Chile

Quiénes son los directores de SQM detrás del regreso de Julio y Eugenio Ponce

El regreso de los hermanos al directorio de la firma fue producto de la decisión unánime de los ocho miembros, entre los que se encuentran Alberto Salas, cuestionado esta mañana por ser quien tenía como objetivo mejorar la imagen pública de la minera no metálica, Laurence Golborne, ex ministro de Piñera formalizado en el marco del caso Penta, Patricio Contesse Fica, hijo del histórico gerente general de la compañía también formalizado por delitos tributarios y Hernán Büchi, ex ministro de Hacienda de Pinochet.

Han pasado tres años luego de que Julio Ponce Lerou abandonó el directorio que presidió por 28 años, el líder y actual mayor accionista del grupo Pampa, está de vuelta en las oficinas de SQM. Y no lo hace solo, lo hace en compañía de su hermano Eugenio, quien también retorna tras haber dejado la cabeza de SQM recién en abril de este año; esto tras dos años en el puesto, pero 37 años en la compañía.

El regreso de los Ponce se da luego de la decisión unánime del directorio de SQM. Julio Ponce Lerou y su hermano retornan a la firma como asesores y tendrán oficina en el piso 6 del edificio corporativo, junto a la alta gerencia. Pero ¿quienes son los integrantes del grupo que firmó «el regreso de los hijos pródigos«?

La junta directiva es presidida por Alberto Salas, ingeniero en minas y ex presidente de Sonami y la CPC, quien en su llegada, según consignó Pulso de La Tercera, esperaba dar estabilidad a un directorio que desde la salida de Julio Ponce en 2015 ha tenido tres líderes. Además, uno de sus objetivos era mejorar la imagen pública de SQM, la que en los últimos cuatro años se vio envuelta en una polémica con el Estado por el financiamiento ilegal de la política. Este último propósito se contrapone a las críticas que ha despertado actualmente la decisión del directorio de volver a integrar a Julio y Eugenio Ponce como asesores de la minera no metálica.

Ante esto, el timonel de Corfo, Eduardo Bitrán, en conversación con La Segunda, señaló que se siente «terriblemente defraudado» de Alberto Salas, quien «sabía los términos de nuestro acuerdo (entre Corfo y SQM), ya que fue puesto de común acuerdo y en consulta incluso a la Presidenta de la República (Michelle Bachelet)». Bitrán agregó que se siente engañado «pues hablamos de dos líderes empresariales que han sido presidentes de la máxima entidad empresarial del país. ¿Cómo pretenden restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones y la empresa con esa actitud?», sentenció Bitrán.

El vicepresidente del directorio es Patricio Contesse Fica, hijo del ex gerente general de Soquimich, Patricio Contesse González, formalizado por delitos tributarios cometidos entre 2009 y 2014, en carácter consumado y reiterado en calidad de autor, y por el delito de soborno, que además reveló aportes políticos a Marco Enríquez-Ominami y el PRI, y afirmó que RN le solicitó financiamiento y guardó silencio en los casos de Carlos Ominami y Roberto León.

Laurence Golborne, el ex ministro de Piñera y ex candidato presidencial que debió bajar su postulación a La Moneda tras ser cuestionado públicamente por el Caso Cencosud y la sociedad que tenía en las Islas Vírgenes Británicas. Además de ser investigado y luego formalizado por delitos tributarios en el marco del caso Penta, en abril recién pasado, fue confirmado como director independiente en la mesa de SQM.

Hernán Bücchi, el ex ministro de Hacienda de la dictadura, que fue director de la firma por varios años, hasta abril de 2016, pero luego fue electo nuevamente en el directorio de SQM en 2017. Además es miembro del Directorio de Quiñenco S.A. y S.A.C.I. Falabella, entre otros.

Además, componen la mesa, en representación del resto de los accionistas, Gonzalo Guerrero, Mark F. Fracchia, Arnfinn F. Prugger y Darryl Stann.

