El pacto que ambos organismos firmaron a comienzos de este año –en que SQM aseguró el triple de su extracción de litio en el Salar de Atacama hasta el 2030 a cambio de la salida de Julio Ponce Lerou– no realizó la consulta indígena correspondiente, y desde las comunidades atacameñas advierten que está en juego su acceso al agua y que la implementación del acuerdo no asegura la sustentabilidad del salar. «La minería de litio es minería de agua», aseguran.
Sin duda, la jugada de los hermanos Julio y Eugenio Ponce Lerou para volver a SQM como asesores estratégicos –burlándose del acuerdo que la empresa firmó con Corfo a comienzos de este año y que les impide integrar el directorio– se convirtió en uno de los asuntos que marcó la pauta del pasado martes y volvió a poner a la minera no metálica en el centro de la polémica.
Pero no es la única razón por la que el controvertido acuerdo vuelve a ser cuestionado: para las 9 de la mañana de este miércoles está fijada la audiencia en que representantes del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) presentarán los alegatos ante la Corte de Apelaciones de Santiago con que buscan que se invalide el tratado.
Desde la agrupación, integrada por 18 comunidades, aseguran que al firmar dicho acuerdo el Estado de Chile incurrió en violaciones a sus derechos, y que su implementación amenaza su acceso al agua y que indirectamente se les están obligando a abandonar el lugar que han habitado por generaciones.
SQM siempre sale ganando
El pacto de enero pasado se acordó tras una batalla entre Corfo y SQM que duró cuatro años, iniciada luego de que se conociera que, durante años, la empresa se excedió en el espacio delimitado para la explotación del Salar de Atacama (correspondiente a 81 mil hectáreas) y realizó graves violaciones en los contratos de arrendamiento del lugar. Gracias a ellas, SQM vio ingresos por más de US$771 millones, y generó un daño en en el patrimonio del Estado de Chile cercano a los US$30 millones.
Finalmente se llegó a un punto que contentó a ambas partes: Corfo estipuló que ni Julio Ponce Lerou, el ex yerno de Augusto Pinochet y controlador de SQM en dicho período, ni su familia –hermanos o hijos– pueden tener presencia en el directorio hasta 2030 y, a cambio, la empresa aumentó su capacidad para ahora explotar el triple de la cantidad de litio que produce.
Sin embargo, la negociación se cerró sin realizar una consulta a las comunidades indígenas que viven en la zona, que es lo que ordena el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. De este modo, desde los pueblos que habitan el lugar se enteraron del trato tras una reunión con representantes de Corfo, quienes les comunicaron de la decisión cuando el acuerdo ya estaba sellado y los dejaron sin ninguna injerencia.
“El Estado de Chile simplemente decidió no escuchar a las comunidades indígenas, y quiso no preguntarles si les afectaba este acuerdo. Aquí lo que corresponde por un mínimo de respeto a las otras culturas y pueblos es preguntarles”, asegura Jaime Madariaga, abogado del CPA.
“El señor Bitran hoy –después de la llegada de los Ponce Lerou– dice que se siente engañado, defraudado, al haber firmado este acuerdo. Bueno, resulta que ese engaño lo vienen denunciando los atacameños desde el día uno. Si él hubiera tenido la humildad y los hubiera escuchado, no lo habrían engañado”, agregó.
“Queremos estar por siempre en el territorio”
“El pueblo atacameño vive en la cuenca de Atacama y efectivamente nosotros hemos visto el deterioro medioambiental que se ha provocado dentro del territorio con la instalación de distintas empresas”, explica Manuel Salvatierra, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, quien agrega que para ellos es fundamental “tener certeza del estado de salud del salar de Atacama”.
En la misma línea, Mariana Cervetto, geóloga especialista en hidrogeología, explica que la base para explotar el litio es la salmuera, que básicamente consiste en agua salada, por lo que advierte que el acuerdo Corfo-SQM amenaza la disponibilidad de recursos hídricos para las comunidades. “La minería de litio es minería de agua“, señala.
Cervetto además asegura que los mecanismos de monitoreo establecidos en el marco de la RCA (Resolución de Calificación Ambiental) no garantizan la sustentabilidad del salar.
Por otra parte, desde el CPA recalcan la importancia de que se desarrollen las consultas respectivas. “En la actualidad ya somos afectados por las distintas políticas que tiene el Estado que no han salvaguardado algo que es súper importante para nosotros, que es el agua, nuestra puri. Y nosotros buscamos estar por siempre en el territorio, pero para eso necesitamos el agua, que es la base de nuestra vida. Indirectamente nos están obligando a emigrar”, agrega Ana Ramos, ex presidenta de la misma organización.
