Actualmente 1816 cooperativas mineras operan en Bolivia, de las cuales aproximadamente el 85% lo hace sin licencia ambiental y muchas incluso vulnerando derechos laborales como el trabajo de menores de edad en sus operaciones.
“Hace un tiempo que se emitió el último informe en relación a la minería en Bolivia y se ha determinado que solo 257 cooperativas tenían licencia ambiental de las más de 1.800 que operan en el país, eso significa que alrededor del 85% no tenían licencia ambiental y las cifras no han variado desde entonces y particularmente esto se circunscribe a la actividad del oro”, estableció Héctor Córdoba, ex viceministro de minería y experto del área de la Fundación Jubileo.
La rendición pública que presentó en enero de 2018 el Ministerio de Minería y Metalurgia estableció que entre 2006 y 2017 el número de cooperativas mineras en todo el país se incrementó en 49,83%, vale decir, de 911 a 1816. “La mayoría están concentradas en el departamento de La Paz y llegan a más de 1.200, cerca de 1.000 son cooperativas auríferas, mientras que las otras están distribuidas en Beni, Santa Cruz, Potosí y Oruro”, detalló Córdoba.
Un informe público y general del Viceministerio de Cooperativas Mineras, estableció, por ejemplo, que de las más de 1.200 operaciones en el departamento de La Paz, 180 contaban hasta hace más de dos años, con licencia ambiental, es decir, solo un 15%. A la fecha, la situación no ha variado, al igual que en otras regiones, como Cochabamba, donde el 80% de las 44 cooperativas mineras que operan carecen de licencias ambientales, según informó la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin).
Tomando en cuenta que en La Paz se concentra el mayor número de las actividades mineras y con la carencia de licencias ambientales, Saturnino Huaywa, Presidente de la Central de Lambate, Sud Yungas, afiliada a la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (FERRECO – La Paz), aseguró que el trámite para la obtención de estos permisos es burocrático y toma demasiado tiempo, por lo que de las 24 cooperativas pertenecientes a su asociación regional sólo la mitad cuenta con este documento.
“El medio ambiente nos está molestando, y es que simplemente antes no habían estas leyes. Antes los compañeros de la comunidad no sabían lo que era el medio ambiente, ahora estamos más atareados con las leyes. El trámite (para la licencia ambiental) tarda mucho. Tenemos muchas leyes encima, por eso pedimos a las autoridades que revisen y que haya mayores plazos”.
Huaywa negó que sus afiliados utilicen mercurio para sus operaciones, sin embargo manifestó que es regular el uso de dinamita y solicitó a las autoridades municipales, departamentales y nacionales “apoyo en maquinaria, proyectos de electrificación y diesel, porque consumimos harto”. Además piden que se abran caminos en esos sectores de explotación minera.
Explotación y deforestación constantes
Ante esta situación y recientemente, el senador por Unidad Demócrata, Yerko Núñez, denunció que cinco cooperativas auríferas llevan adelante una explotación indiscriminada en el sector de Arcopongo de la provincia Inquisivi. Pese a las constantes solicitudes de informe, las autoridades de Gobierno no dan cuenta si éstas tienen sus respectivas licencias ambientales.
“Hemos llevado adelante una inspección a la altura del río Chaquety, para verificar diferentes denuncias sobre explotación de oro y efectivamente hemos visto que estas cooperativas mineras están robando y destruyendo los recursos naturales, están contaminando el río con mercurio, lo que pone en riesgo la vida de los pobladores. La explotación de oro la están haciendo durante seis años”, manifestó.
Empero, este conflicto de explotación ilegal de oro en esa región se arrastra desde el 2014, cuando se registraron enfrentamientos entre mineros cooperativistas de la localidad Palma Flor y mineros de la cooperativa Ullakaya Condorini por unos predios en el río Chaquety con el saldo de tres muertos y 13 personas aprehendidas. En esa oportunidad, el Ministro de Minería, César Navarro resolvió parar temporalmente las actividades mineras en ese sector, “definiendo de manera estructural la cancelación de todos los trámites de explotación de las cooperativas que tienen personería jurídica y otras que no tienen personería jurídica”, manifestó la autoridad.
En ese entonces también hubo el compromiso desde la Gobernación y Ministerio de evitar cualquier tipo de actividad ilegal en esta región: “No se permitirá ninguna actividad de carácter ilegal que dañe el medio ambiente y tampoco se va a permitir que comunidades o cooperativas se enfrenten y tengamos daños humanos que lamentar”.
Las imágenes registradas por la comisión encabezada por Núñez dan cuenta de una clara deforestación, contaminación del río, uso de combustibles y maquinaria pesada.
Vulneración de derechos laborales
El 2016, el Viceministerio de Cooperativas Mineras, a la cabeza de José Luis Chorolque, informó que del total de cooperativas registradas hasta ese año en Bolivia (1806), hubo un registro de más de 122 mil socios, lo que a la fecha se ha incrementado en unos dos mil. Pero lo preocupante, que denuncia el ex viceministro de Minería, es que existen operaciones mineras que en zonas alejadas usan en sus labores a jóvenes menores de edad de unidades educativas aledañas.
