Chile

Codelco se anticipa a Ley de Glaciares e ingresa hoy modificaciones a División Andina

La estatal ingresará a tramitación ambiental un proyecto por US$250 millones que si bien mantiene en 358 hectáreas el rajo autorizado de la minera, redirecciona su explotación hacia zonas sin presencia de glaciares.

Codelco decidió adelantarse a la Ley de Glaciares. Es que para hoy a las 12 horas está previsto que la estatal presente los estudios pertinentes ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para alejar las operaciones de División Andina de las zonas con presencia de glaciares, según información a la que accedió PULSO.

El proyecto denominado “Adecuación de Obras Mineras DAND para Continuidad Operacional Actual” se ingresará a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y trata de adecuaciones a la mina rajo y a su depósito de lastre, manteniendo sin variación el resto de las operaciones y procesos productivos de División Andina.

En concreto, la iniciativa mantiene en 358 hectáreas el rajo autorizado de Andina, pero redireccionando la explotación minera hacia zonas sin presencia de glaciares. Por otro lado, habilita la capacidad aprobada del depósito de lastre, adecuando su forma para no afectar glaciares de roca y reforzando sus sistemas de captación, conducción y acondicionamiento de las aguas que entran en contacto con zonas mineralizadas. Para ello se contará con una nueva planta de pasada de 600 litros por segundo a 2.350l/s.

La iniciativa no implica aumentos de producción ni de consumo de agua, ni tampoco modifica la vida útil actual de la división.

“El diseño de este estudio de Evaluación Ambiental ha considerado las variables ambientales a través de medidas efectivas para resguardar la calidad del río y los glaciares adyacentes al rajo y depósito. La aprobación de este EIA permitirá asegurar la continuidad operacional de División Andina, la mantención del empleo y su aporte actual al valle del Aconcagua y al Estado, para que los chilenos y chilenas puedan beneficiarse con los recursos naturales del país”, explican desde Codelco.

La inversión que requerirán estas obras es de unos US$250 millones y su construcción tomará 36 meses. Durante ese período se crearán 450 puestos de trabajo en promedio, se indica.

¿Por qué hacer esto?. Según señalan en la estatal, esta iniciativa busca anticiparse a una eventual regulación sobre la actividad minera en glaciares, al tiempo de hacerse cargo de las inquietudes de los ambientalistas. Esto considerando que hoy hay varias iniciativas en el Congreso que abordan este tema.

El primer paso en esta dirección fue tomado por el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, a poco andar al interior de la organización, cuando en 2015 anunció la reformulación del proyecto de más de US$6.000 millones Andina 244, que incluía la afectación sobre seis glaciares.

“Diría que hay dos o tres hechos que han restringido la forma de hacer minería, un montón de políticas públicas que emergen con mucha fuerza, sobre todo la ley de glaciares, el cambio climático, la sequía del Norte, el tema de las comunidades, el tema ambiental, son situaciones relativamente nuevas, que le ponen un marco bastante más estrecho para desarrollar minería, y eso se superpone al natural envejecimiento o deterioro de los minerales”, comentó Pizarro en una entrevista con PULSO en noviembre pasado.

Si bien este proyecto que se ingresará hoy no está relacionado con la expansión que se deberá llevar adelante en Andina para asegurar su sustentabilidad a futuro, denominado Desarrollo Futuro Andina -hoy en prefactibidad- desde la estatal anuncian en su página web que para llevar adelante dicha iniciativa están apostando por “una nueva alternativa de desarrollo que equilibre la necesidad de aprovechar el mayor recurso mineral que poseemos, con un caso de negocio de menor inversión, menor tiempo de construcción y que se ajuste a la realidad del escenario medioambiental actual y de la industria”.

La división Andina, ubicada en la V región, tiene el 38% de los recursos mineros de Codelco.

Fuente:http://www.pulso.cl/empresas-mercados/codelco-se-anticipa-ley-glaciares-e-ingresa-hoy-modificaciones-division-andina/

Venezuela

Arco Minero- Impuesto a la explotación minera será establecido por el Presidente –

La Ley del Régimen Tributario para el Desarrollo Soberano del Arco Minero deja en manos del presidente de la República la fijación del impuesto que cobrará el país por las actividades de explotación minera, según señala el instrumento legal aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y publicado en la Gaceta Oficial N° 41.310 con fecha 29 de diciembre de 2017.

El artículo 2 de la Ley propuesta por el presidente Nicolás Maduro en septiembre, señala que “los enriquecimientos netos anuales de fuente territorial (…) se gravarán con base a lo dispuesto por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela”.

Detalla algunos criterios para establecer la alícuota de Impuesto sobre la Renta, entre ellos la capacidad de producción y procesamiento. Adicionalmente, señala que las empresas tendrán que destinar el monto correspondiente al pago del ISLR a la inversión de bienes de capital, adquisición de nuevas tecnologías, ampliación o mejoras y equipamiento del parque industrial, a la diversificación productiva e incremento de empleo, a la ampliación y desarrollo de la infraestructura empresarial, a la constitución de sociedades mercantiles o adquisición de acciones, así como a programas en materia de adecuación tecnológica de la pequeña minería».

Por otra parte, se determina que el Impuesto sobre la Renta “que se genere con ocasión de la venta del oro en el exterior autorizada por el Banco Central de Venezuela, se determinará y pagará en moneda extranjera o su equivalente en oro”.

