «El ciudadano tiene que saber eso. Si quiere móviles, coches verdes, tecnología verde, se tiene que ir abajo, al fondo del mar», donde hay más cantidad de materiales para elaborarlos que en tierra, donde con el tiempo irán escaseando, destacó el experto.

Por ejemplo, en lo se refiere a los depósitos de telurio (un elemento estratégico para paneles solares), las concentraciones presentes en las costras de fondos marinos son 50.000 veces más que las existentes en tierra, con lo cual a una empresa le resulta más ventajoso extraerlo del mar.

Ampliación de la Plataforma Continental

Según este científico, Japón comenzó en septiembre pasado la primera prueba piloto de minería submarina, pero en aguas de su jurisdicción.

En cuanto a los fondos marinos de España, se han descubierto en los montes submarinos canarios elementos estratégicos y raros en concentraciones superiores a las de muchos yacimientos de tierra firme en costras de ferromanganeso.

El telurio, aunque de importancia, no es el único elemento estratégico contenido en los montes submarinos canarios. También se encuentran otros, como las tierras raras y el cobalto, todos ellos empleados en nuevas tecnologías. Estos descubrimientos han sido fruto de las investigaciones que, desde 2011, se desarrollan para el proceso de ampliación de la Plataforma Continental de España.

El límite entre las aguas jurisdiccionales e internacionales más allá de las 200 millas marinas puede ser trazado por un estado basado en los datos científicos de su Plataforma Continental que ha de presentar ante una Comisión científica-técnica de la ONU en Nueva York. España ha presentado desde 2009 tres propuestas de ampliación de la Plataforma Continental en el mar Cantábrico, Galicia e Islas Canarias. Conforme a estas propuestas, España puede ampliar hasta 431.416 kilómetros cuadrados su soberanía sobre sus fondos marinos, lo que equivale a un 85% del territorio emergido español.

Conforme a este proceso, muchos de los reservorios de petróleo, gases convencionales y gases hidratados del subsuelo marino, así como de nódulos y costras polimetálicos, pueden pasar a soberanía de las jurisdicciones nacionales.

Se han descubierto en los montes submarinos canarios elementos estratégicos y raros

Dada la importancia económica de este proceso, en la última década se ha producido un aumento exponencial de los estudios científicos de los océanos de todo el mundo. Hasta el momento se han presentado más de 77 procesos de ampliación en todos los océanos del mundo. Especialmente problemáticos se prevén algunas de las propuestas que afectan las zonas circumpolares de los fondos marinos del océano Ártico y de la Antártida, según Somoza.

 

Perú

“Río Blanco opera ilegalmente en comunidades de la sierra de Piura” afirmaron dirigentes de comunidades campesinas

Los representantes de las comunidades campesinas de Ayabaca y Huancabamba reiteraron, una vez más, que la empresa minera Río Blanco opera de manera ilegal en sus propiedades. Así lo dieron a conocer durante el Foro Público “Riesgos e impactos del proyecto minero Río Blanco y alternativas al desarrollo” realizado en Piura, y que contó con un grupo de especialistas ambientales, quienes abordaron temas relacionados al extractivismo.

Isaul Guerrero, de la Comunidad Campesina de Segundo y Cajas de Huancabamba, indicó que la empresa opera de manera ilegal en las propiedades de la comunidad, “por lo que expresamos nuestra posición de defensa de nuestras comunidades campesinas”. Además, hizo referencia al Proyecto de ley 1718 en discusión en el Congreso que perjudica a las comunidades, con medidas como facilitar a los titulares de concesiones mineras, y proyectos de gran envergadura. “Exigimos al congresista Luis López Vilela, retirar su iniciativa legislativa porque es injusta, inconstitucional y no responde a los intereses de nuestras comunidades, sino al de las empresas mineras”, acotó.

Por su parte, Martín Scurrah, de RedGe, criticó el extractivismo minero que es visto como el único baluarte del crecimiento económico sin tomar en cuenta que se necesita diversificar la economía. Añadió que se debe tener respeto al ser humano en todo su sentido, “así como respeto al medio ambiente y a la naturaleza. La actividad extractiva sólo busca satisfacer una demanda fuera de la región y del país”. Igualmente, indicó que las políticas de Estado no se muestran contundentes con la minería ilegal que daña el medioambiente.

Javier Jahncke, secretario ejecutivo de Red Muqui, también expresó su rechazo a la poca atención del Estado a las comunidades campesinas y pueblos del interior de las regiones en donde se encuentran estos proyectos, las mismas que siguen postergadas sin políticas que ayuden a mejorar su calidad de vida.

