Ayer, el Congreso de la República aprobó el Convenio de Minamata, un pacto internacional al que se había suscrito Colombia para reducir el uso de este metal. Sin embargo, la minería de oro ilegal continúa siendo el gran desafío por superar.

Los habitantes de Río Quito, en Chocó, saben que están nadando en mercurio. Varias veces les han advertido que el río que les sirve de carretera y sustento tiene niveles mucho más altos que los permitidos. Las retroexcavadoras que empezaron a llegar a finales de los noventa con acento paisa y brasileño poco a poco fueron desplazando a la minería artesanal. Pese a las protestas, las resistencias y los operativos, cada tanto vuelven y arman los “dragones”, unas máquinas tan grandes como un edificio de tres pisos. Con ellas remueven las aguas, la arena, las piedras y capturan el oro gracias al mercurio.

Encontrar mercurio en Río Quito es muy fácil. Los lodazales y los cráteres que ha dejado la extracción intensiva no han impedido que, cada tanto, lleguen barcazas con ese metal volátil que desde hace tiempo corre por ciertas aguas colombianas. Como lo han reportado varias investigaciones, algunas especies de peces, el principal alimento de muchas poblaciones ribereñas, están contaminadas. Y esto no sólo sucede en Chocó. La situación se repite en Cauca, Antioquia y el sur de Bolívar.

Resolverla es muy difícil y requiere de muchos esfuerzos, pero ayer Colombia dio un paso importante para hacerlo. En horas de la tarde fue aprobado en el Congreso de la República el proyecto de ley que le da vía libre a la aplicación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, un pacto adoptado en octubre de 2013 por varios países para contener la contaminación de ese metal. La votación, en el último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, fue contundente: 89 votos a favor, ninguno en contra. Ahora debe ir a sanción presidencial y ser revisado por la Corte Constitucional.

Saber con precisión cuál es el rumbo que tomará la comercialización de mercurio en el país con este pacto no es fácil, pero, al aprobarlo, Colombia se compromete a tomar medidas para “proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas” de este elemento. Como señala Andrea Ramírez, viceministra encargada de Medio Ambiente, “el convenio establece un plazo para eliminar los productos con mercurio añadido y le permite a Colombia acceder a recursos para financiar proyectos que permitan reducir el uso del mercurio”.

A lo que se refiere es a que, con la aprobación del documento, el país deberá, por un lado, desincentivar la producción y el uso de artículos como lámparas fluorescentes compactas o aparatos de medición no electrónicos, como los barómetros (usados para medir la presión atmosférica). La idea es que para 2020, como se lee en el texto del Convenio de Minamata, se elimine tanto la exportación, como la importación y fabricación de estos elementos.

Por otro lado, el pacto permite que el país pueda acceder a una bolsa de recursos de cooperación internacional, con los que podrá costear proyectos productivos que permitan que poblaciones como las de Río Quito abandonen la utilización del mercurio. Hoy sigue siendo un elemento clave para extraer oro del río.

Aunque es un paso importante, y pese a que el país cuenta con una ley desde 2013 (la 1658), que busca la reducción del uso de mercurio, los retos hoy son grandes. El boom de las materias primas que vivió el país durante la primera década del siglo XX también vino acompañado de serios problemas de contaminación. El vertiginoso aumento del precio del oro (en 2011 alcanzó un récord de US$1.739 por onza) sedujo a mineros ilegales y criminales que, como sucedió en el caso de Río Quito, desplazaron las prácticas artesanales para darle paso a la explotación intensiva con mercurio sin ninguna regulación.

El resultado ha sido documentado por varios científicos en repetidas ocasiones. El profesor Jesús Olivero Verbel, director del doctorado en toxicología ambiental de la Universidad de Cartagena, ha sido uno de los que más muestras de pelo y sangre han tomado para comprobar que hay comunidades que exceden los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En diciembre de 2014 encontró que los habitantes de la cuenca baja del río Caquetá tenían concentraciones promedio de mercurio en el pelo que oscilaban entre 15,4 y 19,7 partes por millón (ppm), cuando lo recomendado por la OMS es que no superen el 1 ppm.