El gobierno de Nicolás Maduro impulsa desde 2010 el llamado Arco Minero, una zona económica especial de unos 111.846 kilómetros cuadrados, en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, rico en oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales.

Fuente:http://globovision.com/article/impuesto-a-la-explotacion-minera-sera-establecido-por-el-presidente

Chile

Tronaduras en Isla Riesco: la mayor contradicción medioambiental de Chile

El llamado “legado ambiental” de la Presidenta Michelle Bachelet, no puede sostener esta enorme contradicción al terminar su mandato. Aprobar las tronaduras de la Mina Invierno, de propiedad del grupo Angelini y Von Appen, en Isla Riesco, significaría un subsidio a la extracción de carbón, perpetuando el uso de combustibles fósiles para la generación eléctrica, lo que se contradice con todos los acuerdos que ha firmado el país para reducir el cambio climático.

Este miércoles 10 de enero del 2018, la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes votará si aprueba o no el uso de tronaduras en la mayor mina de carbón de la historia de Chile, Mina Invierno, en Isla Riesco. Ante ello, declaramos que es imperativo rechazar el uso de explosivos para la explotación del carbón.

El llamado “legado ambiental” de la Presidenta Michelle Bachelet, no puede sostener esta enorme contradicción al terminar su mandato; aprobar las tronaduras, significaría un subsidio a la extracción de carbón, perpetuando el uso de combustibles fósiles para la generación eléctrica, lo que se contradice con todos los acuerdos que ha firmado el país para reducir el cambio climático.

Durante el mandato de la Presidenta Bachelet, el Gobierno ha firmado acuerdos internacionales como el Acuerdo de París y la Alianza contra el Carbón en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático-COP23, que buscan la eliminación de los combustibles fósiles de nuestras sociedades y economías, y que destaca el impacto que este ha generado en la pérdida de la biodiversidad y en la salud de la población.

En este sentido, el Gobierno ha impulsado la Agenda de Energía, con su hoja de Ruta 2050, que pretende asegurar una matriz energética que contenga un 60% de energías renovables para el año 2035, eliminando así gradualmente el carbón de la matriz eléctrica. Según cifras oficiales del 2016, el parque termoeléctrico a carbón en Chile está compuesto por 29 centrales, produciendo el 44% de la generación bruta total del país, las cuales están concentradas en cinco comunas, llamadas zonas de sacrificio, generando graves daños en la salud de la población, ecosistemas y en las economías locales.

Asimismo, con el objetivo de valorar y conservar nuestro patrimonio ambiental, este año se materializará el protocolo de acuerdo para la creación de la Red de Parques de la Patagonia, que abarcará 4,5 millones de hectáreas de áreas protegidas, en donde el futuro Parque Nacional Kawésqar aportará con 2.800 millones de hectáreas, parte de la cuales están en Isla Riesco.

Asimismo, con el objetivo de valorar y conservar nuestro patrimonio ambiental, este año se materializará el protocolo de acuerdo para la creación de la Red de Parques de la Patagonia, que abarcará 4,5 millones de hectáreas de áreas protegidas, en donde el futuro Parque Nacional Kawésqar aportará con 2.800 millones de hectáreas, parte de la cuales están en Isla Riesco.

Sin embargo, en la misma Isla Riesco se vive una enorme contradicción: mientras se protege gran parte de su territorio, otro es destinado como polo extractivo de carbón. Mina Invierno es la primera mina a cielo abierto de cuatro minas más proyectadas en Isla Riesco, por los grupos económicos Angelini y Von Appen.

Durante sus ocho años de operación ha incumplido sistemáticamente diversos compromisos adquiridos con el Estado de Chile y ha sido multada y sancionada por la Superintendencia del Medio Ambiente en dos oportunidades, por contaminar Isla Riesco desde el comienzo de sus operaciones. Hoy, a pesar de que Mina Invierno fue aprobada bajo una explotación eminentemente mecánica, ya que el titular negó en reiteradas ocasiones que usaría tronaduras, la empresa pretende incorporarlas por 15 años más, con el único objetivo de abaratar sus costos de operación, a costa de incrementar los impactos socioambientales.

Fuente:http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2018/01/09/tronaduras-en-isla-riesco-la-mayor-contradiccion-medioambiental-de-chile/

 

Argentina

El saqueo del litio en el noroeste argentino

No muchos argentinos parecen advertir que hace ya 20 años que una gran corporación química norteamericana llamada FMC Lithium explota el Salar del Hombre Muerto, ubicado en la provincia de Catamarca, posicionándose entre las cuatro mayores productoras mundiales de litio (SQM, Albermale, Tianqui y FMC controlan el 80 por ciento de las exportaciones mundiales). Y muchos menos son los que conocen la manera en que dicha empresa logró adjudicarse en 1991 el contrato de explotación, protagonizando una de las privatizaciones más escandalosas y a la vez más ocultas de nuestra historia reciente.

