Perú

Las Bambas: observaciones a nueva modificación al EIA

Autor: Cooperacción.org
Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

Una revisión independiente realizada por especialistas ambientales muestra un conjunto de observaciones y recomendaciones ante la Tercera Modificatoria de EIA del megaproyecto minero Las Bambas.

Observaciones ambientales y sociales deberían llevar a desaprobar tercera modificatoria al EIA de Las Bambas

  • Datos desactualizados y estudios a nivel de pre factibilidad no permiten conocer verdadero impacto del proyecto

  • Población pide al presidente Vizcarra diálogo y poner fin al estado de emergencia

  • Una revisión independiente realizada por especialistas ambientales muestra un conjunto de observaciones y recomendaciones ante la Tercera Modificatoria de EIA del megaproyecto minero Las Bambas. Las observaciones, enviadas por vía formal ante el SENACE (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles), fueron presentadas este mediodía en conferencia de prensa por el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la provincia de Cotabambas, la presidenta del consejo regional de Apurímac Evelyn Cavero Contreras, y CooperAcción.

    El Informe Técnico presentado reúne un total de 22 observaciones y recomendaciones. Entre las principales, destacan:

    – La ausencia de un diagnóstico actualizado. El documento presentado por Las Bambas no actualiza parámetros ambientales clave, tales como la información hidrológica e hidrográfica, utilizando los mismos de 2011. Así, se parte de una situación que ya no es la misma, pues Las Bambas inició sus operaciones en 2016 y ya viene causando impactos en la hidrología e hidrografía de la zona.

    – Faltan estudios a nivel de factibilidad. Pese a que las normas exigen que los componentes de ingeniería incluidos en un Estudio de Impacto Ambiental deben estar en un nivel de factibilidad, este estudio no incluye ese nivel de detalle para componentes como la Planta Concentradora o el Depósito de almacenamiento de concentrado de minerales que se pretende ampliar. Esto significa que los elementos de estos componentes podrían cambiar una vez que se realice su factibilidad, variando los impactos ambientales previstos en este estudio. Al contradecir directamente la normativa, esta sola observación debería llevar a que no se apruebe la Modificatoria.

    – Vacíos en el tema de agua. Pese a que se planea ampliar la capacidad de producción, concentrado y almacenamiento de mineral, el documento presentado por la empresa NO incluye una mayor capacidad de tratamiento o clarificación del agua. Considerando que se ampliará el tajo Ferrobamba y otros componentes, una mayor cantidad de aguas subterráneas y superficiales estarán en contacto con los elementos del proyecto. ¿Si no se amplía la capacidad de los componentes para el tratamiento o recirculación del agua, qué pasará con esta mayor cantidad de agua? Este vacío podría llevar a eventuales fugas o derrames de agua contaminada hacia los ríos de la zona.

    – Vacíos en el tema de transporte. De igual manera, la empresa debe precisar si el flujo actual de vehículos de transporte de concentrados -uno de los impactos más sentidos por la población por la constante polvareda y vibraciones que ocasionan- se incrementaría con esta tercera modificatoria de EIA. De ser así, ello implicaría una evaluación del impacto de dicho incremento.

  • Además, el informe técnico evidencia debilidades del propio EIA original y de las modificaciones posteriores que han venido aprobando las autoridades. Por ejemplo, muchas de las estaciones de monitoreo de aire se han venido anulando o cambiando de lugar, lo que impide comparar la calidad de aire a lo largo del tiempo y conocer el impacto real de las operaciones mineras. Además, preocupa que debido a la gran extensión del depósito de relaves pudieran filtrarse contaminantes hacia las aguas subterráneas, lo que debido a la cercanía de la cuenca Ferrobamba podría ocasionar un impacto visible solo a largo plazo.

    Adicionalmente, el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas presentó un Informe Complementario que destaca la exclusión injustificada de Nueva Fuerabamba como área de influencia directa del proyecto, así como los problemas en el plan de participación ciudadana, entre otras observaciones.

  • Frente a ello, las organizaciones y representantes que participaron en la conferencia de prensa piden al SENACE no aprobar esta Tercera Modificatoria, y por el contrario dar lugar a un Estudio de Impacto Ambiental Integrado que permita conocer y manejar de manera adecuada los impactos acumulativos y sinérgicos que se han venido originando debido a los múltiples cambios en el proyecto.