Sobre el proyecto minero Rio Blanco en las comunidades campesinas de Segundo y Cajas, y Yanta en la sierra de Piura, los ponentes indicaron que significaría una grave afectación a la flora, fauna y las costumbres de la zona por la fuerte inyección de capitales y su repercusión en la sociedad no sólo de la sierra, sino también de la costa piurana.

Piura es una región rica en recursos naturales, los páramos y bosques de neblina que se encuentran entre Huancabamba y Ayabaca, son ecosistemas que captan el agua de la lluvia y humedad, y generan las nacientes de los principales ríos de toda la región. Brindan el recurso hídrico para actividades económicas sostenibles que dan la mayor parte de los puestos de trabajo locales, como agricultura, ganadería y turismo sostenible.

El páramo y los bosques de neblina de Piura, tienen una gran biodiversidad que alberga especies en extinción como el oso de anteojos, tapir de montaña y la pava aliblanca, entre otras variedades, y especies de flora endémicas y en serio riesgo por actividades no sostenibles.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/647-rio-blanco-ilegalmente

Perú

“Hay un uso abusivo de la fuerza en los conflictos socio ambientales” afirman Organizaciones sociales en audiencia con alto Comisionado de la ONU para derechos humanos

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, llegó al Perú para reunirse con organizaciones defensoras de los derechos humanos (DD.HH.) y con representantes del gobierno. Organizaciones sociales como Red Muqui, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y sus de trabajo Grupo Trabajo de Defensores/as de DDHH, pueblos indígenas, entre otras estuvieron presentes para dar a conocer su punto de vista por el accionar del Estado en materia de Derechos Humanos, conflictos socio ambientales y actividades extractivas, entre

“Gobierno nacional prioriza la inversión, en especial de corporaciones transnacionales, ello, por encima de los derechos de las personas, en especial de los pueblos indígenas”, afirmó Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Resaltó que se está afectando gravemente el derecho a la tierra de los pueblos indígenas y que se ha subordinado los derechos de las personas a intereses económicos.

“Hay más de 800 casos de defensores y defensoras criminalizados en todo el país por la protesta social. Se les aplican penas de hasta 20 años o más, a quienes actúan en defensa de sus derechos ante la falta de justicia del Estado”, dieron a conocer los miembros del Grupo Trabajo de Defensores/as de DDHH. Finalmente, señalaron que existe un uso abusivo de la fuerza en los conflictos sociales que trae como consecuencia heridos y fallecidos en las protestas.

Por su parte Ketty Marcelo, representante de ONAMIAP, comentó que se requiere el reconocimiento de los Pueblos Indígenas. “No tenemos una verdadera institucionalidad indígena”. Agregó “que la Consulta Previa se vende como avances del Estado Peruano, pero no se aplica el consentimiento, y se incumple con los acuerdos que se toman”.

Miembros Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas indicaron sobre la Consulta Previa en minería sólo se consulta la medida de autorización de inicio de actividad de exploración o explotación, lo que no representa una decisión sobre temas centrales que determinan la realización o no de un proyecto. Es necesario ajustar las normas al Convenio 169 y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Asimismo, afirmaron que, bajo la premisa de desaceleración económica, se ha facilitado la desregulación ambiental, limitando el rol fiscalizador del Organismo de Evaluación Ambiental (OEFA) y reduciendo los plazos de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y con ello la rigurosidad de las autorizaciones que se otorgan.

El alto comisionado de la ONU, Zeid Ra´ad Al Hussein, comentó que en la afectación respecto de derechos que sufren grupos poblacionales debe intervenir el Estado buscando una sociedad más comprensiva e inclusiva.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/648-abuso-fuerza-conflictos

Perú

Detienen a periodistas peruanos que investigaban a minera

Siete periodistas peruanos que investigaban problemas ambientales supuestamente generados por una minera privada en el departamento sureño de Arequipa fueron detenidos y maltratados por la policía, denunciaron ayer organismos gremiales. Los periodistas, según la publicación online “El Búho”, de Arequipa, fueron liberados después de varias horas de amenazas de muerte, acusaciones y maltratos que incluyeron el despejo de sus camáras fotográficas. La Federación Periodistas del Perú (FPP) rechazó en un comunicado la “actitud amedrantadora e intimidatoria” de la policía y le exigió al ministro del Interior, Carlos Basombrío, “una investigación sumaria y una pronta aclaración”.

Por su parte, la policía expidió un comunicado en el que da cuenta de la detención de 56 personas supuestamente vinculadas a la minería ilegal, entre los que al parecer incluye a los periodistas, que trabajan para diversos medios de ese departamento andino sureño.