Fuente:http://www.elmostrador.cl/mercados/2018/06/05/quienes-son-los-directores-de-sqm-detras-del-regreso-de-julio-y-eugenio-ponce/

Perú

Vacíos y deficiencias en los Estudios Ambientales Integrados

Los EAi son un nuevo instrumento de gestión ambiental que debe permitir integrar los diversos estudios con los que cuentan los proyectos mineros. Ocurre que existen unidades mineras que tienen varios estudios ambientales, lo que hace que su gestión corra el riesgo de dispersarse y sea poco eficiente.

El pasado jueves 07 de junio, CooperAcción y EarthRights International (ERI) presentaron al MINEM un Informe Técnico en el que identifican 40 observaciones a la propuesta de los términos de referencia que regularán los Estudios Ambientales Integrados (EAi).

Los EAi son un nuevo instrumento de gestión ambiental que debe permitir integrar los diversos estudios con los que cuentan los proyectos mineros. Ocurre que existen unidades mineras que tienen varios estudios ambientales, lo que hace que su gestión corra el riesgo de dispersarse y sea poco eficiente. Entre las operaciones que cuentan con dos o más estudios ambientales diferentes se encuentran importantes minas como Yanacocha, Cobriza, Cerro Verde, Marcona, Cuajone, entre otras. Además, muchos proyectos solicitan modificaciones a sus estudios de impacto ambiental luego de que los mismos fueran aprobados o cuando ya se encuentran en operación, mediante las Modificatorias de EIA o los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS).

La existencia de varios instrumentos de gestión ambiental para una misma unidad dificulta la fiscalización, pues el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) tiene que revisar y dar seguimiento a numerosos documentos, lo que implica mayor cantidad de tiempo de dedicación a una sola unidad minera, con el alto riesgo de perder la visión del conjunto y de no visibilizar los impactos acumulativos y sinérgicos.

Además, dificulta la vigilancia ciudadana, pues si la población quiere conocer cuáles son los compromisos asumidos por la empresa no puede referirse a un único documento, dado que la información ambiental está dispersa.

Frente a ello, el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental del sector minero, publicado el 12 de noviembre del año 2014, mediante el Decreto Supremo N° 040-2014-EM, estableció la necesidad de “integrar” estos estudios ambientales en uno solo. Dichos Estudios Ambientales Integrados hasta la fecha no se han implementado debido a que su elaboración debía realizarse conforme a lo señalado en los Términos de Referencia (TdR) que el MINEM tenía que aprobar. En el citado reglamento se le daba al MINEM un plazo máximo de seis meses, contados a partir de su entrada en vigencia, es decir el 13 de noviembre de 2014.

Pasaron casi cuatro años sin que se aprueben los términos de referencia. Por ello, en el mes de abril, CooperAcción y ERI enviaron una carta al MINEM pidiendo información sobre la situación de este importante instrumento de gestión. El MINEM respondió señalando que en los siguientes días publicaría y pondría en consulta ciudadana el proyecto de TdR. Días más tarde, el MINEN emitió la resolución ministerial 132-2018-MEM/DM autorizando la prepublicación del proyecto de TdR.

Observaciones

Este fue un paso adelante. Sin embargo, en el análisis realizado en el Informe Técnico mencionado se encontraron un conjunto de observaciones, vacíos y deficiencias que se requiere atender.

La principal observación tiene que ver con que el MINEM ha concebido a los EAi como un documento de tipo administrativo,  cuando en realidad debería ser un proceso que permita una evaluación de los impactos ambientales reales que están  ocurriendo en los territorios.

Los TdR presentados por el MINEM consisten en un simple índice de lo que debiera contener el EAi, sin precisar el contenido ni el objetivo de cada sección, dejando abierta una amplia discrecionalidad por parte de la empresa consultora. Consideramos que el objetivo de este tipo de instrumento debe ser ordenar y analizar la información producida a lo largo del tiempo, identificar vacíos, efectos producidos, y corregir y optimizar el manejo ambiental y social.

Por otro lado, estos TdR establecen como un ítem una “línea de base”, pero no consideran que la elaboración del EAi parte de efectos que ya existen sobre el medio ambiente del área de emplazamiento de la actividad minera. Por ello recomendamos que se realice un análisis de cómo los aspectos ambientales descritos en la línea base del EIA han ido modificándose con el avance de la operación. De esa manera, a partir de la elaboración del EAi se puede definir un registro histórico de los cambios y efectos producidos como consecuencia de la actividad minera, generando información valiosa para corregir, optimizar e implementar mejores prácticas de manejo y mitigación ambiental.