    Participaron de la conferencia de prensa el presidente del Frente de Defensa, Víctor Limaypuma, y Ferdinand García, secretario de derechos humanos; Evelyn Cavero, presidenta del consejo regional de Apurímac; José De Echave, subdirector de CooperAcción, y Dionel Martínez, especialista del área de geografía y medio ambiente de dicha institución; y Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

     

    Piden diálogo y fin del estado de emergencia

    Los dirigentes del Frente de Defensa recordaron que el nuevo presidente, Martín Vizcarra, conoce los problemas de Las Bambas directamente por su participación en la solución al conflicto originado en octubre de 2016, en su calidad de vicepresidente. Frente a ello, pidieron que el gobierno ponga fin al estado de emergencia y retome el camino de un verdadero diálogo sobre el desarrollo de Cotabambas.

     

    Dato

    Tras la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Las Bambas, este proyecto ha sido modificado muchas veces, mediante dos Modificatoria de EIA y cinco Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), un instrumento de menor rango. Por ello, las características e impactos iniciales del proyecto han cambiado, causando el desconcierto y malestar de la población, que señala que los impactos que perciben son muy distintos de los que inicialmente se les había anunciado.

    10 de abril de 2018

     Fuente:http://cooperaccion.org.pe/observaciones-a-tercera-modificacion-al-eia-de-las-bambas/
Perú

Nuevo Gobierno insiste con Tía María

Autor: Cooperacción.org

Una vez más. El flamante titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, César Villanueva, señaló en una entrevista que el proyecto minero “Tía María” podría salir este año. Como se recuerda, el proyecto ha sido dos veces rechazado y paralizado por las protestas de la ciudadanía local.

“Vamos a procurar que Tía María salga como vamos a procurar que podamos explotar cuantos proyectos mineros salgan”, señaló Villanueva, agregando que ello requiere “dos condiciones: respeto al medio ambiente y un profundo respeto al tema social”. Preguntado sobre si el proyecto podría iniciarse este año, Villanueva señaló que “Sí, yo pienso positivamente que sí. Si ayudamos a superar algunos nudos y conversamos con la gente”.

Con estas declaraciones, el nuevo Gobierno pone nuevamente en agenda uno de los conflictos mineros más prolongados del país y le da continuidad a las prioridades establecidas por el saliente gobierno de Kuczynski.

Las afirmaciones de Villanueva ya encendieron la polémica en Arequipa. La gobernadora regional de la región, Yamila Osorio, ha cuestionado estas prioridades y ha señalado que el Ejecutivo primero debería atender los proyectos pendientes para la provincia de Islay, como la construcción de hospitales de Mollendo y Cocachacra, así como la construcción de la represa para el valle de Tambo.

Por su parte, la presidenta de la junta de usuarios de riego de La Ensenada, Mejía y Mollendo, María Luzmila Marroquín, respondió que el rechazo al proyecto minero está vigente. “No se puede desarrollar la minería en la provincia de Islay, que se respete la posición de los agricultores”, declaró.

Como se recuerda, la empresa Southern Perú viene insistiendo en la idea de que la ejecución del proyecto empezaría en el primer semestre de este año. Además, durante la administración de Kuczynski el ministerio de Energía y Minas buscó incluir este dentro de los proyectos a “destrabar”.

Ante estas movidas, la población local se ha venido movilizando durante los últimos meses para advertir que el proyecto no cuenta con licencia social y que imponerlo haría estallar nuevamente el conflicto. La población del Valle del Tambo, una dinámica zona de producción agrícola, teme que un proyecto minero de la magnitud de Tía María afecte el acceso al agua y perjudique las actividades agropecuarias.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/04/09/nuevo-gobierno-insiste-con-tia-maria/

 

Venezuela

Devastación minera es rechazada por la iglesia venezolana

Autor: Jessenia García. ACN

José Ángel Divasson, Monseñor Vicario Apostólico de Puerto Ayacucho y presidente de la Red Eclesial Panamazónica (Repam) expresó la preocupación de la Iglesia venezolana y del mundo ante la depredación y devastación ambiental en el país producto de las actividades mineras sin control.

