Mexico

INAH exige a First Majestic no intervenir en ejido hasta descartar daño arqueológico

Autor: ALMA RÍOS, La Jornada , mx.
Conflicto Relacionado: Chalchihuites-Zacatecas-First Majestic Silver Corp. , Navidad

Dicha minera y Grupo México pretenden iniciar trabajos en terrenos ejidales de sus proyectos Chalchihuites 42 y Navidad, respectivamente

“Nosotros ya hicimos llegar un oficio a la minera First Majestic para que suspenda cualquier tipo de exploración en tanto no se nos presenten los proyectos y podamos recorrer los sitios para descartar cualquier posible afectación al patrimonio cultural”, dijo Carlos Augusto Torres Pérez, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el estado de Zacatecas, respecto de la protección del sitio arqueológico El Cerro Pedregoso, que se ubica en el municipio de Chalchihuites.

Informó que en el caso de cualquier tipo de proyecto de inversión que involucre la superficie del territorio del país, sea minero, de granjas solares o parques eólicos, “siempre uno de los requisitos es precisamente tener la liberación del terreno por parte del Instituto”. Y sostuvo que tal liberación no se otorga “hasta en tanto se descarte cualquier posibilidad de afectación al patrimonio”.

El Observatorio de Conflictos Mineros en Zacatecas informó a este medio que dentro del Ejido San José de Buenavista, ubicado en Chalchihuites, se encuentra El Cerro Pedregoso, y manifestó su preocupación por la posible afectación que los intereses tanto de Grupo México como de First Majestic Silver Corp pudieran implicar para su preservación, luego que pretenden iniciar trabajos en terrenos ejidales de sus proyectos Chalchihuites 42 y Navidad, respectivamente.

La empresa canadiense ha hecho ya ofrecimientos monetarios a los ejidatarios de San José de Buenavista para convenir la renta de sus tierras. E incluso el pasado 21 de junio fueron citados a asamblea para deliberar al respecto del tema pero se suspendió por falta de quorum.

En el caso de First Majestic Silver Corp informaron mediante un comunicado la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Observatorio de Conflictos Mineros, “pretende expandir la exploración hacia los lotes Navidad 1 al 9”, proyectando ocupar de inicio una zona de 18.8 hectáreas.

Agregan que según el Sistema de Investigación y Administración Minera (SIAM), “hay 10 nuevas solicitudes que acumulan una extensión de 319.5 hectáreas, lo que indica la extensión del emprendimiento”.

Altavista, perteneciente a la cultura Chalchihuites, es un observatorio astronómico, y conjuntamente con La Quemada, ésta ubicada en el municipio de Villanueva, son las dos únicas zonas arqueológicas abiertas a visitantes en el estado de Zacatecas, comentó por su parte, Torres Pérez

Dijo que Altavista está estrechamente vinculado con dos sitios muy importantes, uno es precisamente El Cerro Pedregoso, y el otro es El Chapín. Pues en los tres puntos “se lleva a cabo la observación solar durante todo el año para determinar la entrada de los solsticios y equinoccios”.

“Entonces para nosotros toda esta región es muy importante y obviamente estamos perfectamente atentos a lo que pueda suceder con estos dos proyectos de inversión en el estado (…) pero de todos modos necesitamos conocer el proyecto para saber cuáles son las áreas en que ellos contemplan hacer sus exploraciones”, dijo.

Detalló que estos sitios arqueológicos “ya cuentan con número de registro a nivel nacional, son sitios plenamente identificados”. No obstante se requiere hacer un recorrido para descartar que además de ellos, pueda haber algún otro asentamiento o algunos otros vestigios arqueológicos en la zona de interés de las empresas mineras.

El funcionario dijo que el INAH solicita siempre a las empresas que presenten los proyectos que piensan desarrollar “para poder nosotros revisarlos y plantear un proyecto de prospección arqueológica” que debe ser avalado por el Consejo Nacional de Arqueología.

Precisó que son las propias empresas inversoras las que sostienen económicamente estos trabajos de prospección dirigidos por arqueólogos del Instituto mediante los que buscan “descartar cualquier posibilidad de afectación al patrimonio arqueológico”.

Torres Pérez sostuvo que en caso de encontrarse algún tipo de vestigio sean estructuras, campamentos o asentamientos de cazadores-recolectores, el INAH lleva a cabo trabajos de rescate o salvamento o en su caso de delimitación o protección de la superficie.

El oficio que envió la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Zacatecas a la compañía canadiense First Majestic Silver Corp está a la espera de su respuesta, también precisó.

“Sin embargo nuestros arqueólogos ya están haciendo los recorridos pertinentes para evitar que en algunos trabajos de exploración o de avanzada que tengan estas empresas puedan tener afectación a estos importantes sitios patrimoniales de nuestro estado”.

Luego de citarse a una primera asamblea para tratar el tema de la aprobación o no para que la empresa realice trabajos de exploración en terrenos ejidales de uso común sin lograr el quorum legal de la asistencia del 50 por ciento de los ejidatarios más uno del total del padrón, “se lanzó una segunda convocatoria para el 2 de julio, donde se tomarán las decisiones y acuerdos con los integrantes que asistan”, advierte el citado comunicado conjunto de la REMA y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas.

