COOPERACCION – BOLETÍN AMP OCT. 2022
El anuncio de que los activos del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) serán administrados por sus extrabajadores, a través de la empresa Metalurgia Business Perú SAC., ha causado revuelo y plantea varias interrogantes. Más aun cuando se anuncia la reapertura de las operaciones en un plazo bastante breve: se ha dicho que para el […]

El anuncio de que los activos del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) serán administrados por sus extrabajadores, a través de la empresa Metalurgia Business Perú SAC., ha causado revuelo y plantea varias interrogantes. Más aun cuando se anuncia la reapertura de las operaciones en un plazo bastante breve: se ha dicho que para el primer trimestre del 2023 se estaría produciendo en La Oroya cobre, para mayo plomo y en aproximadamente dos años, todos los circuitos estarán operando. ¿Es así de sencillo? Vamos por partes. Recordaremos algunos antecedentes de este caso e intentaremos analizar lo que se puede venir.

Fuente: El Comercio
Apelando a la historia

El CMLO empezó a operar por primera vez en 1922, lo que significa que ya ha cumplido cien años. Por esa época, la propietaria de este complejo metalúrgico era la norteamericana Cerro de Pasco Corporation, que de lejos era la empresa minera más poderosa del país, dueña de varias minas, fundiciones y, posteriormente, refinerías, principalmente en la sierra central. Tal y como lo muestran varios informes oficiales y estudios realizados, la puesta en marcha de la fundición y los circuitos de refinerías en La Oroya generó un impacto de contaminación ambiental nunca antes visto en el país.

En los años 70, durante el gobierno militar, liderado por Juan Velasco Alvarado, el conglomerado de la Cerro de Pasco Corporation fue estatizado y se convirtió en la empresa estatal Centromin Perú, que dominó la actividad minera en la sierra central de 1974 a 1997. El período de la minería estatal estuvo marcado por un crecimiento de las operaciones y una mayor fuerza laboral, sobre todo en ciudades como Cerro de Pasco y La Oroya que eran además los núcleos principales de la expansión minera. En ese escenario, los temas ambientales siguieron siendo marginales en la agenda y la minería estatal siguió incrementando los pasivos ambientales con operaciones crecientemente contaminantes.

Ya en la década del 90 y en medio de la puesta en marcha de las reformas estructurales de inspiración liberal, un aspecto clave fue el retiro del Estado de las distintas esferas de la producción. El proceso de desmantelar y privatizar las empresas públicas fue sin duda una de las reformas más importantes del modelo económico y significó que el sector privado recupere preponderancia, sobre todo en sectores claves como el minero y actividades conexas. Es así que en 1997 el CMLO fue vendido a la estadounidense Doe Run Company.

Al adquirir el complejo, Doe Run también asumió el compromiso de implementar y cumplir con un programa de inversiones ambientales, cuyo objetivo era la reducción de los niveles de contaminación ambiental. Los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) debían cumplirse en el plazo de cinco años para las operaciones mineras y hasta en diez años para las operaciones metalúrgicas.

Cumplido el plazo de diez años, Doe Run no cumplió con las inversiones del PAMA, pese a que recibió de las autoridades peruanas una serie de facilidades que se expresaron en modificaciones de los proyectos de inversión en materia ambiental y varias ampliaciones del plazo. Todo esto ocurría mientras que diversos estudios confirmaban que la población de La Oroya estaba expuesta a un coctel tóxico de emisiones de metales pesados, lo que generó un enorme impacto en la salud, sobre todo en niños.

Lo cierto es que La Oroya es uno de los más graves pasivos ambientales ligados a una actividad productiva en la historia del Perú, comparable a los desastres ambientales generados por la explotación de hidrocarburos en las cuencas del Pastaza y el Corrientes en la Amazonía. Además, La Oroya fue considerada en su momento como uno de los diez lugares más contaminados del planeta.