Según la FPP, los hechos se desataron la noche del jueves, cuando los reporteros Julio Revilla, Martín Ramos, Walter Porras, Carlos Zúñiga, Jesús Fernández, Gian Carlos Aragón y Jorge Gómez retornaban de una inspección al campamento Chila Paula, en donde supuestante la minera Buenaventura desarrolla trabajos sin cuidados ambientales.

“Los periodistas (que habían llegado a la zona por solicitud de los pobladores) fueron alcanzados por un capitán que los maltrató y amenazó de muerte, incluso rastrillando su armamento y ordenando al personal policial a su cargo que cumpliera con la orden”, afirma el documento.

En su respuesta, la Policía aseguró que en el Chila Paula no hay actividad de Buenaventura, una de las mineras más poderosas del Perú, y que por tanto quienes estaban en el lugar son sospechosos de práctica minera ilegal.

En los últimos años, periodistas, activistas y campesinos peruanos han denunciado que sectores de la policía trabajan en la práctica como vigilantes de mineras como Buenaventura, que supuestamente pagan por ese servicio.

La FPP, cuya denuncia fue respaldada por el Colegio de Periodistas del Perú, hizo un llamado a la comunidad a estar alerta ante hechos “que demuestran que los hombres de prensa extán expuestos a acciones condenables cuando denuncian actos de corrupción y demuestran actos de mal actuar de algunas autoridades policiales y de la minería abusiva”.

Fuente:http://noalamina.org/uncategorized/item/37759-detienen-a-periodistas-peruanos-que-investigaban-a-minera

Mexico

Comunidades se oponen a 21 proyectos mineros en la Sierra Madre de Chiapas

Los campesinos que tratan de frenar 21 concesiones mineras, dentro de una zona de reserva en la Sierra Madre de México, llevan varios días y muchas horas hablando sobre cómo fue su última pelea con machetes y piedras contra un grupo de personas contratado —aseguran— por las empresas afectadas por su lucha.

Si los campesinos no olvidan esta pelea y no dejan de hablar de ella, es porque saben que después del último episodio violento, cualquier cosa puede pasar.

Esta disputa ocurre en la costa del estado de Chiapas, al sur de México, en un municipio llamado Acacoyagua. Allí, al pie de la Sierra Madre de Chiapas  —considerada como la última frontera minera del sur de México— viven más de 17 000 habitantes rodeados de las reservas de la biósfera La Encrucijada y El Triunfo, en una región conocida como El Soconusco.

En el caso puntual de su último enfrentamiento, señalan directamente a la minera El Puntal SA de CV, desarrolladora de la mina Casas Viejas, pero también han tenido dificultades con otras más, como el Grupo Minero Male, Honour Up Trading, GTM Mineral o personas que han identificado como las beneficiarias de las concesiones.

En esa región de reserva existen 51 000 hectáreas que podrían ser afectadas por proyectos, ya aprobados por el gobierno de México, que promoverían la apertura de 21 minas para la extracción de titanio. De esas 21 concesiones, tres ya han sido activadas y son el motivo de un intenso enfrentamiento entre opositores a la minería y las empresas que extraen el mineral.

Hoy, en los puntos estratégicos donde se instalará la logística minera, se han ido montando campamentos de lugareños —campesinos en su mayoría— opositores a ese plan de desarrollo económico empresarial para la región.

El Triunfo abarca desde zonas altas hasta parajes costeros. Es una región de más de 119 000 hectáreas que fue decretada como Reserva de la Biósfera para proteger, según el gobierno, el bosque de niebla que es el más diverso del Norte y Centroamérica, y “el ciclo hidrológico de las cuencas y la selva tropical húmeda del Soconusco”.

La investigadora del Colegio de la Frontera Sur, Violeta Galicia, especialista en análisis de la minería en Chiapas, identificó anomalías graves sobre la actividad minera en general dentro de El Triunfo: dijo que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) “se encuentra en una situación difícil”, porque las concesiones mineras han sido aprobadas por la Secretaría de Economía del gobierno mexicano y, hasta el momento, “no existe una postura clara” de parte de esa institución —la CONANP— que se encarga de cuidar las áreas protegidas del país.

En su investigación “Cartografías del deseo en Chiapas: entre la conservación y el extractivismo”, Violeta Galicia narra que trabajadores de la Conanp reciben “presión” de funcionarios de las altas esferas de esa institución, que están “posiblemente coludidos con los intereses mineros”.