Carlos Augusto Torres Pérez reiteró que el organismo normativo está “muy atento” a lo que ocurre en Chalchihuites por ser un bastión cultural del estado de Zacatecas “que tenemos que tener bien vigilado” por lo que está al pendiente de que “no se lleven a cabo trabajos de exploración sin previamente tener la liberación por parte de nosotros”.

“La ventaja en Chalchihuites es que tenemos arqueólogos de planta en la zona arqueológica (Altavista). Entonces de alguna manera hay mucho contacto con la población y hay mucho contacto con los arqueólogos del centro INAH y de alguna manera nos permite tener monitoreado este asunto de manera constante”.

Fuente:http://ljz.mx/2018/06/23/inah-exige-a-first-majestic-no-intervenir-en-ejido-hasta-descartar-dano-arqueologico/

Guatemala

“En La Puya las mujeres nos pusimos al frente, como barricadas humanas”

Autor: Movimientom4.org
Conflicto Relacionado: La Puya

La lucha no violenta por el agua, la vida y el territorio. Fue la consigna con la que, en marzo de 2012, el movimiento Resistencia Pacífica La Puya comenzó su oposición al proyecto minero “El Tambor”, que incluye la extracción de oro y plata en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc (departamento de Guatemala). En 2016 la Corte Suprema de Justicia de Guatemala suspendió el proyecto, cinco años después que el Ministerio de Energía y Minas otorgara la licencia a la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala (Exmingua). La razón es que no se realizó una consulta previa a las poblaciones indígenas, según lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Exmingua es filial de la firma estadounidense Kappes Cassiday & Associates, que en 2012 adquirió las participaciones de la canadiense Radius Gold Inc. Ante la paralización de la iniciativa, denominada “Progreso VII Derivada”- en mayo de 2018 la minera Exmingua anunció la intención de presentar una demanda –en un procedimiento de arbitraje internacional- contra el Estado de Guatemala por 300 millones de dólares. La demanda de indemnización se fundamentaría en las disposiciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana.

El pasado 11 de junio más de 50 organizaciones sociales de Guatemala e internacionales remitieron una carta al embajador de Estados Unidos en el país centroamericano, Luis Arreaga, en la que señalaban la “continua interferencia del Gobierno de los Estados Unidos y las amenazas de demandas internacionales”. Además de a la mina de oro “El Tambor”, la misiva hace referencia a las minas de plata El Escobal, emplazadas en el municipio de San Rafael Las Flores (Santa Rosa), en el sureste de Guatemala. Según la compañía que explota el yacimiento, Tahoe Resources (con oficinas en Canadá, Estados Unidos y Perú), se trata de la tercera mina de plata más grande del mundo. En julio de 2017 la Corte Suprema de Justicia de Guatemala suspendió provisionalmente la licencia de explotación otorgada en 2013 a la subsidiaria guatemalteca Minera San Rafael (Minerasa), por no realizarse las consultas previas a las comunidades Xinca. La carta de las organizaciones populares denuncia que representantes del Departamento de Comercio y congresistas estadounidenses, así como la Embajada de Estados Unidos en Guatemala han realizado “esfuerzos extraordinarios” para que el litigio, pendiente del fallo de la Corte de Constitucionalidad, se resuelva a favor de las empresas.

En enero de 2017 el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala contabilizaba 307 licencias mineras vigentes (270 de explotación y 37 de exploración) y 599 solicitudes en trámite (420 de exploración, 173 de explotación y seis en fase de reconocimiento). El informe de 2017 de la Organización No Gubernamental UDEFEGUA documenta 493 agresiones/ataques (incluidos 52 asesinatos) contra defensores de los derechos humanos, 230 más que en 2016.

El documento resalta que el 26,7% de las agresiones se concentran en cinco departamentos (de la Región Occidente) –Huehuetenango, El Quiché, Quetzaltenango, Sololá y Totonicapán- de los 22 en que se organiza el país; Huehuetenango es el segundo departamento en número de agresiones a defensores (105), por detrás de Guatemala (210). Los ataques en la región tienen como objeto principal a la población indígena, “por sus demandas en torno al derecho a una consulta libre, previa e informada y al derecho sobre el territorio y un ambiente sano”, sostiene la ONG. Además, entre 2012 y 2017 UDEFEGUA registró 239 acciones de criminalización contra mujeres defensoras de los derechos humanos.

Uno de los casos que cita el informe es el de Yolanda Oquelí, lideresa de la Resistencia Pacífica La Puya hasta 2015, y que como consecuencia de su activismo recibió amenazas de muerte vía telefónica en abril de 2017. En junio de 2012, la dirigente del Frente Norte del Área Metropolitana (FRENAM) también fue herida de bala, al tirotearla dos individuos cuando regresaba de una protesta contra el extractivismo minero en la aldea La Puya. Un año después se registraron disparos frente a la casa donde Oquelí residía con su familia. En 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado de Guatemala medidas para garantizar la integridad física de la activista y su núcleo familiar. Sin embargo, tuvo que afrontar las denuncias por parte de extrabajadores de Exmingua. La defensora, que todavía lleva una bala alojada cerca de la columna vertebral, fue una de las judicializadas por la resistencia pacífica en La Puya, acusada por la fiscalía de presunta detención ilegal, coacción, lesiones leves y amenazas. Madre de tres hijos, desde enero de 2018 y por un año se halla en Cataluña, acogida al programa de protección de Amnistía Internacional.