Casi todo el mundo sabe hoy que el litio es un metal muy liviano, que sirve para fabricar las baterías recargables que llevan los dispositivos electrónicos portátiles y que también empiezan a ser utilizadas para impulsar los nuevos vehículos eléctricos y almacenar energía renovable. Incluso bastante gente sabe además que los salares de la puna sudamericana contienen enormes reservas de litio, una materia prima “estratégica” que en los últimos años no hizo más que aumentar su precio internacional, “atrayendo” inversiones extractivas directas de todo el globo (si bien el litio no cotiza en bolsa, se estima que entre 2014 y 2016 su valor promedio pasó de 5.000 a 7.500 dólares la tonelada, alcanzando en el último año picos cercanos a los 18.000 dólares). Sin embargo, no muchos argentinos parecen advertir que hace ya 20 años que una gran corporación química norteamericana llamada FMC Lithium explota el Salar del Hombre Muerto, ubicado en la provincia de Catamarca, posicionándose entre las cuatro mayores productoras mundiales de litio (SQM, Albermale, Tianqui y FMC controlan el 80 por ciento de las exportaciones mundiales). Y muchos menos son los que conocen la manera en que dicha empresa logró adjudicarse en 1991 el contrato de explotación, protagonizando una de las privatizaciones más escandalosas y a la vez más ocultas de nuestra historia reciente.

Incluso pareciera desconocerlo la propia gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, que, a pesar de la existencia de severos problemas ambientales y del nulo desarrollo socioeconómico local producido por la empresa tras 20 años de explotación ininterrumpida, envió al senado provincial un proyecto de ley para reducirle las ya minúsculas regalías mineras (del 3 al 2 por ciento) y liberarla de la única regulación que hasta hoy le impide poder especular con las acciones y los derechos mineros de su subsidiaria local, Minera del Altiplano SA. Un breve repaso por esa historia quizás sirva para despejar las dudas que puedan tener los legisladores catamarqueños a la hora de custodiar el interés general.

En realidad, el proyecto que hoy explota la FMC sobre el Salar del Hombre Muerto pertenecía originalmente a la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), que entre los años 1960 y 1970 exploró los salares de la puna interesada por los usos del litio en la fusión nuclear. Sin embargo, la última dictadura militar –como corresponde– decidió incorporar al litio entre las sustancias concesibles del Código de Minería y en 1982 intentó transferir el proyecto de la estatal DGFM a la norteamericana FMC, que por entonces se llamaba Lithco y afrontaba juicios por contaminación ambiental en Bessemer City. Pero la derrota en la guerra de Malvinas interrumpió el proceso licitatorio y la empresa norteamericana debió esperar hasta la llegada de Menem. En efecto, después de varios intentos fallidos, en febrero de 1991 logró repentinamente obtener el ansiado contrato de explotación, debiendo reconocer una pequeña participación de la DGFM y de la provincia de Catamarca en la flamante Minera del Altiplano SA que se haría cargo del proyecto (2,5 por ciento para cada una), con la correspondiente designación de un miembro en el directorio. Según Vicente Méndez, por entonces jefe del Departamento de Geología y Minería de la DGFM, la “expeditiva resolución” se debió al famoso crimen de María Soledad ocurrido en septiembre de 1990, que habría llevado alas autoridades provinciales a confirmar velozmente la transferencia de los dos proyectos más relevantes de la minería argentina –Salar del Hombre Muerto y Bajo La Alumbrera–, suponiendo que ambos contratos “descargarían las tensiones y llevarían el olvido a las multitudes que diariamente pugnaban con sus marchas contra la estabilidad del gobierno de (Ramón) Saadi pidiendo justicia” (Méndez, 2004: 17). Al mes siguiente, el gobernador fue destituido y la provincia intervenida por el gobierno central.

En los años siguientes, las reformas legales e institucionales impulsadas por el Banco Mundial para el sector minero argentino (Pasma), no harían más que consagrar un régimen sectorial diseñado a la medida de las corporaciones mineras que ya se habían radicado en el país. De esa forma, a la Ley de Inversiones Mineras de 1993 (que garantiza enormes beneficios impositivos, 30 años de estabilidad fiscal y regalías limitadas al 3 por ciento),se suma la incorporación del artículo 124 a la Constitución Nacional que transfirió los recursos naturales a las provincias y –como si eso no fuera suficiente– un régimen de reintegro adicional para las exportaciones mineras de la Puna (originalmente del 5 por ciento, reducido a la mitad en enero de 2002). En el caso particular de la FMC, la Reforma del Estado de Menem liquidó la DGFM, cediendo a la provincia de Catamarca su participación en Minera del Altiplano SA, que así debía subir al 5 por ciento. Pero en 1994, el entonces gobernador Arnoldo Castillo (que había gobernado la provincia durante la dictadura militar), consideró que esa mínima regulación era excesiva y firmó un nuevo contrato con la empresa, eximiéndola de pagar el canon de agua y reduciendo la participación provincial al 3 por ciento.

Cabe recordar que, por aquel entonces, la FMC también tenía los ojos puestos sobre el Salar de Uyuni ubicado en Bolivia (la mayor reserva de litio del mundo). Pero en 1993 decidió renunciar al contrato de explotación adjudicado, debido a las condiciones de participación y fiscalización pública que las universidades y el parlamento boliviano pretendían exigirle, en medio de extensas e intensas protestas sociales en todo el país (allí mismo el actual gobierno de Bolivia impulsa hoy un proyecto de industrialización 100 por ciento estatal). Si bien el Salar del Hombre Muerto era de menor relevancia, la FMC decidió privilegiar una política minera que, en los hechos, se reducía al 3 por ciento de regalías, sin ningún límite ni control en la extracción de salmueras y en el consumo de agua dulce y una participación del estado provincial que apenas le exigía no vender las acciones del proyecto ni los derechos mineros que le habían sido transferidos por la empresa estatal.