Y publica incluso, en el estudio, el testimonio de un trabajador de la CONANP que solicitó que su identidad se mantenga en reserva: “a nosotros como dependencia nos llega información de un proyecto y realizamos las observaciones. Decimos que no y mandamos la opinión a la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces ellos nos regresan el oficio y nos dicen: ‘no te estamos preguntando tu opinión, te estamos avisando que se va a hacer el proyecto’”.

Mongabay Latam pidió la versión de la CONANP y hasta el momento la dependencia solo ha contestado que su respuesta está en trámite.

En opinión del delegado de la Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT) en Chiapas, Amado Ríos, el permiso de exploración y explotación concedidos a El Puntal se dio para extraer en bruto la materia prima y llevarla a otro lado para obtener el titanio, con lo cual, la dependencia da por hecho que la mina Casas Viejas no contamina.

Galicia identificó que la minería en El Triunfo afectará la captación de agua y el drenaje hídrico natural, con lo cual cambiaría el flujo de las filtraciones “alterando la calidad del agua debido a una contaminación por sedimentos y residuos de la actividad minera”.

Cuando los campesinos notaron la contaminación en sus ríos y detectaron varios tipos de enfermedades entre sus comunidades, crearon el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) para sacar la minería de El Triunfo y se integraron a la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), una organización que trabaja en todo México y que ha seguido de cerca las amenazas que rondan a ese movimiento de resistencia.

Cuando el pueblo se enfermó

Los pobladores inconformes tienen claro cuáles son los problemas de contaminación y salud que los afectan,  pero muy poca información sobre las empresas responsables. La organización Impunidad Cero—que realiza investigaciones independientes sobre faltas o delitos que no son sancionados en México— documentó que no existe en el país un reglamento o norma con los criterios para otorgar las concesiones, y la SEMARNAT y la Secretaría de Economía no publican detalles de los proyectos.

El Instituto Mexicano para la Competitividad reveló en 2016 que “los expedientes de cada concesión solo pueden ser consultados por quien acredite interés jurídico o a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”. Por lo tanto, los pobladores tienen muy pocos nombres de las empresas que explotan recursos naturales en El Triunfo.

El Grupo Minero Male tiene una página web donde describe su misión en El Triunfo. “Queremos utilizar de manera sustentable el mineral que ahí existe. No haremos pozos, no dinamitaremos, no haremos túneles, no utilizaremos agua de enfriamiento, no haremos grandes movimientos de tierra”, señala la empresa.

También habla de los beneficios que entregarían a la región: “Generar empleos, programas de interés social, ofrecer a las nuevas generaciones otras oportunidades de trabajo, evitar la migración de la gente, evitando así peligros y pérdidas para las familias chiapanecas, impulsar el desarrollo económico y cultural de toda la región”, son las promesas que anuncia el Grupo Minero Male en su website.

Y son esos compromisos los que hace alrededor de 12 años transmitieron a los habitantes de Acacoyagua y que sirvieron para convencerlos, según recuerda Luís. “Nos dijeron cosas maravillosas, muy hermosas. Todos los ejidatarios quedamos impresionados de todo lo que nos iban a dar a cambio de que les diéramos el permiso de el paso”, contó el profesor.

Pero hoy, los lugareños que en un principio estuvieron de acuerdo, se oponen francamente al desarrollo de proyectos mineros en las inmediaciones de sus comunidades, argumentando que tanto su salud como el medio ambiente se han visto gravemente afectados.

En Acacoyagua abundan las versiones sobre mortandad de peces, proliferación de enfermedades en la piel y aumento en la incidencia de cáncer en la región.

En la casa de Luís, quizá la voz con más peso dentro del grupo por su capacidad de organización y decisión dentro del movimiento, se habla de un hecho que marcó los acontecimientos recientes. Se trata de la historia de un joven sordomudo llamado Filigonio León que cada día iba al río Cacaluta a nadar por las mañanas. El chico sufrió una enfermedad en los ojos que lo llevó hasta la ceguera.

En Ciudad de Guatemala, cuenta Luís, un oculista les dijo que la causa de la tragedia fue la exposición al agua contaminada y aunque no tienen pruebas científicas para probarlo, la comunidad culpó a la minería de eso y más.

“Desde ahí comenzó la inquietud y unos compañeros de Escuintla (municipio aledaño) se presentaron en la casa ejidal y coincidió con la llegada del representante minero del Puntal, hace dos años. Ellos dieron a conocer la situación y cuando les tocó participar, la gente dijo ‘no queremos nada de minería’”, contó el profesor en entrevista con Mongabay Latam.