“Nuestro país está en el ojo de las multinacionales, en muchos casos se trata de las mismas empresas y accionistas sólo que cambian de nombre; en el comienzo del Corredor Seco (por las escasas precipitaciones) y a 20 kilómetros de la capital nos impusieron este megaproyecto, que representaba la puerta de entrada a otras iniciativas mineras; lo hicieron sin consultar a las comunidades y diciéndonos que la gente ya había vendido los terrenos, son las estrategias habituales”, explica Yolanda Oquelí en un acto organizado por el Comité de Solidaridad CEDSALA en Valencia. En julio de 2015 la Resistencia Pacífica La Puya celebró una victoria, cuando un juzgado de lo civil constituido en Tribunal de Amparo falló a favor de los alcaldes comunitarios de San Pedro Ayampuc, y ordenó detener los trabajos de construcción en el Proyecto minero “Progreso VII Derivada”.

El 2 de marzo de 2012 comenzó el plantón (acampada) a un lado de la carretera de entrada al proyecto minero, señala un estudio de 2014 publicado por el colectivo ecologista Madreselva. La madrugada del 8 de mayo, añade el estudio, la empresa y 400 policías intentaron introducir las máquinas perforadoras de pozo, pero se enfrentaron a mujeres tendidas en el suelo que rezaban y cantaban. En diciembre la Resistencia evitó –con el apoyo de observadores en materia de derechos humanos- otro intento de desalojo policial; seis dirigentes del movimiento resultaron detenidos. Así, durante más de dos años, las activistas impidieron la irrupción de las máquinas. Según Yolanda Oquelí, “nos organizábamos en turnos de 24 horas sin caer en provocaciones; enviaron a centenares de policías antimotines para desalojarnos ilegalmente; al comienzo la presencia de las mujeres fue escasa, pero en los últimos intentos de desalojo las mujeres se ponían al frente, como barricadas humanas… Y hoy cuentan sus experiencias. Al comenzar los ‘turnos’ de resistencia, había compañeros que pensaban que ellas iban a La Puya sólo para cocinar, o los esposos les negaban el dinero para trasladarse a las reuniones, pero esto lo fuimos cambiando”.

En julio de 2013 tres balas por la espalda y dos disparos de gracia terminaron con la vida de Santos Fidel Ajau, activista de Resistencia La Puya; “había recibido amenazas de personas que participaron en los hostigamientos organizados por Kappes Cassiday & Associates”, denunciaron las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. También informaron que la empresa contrató, como gerente de operaciones, a un exteniente que participó en las agresiones a los activistas. El 23 de mayo de 2014 cerca de 500 agentes de la Policía Nacional Civil, que custodiaban el acceso de la maquinaria, desalojaron de modo violento a los resistentes. Durante una hora y treinta minutos, observaron los voluntarios de Peace Brigades International-Guatemala, los antimotines utilizaron “de manera indiscriminada” gases lacrimógenos, palos y piedras contra los integrantes del plantón, que resistían “pacíficamente con cantos y rezos”. Además de los arrestados, heridos y líderes sometidos a juicios penales, ese día se denunció la destrucción de enseres y cosechas de maíz.

 

Yolanda Oquelí forma parte de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario (Tzk’at). “Las mujeres que luchamos contra el sistema, las empresas y el patriarcado llevamos mucho dolor en nuestros cuerpos y espíritus”, afirma. En la Red participa también la defensora y feminista comunitaria Lorena Cabnal, de la etnia Xinca y cofundadora de la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María de Xalapán (Jalapa), que participó desde los inicios en las luchas contra la minería metálica. “En 2011 se pronuncia el destierro de mi persona de la comunidad; eso va a ser una de las pérdidas muy fuertes; el hecho de verme caminar con mi hija de territorio en territorio, porque tuve un mandato patriarcal y no lo cumplí”, afirmó Lorena Cabnal en una entrevista publicada por la agencia Cimacnoticias. Asimismo la defensora defiende, frente al “patriarcado ancestral”, el Feminismo Comunitario: “La sanación cósmica-política de los cuerpos en relación con la tierra para armonizar”; en otros términos, “la recuperación y defensa de nuestro territorio cuerpo-tierra”. Con Yolanda Oquelí y Lorena Cabnal comparte lucha y experiencias Aura Lolita Chávez, lideresa K’iche’ que en junio de 2017 fue amenazada, junto a otros activistas, por una decena de individuos armados cuando se aproximaban a Santa Cruz del Quiché. Antes de sufrir las intimidaciones, habían parado un camión con maderas procedentes de talas ilegales en los territorios indígenas.