“Se han visto casos que en cooperativas habrían subcontratado a terceras personas y casi en estado de esclavitud porque la remuneración era miserable. Hubo, por ejemplo cooperativas que subcontrataban a jóvenes de colegio para ingresar a lugares a los que ellos no ingresaban, esta situación anómala es un factor que tampoco se puede controlar con facilidad, porque en algunos casos para lograr una permiso de la comunidad, las cooperativas concretan acuerdos para que los miembros de la comunidad puedan ingresar a la mina en momentos en que sus socios salen un día a la semana y la comunidad entra para sacar mineral como una cierta remuneración por el trabajo que hacen ahí”, detalló Córdoba.
El trabajo minero requiere de un buen manejo de sustancias como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y disolventes para separar los minerales de la mena, además de dinamita y maquinaria pesada, sin embargo, para Córdoba, el déficit de espacios laborales en Bolivia y los bajos ingresos han obligado a muchos pobladores de área rurales a pasar de sus actividades y de la agricultura a la minería con los riesgos que conlleva en su salud y su vida. “Trabajar en una cooperativa es un sacrificio muy grande y gigantesco y hay mucha gente que sin ser saber de minería trabaja en esto y sacrifica su vida. Además arriesga el medio ambiente al desconocer las normas elementarles del sector minero”, finaliza el ex viceministro.
Ante esta otra realidad de la minería en Bolivia el cooperativista Saturnino Huaywa pide al Gobierno mayores espacios de trabajo para “deje trabajar a los bolivianos. Porque hay harta empresa china que no deja regalías en el país y no nos dejan trabajo. Se gana algo, pero tampoco tenemos grandes ingresos”.
Fuente:http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/21052018/el_85_de_cooperativas_mineras_en_bolivia_opera_sin_licencia_ambiental
Un estudio de la Universidad Nacional de Cuyo confirmó la contaminación del río La Palca, en San Juan, por nuevos derrames no informados por la Barrick Gold. La Asamblea de Jáchal denuncia a la mina de oro Veladero y al Gobierno. La Universidad de Cuyo confirmó la presencia de mercurio en 10 microgramos por litro de agua (el límite máximo para irrigación, según la Ley de Residuos Peligrosos, es de 0,1). También se hallaron 34 miligramos de manganeso por litro de agua (la ley establece un máximo de 0,20). El aluminio llegó a 1992 miligramos (el máximo es de 5).
Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería respaldamos firmemente los reclamos de la familia Transviña, de la organización Medio Ambiente y Sociedad, A.C. y del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida de Baja California Sur hacia la empresa TV AZTECA.
El presidente del Comité Promotor de Iniciativa Ciudadana por una Minería Sustentable, Miguel Ángel Luna Salaices, encabezó una rueda de prensa en la que abordó dos puntos: el avance de firmas en apoyo a la iniciativa por una minería sustentable y el caso de la mina La Testera.
En Jujuy “la actividad minera metalífera aporta por el uso de agua, en el caso de Mina Pirquitas, con un consumo superior al millón de metros cúbicos por día, un total apenas superior a 12.000 pesos anuales, y en el caso de Mina el Aguilar, empresa que funciona desde la década del ’20 y que paga desde 2010, apenas alrededor de 23.000 pesos anuales, aproximadamente mil pesos por mes una, y menos de dos mil pesos por mes la otra”. Lo señaló el diputado provincial por la UCR y vicepresidente 2do. de la Cámara de Diputados de Jujuy, Jorge Rizzotti.
Hace un año que las inundaciones del 27 de marzo afectaron Piura especialmente en el denominado Bajo Piura. Días después de la catástrofe el lodo se acumulaba en las vías de la ciudad. En la actualidad, están cerradas las avenidas del centro de la ciudad debido a los trabajos de reconstrucción, que avanzan lentamente en varios distritos. Sus habitantes comentan que se demoran mucho y desconfían de la buena administración del presupuesto, porque la plata se puede desaparecer.
El Comité Antiminero de la provincia de Huanta, que agrupa los comités de riego de Luricocha, Razuhuillca y Opangay, así como el Frente de Defensa de Huanta, se mantiene firme en su rechazo a la presencia de la empresa minera Vicente de Putcca (perteneciente a la familia Figueroa Farfán) en los territorios de Chaca y Parccora. Por ello, han solicitado a los congresistas Joaquín Dípaz y Humberto Morales elaborar un proyecto de ley para la conservación de suelos, protección y conservación de los ojos de agua de la provincia de Huanta.
Más de 30 piezas audiovisuales –infografías, línea de tiempo, corto animado, cortometrajes, mapas interactivos, reportaje y otros- forman parte del documental transmedia «La vida no vale un cobre», que se proyectará en la provincia de Espinar en 
La extracción de oro empobrece el agua y la contamina, se ven afectadas tanto las aguas subterráneas como las aguas superficiales, se produce sequía y se contaminan los suelos, sin contar que la biodiversidad propia del agua también se ve afectada por los residuos químicos.