Así fue como, a fines de 1997, Minera del Altiplano SA logró inaugurar el proyecto de litio sobre el Salar del Hombre Muerto, donde posee una planta de carbonato de litio, más una planta de cloruro de litio ubicada en General Güemes, Salta, sumando una producción anual promedio de 16.500 toneladas que exporta en su totalidad vía puerto chileno, principalmente a sus propias plantas industriales de EE.UU. y a China. Mientras tanto, el departamento de Antofagasta de las Sierras donde se encuentra el Salar del Hombre Muerto, aún permanece aislado (los operarios son trasladados en avión al proyecto que posee su propia pista de aterrizajes), su escasa población de 1500 habitantes carece de los servicios básicos y la Dirección de Gestión Ambiental Minera recibió serias denuncias por la contaminación del delta del río Trapiche (que drena al sur del salar donde se emplazan las instalaciones de la empresa).

De esta forma, a diferencia de lo que ocurre en Chile y en Bolivia (que también poseen enormes reservas de litio bajo sus salares andinos), la legislación argentina no reconoce el carácter “estratégico” del litio, permitiendo al sector privado acceder a los yacimientos públicos a través de una concesión minera ordinaria y disponer de ellos libremente para venderlos, arrendarlos, hipotecarlos o explotarlos hasta agotarlos, con el ritmo, la escala y las consecuencias ambientales que quieran. Es por ello que hoy, frente a la creciente demanda internacional, las inversiones extractivas directas se apuran por adquirir derechos sobre nuestros salares, incluidas las grandes corporaciones globales del litio, como la chilena SQM, controlada por el ex yerno de Pinochet, que no puede ampliar su explotación en el salar de Atacama por protagonizar los mayores escándalos de corrupción de la historia de Chile (pero es recibida con total pleitesía por el gobierno de Jujuy e incluso por el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri).

Para no ser menos, la gobernadora de Catamarca y presidente del PJ provincial, Lucía Benigna Corpacci, decidió ponerse a tono con la política minera de Cambiemos y, luego de celebrar el fin de las retenciones, prometió públicamente a los gerentes de la FMC modificar los contratos de explotación vigentes para reducir las regalías en un 2 por ciento sobre el valor de las venta y liberarla del impedimento de vender las acciones y los derechos mineros sobre el Salar del Hombre Muerto. En otras palabras, si en los ´90 renunciamos a la propiedad estatal de uno de los mayores proyectos de litio del mundo, ahora pretenden que renunciemos también a regular siquiera el alquiler. Sin embargo, según los propios contratos de privatización, cualquier nueva modificación deberá ser refrendada por el parlamento provincial. Aunque parezca mentira, una vez más, funcionarios y gerentes buscan convencer a los legisladores y a la sociedad civil de la urgente necesidad de eliminar cualquier vestigio de regulación soberana sobre los bienes naturales de nuestro subsuelo, repitiendo las míseras promesas del pasado: generar 200 empleos e infraestructura básica para la comunidad local. ¿Podrán justificar nuevamente semejante desproporción? Esta vez, sin embargo, ya no hay lugar para crédulos, ingenuos o distraídos.

Fuente: http://noalamina.org/argentina/catamarca/item/38434-el-saqueo-del-litio-en-el-noroeste-argentino

* Sociólogo (UBA), becario Conicet en Temas Estratégicos, integrante del Programa de Intervención Socio Ambiental (Piidisa) de la Universidad Nacional de Quilmes.

Perú

Comunidades afectadas por la minería esperan del Papa un mensaje de esperanza y defensa frente a la violencia ambiental que sufren sus territorios

La Red MUQUI Perú y la Red Iglesias y Minería, enviaron una carta al Papa Francisco, en el marco de su visita a Perú. En ella, dan a conocer al Papa, la situación de violencia y criminalización que viven las comunidades afectadas por la minería en el Perú, por defender sus derechos.

Al mismo tiempo, indican que las comunidades esperan del Papa, “un mensaje inspirador y esperanzador”, “un mensaje de denuncia de la situación ambiental, generada por un modelo económico consumista que se refleja en la depredación por parte de la actividad minera en los territorios de los pueblos indígenas”.

“La imposición de un modelo de consumo mundial” -dice el texto de la carta- “genera también la imposición de una serie de actividades económicas en países como el Perú, que es visto geopolíticamente sólo como un productor de materias primas a bajo costo y de trabajo barato, funcional a los países industrializados (…) lo que hace que nuestra economía sólo decida su futuro en base a la minería e hidrocarburos, que en ambos casos presionan más del 50% de las tierras de nuestras comunidades campesinas y nativas, que poco a poco están siendo condenadas a la desaparición por la pérdida de sus tierras”.

“¿Tenemos que morir para que nuestro país tenga plata?”, dice el dirigente campesino Flavio Huarqque de Apurímac, donde se opera el proyecto minero Las Bambas, de capitales chinos.

“Frente a su mensaje esperanzador e inspirador, Santo Padre, nuestros gobernantes en el Perú, los mismos que Su Santidad recibió en su despacho en Roma para invitarlo a Perú, toman medidas, dictan normas, y establecen políticas públicas, que desregulan en materia ambiental y social y facilitan el acceso de los intereses económicos de las empresas mineras, poniendo en riesgo la salud ambiental y humana de las personas, su entorno y la supervivencia de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas en el Perú. Hay una gran incoherencia que denunciamos ante Su Santidad, en espera que pueda hacer un llamado, durante su visita, al gobierno del Perú al respecto”., denuncian La Red MUQUI -Perú y la Red Latinoamericana Iglesias y Minería.