Divasson indicó que “la Iglesia en Venezuela junto con la de nuestro continente y de todo el mundo, se siente preocupada por la depredación de la naturaleza y el descuido y exclusión de los pobladores de las zonas devastadas”.

Durante la rueda de prensa realizada por la Conferencia Episcopal también  activistas en defensa del medio ambiente expresaron su preocupación.

María Elena Febres indicó que “más allá de las declaraciones utópicas, la apertura de concesiones sumado a la presencia de personas y grupos dedicados a la minería ilegal han multiplicado los escenarios de explotación minera en amplias regiones y en muchos casos en condiciones de auténtica devastación”.

Remarcó Febres que la “comunicación oficial de los proyectos presentados como solución de problemas nacionales e impulso del desarrollo, no se ha visto acompañada por notificaciones concretas de su desempeño real”.

Minerva Vitti, del Centro Gumilla apuntó que las diferentes organizaciones indígenas han denunciado en reiteradas oportunidades “antes las autoridades competentes frecuentes atropellos a sus derechos, pero de ordinario han recibido como respuesta el silencio y represalias”.

Héctor Escandel, de la Red Eclesial Panamazónica (Repam- Puerto Ayacucho) explicó que “nosotros tenemos que ir es en contra de la imposición de ese modelo depredador, que en este caso tiene un apellido extractivista, pero extractivista es todo, todo lo que nosotros hacemos es extraer de la naturaleza, lo cuestionable es como se extrae y para que.

Para Escandel en la actualidad Venezuela se encuentra en un camino de un “modelo de desarrollo depredador priorizando una economía que no es una economía para los seres humanos, que genere bienestar, es una economía para la acumulación, que genera riqueza, que genera exclusión, que genera pobreza, ese modelo económico es el que hay que desmontar”.

Fuente:http://acn.com.ve/devastacion-minera-rechazada-iglesia/

Guatemala

Con marcha en la capital, pobladores dicen “no a la minería”

Autor: Nancy Alvarez.Publinews.gt.

Pobladores de tres departamentos del país llevan a cabo este lunes una caminata pacífica para rechazar la continuidad de las actividades mineras. La manifestación salió desde la plaza El Obelisco y tiene como destino la Corte de Constitucionalidad (CC).

Unas 500 personas participan en la movilización, la cual se desplaza por la avenida Reforma, en los carriles auxiliares con dirección a la zona 4 capitalina. La misma recorrerá la zona 1 hasta llegar a la referida corte.

Mario Sandoval, uno de los manifestantes, explicó que los habitantes xincas de los departamentos de Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa están en contra de la explotación minera, pues consideran que los propietarios de empresas trasnacionales están “saqueando” los recursos naturales que sus antecesores les dejaron.

Asimismo, denunció que la explotación en ese territorio genera contaminación ambiental, que incide en la salud de los comunitarios, principalmente en los niños.

“Le pedimos a la CC que dé el fallo a favor de los tres departamentos, que eche ya a las mineras trasnacionales porque las enfermedades se están detectando más a causas de esas empresas”, agregó.

Pendiente de resolver.

La CC decretó una suspensión temporal de las actividades de la Minera San Rafael desde el año pasado. El proyecto minero fue detenido tras cuatro años de operación en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

La mina suspendió temporalmente sus operaciones por orden judicial hace casi nueve meses, luego de que una ONG ambientalista denunció la falta de respeto a las consultas comunitarias y a la opinión del pueblo indígena xinca.

Esta situación ha generado una serie de movilizaciones, tanto de parte de los pobladores como de los trabajadores de la compañía.

La consigna de “Resuelvan Ya”, son la base de las manifestaciones realizadas por ambas partes, las cuales solicitan a los magistrados de la CC para que resuelvan en definitiva este tema.

Fuente:https://www.publinews.gt/gt/noticias/2018/04/09/marcha-poblacion-xinca-la-avenida-reforma-la-mineria-hoy-lunes-9-abril-2018.html.

Internacional

Vecinos de Arribes crean una Plataforma para oponerse a la minería de litio y tántalo

Autor: J.A.García. La Opnión de Zamora.

España.- La solicitud de un permiso de investigación de recursos mineros de litio, wolframio, estaño y tántalo, en los términos de Fermoselle y Villar del Buey, ha dado lugar a la creación de la Plataforma «No en mi tierra», ligada a la Asociación Terra SOStenible.