Finalmente, Valeska Pavez, también integrante del CPA, señaló que su propósito es “poner en la opinión pública que Chile tiene nueve pueblos reconocidos, entre ellos el pueblo atacameño, y que efectivamente el Estado entienda que hay una cultura que está viva, que un país sin una cultura no puede ser un país, y que de una buena vez se reconozcan nuestros derechos”.
Fuente:http://www.eldesconcierto.cl/2018/06/06/nos-estan-obligando-a-emigrar-comunidades-indigenas-inician-alegatos-ante-la-justicia-por-acuerdo-corfo-sqm/




Hoy 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente designado por la ONU desde el año 1974. Este día tiene el objetivo de concientizar el respeto al medio ambiente y reflexionar sobre las prácticas contaminantes. Nosotros desde el Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA) reivindicamos esta fecha para recordar a los gobiernos, autoridades, empresas y actores privados que la contaminación generada en nuestra Madre Tierra tiene responsables concretos.
Lo que no dijo el segundo hombre más rico de México es que el Gobierno federal, sobre todo la Secretaría de Economía, le ha otorgado un total de 333 concesiones del sexenio de Carlos Salinas de Gortari al de Enrique Peña Nieto para sus actividades mineras, de ferrocarriles de carga y pasajeros, y de infraestructura, revela el Portal de Transparencia del INAI. Entre esas concesiones están las de las minas responsables del derrame de químicos en Sonora y el estallido en Pasta de Conchos, en Nueva Rosita, Coahuila, que hasta la fecha siguen afectando a las víctimas.
El Gobierno Nacional alista una respuesta a la decisión que adoptó anteayer Oswaldo Paúl Serrano, juez de la Unidad Judicial Civil de Cuenca, de disponer la suspensión de las actividades en el proyecto minero Río Blanco.
Los Cabos.- Rotundo no público y firmado a la minería tóxica, quedó plasmado este viernes por el candidato a la presidencia Municipal de Los Cabos por el Partido Verde Ecologista, Alejandro Enrique Rojas en el marco de la firma del convenio con el Frente Ciudadano por la Defensa del Agua y la Vida en Baja California Sur.
Del 30 de julio al 10 de agosto del 2018, comuneros antimineros y organizaciones sociales del país realizarán una marcha nacional en defensa del agua y de los páramos libres de minería metálica. Los participantes saldrán desde Cuenca hasta Quito. Esta fue una de las siete resoluciones tomadas en el Encuentro Nacional de Comunidades Defensora del Agua que se desarrolló en la capital azuaya este sábado 2 de junio del 2018. Reunió a más de 500 personas, entre delegaciones de diferentes ciudades del país.
Francisco Javier Errázuriz Ovalle, hijo del ex senador y ex candidato presidencial del mismo nombre, no ha escatimado en esfuerzos para conseguir el permiso ambiental de su proyecto más ambicioso en minería no metálica: NX Uno de Peine. Desde que sufriera en 2012 un revés ante la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta, Fra Fra Jr. ha seguido una intensa agenda para conseguir el apoyo de la iniciativa que busca la producción de cloruro de potasio y carbonato de litio en el Salar de Atacama.
El Padre Tono Sanchez, párroco de los pueblos que componen la meseta central chubutenses se refirió a la profunda discriminación que trae aparejada las opiniones divididas que hay respecto a la explotación minera en la zona. «En Gastre es impresionante la presión psicológica y discriminación social e incluso religiosa. Se crea un problema de convivencia enorme. En Telsen está comenzando a pasar lo mismo», dijo los antimineros «son dejados de lado».
Cualquiera que sea la preferencia que uno tenga en materia electoral, si reside en el área metropolitana de Bucaramanga, estaría obligado a preguntarse acerca de las preferencias de los candidatos y sus grupos de apoyo acerca de la minería. El tema es mayúsculo para nosotros por lo que los economistas llaman el “trade off” entre agua y oro. Quien privilegie al oro argumentará que se puede extraer de manera sostenible y que las tecnologías permiten mitigar el impacto ambiental, etc., etc. Lo cierto es que la minería en un páramo, afecta radical y totalmente el ciclo del agua. Al final, las pingues regalías no resolverían financieramente los daños causados y las tarifas de tal elemento vital, necesariamente crecerían para toda la población sin perjuicio de las incomodidades de la escasez. En video reciente, el alcalde Rodolfo Hernández explicaba a la ciudadanía que un páramo es páramo desde su raíz hasta su cúspide y que ninguna cota evitaría que la explotación lo afectara de manera irreversible por millones de años.