Otra de las observaciones tiene que ver con cómo se evalúa los impactos ambientales. Los TdR dejan entender que bastaría una revisión en gabinete de los impactos considerados en los estudios ambientales previamente aprobados. Creemos que ello no es suficiente, por lo que recomendamos introducir variables ambientales cuantitativas que permitan una fuerte interacción de datos de campo real.

Esperemos que el MINEM atienda las observaciones y recomendaciones que presentamos, y con ello, que los Estudios Ambientales Integrados puedan cumplir con su objetivo, y se asegure el respeto y vigencia de los derechos de las comunidades afectadas con los proyectos.

11 de junio de 2018

Mexico

Rechazan versión oficial de que no hubo contaminación por jales

Chihuahua.- La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) rechazó las verisones oficiales de autoridades estatales y federales en relación a que no existen riesgos de contaminación tras el derrumbe de la presa de jales en la minera Río Tinto, en el poblado de Cieneguita del municipio de Urique.

La organización demandó de manera inmediata al Gobierno de Chihuahua, encabezado por Javier Corral Jurado, y a las autoridades federales, avisar a la población de la zona sobre los peligros y riesgos que sufrirá por el derrame de los jales tóxicos que van descendiendo hacia el río Tubares, el cual descarga en el Río Fuerte conectado al menos a tres presas del estado de Sinaloa.

En este sentido, la organización civil Voces Unidas por el Agua en Sinaloa, conformada por académicos y empresarios, advirtieron a medios de aquel estado que los derrames de los jales mineros estarán poniendo en riesgo la actividad agrícola en los valles de dicho estado, ya que los residuos llegarán a las presas Luis Donaldo Colosio y Miguel Hidalgo, con las cuales se alimentan gran parte de los cultivos de la entidad federativa.

Según un comunicado de esta organización, las presas que se verán afectadas se encuentran en el municipio de Choix y El Fuerte, las cuales irrigan y abastecen de agua todo el norte de Sinaloa, por lo que existen a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Comisión Nacional de Agua (Conagua) dejar de emitir información falsa para proteger los intereses de la empresa.

Dentro de las exigencias se solicitó también el cierre irreversible de la mina de la empresa Río Tinto y medidas enérgicas de rendición de cuentas, control y reparación de los daños causados en la región, así como el impulso de proyectos productivos respetuosos con la población de Urique pues el modelo extractivo minero debe ser desechado como propuesta de progreso y desarrollo.

Añadieron que las mineras y los empresarios ligados a estas se han enriquecido gracias al despojo, desplazamiento forzado de pueblos y el saqueo de las riquezas naturales, “de tal manera que su negocio es redondo, porque técnica y financieramente es imposible que puedan incorporar el costo de los daños que ocasionan a la salud, el ambiente, la naturaleza, cultura, comunidad y a la vida de los pueblos.

Fuente:http://www.cronicadechihuahua.com/Rechazan-version-oficial-de-que-no,53890.html

 

Honduras

Pobladores de Tocoa, Colón en pie de lucha contra proyectos mineros

Acusan directamente al alcalde y a la corporación municipal de estar confabulados con las compañías mineras para desarrollar los proyectos, sabiendo que son dañinos para las comunidades.

La población del municipio de Tocoa en el departamento de Colón aglutinada en el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, están en pie de lucha para no permitir que seis proyectos mineros se desarrollen en su municipio.

Según la información de la base de datos de INHGEOMIN, son 6 proyectos mineros otorgados en el Municipio a las empresas; Industrial Mining Group S.A de C.V., Corporación Minera La Virtud S.A., Emco Mining Company S.A. de C.V. (Inversiones Pinares) juntas suman 3,500.00 hectáreas de territorio concesionado sobre la cabecera de los ríos Cuaca, San Pedro, Guapinol, quebrada Ceibita, rio Tocoa y Taujica.