Los expertos de la organización defensora de derechos humanos, Otros Mundos, detectaron enfermedades de la piel causadas por el agua potable, encontraron que el agua de los pozos tiene capas de grasa, que el contacto con el agua de los ríos causa comezón, resequedad, agrietamiento, ronchas y manchas en la piel. También enrojecimiento, ardor y conjuntivitis en los ojos.

“Se ha observado un aumento de cáncer en el colon, el estómago, el hígado y los riñones. Datos del médico local, Juan Velázquez, afirman que la tasa de muerte por cáncer en el ejido Cacaos —en las inmediaciones de El Triunfo— subió del 7 % al 22 % entre el 2005 y el 2015”, informó Otros Mundos. Son datos que coinciden con la llegada de las mineras a El Triunfo.

De acuerdo con Impunidad Cero —organización que realiza investigaciones independientes sobre faltas o delitos que no son sancionados en México— no hay aún investigaciones científicas que comprueben los problemas de contaminación y salud en la región. Por eso la investigadora Sandra Moreno Andrade, de la Universidad de Ciencias y Artes (en Chiapas), está buscando financiamientos para saldar este pendiente con la población afectada.

Mientras tanto, la población que se opone a las operaciones mineras en la reserva de biósfera ha elaborado una lista de exigencias que ayudaría a reducir la tensión: solicitan que se realice un estudio toxicológico para averiguar el vínculo entre la actividad minera y el aumento de los casos de cáncer; que se elaboren estudios geológicos para identificar los posibles niveles de radiación en las fallas de extracción de ilmenita; y que se desarrollen estudios de calidad del agua para reconocer los niveles de contaminación de los ríos Cacaluta, Cintalapa y Doña María.

Bajo esas exigencias es que nació la oposición que comenzó hace dos años con marchas, mesas de trabajo entre la población y las autoridades, y visitas constantes al municipio. Fue así como lograron que las autoridades de Acacoyagua aceptaran firmar un documento en agosto de 2017 que declara a ese municipio libre de minería durante el actual periodo de la municipalidad, que termina en 2018.

Una copia de ese documento está cubierta con un plástico y cuelga de uno de los parantes de la carpa del campamento permanente ubicado en el ejido Jalapa. Solo eso. En la práctica no tiene otra utilidad porque la minería sigue.

Las amenazas

Las protestas comenzaron hace dos años y desde entonces han ido aumentando las tensiones en la zona. Acosos, rumores sobre “levantones” (secuestros) inminentes, órdenes de aprehensión por denuncias inexistentes, amenazas verbales de muerte y enfrentamientos han sido constatados por las tres organizaciones que trabajan con los opositores a la minería (Otros Mundos, REMA y el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa).

El sábado 16 de septiembre se realizó una manifestación contra la minería. Participaron mujeres, hombres, un buen número de niños de cinco comunidades rurales y todos los barrios de Acacoyagua, que caminaron a pesar del calor y la humedad abrazantes de esa mañana.

La marcha ciudadana fue un suceso que suplió al tradicional desfile del Día de la Independencia en México, porque las autoridades municipales decidieron suspender el acto conmemorativo.

 

Luís, profesor del pueblo y opositor a la minería, aseguró que la población de Acacoyagua está dividida a tal nivel, que hay una tensión sumamente fuerte que podría derivar en violencia y por eso —dijo— el municipio prefirió cancelar el evento cívico.

Después de la marcha, los niños volvieron a sus casas y algunos adultos se enfilaron hacia el campamento donde está la resistencia de los ciudadanos, al pie de la Sierra Madre, en el inicio de la Reserva de la biosfera El Triunfo.

El punto elegido para montar el campamento es estratégico, está en el cruce de dos caminos que son la vía de acceso para los empleados del Grupo Minero Male, quienes utilizan esa ruta para subir a realizar sus faenas de extracción de minerales. Lo que hacen, básicamente, es bloquear el ingreso a la mina Casas Viejas, situada dentro de la zona de reserva de la biósfera.

El campamento tiene lo básico: sillas, un fogón para cocinar y una lona que los protege de la lluvia. Así han permanecido desde hace dos años y, actualmente, la historia de este campamento está en su punto álgido. Saben que los recientes acontecimientos de violencia ocurridos en ese lugar entre ellos y pobladores de municipios aledaños, que según los campesinos actúan bajo consigna de los grupos mineros, pueden repetirse.