En su primer comunicado pone de manifiesto «el mundo rural en Zamora está siendo claramente amenazado por la acción de políticos, administraciones públicas y especuladores», «Si la única propuesta política a la despoblación de Zamora es la de generar más despoblación despojando de sus tierras a sus legítimos dueños para dar carta blanca a los especuladores mineros que últimamente pululan por Castilla y León, es para hacérselo mirar», afirma la  Plataforma cívica «No en mi tierra», cuya porrtavoz es Maria José Corral Martín, natural de Fornillos de Fermoselle, y la Asociación Terra Sostenible.

 

Ambos colectivos denuncian «la mala gestión pública del territorio, entregándole las llaves del futuro a empresas depredadoras y corruptas, juzgadas por estafa, como es el caso de la empresa Grabat Energy S.L., a la que se le ha concedido el permiso de investigación. Para colmo de mala gestión del territorio, la administración no tiene el mínimo control oficial sobre lo que hacen las empresas mineras, que mantienen su actividad en secreto, ni tienen inspectores de minas que vigilen las explotaciones. Si ningún buen padre de familia gestionaría tan mal su patrimonio ¿por qué se le permite a una administración pública semejante aberración sin que tenga que asumir responsabilidades legales por ello? «.

Tanto la Asociación Terra SOStenible, como la Plataforma No en mi tierra, se han personado como parte interesada y han presentado alegaciones  a la autorización del proyecto de investigación que, al igual que otros en lista de espera, amenaza la supervivencia del mundo rural Zamorano.

 Fuente:http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2018/04/09/vecinos-arribes-crean-plataforma-oponerse/1076142.html
Colombia

Corte hará audiencia para debatir el futuro de las consultas populares

Autor: Justicia, El Tiempo.

La Corte Constitucional realizará este jueves una audiencia clave para definir el alcance de las consultas populares en el país y establecer si, a través de este mecanismo de participación ciudadana, se puede prohibir o no la minería y explotación de recursos naturales en los territorios.

Esta audiencia pública, que recogerá las opiniones y voces de diferentes sectores frente al tema, se da en medio de la revisión que está haciendo ese alto tribunal de una tutela de Mansarovar Energy Ltda. contra una decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta que permitió que siguiera adelante una consulta popular que terminó frenando la extracción de petróleo en Cumaral (Meta).

El 19 de octubre del 2016  la alcaldía de Cumaral presentó un decreto en el que señaló que un número significativo de ciudadanos radicó solicitudes en el despacho de la administración municipal para que se iniciara la consulta popular.

Después de que el Tribunal del Meta y el mismo Consejo de Estado negaron la tutela de la empresa indochina Mansarovar, la consulta siguió su curso y en junio del año pasado con 7.703 votos, el 97 por ciento de los cumaraleños que votaron decidió que no quería más explotación de hidrocarburos en su territorio. 

Para Mansarovar es claro que no se podía prohibir la minería a través de una consulta popular porque hay normas que establecen que la Nación es dueña del subsuelo y las entidades territoriales no pueden decidir sobre él. 

Así, la Corte les preguntará a los invitados en la audiencia sobre cuáles son las competencias nacionales y cuáles las de las entidades territoriales en materia de propiedad de subsuelo, cuáles son los criterios de distribución de los recursos de regalías, cuál es el aporte del sector minero para el país, y qué tensiones generan en los territorios las operaciones mineras.

También se consultará qué mecanismos se usan para que la minería opere en las regiones, y qué tan coordinadas están las entidades nacionales y locales en esta materia. Además, se preguntará qué consecuencias han generado las consultas populares en actividades y proyectos minero-energéticos. 

En la audiencia se espera un intenso debate, pues serán escuchados los diferentes sectores como el representante legal de Mansarovar Energy Colombia, el Tribunal Administrativo del Meta que avaló la consulta popular, el alcalde de Cumaral (Meta), el presidente del Concejo Municipal de Cumaral, el Gobierno, a través de sus ministerios de Minas, Ambiente, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, el Procurador, Defensor, entre otros.

También asistirán representantes de la sociedad civil como el Presidente de la Federación Colombiana de Municipios, el director de Dejusticia, de la Fundación Ideas para la Paz, y abogados ambientalistas.