“Los pueblos indígenas y comunidades, no quieren que se les siga imponiendo un modo de vida. Quieren vivir respetando la naturaleza de la que son y se sienten parte, quieren vivir de sus actividades económicas ancestrales, que también son las que mantienen nuestra canasta familiar a nivel nacional, como la agricultura familiar y la ganadería”, manifiestan los autores de la carta, dirigida al Santo Padre, con la expectativa que de un mensaje en defensa de los territorios de los pueblos indígenas del Perú.

La Red MUQUI Perú, es un colectivo de 29 instituciones de 11 regiones del Perú. La Red Iglesias y Minería, reúne a organizaciones de iglesias de Latinoamérica, cuya misión es acompañar a los pueblos y comunidades en la defensa de sus derechos y de su ambiente.

Algunos aspectos claves de la Carta al Papa Francisco enviada por la Red Muqui y la Red Iglesias y Minería:

Un mensaje de respeto a las Comunidades Campesinas y sus territorios

El pueblo peruano, reconoce en la oración de San Francisco de Asís, a la Madre Tierra que, en nuestras lenguas originarias, se traduce como “Pacha Mama”. Cosmovisión ancestral de nuestros pueblos originarios, comunidades campesinas y nativas en el Perú, la que hemos ido olvidando por la presión del modelo económico de consumo que hoy nos invade y sojuzga.

“¿Tenemos que morir para que nuestro país tenga plata?”, interpelaba indignado al Ministro de Salud, el dirigente campesino Flavio Huarqque de Apurímac, donde se opera el proyecto minero Las Bambas, de capitales chinos. Usted, Santo Padre, ha reiterado en sus mensajes a los movimientos sociales, “la primera tarea es poner la economía al servicio de los Pueblos: los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero”. Pero, lamentablemente esa economía, en la práctica genera mayores brechas sociales que a su vez generan situaciones de conflictividad social. Por ello, nuestros pueblos demandan respuestas concretas a problemas concretos.

La Red MUQUI Perú y la Red Iglesias y Minería, enviaron una carta al Papa Francisco, en el marco de su visita a Perú. En ella, dan a conocer al Papa, la situación de violencia y criminalización que viven las comunidades afectadas por la minería en el Perú, por defender sus derechos.

Al mismo tiempo, indican que las comunidades esperan del Papa, “un mensaje inspirador y esperanzador”, “un mensaje de denuncia de la situación ambiental, generada por un modelo económico consumista que se refleja en la depredación por parte de la actividad minera en los territorios de los pueblos indígenas”.

“La imposición de un modelo de consumo mundial” -dice el texto de la carta- “genera también la imposición de una serie de actividades económicas en países como el Perú, que es visto geopolíticamente sólo como un productor de materias primas a bajo costo y de trabajo barato, funcional a los países industrializados (…) lo que hace que nuestra economía sólo decida su futuro en base a la minería e hidrocarburos, que en ambos casos presionan más del 50% de las tierras de nuestras comunidades campesinas y nativas, que poco a poco están siendo condenadas a la desaparición por la pérdida de sus tierras”.

“¿Tenemos que morir para que nuestro país tenga plata?”, dice el dirigente campesino Flavio Huarqque de Apurímac, donde se opera el proyecto minero Las Bambas, de capitales chinos.

“Frente a su mensaje esperanzador e inspirador, Santo Padre, nuestros gobernantes en el Perú, los mismos que Su Santidad recibió en su despacho en Roma para invitarlo a Perú, toman medidas, dictan normas, y establecen políticas públicas, que desregulan en materia ambiental y social y facilitan el acceso de los intereses económicos de las empresas mineras, poniendo en riesgo la salud ambiental y humana de las personas, su entorno y la supervivencia de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas en el Perú. Hay una gran incoherencia que denunciamos ante Su Santidad, en espera que pueda hacer un llamado, durante su visita, al gobierno del Perú al respecto”., denuncian La Red MUQUI -Perú y la Red Latinoamericana Iglesias y Minería.

“Los pueblos indígenas y comunidades, no quieren que se les siga imponiendo un modo de vida. Quieren vivir respetando la naturaleza de la que son y se sienten parte, quieren vivir de sus actividades económicas ancestrales, que también son las que mantienen nuestra canasta familiar a nivel nacional, como la agricultura familiar y la ganadería”, manifiestan los autores de la carta, dirigida al Santo Padre, con la expectativa que de un mensaje en defensa de los territorios de los pueblos indígenas del Perú.

La Red MUQUI Perú, es un colectivo de 29 instituciones de 11 regiones del Perú. La Red Iglesias y Minería, reúne a organizaciones de iglesias de Latinoamérica, cuya misión es acompañar a los pueblos y comunidades en la defensa de sus derechos y de su ambiente.

 

Algunos aspectos claves de la Carta al Papa Francisco enviada por la Red Muqui y la Red Iglesias y Minería:

Un mensaje de respeto a las Comunidades Campesinas y sus territorios

El pueblo peruano, reconoce en la oración de San Francisco de Asís, a la Madre Tierra que, en nuestras lenguas originarias, se traduce como “Pacha Mama”. Cosmovisión ancestral de nuestros pueblos originarios, comunidades campesinas y nativas en el Perú, la que hemos ido olvidando por la presión del modelo económico de consumo que hoy nos invade y sojuzga.