Los pobladores denuncian que estos proyectos destruirán los ríos que dan vida a ese municipio y sin los ríos, nadie vivirá feliz. Por tanto, la decisión corresponde al pueblo a nivel Municipal, no a un grupo de dirigentes patronales que han sido manipulados y engañados por la empresa con la complicidad y colaboración directa de las unidades del gobierno municipal.

Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos

Ante la opinión pública local, nacional e internacional expresamos lo siguiente: El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colon, somos una expresión de unidad de organizaciones comunitarias, sectoriales, sociales, campesinas, instituciones no gubernamentales, iglesia y población no organizada que está bajo riesgo por el extractivismo minero y energético en el Municipio.

La corporación Municipal hizo declaración oficial respecto al Comité en conferencia de prensa el día jueves 7 de junio. El Alcalde Adán Fúnez y seis regidores que firmaron la declaración intentan limpiar una situación muy delicada en relación a derechos fundamentales del pueblo en el Municipio producto del concesionamiento territorial para minería. Entendemos que los proyectos mineros los otorga INHGEOMIN como autoridad minera estatal.

El 20 de enero de 2014, el ex Alcalde Héctor Hernández junto a 5 regidores aprobaron la entrada de empresas mineras al Municipio y la siguiente administración que entró 5 días después encabezada por el Alcalde Adán Fúnez no dijo nada sobre todo esto, su silencio la hace cómplice y los permisos de operación la hace responsable de los desastres sociales, ecológicos, ambientales y humanos que se avecinan.

La toma del edificio Municipal desde el lunes 04 de junio es una expresión de alerta ante los impactos que se ciernen sobre la vida en el Municipio. Se va levantando un muro entre las comunidades y dirigentes consientes de la amenaza y las comunidades amenazadas, pero bajo control de la empresa y el gobierno Municipal. Muchos dirigentes de Patronatos de las comunidades de influencia de la empresa están a favor de la minería y responde a una relación muy personal entre los dirigentes y el Alcalde, por eso la Corporación quiere reunión con tales dirigentes. Lo expresado en la declaración en relación al pueblo en resistencia ante la amenaza minera es un desprecio de parte del Alcalde y la Corporación.

Según la información que viene de la base de datos de INHGEOMIN, son 6 proyectos mineros otorgados en el Municipio a las empresas; Industrial Mining Group S.A de C.V., Corporación Minera La Virtud S.A., Emco Mining Company S.A. de C.V. (Inversiones Pinares) juntas suman 3,500.00 hectáreas de territorio concesionado sobre la cabecera de los ríos Cuaca, San Pedro, Guapinol, quebrada Ceibita, río Tocoa y Taujica. Estos proyectos destruirán los ríos que dan vida en el Municipio y sin los ríos, nadie vivirá feliz. Por tanto, la decisión corresponde al pueblo a nivel Municipal, no a un grupo de dirigentes patronales que se merecen nuestro respeto, pero que han sido manipulados y engañados por la empresa con la complicidad y colaboración directa de las unidades del gobierno Municipal.

La Corporación Municipal dice que el comité no es legal y, por tanto, no puede representar al pueblo. La legalidad es asunto de formalidad, lo primero es la legitimidad y esa, las asambleas comunitarias, sectoriales y de organizaciones se la han dado a la gente delegada para tal misión. No respetar esa decisión es una violación al derecho de participación, pues el gobierno no tiene más responsabilidad que ejecutar las decisiones del soberano. La manipulación de los liderazgos comunitarios y llevada cual oveja al matadero por el gobierno y las empresas, ha sido una forma constante de mantener control de los territorios y las decisiones que golpean a la población.

El Alcalde personalmente no quiere en la comisión al representante de la Iglesia Católica, de la Coordinadora de organizaciones Populares del Aguan y de la Fundación San Alonso Rodríguez. Ha acusado de “grupos oscuros” que utilizamos el tema minero para posicionar otros temas, estas declaraciones solo dejan en evidencia publica un vacío moral y ético que llenan con insultos nada más alejados de la verdad. La Corporación ha solicitado la investigación y deducción de responsabilidades penales para quienes estamos en lucha, nos alegra, la verdad debe respirar y demostrar públicamente quien tiene responsabilidades penales y administrativas. En este sentido se entiende la actitud de ayer viernes, cuando a través del Delegado departamental del CONADEH pidió que fuéramos a reunión con la corporación como se acordó el miércoles 06, en el último minuto cambió de opinión porque en la comisión no iban las personas que puede manipular, yendo 6 personas de patronatos y junta de agua que representan a 28 comunidades de los sectores abisinia, San Pedro y Guapinol.