Además, se esperan las intervenciones de delegados del sector minero y petrolero del país.

En todo este debate hay varios antecedentes en la Corte Constitucional. Aunque una decisión del 2014 de ese alto tribunal estableció que en los casos de minería y explotación de recursos la Nación debe ponerse de acuerdo con los entes territoriales, otro fallo de junio del 2016  les dio el poder a las alcaldías y a los concejos municipales el poder de prohibir la minería, luego de tumbar el artículo 37 del Código de Minas que les impedía hacerlo.

El argumento de la Corte en esa ocasión consistió en que esa norma debía tramitarse por una ley orgánica -que requiere de más votos en el Congreso para su aprobación- y no por una ley ordinaria, con el fin de que tengan mayor representación las comunidades ya que afecta la vida de las comunidades.

Fuente:http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/audiencia-en-la-corte-constitucional-sobre-consultas-populares-de-mineria-y-petroleo-203066

Venezuela

Comunidad indígena de Sifontes denuncia violencia minera y presiones del gobierno para apropiarse de sus territorios

Autor: Jhoalys Siverio.

Indígenas de la comunidad San Luis de Morichal han denunciado el asesinato de al menos dos de sus hermanos pemones, a manos de grupos armados autodenominados “sindicatos”, dedicados a la minería ilegal al sur del estado Bolívar. Pueblos indígenas de Gran Sabana se solidarizaron con sus hermanos ante la creciente violencia minera que amenaza sus territorios que, en teoría, están protegidos por la Constitución nacional.

Pueblos indígenas del municipio Gran Sabana se solidarizaron con la comunidad de San Luis de Morichal, en el municipio Sifontes, quienes exigen el reconocimiento y respeto al territorio pemón. A su vez reiteran que no habrá ningún tipo de negociación para la actividad minera en la zona, ante las presunciones de que el gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, tenga intereses mineros en la zona y por eso pretende negociar.

Jorge Pérez, concejal de Gran Sabana, señaló que tienen información de que este martes acudirán representantes del gobierno regional hasta San Luis de Morichal, por cuanto reiteró: “las tierras indígenas no se negocian”.

Solicitan también una investigación a funcionarios de seguridad por contar con presuntas maquinarias en El Chiguao, en el municipio Angostura.

El pueblo de San Luis de Morichal ha intensificado sus denuncias contra la violencia a manos de bandas criminales dedicadas a la minería ilegal. Se han referido al menos de dos asesinatos, sobre los que acusan a grupos armados autodenominados sindicatos.

El caso más reciente es el de la desaparición de Oscar Meya, hermano del capitán Omar Meya. El hecho habría ocurrido el 13 de marzo cuando fue secuestrado, según las denuncias del consejo de caciques del pueblo pemón. También acusan de la desaparición de Domingo Cabrera, el pasado 30 de julio de 2017, a los mal llamados sindicatos, los cuales estarían vinculados con cuerpos de seguridad.

La violencia minera al sur del estado Bolívar es de vieja data, con enfrentamientos entre bandas y otros con organismos de seguridad, que a su vez han sido cómplices en el fortalecimiento de estos grupos irregulares. Los resultados: muertes violentas y menos control de la minería ilegal.

Con la creación del Arco Minero del Orinoco, el problema recrudeció, pues con ello llegan denuncias de operaciones de limpieza de las minas para ser entregadas a trasnacionales a las que se les otorgó las concesiones para la exploración y explotación minera. Los casos más recientes han sido la masacre de Tumeremo en marzo de 2016, y la de la mina Cicapra en febrero de este año.

Fuente:http://www.correodelcaroni.com/index.php/sucesos/item/63477-comunidad-indigena-de-sifontes-denuncia-violencia-minera-y-presiones-del-gobierno-para-apropiarse-de-sus-territorios

Ecuador

Anuncian marcha y plantón en Tulcán contra la minería

Autor: La Hora.com.ec

TULCAN:- Nilo Ortiz, presidente del Gobierno Descentralizado de Chical, confirmó ayer que el próximo 16 de abril se movilizarán pobladores de varios sectores del noroccidente carchense hasta Tulcán, para protestar contra la minería legal e ilegal.