“¿Tenemos que morir para que nuestro país tenga plata?”, interpelaba indignado al Ministro de Salud, el dirigente campesino Flavio Huarqque de Apurímac, donde se opera el proyecto minero Las Bambas, de capitales chinos. Usted, Santo Padre, ha reiterado en sus mensajes a los movimientos sociales, “la primera tarea es poner la economía al servicio de los Pueblos: los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero”. Pero, lamentablemente esa economía, en la práctica genera mayores brechas sociales que a su vez generan situaciones de conflictividad social. Por ello, nuestros pueblos demandan respuestas concretas a problemas concretos.

Fuente:http://iglesiasymineria.org/2018/01/08/comunidades-afectadas-por-la-mineria-esperan-del-papa-un-mensaje-de-esperanza-y-defensa-frente-a-la-violencia-ambiental-que-sufren-sus-territorios/

Mexico

La esperanza única o la única esperanza

El mayor sitio sagrado del pueblo indígena Wixárika o huichol es Wirikuta (SLP); ha conservado su identidad espiritual y continúa practicando su tradición cultural y religiosa desde hace miles de años. Ahí se originó la Creación, y es a donde peregrinan las comunidades Wixárika, recreando el recorrido que hicieron sus antepasados. Allí se teje y se sostiene la esencia de la vida del planeta. El Cerro Quemado es el punto donde nació el sol y es el altar más importante y sagrado. Esta región posee un ecosistema único en el mundo; concentra la mayor biodiversidad y riqueza de cactáceas del planeta; es un jardín de plantas amenazadas y en peligro de extinción. Una gran proporción de su flora y fauna es endémica; el Águila Real vive ahí. La destrucción de Wirikuta implicaría la destrucción del pueblo wixárika.

En 1911 el gobierno mexicano entregó 22 concesiones mineras a canadienses a través de la empresa mexicana Real Bonanza SA de CV. El 70 % de las hectáreas concesionadas están dentro de la Reserva de Wirikuta. Se anunció un mega proyecto minero de la empresa canadiense Revolution Resources, esta pretendía explotar recursos minerales en 59,678 hectáreas dentro del Área Natural Protegida de Wirikuta, un 42.56% de su superficie total. El método de explotación sería minado de Tajo a cielo abierto y el sistema de beneficio mediante cianuración. Grandes cantidades de agua serían utilizadas por la mega minería, provocando desecamiento de cuencas hídricas ya sobreexplotadas y con muy poca capacidad de recuperación; los manantiales sagrados donde el pueblo wixarika recolecta sus aguas benditas, serían contaminados con cianuro y metales pesados.

Ante tan grave situación, ciudadanos de diferentes partes del país organizaron el Frente de defensa «Tamatsima Wahaa», con el lema «Salvemos Wirikuta, corazón sagrado de México» se integraron todas las comunidades Wixárikas, grupos universitarios y sociales, hubo extensa participación ciudadana. Se organizaron marchas hacia la residencia presidencial los Pinos para entregar un primero y un segundo pliegos petitorios firmados por todas las comunidades donde se manifestaba que se mantendrían firmes en su camino de defensa y protección de Wirikuta. Solicitaban elevar a rango federal la protección como área natural protegida; cancelar las concesiones mineras y clausurar los trabajos que destruyen ilegalmente cientos de hectáreas. Se realizó el Concierto «Wirikuta Fest», para socializar la causa y obtener recursos que apoyaran la defensa integral, al cual asistieron más de 55,000 personas.

Finalmente, en 2012 y 2013, los tribunales federales otorgaron la suspensión de 40 concesiones mineras, entre ellas la del megaproyecto. Esta acción legal detuvo todos los trabajos mineros en el territorio sagrado de Wirikuta. Además, se legisló que «Ninguna entidad gubernativa, ya sea Municipal, Estatal o Federal puede otorgar permisos (de exploración ni explotación) para que se realicen trabajos mineros en la zona. Las autoridades del Estado Mexicano deberán proteger la zona ante actos de terceros que puedan violar esta suspensión».

La UNESCO declaro a Wirikuta «patrimonio de la Humanidad». Un auténtico triunfo ciudadano, ejemplo de valor cívico y paradigma civil: el enfrentamiento de indígenas y ciudadanos con las poderosas mineras canadienses y sus miles de millones de dólares.

Ahora en Torreón vivimos un momento histórico insuperable e ideal para destruir las viejas y nocivas inercias y revertir los valores de los fundadores de esta ciudad, cuyos principios enmarcaron aquel Torreón idílico: constancia, unión, fe, alianza, esperanza y otros umbrales celestiales. Hoy en la ciudad podemos respirar un aíre más propenso a lograr cambios importantes; pero debemos mantener en alto la bandera de la ciudadanización ante todas las acciones que nos afectan, el cambio de partido sólo debe verse como oportunidad de mantener nuestra postura; pasar de esclavos de un gobierno municipal dictatorial, amenazante e insultante, a personas libres que podamos preguntarnos cómo queremos vivir y cambiar radicalmente el entorno; después, seguir luchando para que esa libertad se mantenga a toda costa.

Basta ver las paupérrimas condiciones en que quedó Torreón después de 8 años de saqueo y destrucción, para que tomemos consciencia de a dónde queremos ir; ha dejado de ser hoy y aquí el tiempo de quejarnos, debemos volver a salir con increíble energía y decidir cuál debe ser nuestro papel dentro del escenario que, como ciudadanía, debemos adoptar ante los cambios de 2018. Ya amanece con algunos síntomas positivos como la participación ciudadana en SIMAS; un buen avance, pero ahora deberemos continuar fiscalizando para evitar desvíos de conductas.