 

Fuente:http://movimientom4.org/2018/06/en-la-puya-las-mujeres-nos-pusimos-al-frente-como-barricadas-humanas/

Perú

Se realizará foro sobre la problemática ambiental del Río Rímac en el Congreso de la República

Se realizará el Foro “Rímac en peligro” sobre la Problemática de la cuenca alta del Río Rímac este lunes 25 de junio a las 4 PM en el auditorio Alberto Andrade (Av. Abancay, cuadra 2 del Cercado de Lima) del Congreso de República. Participará la congresista Marisa Glave de la Bancada parlamentaria de Nuevo Perú y especialistas del Ministerio de Energía y Minas, de Ambiente, OEFA y la Autoridad Nacional del Agua, así como el Gobierno Regional de Lima.

La contaminación del Río Rímac con metales tóxicos se hizo visible cuando se dio a conocer el riesgo que representaba el desmonte minero de Tamboraque, ubicado en la Cuenca Alta del Río Rímac, San Mateo. El riesgo de su desplome continúa. Como menciona, Severo Javier Hurtado de la Comunidad Campesina San Antonio, quien pertenece del Frente de Defensa de la cuenca Alta del Río Rímac“existen otros pasivos no remediados en la zona que son tan peligrosos como Tamboraque”.

En el estudio “Problemática socioambiental en comunidades ubicadas en la cuenca Alta del Río Rímac”, realizado por el ingeniero Edwin Alejandro Berrospi, de Red Muqui, se menciona que “En la visita a la zona, encontramos un riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas a causa de la liberación de contaminantes tóxicos contenidos en los residuos mineros”. Se explica que estos provienen de los pasivos ambientales ubicados en la cuenca alta del Río Rímac.

El libro, también, señala que son “220 pasivos ambientales identificados (183 pasivos en el distrito de San Mateo y 37 en Chicla) y que representan más del 2% nacional”. Los minerales a los que la población se encuentra expuesta son plomo, cadmio, mercurio, arsénico. Al acumularlos en el organismo se hace evidente el riesgo de intoxicación.

Como antecedente de los problemas de salud ambiental, se tienen los estudios realizados por la Dirección de Salud Ambiental (DIGESA) en el 2001. Se hizo una evaluación clínica, toxicológica a 269 personas del distrito de San Mateo (comunidades de San Mateo de Huanchor, San Antonio, Viso y San José de Parac). El estudio encontró que el 66% superaba los límites permisibles de plomo establecidos por la Organización Mundial de la Salud, el 25% superaba los límites en cadmio, en mercurio, el 16% y de arsénico el 12%.

El suelo, también está afectado, el informe señala que “casi la totalidad de pastos están contaminados con polvos tóxicos provenientes de pasivos ambientales y operaciones mineras”.  Por ello, Es necesaria la implementación de una política de prevención y sanción a los responsables de incumplir con la remediación de los pasivos ambientales . Hasta julio de 2015, ya habían transcurrido más de seis años de la vigencia de la aprobación de cinco planes de cierre de pasivos ambientales mineros sin que los responsables cuenten con Resolución de Aprobación del Plan de Cierre de Pasivos Ambientales Ejecutado.

Para conversar sobre esta situación de emergencia ambiental del Río Rímac y los planteamientos políticos en torno a la remediación de los pasivos, diversas organizaciones de sociedad civil se reúnen en el Congreso de la República. El Foro es de ingreso libre. /

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/764-se-realizara-foro-sobre-la-problematica-ambiental-del-rio-rimac-en-el-congreso-de-la-republica

Chile

Mineras evitan riesgos: “Nos queda chica… ya no nos interesa”

Autor: No a la Mina .org

Presentamos aquí un artículo que ilustra sobre condiciones y algunos detalles de un típico proceso de “cambio de manos” -y de responsabilidades- de una empresa megaminera para con sus trabajadores y para el país que las recibe. La gran producción inicial se acaba, los márgenes de ganancia se reducen,… y resulta más prudente vender todo a consorcios de accionistas ignotos antes de ingresar a los años finales cargados de despidos, reclamos y demás “incomodidades”.

Un ejemplo más de qué se esconde realmente detrás del slogan “responsabilidad social empresaria”.

Reproducimos aquí la nota del sitio elmostrador.cl, titulada “BHP acuerda venta de mina de cobre Cerro Colorado a fondo de capital privado EMR”.

EMR Capital Advisors Pty, una firma de capital privado que invierte en recursos naturales, está cerca de un acuerdo para comprar la operación cuprífera Cerro Colorado de BHP Billiton Ltd. en Chile.

La adquisición por parte de EMR, con sede en Melbourne, pondría fin a un largo esfuerzo de la mayor minera del mundo por deshacerse del activo, de acuerdo con las personas, que hablaron a condición de permanecer en el anonimato ya que los detalles son privados. El pacto podría anunciarse incluso el martes, dijeron, sin revelar el precio. Deutsche Bank AG dijo en un informe el año pasado que el activo podría alcanzar los US$800 millones.