Llegarán a la plaza central para luego dirigirse hasta la Gobernación del Carchi, donde protagonizarán un plantón e intentarán ser recibidos por el representante del Ejecutivo en la provincia para hacerle conocer la posición que mantienen frente al tema minero.

 

Rechazo

Víctor Arévalo, vocal del GAD de Maldonado, manifestó que existe inconformidad en esta parroquia frente a la concesión del cerro Golondrinas e importantes áreas de los territorios de este sector, razón por la que se han unido a esta iniciativa.

Arévalo, quien denunció sobre la migración de pobladores de esta jurisdicción, ubicada a 80 km de Tulcán, hacia el sector de Buenos Aires (Imbabura), cautivados por la fiebre del oro, sostiene que la minería solo traerá a Maldonado convulsión social y violencia.

Ortiz comentó que definen un plan de contingencia para no tener problemas durante la acción de protesta. Agregó que estarán presentes delegados de El Pailón, El Verde, Chical, Puerramal, Quinshull, La Esperanza y Unthal.

“Vamos a decirle a los ecuatorianos que no queremos minería legal ni ilegal. Queremos a cambio que se invierta en turismo, producción inorgánica y el aprovechamiento de agua pura que beneficiará las jurisdicciones de la zona.

 

Intereses políticos

Santiago Chamorro, subsecretario del Ministerio de Minería, quien ayer lideró un proceso de información sobre explotación inclusiva, transparente y limpia dirigido a los comunicadores, señaló que las áreas concesionadas en el noroccidente de Carchi han sido autorizadas de forma legal y transparente.

Reconoce que la minería ilegal ha pretendiendo generar problemas en El Cielito, donde la situación ha sido controlada, y en La Concepción donde se ha iniciado una investigación profunda.

Consultado sobre la marcha que se anuncia para el 16 de abril, es enfático al señalar que obedece a tintes políticos. Lamentablemente, esta actividad al ser un tema sensible hay quienes quieren aprovecharse de estos procesos responsables para continuar desinformando a las comunidades en busca de réditos políticos.

“Los grupos que se oponen de alguna manera a la actividad minera responsable se están oponiendo al desarrollo del país. Otra cosa sería que ayuden a combatir la minería ilegal, que es el verdadero cáncer que afecta al Ecuador”.

No obstante, indicó que siempre estarán prestos a dialogar para alcanzar acuerdos y exigir que todos los concesionarios cumplan con la normativa existente jurídica y ambiental, y que se aplique la consulta previa, libre e informada en las zonas a concesionar.

Chamorro denunció que seis de las 14 mil hectáreas del cerro Golondrinas habrían sido deforestadas, situación que no se ha sido mencionada por los ambientalistas ni las autoridades de las parroquias del noroccidente.

 

Patrimonio natural y acuífero

Para Ortiz, si Santiago Chamorro es la autoridad debe tener documentos, testimonios y mediciones de los lugares deforestados para sostener que han sido eliminadas seis mil hectáreas.

“Sería bueno que el subsecretario Chamorro visite este patrimonio natural y mida sin son seis mil hectáreas. Yo no voy a polemizar, simplemente hay que demostrar lo que precisa y nada más”.

La autoridad chicaleña señala que está defendiendo lo que su pueblo le ha pedido, salvaguardar un patrimonio natural y acuífero. Aclara que no es un asunto politiquero sino la defensa de la vida que es un derecho social, político, económico y sustentable.

 

Comentó que se han realizado acercamientos y diálogos con la comunidad Awá y dirigentes de las parroquias de Gualchán Jacinto Jijón y Caamaño para que se unan a esta protesta. (CMRV)

 

 “Si no nos hacen caso tomaremos otras medidas, las que la población disponga”, sentenció. 

Nilo Ortiz, presidente del Gobierno Descentralizado de Chical

Fuente:https://lahora.com.ec/carchi/noticia/1102148642/anuncian-marcha-y-planton-en-tulcan-contra-la-mineria-

Mexico

Habitantes de Chalchihuites demandan el cierre precautorio de la minera Unidad El Toro

Autor: ALMA RÍOS, La Jornada , Zacatecas.
Conflicto Relacionado: Chalchihuites-Zacatecas-First Majestic Silver Corp.