Desmentimos la declaración del Alcalde en relación a que los manifestantes tenemos amenazados a los empleados municipales, son personas como nosotros y nadie puede ser objeto de amenaza de nuestra parte. En relación al ingreso de la Unidad de Fiscales Contra la Impunidad y la Corrupción UFECIC, desde el día martes que lo solicitaron accedimos e ingresaron al edificio con personal Municipal el viernes 08. Dejamos constancia que el jueves 07 la responsable de Desarrollo Comunitario ingreso a las oficinas y llevo documentación. La campaña de criminalización mediática, asumida legalmente en la declaración de la Corporación pone en riesgo la seguridad y la vida de los manifestantes.

Expresamos públicamente que el municipio está bajo riesgo por los proyectos mineros otorgados y por la actitud prepotente, autoritaria del gobierno Municipal. Lógicamente, esta actitud se deriva del peso que la mano peligrosa del diputado Oscar Nájera impone sobre la administración Municipal. El pueblo no claudicará en la lucha, para nosotros la defensa del agua, la dignidad humana y la soberanía territorial es asunto de vida o muerte. Puede la Corporación Municipal estar segura que no guardamos odio ni rencor alguno, no denigramos, no insultamos, y no negociamos lo sagrado que brota del costado de Jesucristo presente en el Parque Nacional Carlos Alfonso Escaleras Mejía. La sangre de Carlos Escaleras está de pie junto al agua de nuestros ríos y quebradas y nos llama a declarar el Municipio libre de minería.

Tocoa, Colon, 09 de junio 2018

Fuente:https://criterio.hn/2018/06/10/pobladores-de-tocoa-colon-en-pie-de-lucha-contra-proyectos-mineros/

Mexico

Alcaldes, Ongs, y academia exigen frenar a las mineras

La cuidadanía , gobiernos municipales, instituciones académicas, religiosas, de investigación, organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en un documento por los derechos de los pueblos  a un medio ambiente sano, al agua, al trabajo y exigieron a un Veracruz Libre de Megaminería Metálica y Tóxica.

Señalan que la vocación del estado de Veracruz y de la región en particular ha de ser la que posibilite el bienestar d elas personas y  pueblos y el respeto a sus derechos humanos.

La megaminería tóxica a cielo abierto es un procedimiento tecnológico de la economía globalizada para extraer oro u otros minerales removiendo toneladas de materiales rocosos a base de explosivos para ser tratados posteriormente con cianuro, en lagunas de lixiviación, señalan.

Uno de los cuestionamientos más frecuentes a esta tecnología es el enorme volumen de agua que utiliza y el riesgo de con taminación de cuerpos de agua por derrame de lixiviados y por el drenaje ácido de mina, apuntaron.

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Mexico

Iglesia exhorta a gobierno para acabar con minería tóxica

No puede haber desarrollo sustentable cuando toneladas de cianuro envenenan millones de litros de agua al día; cuando deforestan cientos de hectáreas de árboles y plantas para la minería a cielo abierto, consideró el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes.

El Sacerdote lamentó que en el Estado de Veracruz se hayan dado muchas concesiones mineras.

A su juicio, la codicia del capitalismo, la ambición desmedida y la corrupción impiden ver las riquezas y las bellezas naturales de esa zona, poniendo en riesgo la vida y el futuro de sus habitantes.

Al permitir las exploraciones y explotaciones a empresas extranjeras para la construcción de las minas “La Paila” y “El Cobre” en los municipios de Alto Lucero y Actopan, desde el año 2012, se puso en riesgo el abasto y el derecho humano al agua, porque con el fin de extraer oro u otros minerales, se removerán toneladas de materiales rocosos a base de explosivos para ser tratados posteriormente con cianuro, en lagunas de lixiviación.