La mina en el norte de Chile produjo alrededor de 65.000 toneladas métricas de cobre en doce meses hasta finales de junio de 2017, y tiene opciones que podrían expandir su vida útil durante decenios, de acuerdo con informes de BHP a las autoridades reguladoras. BHP, con sede en Melbourne, va a desinvertir de su mina de cobre más pequeña para centrarse únicamente en grandes operaciones de sus cuatro materias primas clave.

Los representantes de BHP y EMR rehusaron hacer comentarios.

EMR, que el año pasado adquirió el control de la mina de cobre Lubambe en Zambia, es un “gran creyente” del metal y ha estado estudiando más posibles ofertas, dijo el máximo responsable Jason Chang en una entrevista en agosto. En marzo, el fondo se asoció con PT Adaro Energy de Indonesia en un acuerdo de US $2.250 millones por la operación de carbón Kestrel de Rio Tinto Group en Australia.

Los productores de cobre, entre ellos Rio, han estado advirtiendo sobre un anticipado déficit de mercado, que disparará los precios a principios de la próxima década a medida que la creciente demanda choca con la falta de suministros nuevos. Mitsubishi Corp. ha llegado a un acuerdo de US$600 millones con Anglo American Plc para aumentar su participación en el proyecto de cobre Quellaveco en Perú.

La licencia ambiental de Cerro Colorado expira en 2023, después de lo cual se deberán negociar nuevas condiciones para el uso
de agua. Las partes interesadas ya contabilizaron el asunto en sus ofertas, dijo el presidente de operaciones minerales para las Américas de BHP, Daniel Malchuk, en una entrevista en marzo.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/chile/item/41323-mineras-evitan-riesgos-nos-queda-chica-ya-no-nos-interesa

Argentina

El desafío político y social para detener la contaminación en Sierra Pintada

Autor: No a la Mina .
Conflicto Relacionado: Sierra Pintada

En un contexto legal de prohibición de la megaminería (Ley Provincial Nro 7722) y un conflicto social por el Decreto que le abrió las puertas al fracking en Mendoza, el Gobernador Cornejo debe autorizar el proceso minero necesario para evitar más contaminación producida por los pasivos ambientales generados en San Rafael durante la explotación de la mina de uranio de Sierra Pintada. El problema radica en que para la remediación, es necesario abrir una planta fabril y realizar un proceso con sustancias prohibidas por la Ley Nro 7722; además, existe el temor de que concluido el saneamiento se intente volver a producir uranio. La audiencia pública se realizaría en octubre.

Entre los desafíos que le quedan por delante al gobernador Alfredo Cornejo hay uno que sobresale por la complejidad y la necesidad de no profundizar los conflictos generados por el fracking. Se trata del saneamiento de los pasivos ambientales que dejó la planta de procesamiento de uranio Sierra Pintada en San Rafael, que se transformó en uno de los casos emblemáticos de mal manejo ambiental. Esa planta funcionó durante una década, pero lleva mucho más tiempo cerrada y con la posibilidad de continuar la contaminación latente: hay millones de toneladas de residuos provenientes de la actividad minera del lugar y también provenientes de la planta productora de combustible nuclear Dioxitek, de Córdoba.

Tras el cierre de la producción en Sierra Pintada quedaron en el lugar: 5223 tambores con 1.067,60 toneladas de residuos contaminados (equivalen a 14 toneladas de uranio), el agua de cantera de los efluentes del proceso de lixiviación y las colas proveniente de la lixiviación de uranio con ácido sulfúrico (en total más de 1 millón de metros cúbicos) que no fueron neutralizadas, ni cubiertas con material inerte, por lo que existe posibilidad de afectación de cursos de agua.

El problema para la ejecución del proceso de remediación es que para poder neutralizar los residuos debe realizarse un proceso similar al que se hacía para producir uranio, usando sustancias que están prohibidas por la ley 7722. La rendija legal que existe es que esa ley prohíbe el uso de esas sustancias para la explotación minera, pero no para la remediación. Por eso la decisión es avanzar, aunque tanto desde el Ejecutivo como los asesores legales entienden que será necesario un blindaje legal mayor para evitar especulaciones. La desconfianza que hubo siempre sobre el tema es que una vez saneados los pasivos ambientales, se realice la reapertura de la mina de San Rafael para producir uranio en la Argentina y no tener necesidad de importarlo, como lo establecía el Plan Nuclear lanzado por Néstor Kirchner. Las tensiones sociales generadas en Mendoza y Córdoba frenaron ese intento.

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) establece un grupo de riesgos potenciales: a) las colas de uranio tienen riesgo de que haya emanaciones de gas radón a la atmósfera, radiación gamma y la dispersión a través del  viento o el agua; b) el agua de cantera tiene riesgo de infiltración a través de fisuras en la roca o que debido al exceso de lluvias se desborde; c) los residuos sólidos que tienen altos contenidos de uranio y “las condiciones de almacenamiento (bolsas plásticas dentro de tachos metálicos y enterrado bajo las colas de proceso) hacen a los mismos potencialmente peligrosos”.