Este lunes marcharon y realizaron el cierre simbólico de la empresa canadiense

También participaron representantes de Salaverna, Mazapil e integrantes del Observatorio de Conflictos Generados por la Minería

Gente que vive de la ganadería, denuncia que el agua corre aceitosa, turbia, y que temen por sus animales; otras personas han advertido de la muerte de algunas cabezas de ganado

Refieren que la contaminación del agua generada por la minería causa enfermedades cutáneas y gastroinstestinales, así como afectaciones en ojos y oídos

Unas 350 personas procedentes de colonias y barrios la cabecera municipal de Chalchihuites, además de comunidades como La Colorada, Rancho Colorado, Piedras Azules, Rancho del Cura; y otras solidarias, como Salaverna, Mazapil, así como integrantes del Observatorio de Conflictos Generados por la Minería, realizaron ayer una manifestación para solicitar al cabildo, entre otros puntos de un pliego petitorio, que interponga la demanda contra la Minera First Majestic Unidad El Toro ante la Secretaría de Economía federal.

La petición está sustentada en lo dispuesto en la Ley Minera y su Reglamento, y refiere el caso de que la población o los trabajadores tengan en riesgo su integridad física; y para salvaguardarla, el que la SE realice una investigación para determinar las medidas que debe tomar la empresa, y que en caso de no acatar, podrían llevarla al cierre definitivo.

“Mi oro es el agua, el aire y la tierra” se leía en una de las pancartas que sintetiza la visión de las personas que se reconocen como integrantes de un movimiento que está suscitándose no sólo en el estado de Zacatecas sino en México y el mundo, como expuso Claudia Castellón, quien dio voz al pliego petitorio que le fue entregado al alcalde Israel Flores Miranda.

El balance local es el siguiente: 600 empleos mal pagados (15 veces menos que lo que un minero en Canadá recibe por el mismo trabajo), no justifican los daños irreversibles al medio ambiente en el que actualmente habitan sólo en la cabecera municipal de Chalchihuites, unas 5 mil personas.

Por otro lado, exponen que el poblado ha subsistido por más de 461 años (viviendo de la agricultura y la ganadería) sin la presencia de los consorcios transnacionales extractivistas, quienes a diferencia de sus antecesores, tienen procedimientos mucho más agresivos.

Entre los datos, recuperados de la propia página oficial de la empresa minera se refiere que sólo en 2017 extrajo 478 mil toneladas de mineral, y ofreció al micrófono el cálculo Efraín Arteaga Domínguez, representante en la entidad de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UNTA), que para su procesamiento se requieren tres metros cúbicos de agua por cada tonelada.

Los testimonios de la población hablan de la existencia de aguas residuales de la industria minera que transitan por el arroyo del Cajón para desembocar finalmente en el Río Chalchihuites y el Río Súchil (este último ubicado en Durango), las poblaciones que toca en su avance son Piedras Azules, Racho Colorado, San Antonio de Guadalupe, San José de Buenavista, entre otras.

Gente de Rancho Colorado que vive de la ganadería, denuncia que el agua corre aceitosa, turbia, y que temen por sus animales, otras personas han advertido de la muerte de algunas cabezas de ganado.

El recuento refiere asimismo manifestaciones cutáneas, enfermedades gastroinstestinales, y afectaciones en ojos y oídos, que asocian con la contaminación del agua provocada por la minería.

El Movimiento Civil Chalchihuites constituido a partir de que desde hace unos tres meses se manifestaran una serie de detonaciones que cimbraron las casas de los pobladores de la cabecera municipal, cuenta en un censo propio, unos 50 domicilios afectados en diferentes grados.

Así el recuento, ayer el recorrido de los pobladores de Chalchihuites, salió del jardín principal ubicado en el centro frente a la sede del gobierno municipal, para recorrer alrededor de un kilómetro y medio hacia oriente, donde se encuentra la puerta principal de la de la Minera First Majestic Unidad El Toro.Luego de gritar una serie de consignas en que manifestaron su opción por vivir libres de minería y en un ambiente sano, realizaron un cierre simbólico de la empresa filial de la canadiense Silver Corp.

Desde 2007 la minera Fist Majestic Unidad El Toro inició operaciones en Chalchihuites sin que la población supiera de su presencia, explotan las minas San Juan, San Nicolás y Dolores.