“Aquí hemos estado a punto de derramar sangre. No les permitimos el acceso, aquí vamos a estar hasta que veamos que ellos retiran toda su maquinaria y nos dejen vivir en paz como antes”, dijo el profesor Joselino, habitante de la ranchería Jalapa, donde está instalado el campamento.

Para defender sus comunidades y la Reserva de Biosfera El Triunfo, los miembros de la resistencia se organizan por turnos para no abandonar el lugar y conseguir vigilar la mina toda la semana, las 24 horas del día. La idea es impedir el paso de vehículos que sean propiedad del Grupo Minero Male.

Pese al recelo que tienen contra los periodistas por el trato informativo que han recibido de la prensa local, permitieron el acceso de Mongabay Latam a su campamento.
Al ingresar lo primero que pudimos ver es que duermen sobre la misma tierra pero que no pasan frío en las noches porque es una zona de intenso calor y humedad, aunque sí quedan expuestos a las picaduras de mosquitos. Reciben apoyo de otras organizaciones para comprar alimentos y comen tres veces al día.

“Nos organizamos por grupos, nos vamos turnando. Aquí dormimos, aquí es la cama donde dormimos”, contó mientras señalaba el suelo Gabriela Ordóñez Espinoza, habitante de la ranchería El Castaño, de Acacoyagua.

De acuerdo con la organización Otros Mundos, ya hay cuatro proyectos en Acacoyagua en fase de exploración y explotación de ilmenita, la piedra de la cual se extrae el titanio.

Los expertos de Otros Mundos han estudiado el caso durante dos años y han levantado varias observaciones sobre la forma de trabajo de los grupos empresariales que están en la región del Soconusco impulsando la minería. De acuerdo con esa organización, la mayor parte de las concesiones están a nombre de “prestanombres de empresas extranjeras”, entre ellas GTM Mineral, de China; y Honour Up Trading, de Estados Unidos, las cuales ya han hecho obras en la región.

Tanto Otros Mundos como los pobladores que se oponen a la minería, no se cansan de repetir que tanto la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera de El Triunfo, así como la zona de amortiguamiento y la zona de influencia se verían afectadas con los proyectos mineros.

 


 

Honduras

Comunicado COPA ante amenazas de muerte al Pastor Erlin Henrriquez

COMUNICADO ANTE AMENAZAS DE MUERTE

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH;
A la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Honduras;
A las organizaciones de derechos humanos;
A las organizaciones sociales y populares;
Al mecanismo de protección;
Al pueblo hondureño:

El pastor Erlin Henrriquez es un hombre que está promoviendo el amor de Dios, la vida y la justicia en todas las comunidades donde ha vivido y ejercido su labor de evangelización por lo tanto es muy querido por la comunidad de la Abisinia en Tocoa, Colón.

El pastor ha expresado su preocupación por la explotación de minería, pero no es quien ha decidido rechazar la explotación de minería si no las comunidades del sector Abisinia en asamblea y los patronatos están respondiendo a la decisión de las comunidades.

Expresamos que en asamblea realizada por las comunidades el domingo 15 de octubre decidieron rechazar la explotación de minería porque atenta contra la vida de las comunidades y ambientalmente sería una destrucción grande con fuertes consecuencias para todo el municipio de Tocoa, Colón.

Producto de esa decisión el Pastor Erlin Henrriquez ha denunciado que han recibido una llamada diciéndole que está en la lista de ser eliminado como si la decisión de rechazar la minería dependiera de él como lo expresa en el llamado urgente.

Condenamos esta práctica de amenazar y ejecutar acciones contra la vida de personas que se preocupan por el bienestar de las comunidades y decidir eliminar como si fueran dueños de todo. Pedimos una investigación de las personas que están amenazando con esa expresión que están en la lista para ser eliminados y se castigue de inmediato para evitar pérdida de valiosas vidas de hondureños y hondureñas.

Pedimos al mecanismo de protección actuar de inmediato para garantizar la vida de éstos compañeros y hermanos que están en riesgo por una opinión sobre estos temas que destruyen la vida y provocan conflicto y enfermedades.

Al gobierno de Juan Orlando Hernández no entregar concesiones mineras, hidroeléctricas si los municipios y comunidades no están de acuerdo porque traerá muerte, división y despojo de las comunidades.

Responsabilizamos años gobierno de Juan Orlando Hernández, a políticos de Toco, Colón por cualquier atentado contra la vida o asesinato del pastor Erlin Henrriquez o Eugenio Esquivel ya que por sus opiniones los han amenazado de estar en la lista de ser eliminados.

Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan

FUENTE: http://movimientom4.org/2017/10/comunicado-copa-ante-amenazas-de-muerte-al-pastor-erlin-henrrique

 

Guatemala

La incansable lucha por la defensa del territorio en Guatemala (o sobre morir defendiendo la vida en la naturaleza)

Latinoamérica es un territorio que no siempre permite ser entendido como unidadY no es para menos: es muy grande, socialmente diverso, de culturas riquísimas que se ensamblan haciendo uso de símbolos de todo el mundo; su geografía es igualmente variada y, por lo tanto, también su flora y fauna. Pero si hay algo que parece hermanarnos —aunque sea una verdad desafortunada— es la constante lucha que nuestros pueblos indígenas tienen que realizar para defender su territorio.

La riqueza natural que bendice a muchos países de Latinoamérica se ha convertido en arma de doble filo, pues ya no son sus legítimos propietarios los que aprovechan los recursos que la tierra ofrece, sino compañías privadas que, a pesar de que sus actos son injustos y muy perjudiciales, están explotando el ambiente, para su propio beneficio y sin consideración alguna de los habitantes. Lo más grave es que los gobiernos no han puesto límites a la explotación; en algunos casos han solapado acciones terribles, incluso criminales.

El caso de los habitantes originarios de las colinas del Sur de Guatemala es sólo un ejemplo de este problema social. Esta zona alberga la Mina de Escobal, el tercer mayor depósito de plata en el mundo. Como en otros países Latinoamérica, es una minera canadiense la responsable del despojo de recursos naturales. La actividad minera ha demostrado articular dinámicas sociales muy específicas, sin importar en qué país se está ejecutando. Encima, las consecuencias negativas sobre el ambiente tampoco varían. La minería contamina el agua; daña al suelo, dejándolo infértil y contaminado, y está ligada con la tala. En este sentido las tierras —que originalmente eran bosques, mantos acuíferos, tierras de cultivo o ganadería, viviendas y patrimonio local— se convierten en capital para enriquecer a la industria, y los pueblos indígenas no se benefician de la tremenda derrama económica que reciben los dueños de la minera.

Alrededor de las mineras en Latinoamérica, muchos de los habitantes que solían ser agricultores y ganaderos, se convierten en activistas ambientales. Pero ese camino es muy arriesgado. Guatemala, por ejemplo, es uno de los países más peligrosos para los ecologistas.

Tahoe Resources, la empresa canadiense que extrae plata de la Mina de Escobal, está ligada con acciones violentas para tratar de frenar al activismo, entre ellas algunas muertes. La extraña colusión de la minera con el gobierno de ese país, sólo ha dejado muy decepcionados a los guatemaltecos. La misma empresa financió la construcción de una comisaría de policía muy cerca de la mina. La justicia no está del lado de los habitantes —rasgo que Guatemala comparte con otras regiones del continente—. Los guatemaltecos han temido el crecimiento de la actividad minera. Afortunadamente, la minera de Tahoe ha sido suspendida recientemente. Pero es imposible saber hacia dónde desarrollará un problema, que se replica en diversos entornos. La lucha activista, que ha encontrado el camino para ser pacífica, puede desembocar en una resistencia armada, si los pueblos indígenas no encuentran opciones.

El sistema violento que rige este terrible problema social, económico y ambiental es tan arbitrario como el valor de plata. Es decir: la plata no tiene valor por sí misma, somos las personas las que le otorgamos esa fuerza simbólica, anclada a su materialidad, pero que la sobrepasa. Somos nosotros los que hemos dicho que la plata vale tanto como para destruir a una sociedad y al entorno natural que habita. Está en nosotros empezar a desmantelar la corrupción que legitima prácticas como la minería que no es sustentable. Podemos empezar, por ejemplo, haciéndonos responsables de lo que consumimos. Si dejamos de financiar a estas industrias mortales, tal vez se pueda, eventualmente, terminar con ellas.

Leer el Informe sobre Situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala Un Reflejo del Deterioro de los Derechos Humanos en el País.

FUENTE: http://movimientom4.org/2017/10/la-incansable-lucha-por-la-defensa-del-territorio-en-guatemala-o-sobre-morir-defendiendo-la-vida-en-la-naturaleza/

 

Perú

Plata y plomo en Cerro Pasco: la mina del polvo envenenado

Es la mina más alta del mundo a cielo abierto y de dimensiones descomunales: dos kilómetros de largo por uno de ancho y 400 metros de profundidad.   Son los minerales de Cerro de Pasco (Perú) la plata y el plomo,  veneno que contamina la sangre de sus hijos. Algunos se plantean una solución drástica: trasladar a sus 70.000 habitantes para seguir explotando el filón.