La Auditoría General de la Nación advirtió sobre los incumplimientos de la CNEA en el saneamiento de Sierra Pintada con un detallado análisis de lo realizado y lo gastado, que incluye los gastos en consultorías ambientales y expresa que los trabajos proyectados no se cumplieron.

El plan de remediación de la CNEA incluye distintos procesos. El tratamiento del agua de cantera es mediante un sistema de resinas de intercambio iónico  y precipitación, con un plan alternativo de nanofiltración de menor impacto pero más costoso. El tratamiento de los residuos sólidos es el que genera más tensiones dado que usa de ácido sulfúrico: “se deben retirar los tambores de las escombreras, trasladarlos y proceder a la apertura segura, con sistema previsto en el proceso y someterlos a tratamiento” que consiste en el lavado de esos sólidos con agua de cantera, hasta la disolución con ácido sulfúrico y la neutralización con cal de ese material.

Actualmente, se escindió el proceso de la remediación del de la reapertura de la explotación. La Comisión Nacional de Energía Atómica presentó el Manifiesto de Impacto Ambiental para ejecutar el proceso de remediación que está siendo analizado. La intención de las autoridades ambientales es realizar la audiencia pública en octubre de este año y, luego, si no hay objeciones severas, autorizar los trabajos. El gobierno provincial mantiene la postura de autorizar el proceso sólo para la remediación.

Sin embargo, el alerta de los mendocinos se fundamenta en que el Plan Nuclear lanzado por Kirchner no está abandonado en lo conceptual, más allá de que no se lograrán los objetivos planteados para el 2019. Según un informe de la Secretaría de Energía de la Nación de la actual gestión, en el país se consumen 250 toneladas anuales de uranio para los 3 reactores a plena potencia (Atucha I, Atucha II y CN Embalse) y se necesitarán al menos 80 toneladas más para un nuevo generador. Según ese mismo trabajo, en la Argentina, la CNEA informó la existencia de aproximadamente 20.000 toneladas de uranio como “recursos identificados”.

En el plan elaborado por el ex ministro Juan José Aranguren se destaca la necesidad de impulsar la producción de uranio para sustituir importaciones y para impulsar esa industria, además de las presiones generadas por el sector minero. Sin embargo, se reconoce entre las conclusiones las dificultades debidas a la resistencia social al tema.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/mendoza/item/41311-el-desafio-politico-y-social-para-detener-la-contaminacion-en-sierra-pintada

Colombia

Ley de páramos no extenderá protección a todos los ecosistemas de alta montaña

Autor: Carolay Morales , RCN Radio.com

La ONG internacional WWF explica la importancia de esta ley, que solo tiene cinco días para ser aprobada en el Congreso de la República.

Mauricio Cabrera, coordinador de política en temas mineros de WWF (en español Fondo Mundial para la Naturaleza), explicó los alcances de esta ley que podría marcar un hito en la protección del agua en Colombia.

Para Cabrera, es importante que el país tenga claridad sobre la importancia de gestionar esta ley que promueve la protección de 37 páramos en Colombia. Sin embargo, el experto aclara que, no extenderá la protección a los ecosistemas de alta montaña. 

«Estos páramos proveen de agua al 70% de la población en el país. Es urgente reglamentar esta ley que los blinda de grandes proyectos de desarrollo como: ganadería, agricultura y minería a mayor escala», indicó.

Si bien hay preocupación por ‘un riesgo para la subsistencia’ de quienes trabajan la minería, la agricultura y la ganadería en zonas aledañas al páramos, Cabrera añadió que esta reglamentación es solo para proteger los páramos. 

La Asociación de Municipios del Páramos de Santurbán (Asomusanturban), que reúne a los alcaldes de la Provincia de Soto Norte (Charta, Tona, Suratá, Vetas, California y Matanza) a través de su vocera, Ivonne González, manifestó su inconformidad con la eventual aprobación de esta ley. 

González dijo que la ley, de ser aprobada, “va a extender la protección de los páramos a todos los ecosistemas de alta montaña, sin definir ni delimitar lo que es ‘alta montaña’. De tal manera de que si por este ecosistema se entiende lo que está por debajo de la línea de páramo, es decir, lo que está entre los 2.000 y los 3.000 metros sobre el nivel del mar, hablamos de una ley que afecta las actividades de por lo menos 60 por ciento de la población del país”.

Sin embargo, Cabrera insiste en que este proyecto es exclusivo para los páramos y  argumenta que los límites están siendo establecidos por el Instituto Humboldt, entidad que ya tiene el 70% de los páramos delimitados. 

La ley busca sistemas de reconversión económica en las comunidades que trabajan en los páramos, actualmente sin la posibilidad de acceder a créditos, dado que está prohibida la producción minera, de agricultura y de ganadería.

«Con este proyecto de ley se buscan alternativas para los campesinos. Habrá créditos para que se puedan hacer trabajos de campo en el páramo, pero en menor escala y se abre la puerta para el ecoturismo en esas zonas de forma responsable«, dijo.

Se espera que en los próximos días, los congresistas aprueben esta ley que protege a los páramos de actividades de alto impacto que ponen en riesgo el abastecimiento de agua.