Ingenieros del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP) encontraron en 2011 que de 70 personas que examinaron en el distrito minero de San Juan (Chocó), 56 estaban contaminadas con mercurio. De ellas, cuatro tenían diagnósticos de intoxicación mercurial. Al ingerirlo, el metilmercurio (forma en la que el metal se encuentra en los animales) llega hasta el intestino y después se acumula en la corteza cerebral. ¿El resultado? “Provoca importantes efectos neurológicos y de otro orden, siendo particularmente graves aquellos que se dejan sentir en la salud del niño y del feto”, se lee en el texto del Convenio.

Los reportes hechos por la ciencia han ido mucho más allá. En 2013, expertos en toxicología de la Universidad de Córdoba y de la Fundación Panthera encontraron bajas concentraciones de mercurio en muestras de dientes de cráneos de jaguares que, si bien estaban por debajo de los límites permitidos, prendieron las primeras alarmas.

“Esa minería ilegal es un gran desafío y para combatirla hemos implementado medidas claves. Una ha sido reducir la importación de mercurio. De 100 toneladas pasamos a 2 toneladas en septiembre de 2017. Sólo hay un porcentaje destinado al sector salud que es un usuario frecuente”, explica Ramírez.

Muchas de las que fueron importadas antes terminaron en los ríos. Para ser exactos, como lo reveló el Ideam en 2015, 200 toneladas cada año.

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/colombia-da-un-paso-mas-para-luchar-contra-el-mercurio-articulo-745694

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, durante 2017 se realizaron siete consultas populares: dos en Cundinamarca, dos en Santander, una en Quindío, otra en Meta y una última en Tolima. Proyectos de hidrocarburos y minería fueron los principales motivos para que los municipios llevaran a cabo estas consultas.

Aunque en lo corrido del año no se ha realizado ninguna consulta, el Ministerio informó que hay 54 propuestas pendientes. De estás nueve son de iniciativa popular; cinco son de los alcaldes; tres de concejales y cuatro de un solo ciudadano. Las restantes 33 las promueven colectivos encabezados, entre otros, por actores políticos locales y líderes ambientalistas, que se organizan en movimientos.

Carlos Cante, viceministro de Minas y Energía, indicó que las “consultas populares no son de naturaleza antiminera”, sino un mecanismo de participación ciudadana contemplado en la Constitución Política de Colombia, por medio del cual se garantiza la intervención de los ciudadanos sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local.

En este sentido, en el sector minero existen tres herramientas mediante los cuales las poblaciones pueden pronunciarse acerca de un proyecto. Según el ministerio, las Audiencias Públicas Ambientales, las Alianzas para la Prosperidad, el Sistema General de Regalías o los espacios de concertación previa ejecutados por la Agencia Nacional de Minería – ANM, son herramientas para en los que pueden participar la ciudadanía.

“Es importante anotar que en diversos fallos, la Sala Plena de la Corte Constitucional ha expresado que las autoridades del orden nacional y territorial, tienen el deber constitucional de concertar la planeación minera, sin que ello implique que una de ellas pueda de manera unilateral anular las competencias de la otra”, detalló Cante.

Para el abogado ambientalista, Rodrigo Negrete, es de importancia destacar que las consultas populares no son lo mismo que las consultas previas, pues estas últimas aplican solamente para las comunidades étnicas como indígenas, gitanos o palenqueros.
“ En 2001 se modifica el código minero y desde 2002 empezó un gran “boom” de la minería en Colombia. Se otorgaron muchos títulos y la gente empezó a notar que esta actividad cambiaba los usos del suelo y afectaba al medio ambiente. A partir de 2016 la Corte Constitucional, en la sentencia T -445 estableció que la actividad minera se puede consultar. Incluso, no es necesario que haya título minero, porque se puede actuar preventivamente y decidir que en cierto territorio no puede haber minería”, detalló el experto.

Pretender privar a un territorio de la ejecución de proyectos mineros, tiene una serie repercusiones que generan una serie de impactos negativos tanto para los entes territoriales y las comunidades como para la propia nación. Sin embargo, es determinante la buena relación con las poblaciones directamente afectadas.

Es por esto que el ministerio de Minas y Energía trabaja competencias para lograr un desarrollo minero ordenado, que garantice la protección al medio ambiente y la participación efectiva de las comunidades, a través de las diferentes herramientas que existen.

El reto es lograr un compromiso por lograr la minería bien hecha, responsable con el medio ambiente y las comunidades, a la vez que se crean empleos y ganancias para todos.

Fuente:https://www.larepublica.co/especiales/minas-y-energia/en-2017-se-realizaron-7-consultas-populares-y-hay-54-pendientes-2613185