Recordó que según información proporcionada por la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), estos proyectos mineros han sido examinados por más de 60 expertos investigadores de la UV, INECOL, CIESAS, INAH y UNAM, así como por diversos grupos de la sociedad civil.

«La conclusión es que la megaminería tóxica en esta región es inviable. Las razones las dieron a conocer en la Asamblea de Actopan y en una declaración que se publicó en diferentes medios de cobertura Nacional el pasado 5 de junio de 2018. Con el respaldo de la ciudadanía, instituciones académicas, religiosas, de Investigación, organizaciones de la sociedad civil, así como las autoridades de algunos Ayuntamientos, SE PRONUNCIARON POR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS A UN MEDIO AMBIENTE SANO, AL AGUA y AL TRABAJO y exhortaron a los gobiernos federal, estatal, a los ayuntamientos, al congreso local y al congreso de la Unión que se declare VERACRUZ, LIBRE DE MEGAMINERÍA METÁLICA Y TÓXICA», se lee en el comunicado dominical.

La Arquidiócesis de Xalapa manifiesta también su adhesión y solidaridad con todos estos ciudadanos, que en forma organizada y pacífica están defendiendo sus tierras, el medio ambiente y su futuro. Veracruz ama la vida y debe proteger a sus habitantes y su patrimonio.

«Invitamos a todas nuestras autoridades a hacer un frente común para defender juntos nuestra casa común; debemos cuidar la naturaleza; tenemos que defender también al ser humano y a las instituciones familiares», expuso Suazo Reyes.

Y es que el pasado 25 de mayo, en la localidad de Actopan, Veracruz, se llevó a cabo una asamblea, para tratar de detener la amenaza con olor a muerte de la explotación minera a cielo abierto por parte de empresas nacionales y extranjeras.

El encuentro se desarrolló en primer lugar al interior del templo parroquial de Actopan, que está dedicado a San Francisco de Asís, el patrono de la Ecología y cuyo cántico inspiró el título de la encíclica “LAUDATO SI”, del Papa Francisco sobre el cuidado de la creación.

«La explotación minera a cielo abierto contamina el agua, el aire, el suelo, los ríos, los pozos y los cultivos», remató el director de la Oficina de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Xalapa.

Fuente:http://libertadbajopalabra.com/2018/06/10/iglesia-exhorta-gobierno-acabar-mineria-toxica/

Internacional

La manifestación contra la minería desde dentro

(España) Unas 80.000 personas, según las plataformas convocantes, abarrotaron este domingo las calles de Compostela para decir no a la mina de Touro y O Pino. Bajo el lema ‘Mina no, no queremos una herencia envenenada’, la multitudinaria protesta arrancó pasado el mediodía desde la Alameda para culminar dos horas y media más tarde en la Praza do Obradoiro.

Xosé Bocixa es miembro de la banda de rock gallega Zënzar y autor del documental A ceo aberto, un filme sobre la revuelta agraria de 1977 contra las expropiaciones de terrenos llevadas a cabo por Fenosa en la parroquia de As Encrobas, en Cerceda. Este domingo ha recorrido la manifestación contra la minería, para contar por qué la gente se ha manifestado en la capital.

Fuente:https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1107567/calles-compostela-escenario-nuevo-videoclip-mekanika-rolling-band

Ecuador

En la comunidad Guayará preocupa actividad minera

Redacción Transcurrido un año de la fase de exploración en la concesión minera Los Shirys, de la Comunidad de Guayará, colindante con Santa Isabel,  los moradores del lugar expresaron que tienen preocupación de que esta actividad productiva cause daños en quebradas y vertientes de la zona.

Marco Llivisupa, morador del sector, dijo que los moradores del lugar temen que la actividad minera avance, pese a que a inicios de la exploración los responsables del proyecto indicaron que no habrá ninguna afectación.

Más de 20 usuarios conforman el sistema de agua de riego del sector, quienes están preocupados por la presencia de la concesión minera. Según Llivisupa, cuentan con los documentos para realizar las denuncias respectivas, pues consideran que hacen falta permisos. Además solicitan una intervención urgente de las autoridades, pues los moradores se dedican a la agricultura y temen  afecciones en los suelos de la comunidad de Guayará.