Fuente:https://www.rcnradio.com/estilo-de-vida/medio-ambiente/ley-de-paramos-no-extendera-proteccion-todos-los-ecosistemas-de-alta

Chile

¿Cómo proteger los glaciares después de la caída del proyecto de ley?

Autor: Andrea Bustos C. Radio U.de Chile

Luego de anunciarse el retiro del proyecto, la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, aseguró que estos serán incluidos en el proyecto de ley que creará el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, sin embargo, su creación aún está en trámite en el Congreso y no se ha definido la jerarquía que tendrá la institución ante otros cuerpos legales que regulan inversiones, como lo son proyectos mineros o concesiones eléctricas.

Por ahora, los más de 24 mil glaciares del país, que en total abarcan cerca de 23.641 km2 de superficie, no cuentan con ninguna política pública que regule de forma concreta su cuidado, mantención y protección para evitar que puedan ser vulnerados por proyectos extractivitas.

Desde la ONG Greenpeace fueron enfáticos en rechazar el proyecto desde que este sufrió indicaciones que desviaron su intención de protección inicial, pues consideraban que los cambios aplicados ya no aseguraban la conservación de los glaciares.

Esta acusación fue reafirmada también por la Corte Suprema y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pues ambas instituciones habían manifestado que de aprobarse la ley esta permitiría su explotación.

En conversación con Radio Universidad de Chile, Estefanía González, coordinadora de océanos de Greenpeace, comentó que luego de este apropiado retiro se debe hacer pronto una nueva política pública, pero incluyendo a la comunidad.

Además, señaló que un nuevo proyecto debe hacerse cargo de los daños que está generando la minería a estas reservas de agua: “Cuando uno propone medidas de protección no nacen porque sí, es porque hay una amenaza inminente que genera un peligro de destrucción en las zonas, como el caso de la minería en el norte del país (…) Hoy cualquier proyecto se debe hacer cargo de esa amenaza que significa la minería en el norte, cualquier tipo de proyecto que no nazca desde ahí, que no sea consultado, no va a tener ningún tipo de beneficio para el medio ambiente ni para quienes están afectados”.

Por otra parte, señaló que se debe estar atentos a la inclusión de los glaciares en el proyecto de ley sobre el Servicio de Biodiversidad, porque si bien se ha ofrecido su incorporación, esta medida sigue paralizada por presentar cientos de indicaciones a su documento original.

Respecto al panorama a nivel político, González aseguró que, si bien el gobierno actual está trabajando bajo una agenda pro inversión, la protección del medio ambiente no ha sido prioridad para ningún gobierno anterior, por lo que el problema no radica solo en el mandato actual, sino que ha sido continuado en el tiempo. Por esto, manifestó que es vital que las comunidades se sigan haciendo escuchar para poder proteger sus territorios.

El glaciólogo de la Universidad de Chile, Fernando Ferrando, también se manifestó a favor del retiro del proyecto y afirmó que se debe generar otro pero, que esta vez, incluya algo más que solo a los glaciares, pues el entorno que los rodea también es muy importante de preservar.

Sobre un nuevo proyecto de protección, Ferrando afirmó que este debe dejar de distinguir entre ciertas reservas estratégicas u otras, pues todas deben serlo y, por lo tanto, todos los glaciares deben estar protegidos. En ese contexto, afirmó que se debe incluir el cuidado de los entornos y ecosistemas que dependen de los glaciares, pues todo en su conjunto es lo que garantiza el correcto funcionamiento del medio.

El académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo indicó que bajo el contexto medioambiental que enfrenta el mundo hoy, estas reservas de agua podrían ser claves si se continua con la sequía que se viene desarrollando hasta ahora.

“Estamos en un contexto climático global en que las reservas de agua se transforman en una zona estratégica para todo el mundo, y proteger los glaciares significa tener un regulador natural de los suministros de agua a los sistemas naturales”, aseguró, agregando que su mantención garantiza la disponibilidad de recursos cuando no hay agua o se desarrollan periodos de sequía.

Por su parte, ante la posibilidad de crear políticas de protección, las organizaciones mineras han sido críticas, argumentando que esto podría imposibilitar la tarea de la minera, perjudicando así la actividad económica del país.

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, manifestó que de concretarse una ley esto no sería así, y que los reclamos solo responden al deseo de las organizaciones mineras de seguir actuando libremente, pero aseguró que no se puede seguir en la misma dirección que hasta ahora.

Según comentó, el sector minero está acostumbrado a tener libertad de acción sobre los territorios y, aunque una ley de protección podría limitar cierta parte de la minería, esto no acabaría de ninguna forma con ella, por lo que los argumentos empleados no deben sobreponerse a los de las comunidades que buscan mejorar las políticas actuales.

“Yo creo que estamos en una situación donde el país debe recuperar poder decisión para decir que en estas zonas no se puede desarrollar minería y eso es lo que debemos hacer prevalecer, donde los ciudadanos y los territorios vayan teniendo mas poder de decisión en esas legislaciones”, comentó, agregando que de no hacer algo frente a la situación actual “estamos hipotecando las posibilidades de vida de mucha gente en el futuro”.