Abrigo. Hoja de coca. Trago. los consejos se acumulan en la estación de autobuses. Cualquier recomendación es insuficiente para subir del nivel del mar a 4.338 metros. La presión contrae la cabeza. El frío anula los movimientos. La falta de oxígeno oprime los pulmones. Todo junto forma el soroche: un mal de altura bien conocido entre los peruanos. En Cerro de Pasco, en el centro del país andino, lo aluden a menudo. Sobre todo, al visitante. Algo que no suele suceder: pocos recaen aquí por gusto.

El amanecer sorprende en un pico montañoso donde el sol quema y el viento araña. Su núcleo urbano se despereza entre mototaxis, cafés filtrados en restaurantes lúgubres y algunos vendedores ambulantes forrados de alpaca. Como en una ciudad amurallada, las calles terminan en una verja cubierta de tierra y escombros. Al otro lado, un gigantesco agujero horadado por camiones que serpentean por imbricados caminos. El Tajo, lo llaman. Así, con mayúscula. Es la mina que ha hecho famoso este enclave de 70.000 almas. La más alta del mundo a cielo abierto y de dimensiones descomunales: dos kilómetros de largo por uno de ancho y 400 metros de profundidad. Su descubrimiento ha marcado la existencia del lugar. Y, como en cualquier historia inconclusa, aún no sabemos si para bien o para mal.

Hasta ahora, las empresas encargadas de hurgar en la zona vivieron con la comodidad del apoderado. En esta montaña, como en el Potosí boliviano, el destino tenía el color del oro, la plata y los otros minerales como el zinc o el cobre, que se extraían con solo rascar. La riqueza envolvió una tierra pobre y conjuró a su población a la dependencia del subsuelo. El desarrollo era tan goloso que incluso se planteó el traslado de todo el término municipal a 15 kilómetros de distancia para continuar mordisqueando la calzada. La moneda estaba en el aire.

Y sigue allí. Todo permanece en duda: incluso los 2,3 millones de soles (593.000 euros) que firmaron para comprar los edificios colindantes y construir otros nuevos. Mientras, una población envejecida y aquejada de los problemas que da la extracción de metales se enfrenta a un nuevo futuro: los niños crecen con tóxicos en la sangre y las compañías responsables rebañan los restos antes de dejar la región.

La laguna, que antes reflejaba las nubes, ahora luce verde, expele un hedor nauseabundo y está plagada de carteles que ahuyentan al visitante con grandes exclamaciones. Un dilema que está reformando el tejido social y cambiando alguna de las codiciosas mentalidades que ascendieron a este enclave.

Plata en el bolsillo o plomo en el organismo. Y no hablamos en lenguaje narco.

FUENTE: http://noalamina.org/latinoamerica/peru/item/37762-plata-y-plomo-en-cerro-pasco-la-mina-del-polvo-envenenado
Mexico, Sin categoría

Piden declarar a Veracruz territorio libre de minería tóxica

Permitir el ingreso de la minería a Veracruz es acabar con la biodiversidad y provocar la terminación de las formas de vida campesina para expulsarla de sus pueblos y comunidades, advirtieron organizaciones civiles y ambientales.

En la declaratoria del foro Derechos humanos, patrimonio biocultural y minería en Veracruz, advirtieron que el gobierno  ha concesionado más de 243 mil hectáreas que corresponden al 3. 36 % de la superficie de Veracruz a estos proyectos.

Organizaciones exigieron al gobierno estatal y al Congreso del estado declarar a Veracruz libre de minería tóxica, y que se decreten territorios serranos como zonas de áreas naturales protegidas.

En voz de Beatriz Torres de la Asamblea de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), señaló que la llega de estos proyectos está  produciendo daños irreversibles al ecosistema, se castiga a la tierra, a la naturaleza, a los pueblos y las personas para satisfacer la voracidad de las empresas corporativas que destruyen las formas de vida.

“En 2012 y 2017 las mineras Caballo Blanco y la Paila han pretendido iniciar la explotación minera que destruiría la zona costeña de chiconquiaco. Afortunadamente hemos logrado detener estos proyectos con argumentos científicos, ambientales, y culturales, las mineras deben retirarse definitivamente de Veracruz, pues sus operaciones dañarían a la naturaleza”.

Sin embargo reconoció que falta mucho para frenar la minería tóxica pues hay concesiones por más de 100 años, por lo que exigieron una vez más  al gobierno estatal y el congreso local una postura fuerte para decretar a Veracruz un estado libre de minería.

FUENTE:http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=931582