Desde la Unidad de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente en Azuay se informó que, de momento, hay un proceso de regularización en Quito, a cargo de la Subsecretaría de Calidad Ambiental de esta cartera de Estado, quienes están encargados de socializar los asuntos relacionados con la conseción. Por ese motivo, los habitantes del sector viajaron a Quito para conocer cómo avanza el proceso.
Tras un pedido del presidente Lenín Moreno, el Ministerio de Minería, que fue absorvido por el de Hidrocarburos empezó una revisión de todas las concesiones entregadas y el catastro en todo el país está en proceso de actualización.  (I)

Fuente:https://www.eltiempo.com.ec/noticias/deportes/3/en-la-comunidad-guayara-preocupa-actividad-minera

Argentina

Jujuy: piden detener explotación de litio por no consultar a comunidades originarias

Los yacimientos de litio en Jujuy se hallan dentro de tierras ancestrales donde comunidades de pueblos originarios denuncian que las empresas usarán mucha agua en un territorio donde es un bien escaso.

Miembros de la comunidad originaria de Río Grande de Coranzuli – Intillaku, denuncian a las empresas Sales de Jujuy S.A. y EXAR S.A. para que desistan de continuar con sus trabajos de explotación de litio, ya que el proyecto contempla el uso de enormes cantidades de agua del reservorio del Cerro Coyamboy, en un lugar en donde es un recurso escaso.

La comunidad se halla en el departamento de Susques -Jujuy-, y allí ambas empresas realizan trabajos para extraer litio. Para llevar a cabo la explotación las mineras necesitan usar grandes cantidades de agua. Para apoyar el pedido de la comunidad, legisladores del bloque PTS-FIT presentaron un proyecto en la Legislatura de Jujuy para que el gobernador Gerardo Morales “suspenda las actividades de las empresas Sales de Jujuy SA, Exar SA y cualquier otra empresa de características similares, en el territorio de la comunidad indígena de Río Grande de Coranzuli, hasta que se garantice la consulta previa, libre e informada, respetando los derechos de las comunidades indígenas establecidos en la Constitución nacional, el Convenio 169 de la OIT y tratados internacionales de derechos indígenas”, afirmó un comunicado del Bloque.

“Nos hacemos eco de las denuncias que realizan integrantes de las comunidades indígenas de la Puna y del peligro que implica para sus vidas el extractivismo minero, en este caso del litio, por el uso y contaminación de un recurso tan importante como son las fuentes de agua ubicadas en sus territorios”, adelantó a Izquierda Diario, Natalia Morales, diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

La fiebre por el litio se desató con el apoyo del gobierno nacional, el propio presidente Mauricio Macri expresó reiteradas veces que nuestro país podía convertirse en el proveedor mundial de este elemento, esencial para la fabricación de baterías eléctricas. Lo que jamás se explicó cómo se puede extraer litio sin producir contaminación ni vulnerar derechos de poblaciones.

En mayo último el gobernador Morales desde Londres informó que el litio iba a comenzar a operar en la bolsa de cotizaciones de minerales y metales de esta ciudad, el London Metal Exchange (LME). “Necesitamos muchos inversores para exploración en materia minera. Ese es el motivo de mi presencia acá, además de acompañar a varios funcionarios nacionales convocando a invertir en la Argentina”, expresó en su momento el mandatario jujeño en un encuentro que organizó la Embajada argentina y la Cámara Argentino-Británica, en busca de inversores.

Este anuncio encendió la alarma de la comunidad de Río Grande de Coranzuli – Intillaku, el yacimiento de litio que se intenta explotar se halla dentro de tierras ancestrales, para recordarle esto al gobernador Morales, la comunidad de Susques, con la adhesión de muchas más de toda la región, le enviaron una carta. “El cerro Coyanboy se encuentra en el territorio de esta comunidad, en la montaña existe un glaciar de escombros que cumple con la Ley de Glaciares, por lo tanto cualquier iniciativa gubernamental o privada en el mencionado cerro debe cumplir con la Ley Nacional Nº 24.071 (C. 169) vigente en Argentina”, le informaron al mandatario.