Las interrogantes que generan los anuncios recientes

El de la Oroya es un complejo vetusto que, como hemos señalado, ha cumplido 100 años y que, además, desde hace 12 años -cuando Doe Run se declaró en insolvencia- no ha estado operando. Además, no se debe dejar de mencionar que en el CMLO no se hicieron las inversiones de adecuación y manejo ambiental que hubiesen permitido que las operaciones se adecuen a la legislación ambiental del país.

El PAMA de La Oroya era un listado de 9 proyectos en materia ambiental que, en su primera versión, representaba un monto de inversión de US$173 millones. Del conjunto de proyectos, el más importante era la construcción de una planta de ácido sulfúrico por un valor de US$ 107.5 millones. Este es uno de los proyectos que nunca concretó Doe Run.

Por eso llama la atención cuando se afirma que las operaciones se van a retomar en apenas unos meses y que el capital estimado para el inicio de la producción es de US$ 100 millones. Cabe preguntar, ¿dentro de las inversiones que se proyectan hacer en La Oroya se han considerado los proyectos vinculados a la adecuación y el manejo ambiental? ¿Qué montos se manejan para este tipo de inversiones y en qué plazos se van a dar?

El presidente Castillo ha anunciado la creación de una mesa técnica integrada por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente, sin embargo no queda claro cómo se va a trabajar, en qué plazos y qué filtros se van a poner al anunciado reinicio de operaciones del CMLO. Es totalmente entendible la expectativa que pueden tener los trabajadores de La Oroya en una reactivación del CMLO. Sin embargo, ésta no puede ser a costa de dejar de lado la problemática ambiental. Que no se juegue con las legítimas expectativas de La Oroya y que no se pierda de vista que en esta localidad hay una agenda ambiental pendiente, que tiene que ver de manera directa con la salud de los ecosistemas y la salud de su población.
FUENTE: COOPERACCION

www.conflictosmineros.org.pe
Alerta informativa 26/10/2022

A través de una conferencia de prensa realizada ayer en la ciudad del Cusco, dirigentes del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar y otras organizaciones sociales de esta provincia cusqueña anunciaron el reinicio de una huelga indefinida a iniciarse el 7 de noviembre de este año.

La medida de fuerza es contra la empresa minera Antapaccay, las autoridades locales y el gobierno central. Los dirigentes argumentaron que no habría cumplimiento de compromisos por parte de la minera y que debe transparentar el dinero del convenio marco.

Recordaron que el convenio marco establece que un porcentaje de las utilidades de Antapaccay deben invertirse en el desarrollo de la provincia. Pero pusieron como ejemplo que habría habido obras y compras sobrevaloradas.

Asimismo, los dirigentes señalaron que hay una incapacidad del gobierno central para que puedan ayudar a llegar a acuerdos concretos en las mesas de diálogo. Han pasado más de 10 años de esas mesas y no se ha llegado a nada.

Resaltaron también que, con 40 años de minería en la provincia, y no se cuenta con agua potable en las 24 horas, y esta agua tiene metales pesados.

“La minera Glencore tiene ahora el proyecto ampliación Coroccohuayco que tendrá para 30 a 50 años y más de 70 % de las tierras de Espinar se están concesionando a la minería” alertaron en la conferencia.

Los dirigentes también denunciaron que la empresa minera estaría financiando un plan comunicacional para deslegitimar los reclamos y las luchas de la provincia, y que habría financiado a candidatos a la alcaldía.

“La minera tiene un plan sicosocial, para amedrentar a las organizaciones sociales y a las comunidades. Por eso es que el proyecto de agua está paralizado. En su plan se dedican a desacreditar a los dirigentes ante la población.”

Por eso los dirigentes señalaron que están pidiendo una indemnización a la minera por desacreditar a los dirigentes sociales y por impedir el desarrollo de la provincia de Espinar.

“Nuestros animales están muriendo, parece un cementerio de animales que están muriendo por la contaminación minera del rÍo”, denunciaron en la conferencia de prensa.

Finalmente mencionaron que con esta medida de lucha resultarán afectados las empresas mineras Antapaccay, Hudbay y Las Bambas por el cierre del corredor minero.