Si bien es cierto que un partido diferente asumió, por un año seguro hasta ahora, la dirección del municipio, todos los torreonenses debemos seguir insistiendo en nuestra dignidad; apoyar lo positivo y criticar con propuestas propositivas lo que falte. Pero a cambio los beneficios que están en juego, entre ellos el sentido de existencia de la sociedad misma, debemos buscar una mayor calidad de vida. El maquiavelismo de los perdedores es inmenso y no cejarán en intentar destruir lo logrado; las invasiones a terrenos industriales de días atrás, son solamente la punta del iceberg de perjuicios contra nuestra ciudad y nuestra dignidad.

La pregunta más seria hoy es: ¿Dónde termina la simpatía y comienza el compromiso? El primer compromiso es con nosotros mismos, pero el secreto es entender que no estamos solos; vivimos en comunidad, si nosotros crecemos, crece todo nuestro contexto, ese es compromiso honesto; él nos llevará a abordar los problemas y reconocerlos con absoluta verdad, sean cuales sean las consecuencias. La verdad es fundamental y no acepta componendas, ni debemos permitirlas. Nos es indispensable construir respuestas fincadas en integridad y transparencia; nada de promesas imposibles de cumplir o que signifiquen solo beneficios para quienes las ofrecen; pero sobretodo, participación ciudadana en todas las acciones; única energía que garantiza un futuro promisorio.

Fuente:https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1420586.la-esperanza-unica-o-la-unica-esperanza.html

 

 

 

Argentina

Comienzarán las exploraciones del proyecto Calcatreu a manos de Patagonia Gold

El director ejecutivo de la filial argentina de la minera británica Patagonia Gold, Christopher van Tienhoven, informó que en marzo próximo comenzarán las exploraciones del proyecto Calcatreu, recientemente adquirido a Pan American Silver Corp. por US$ 15 millones. “Con los permisos oficiales de explotación de los departamentos de minería y medio ambiente estaríamos iniciando la exploración en marzo”, explicó.

El cierre de la transacción está previsto para el 31 de enero o incluso antes, con un primer pago de US$ 5 millones, mientras el resto se programó para el 18 de mayo, indicó van Tienhoven.

El depósito Calcatreu está en el departamento de 25 de Mayo, a 60 kilómetros al sur de la localidad rionegrina de Ingeniero Jacobacci.

Patagonia Gold informó que la iniciativa consiste “es un sistema aurífero de baja sulfuración de alta ley, con el afloramiento de mineralización en la supercie”.

Sobre el proyecto

Para noviembre de 2003 el proyecto tenía once sistemas de vetas (de oro y plata) delineadas, incluida una gran veta de 2 km de largo y 20 metros de ancho. El depósito es de oro adalaria de baja sulfuración.

En marzo de 2007 un estudio de factibilidad hecho por Snowden Australia por medio su subsidiaria Calcatreu Gold Project dio como resultado una operación de minería a cielo abierto de forma convencional con un rango nominal de 750,000 toneladas al año.

El potencial total de mineral es de 3,5 millones con densidades de oro de 3,86 gramos/tonelada y de plata de 33,22 gramos/tonelada. Y un costo efectivo de $280,83 de dólares por onza de oro. Para el 22 de marzo de 2012 el oro cotizaba a 1.637 dólares la onza.

Fuente:http://noalamina.org/argentina/rio-negro/item/38463-comienzaran-las-exploraciones-del-proyecto-calcatreu-a-manos-de-patagonia-gold

Argentina

Un grupo de intendentes impulsa un proyecto minero prohibido en la provincia

Los mandatarios apoyan el Plan Navidad, que prevé una inversión de U$S 1.000 millones pero se enfrenta con la prohibición que rige para las explotaciones mineras a cielo abierto en la provincia.

En una carta dirigida hoy al gobernador chubutense , Mariano Arcioni , los intendentes reclamaron que se permita el desarrollo minero de la provincia y consideraron que ese proyecto abrirá » un abanico de posibilidades para el desarrollo local».

Seguir leyendo esta noticia : http://www.telam.com.ar/notas/201801/238245-intendentes-de-chubut-piden-impulsar-millonario-proyecto-minero-prohibido-en-la-provincia.html

Argentina

Los chubutenses ampliamente contra la minería y la ridiculez de la “solución minera”

Blas Meza Evans, diputado provincial del FPV, señalo que Chubut tiene una clara posición de no a la minería y destacó sus coincidencias con Mario Das Neves, quien en la última etapa de su gestión tuvo una firme posición contra la minería. Considera ridículas las posiciones que sostienen que Chubut va a cambiar con la explotación de algún yacimiento minero. Desde hace quince años, inicialmente en Esquel y luego en toda la provincia, la población se informó sobre la actividad y sus efectos y rechaza la minería a gran escala.

Meza Evans formuló declaraciones sobre una posible habilitación en la provincia de actividades mineras como el proyecto Navidad.

Finalmente sostuvo que el FPV no está cerrado al debate minero, pero destacó el amplio consenso de los chubutenses en contra de la minería, señalando además considera ridículas las posiciones que sostienen que Chubut va a cambiar con la explotación de algún yacimiento minero.

Fuente:http://noalamina.org/argentina/chubut/item/38478-los-chubutenses-ampliamente-contra-la-mineria-y-la-ridiculez-de-la-solucion-minera.