“Este accionar es violatorio a los derechos de los pueblos originarios de esa región. El reciente anuncio por parte del gobernador Gerardo Morales, desde Londres, de que el precio del litio cotizará en la bolsa inglesa, es un factor más de presión que, junto a la eliminación de las retenciones y reintegro a las exportaciones, favorece a las empresas multinacionales extranjeras y atenta contra los derechos de las comunidades indígenas de Jujuy. Se sabe muy bien que en sus territorios se encuentran importantes reservorios de litio y para su extracción necesitan una importante cantidad de agua que queda contaminada por el uso de químicos”, apuntó la diputada Morales.

Fuente:http://www.elfederal.com.ar/jujuy-piden-detener-explotacion-de-litio-por-no-consultar-a-comunidades-originarias/

Mexico

Piden reforma para obligar a consultar a pueblos indígenas sobre proyectos mineros

«La diputada del PRD, Hilda Miranda, indicó que tan solo en nueve meses las autoridades concedieron 558 nuevos títulos de concesión a particulares en 1.1 millones de hectáreas, y se desconoce si para ello se consultó a los propietarios de tierras afectadas.»

La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, propuso reformas a la Ley Minera, a fin de establecer que los pueblos y comunidades indígenas deben ser consultados al momento de autorizar o negar la realización de proyecto mineros en sus territorios.

La diputada Hilda Miranda indicó que, de acuerdo al Registro Público de Minería, tan solo en nueve meses, de septiembre de 2015 a junio de 2016, las autoridades concedieron 558 nuevos títulos de concesión a particulares en 1.1 millones de hectáreas, y se desconoce si para ello se consultó a los propietarios de tierras afectadas. 

Miranda Miranda enfatizó que la autorización para explotar minas en México va en aumento, pero las comunidades donde se realizará ese tipo de actividad no han sido consultadas, lo que ha generado conflictos entre los pobladores y los concesionarios.

Refirió que México reporta 34 conflictos de tipo minero, tan solo detrás de Chile y Perú que tienen 35 cada uno.

Afirmó que México está adscrito al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que prevé la consulta a pueblos indígenas sobre proyectos de desarrollo que los puedan afectar, pero esa norma no se cumple.

Añadió que en la entrega de concesiones mineras participan en gran medida empresas trasnacionales, es decir, que el beneficio de la explotación en esa rama es para inversionistas extranjeros.

A ello se suma el alto grado de contaminación que genera esa industria extractiva y de explotación, ya que se tiene conocimiento de que existen en México al menos 635 sitios contaminados por el mal manejo de residuos generados por actividad minera, conforme al Sistema de Sitios Contaminados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Por ello, solicitó aprobar la reforma que instruye a la Secretaría de Economía (SE) a dar información fidedigna, suficiente, oportuna y objetiva a las comunidades indígenas, sobre las ventajas y desventajas del desarrollo de proyectos mineros, a fin de que emitan opinión.

Propuso que el Ejecutivo Federal no podrá dar concesiones sobre tierras o territorios indígenas sin que los habitantes no lo autoricen.

Planteó que la consulta y sus resultados se anularán, si los concesionarios influyeron de manera dolosa e irregular u ofrecieron pagos o entrega de recursos económicos, en las poblaciones objetivo.

Los términos y condiciones de las actividades de exploración y explotación minera autorizadas, se pactarán en conjunto con los pueblos indígenas y con el Estado.

Las concesiones contemplarán medidas para evitar o remediar la contaminación o destrucción de las tierras; territorios; recursos naturales; sitios sagrados, culturales o espirituales de los sitios donde se realizarán los proyectos.

Asimismo se podrá establecer que los habitantes del lugar tendrán la opción de establecer sociedad con las empresas concesionarias.

La propuesta añade, dijo la legisladora, que las concesiones se podrán cancelar si provocan la migración y abandono de los territorios y tierras involucrados; si afecta las fuentes de obtención de alimentos; provoca daño a la salud y bienestar de los propietarios; afecta la disponibilidad de agua; y si generan impacto negativo en zonas culturales, sagradas o espirituales.

Fuente:http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/piden-reforma-para-obligar-a-consultar-a-pueblos-indigenas-sobre-proyectos-mineros-975