“Fist Majestic, unidad El Toro:
Por este medio, se le notifica que a partir de hoy, quedan canceladas todas y cada una de las concesiones mineras que ilegítimamente le concedió el Estado neoliberal mexicano.

Su presencia en nuestra tierra es un atentado a nuestra Soberanía Nacional, por en riesgo la integridad física y la vida de los trabajadores y de los habitantes de la comunidad, y esta envenenando por polución nuestra tierra, nuestra agua y nuestro aire”.

De regreso al corazón del poblado entregaron un pliego petitorio al presidente municipal interino, Israel Flores Miranda, cuatro integrantes del cabildo y el secretario del ayuntamiento.

El ex director de Obras Publicas que asumió el cargo luego que su antecesor priísta pidiera licencia para contender nuevamente por la alcaldía ahora por el partido Nueva Alianza, expuso ante los integrantes del Movimiento Civil Chalchihuites, estar “del lado del pueblo”, y en ese sentido no estar coludido con la empresa, como expusieron los manifestantes sucede regularmente en los tres órdenes de gobierno.Dijo que buscará documentarse para dar una respuesta sustentada, pero ofreció su apoyo para hacer “lo pertinente”, pero también acoto que debe atender tanto a quienes comparten esta visión como el caso contrario, no obstante las personas hicieron manifiesto que no buscan afectar a los trabajadores de la First Majestic Unidad El Toro por lo que refirieron que han solicitado en caso de su cierre precautorio para la investigación que se salvaguarden su derecho al salario otras prestaciones laborales, pero también que en caso de una disyuntiva definitiva, sigue siendo la mayoría de la población la que ya ha sido afectada, mientras los beneficios de carácter laboral sólo refieren a unas entre 500 a 600 personas.

Fuente:http://ljz.mx/2018/04/10/habitantes-de-chalchihuites-demandan-el-cierre-precautorio-de-la-minera-unidad-el-toro/

Internacional

La dejación de funciones de la tríada Tahoces-Conde-Feijóo explica para En Marea la falta de control sobre el sector de la minería en Galicia

Autor: Galicia Redacción.

El Grupo Parlamentario acusa a la Xunta del PP de «estar haciendo de parapeto de las empresas mineras» mientras incumple su deber de defender los intereses de la población gallega.

En este sentido, el viceportavoz de En Marea en el Parlamento gallego Antón Sánchez, aseguró este viernes que las las distintas denuncias por denegación de información o las investigaciones por posibles delitos contra el medio ambiente por parte del Gobierno gallego no son excepciones sino «la norma de un país donde el Gobierno gallego no cumple su función de control y sanción», y en la que los responsables últimos son el actual Director Xeral de Enerxía e Minas Ángel Bernardo Tahoces, el titular de la Consellería de Economía e Industria Francisco Conde y el propio Presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo.

En rueda de prensa, el también Coordinador Xeral de Anova hizo mención a los múltiples casos en los que el actual Ejecutivo gallego ha tenido una actuación irregular u opuesta a la defensa real del territorio para beneficiar a las empresas del sector extractivo. Así, recordó la sentencia en la que se concena a la Xunta de Galicia por denegar información sobre la mina de Corcoesto o las denuncias del Defensor del Pueblo por la opacidad en relación al desastre ambiental originado por las pizarreras de Ourense o la mina de cobre de Touro.

Sánchez se refirió también a la reciente admisión a trámite por parte de las Naciones Unidas de las denuncias de las asociaciones Petón do Lobo y Ouriol do Anllóns referentes a la denegación de información relativa a varios proyectos mineros, así como la decisión de la Fiscalía de Medio Ambiente que ha acordado la apertura de diligencias y ha trasladado al juzgado las graves irregularidades encontradas en la mina de San Finx, «advirtiendo de la discutible actuación de la empresa pero también de la Xunta», no llegando a descartar que se haya cometido un delito contra el medio ambiente o los recursos naturales.

Por todos estos motivos, el diputado Antón Sánchez ha afirmado que «la actuación de la Xunta no son excepciones, sino que son la norma de un país donde la Xunta no cumple la función de control y sanción de comportamientos y acciones que dañan el medio ambiente y la calidad de vida de la gente que vive en su entorno».

Fuente:oces-conde-feijoo-explica-para-en-marea-la-falta-de-control-sobre-el-sector-de-la-mineria-en-galicia