Internacional

Trump revierte medidas ambientales en EE.UU. que abren la puerta a proyecto minero de los Luksic

El presidente norteamericano tomó medidas que revierten leyes relacionadas con la energía y minería que beneficiarán a la empresa Twin Metals Minnesota, del multimillonario chileno Andrónico Luksic, con un proyecto que afecta a uno de los mayores refugios ambientales de EE.UU.

Washington. La administración del presidente Donald Trump, aprovechó la época de vacaciones en EE.UU. para revertir varias leyes relacionadas con la energía, la minería y el transporte. Una de esas medidas es a favor de la empresa Twin Metals Minnesota, una filial del gigante minero chileno Antofagasta PLC, controlado por la familia del multimillonario Andrónico Luksic.

Las medidas, que estratégicamente fueron poco comentadas en los medios, representan una marcha atrás a la regulación medioambiental impulsada por la administración de Barack Obama, publica triplepundit.com.

En el caso del proyecto minero, Trump revirtió la acción de su antecesor que declinaba la renovación  de los arriendos de cobre y níquel en 234.000 acres de tierras que bordean el refugio medioambiental Boundary Waters Canoe Area Wilderness, al norte de Estados Unidos y protegido desde 1926.

La acción de la administración Trump –que atenta contra una extensión de 1.200 millas de rutas de canoa, 2.000 campamentos y 12 rutas de senderismo en un millón de acres enclavadas en la frontera con Canadá- le permitirá a Twin Metals Minnesota, explorar una de las mayores reservas mundiales no explotadas de cobre y níquel del mundo.

En un comunicado, Twin Metals Minnesota se mostró satisfecha por la decisión, que calificó como “un importante paso para asegurar la certidumbre de las inversiones en proyectos mineros en EE.UU. y reafirmar los derechos de propiedad y el estado de Derecho”.

Un dato que dejó pasar la Casa Blanca, es que la familia Luksic – beneficiada con la medida-, alquila su mansión de Washington a la hija del presidente Trump, Ivanka Trump, por US$15.000 al mes. Sin embargo, un funcionario de la Administración aseguró que  “ni la señora Trump ni el señor Trump estaban al tanto de la situación, no tienen nada que ver con ella, y nunca han conocido a su casero”.

Suavizan regla de Sistemas de Seguridad de la Producción. La Oficina de Seguridad y Medio Ambiente de Aplicación (BSEE, por sus siglas en inglés), que se encarga de hacer cumplir la seguridad del trabajador y la protección del medio ambiente dentro de la industria del petróleo y el gas, comunicó que hizo mejoras a las reglas de producción orientadas a reducir los diversos riesgos ambientales y de seguridad, que le permitirá ahorrar a la nación unos US$228 millones.

“Estoy seguro de que esta revisión de la Regla de Sistemas de Seguridad de la Producción nos mueve hacia el cumplimiento de la meta de la Administración de lograr el dominio de la energía sin sacrificar la seguridad”, dijo el director de BSEE, Scott Angelle.

La acción de la administración Trump atenta contra una extensión de 1.200 millas de rutas de canoa, 2.000 campamentos y 12 rutas de senderismo en un millón de acres enclavadas en la frontera con Canadá.

El funcionario aseguró en una declaración pública, que “al reducir la carga regulatoria en la industria, estamos alentando el aumento de la producción nacional de petróleo y gas a la vez que mantenemos un alto nivel de seguridad y sostenibilidad ambiental”.

Las reglas, que fueron suavizadas, habían sido diseñadas para reducir los riesgos ambientales de eventos como la explosión de 2010, que causó la muerte de 11 trabajadores y provocó el desastre de Deepwater Horizon en el Golfo de México.

Revocó reglas anti-fracking. Durante el último día hábil antes del fin de año, la Oficina de Administración de Tierras (BLM, por sus siglas en inglés) rescindió las normas de 2015 que promulgaron limitaciones sobre fracking en tierras públicas.

Aunque los litigios en cursos habrían impedido que las regulaciones entren vigencia, la Oficina decidió cambiar las reglas de juego para “reducir la carga de las regulaciones federales que obstaculizan el crecimiento económico y el desarrollo energético”.

Dentro de sus anuncios de cierre de año, la BLM dijo que unos 1.700 pozos de fracking están programados para iniciar perforaciones en territorio federal, pero también de nativos americanos, durante el actual año fiscal.

Revierte política de protección a aves migratorias. Otras de las medidas tomadas por la administración Trump, esta vez en la víspera de Navidad, tiene que ver con la extracción de minerales. El departamento del Interior eliminó una política diseñada para la protección de las aves migratorias, que implica un retroceso de cien años, según la Sociedad Audubon.

Aunque la decisión no significa que las empresas tienen libertad para destruir con el hábitat de las aves, si implica que muchas de las compañías dejen de invertir en tecnologías o desarrollen medidas preventivas para evitar la muerte de estas especies.

De acuerdo con la Sociedad Audubon, la reversión de estas reglas revierte 100 años de progreso que datan de la aprobación de la Ley del Tratado de Aves Migratorias (MBTA) en 1918.

“Eliminar la MBTA va en contra de décadas de precedentes legales, así como principios conservadores básicos «, dijo David O’Neill de la organización, en un comunicado. “Durante generaciones, los republicanos y los demócratas han adoptado tanto la conservación como el crecimiento económico y ahora esta Administración los enfrenta unos a otros”, añadió.

Fuente:https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/trump-revierte-medidas-ambientales-que-abren-la-puerta-proyecto-minero-de-los