Además, aseguró que de concretarse el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, este debe garantizar la inclusión de todos los glaciares y no solo de los que estén presentes en parques nacionales o ciertos territorios, como pensaba hacerlo la ley recientemente retirada.

 

Fuente:http://radio.uchile.cl/2018/06/25/glaciares-en-chile-expertos-analizan-su-futura-proteccion/

Bolivia

Agricultores molestos por los daños a ríos Macha y Pocoata

Autor: Erbol.com

Agricultores que viven de los afluentes de la cuenca Macha-Pocoata-Colquechaca en el norte de Potosí, dieron un plazo hasta el 20 de julio para que las autoridades atiendan un pedido de la 5ta Cumbre sobre Medio Ambiente realizados en pasados días.

Muchos estaban furiosos porque no asistieron los viceministros de Minería y de Medio Ambiente, Gobernador potosino y los asambleístas de la región, por lo que amenazaron con movilizarse si no son atendidos en su pedido.

Los productores exigen la construcción de una planta de tratamiento de aguas ácidas, cuyo costo sería de 9 millones de bolivianos, aunque un técnico del Ministerio de Medio Ambiente intentó explicar un proyecto alternativo “sostenible”.

Estaban presentes también autoridades de los municipios de Pocoata y Colquechaca. Asimismo dirigentes de las cooperativas mineras de esta región. La diputada Rosa Álvarez y dos a asambleístas departamentales.

El proyecto de tratamiento de aguas ácidas señala que esas aguas salen del socavón que está más abajo del yacimiento donde operan quienes explotan mineral en Colquechaca, cuyo caudal es de más de 6 litros por segundo.

Precisan  que esas aguas salen desde el interior de la bocamina San Bartolomé, “parte de los fluidos contaminantes van a las  aguas del rio rosario y a toda la cuenca Macha-Pocoata”.

La agricultura en el lugar incluye papa, trigo, cebada y haba, aunque sería mínima y de bajo rendimiento por esto se quiere concluir el proyecto.

Las aguas de buena calidad que salen de los topes gavia 1 y gavia 2 tienen un caudal de 5 litros por segundo y una acidez de 6. En cambio las aguas más ácidas tienen un caudal de 11 litros por segundo y una acidez de 2.63%, es decir, no aptas ni para el consumo humano ni para el riego.

Unas 160 personas entre comunarios, pobladores de Macha, Pocoata indicaron que no están contra la explotación minera,  pero quieren una minería responsable. Los representantes de la cooperativa minera de Colquechaca respondieron que deben ser las autoridades las que responsan a la contaminación.

Fuente:http://www.erbol.com.bo/noticia/regional/25062018/agricultores_molestos_por_los_danos_rios_macha_y_pocoata

Chile

Gobierno retira Ley de Glaciares en medio de acusaciones por letra chica

Autor: Andrea Bustos C. Radio U.de Chile

Luego de varios meses de discusión y de diversas críticas de organizaciones medioambientales y sociales por el trasfondo del proyecto, la iniciativa fue revisada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de diputados, donde luego del anuncio del gobierno de que no habría recursos, esta se retiró.

 

Mexico

Padre e hijo fueron asesinados por cuidar el agua de Chihuahua. Activistas exigen frenar ataques

Autor: Ivette Lira. Sinembargo.

Ramón Hernández Nevárez y Anselmo Hernández Andujo, padre e hijo respectivamente, eran productores de maíz, avena y frijol y además eran defensores del agua desde El Barzón Chihuahua. Hace dos semanas cayeron asesinados en ese estado.

Sus compañeros de lucha narran que ambos se concentraban en la protección de la Cuenca Hidrológica del Río del Carmen, situada en los municipios Namiquipa, Riva Palacio, Buenaventura y Ahumada al noroeste de la entidad chihuahuense. Además, Ramón denunció la presencia de grupos armados en el territorio. Habían sido amenazados.

En entrevista para SinEmbargo, Joaquín Solorio, integrante de El Barzón Chihuahua, recordó que padre e hijo “participaban en la exigencia de que se parara la sobreexplotación de la cuenca del río”.

En mayo pasado, comentó el barzonista Gabino Gómez, Ramón había denunciado la presencia de grupos armados en la región e incluso señaló a uno de sus hermanos como parte de ellos: José Ebert Hernández Nevárez, alias “El Viejón”. El señalamiento derivó en el aseguramiento de armas, una camioneta con reporte de robo y equipo táctico, además de la detención del hermano y tío de las víctimas, quien finalmente fue puesto en libertad.

Ante este panorama, Solorio destacó “la obligación del Gobierno de Javier Corral es agotar todas las líneas de investigación. Está el tema del agua, del familiar que pertenece al crimen organizado y de la defensa de las tierras”.

El 13 de junio, padre e hijo, originarios del Ejido San Gerónimo, fueron privados de la vida cuando transitaban en la carretera Santa Clara–Flores Magón, en el municipio de Namiquipa, en el estado ubicado al noroeste de la Repíublica Mexicana.

Un día después del doble asesinato, la Fiscalía General del Estado condenó el crimen y afirmó darle “seguimiento puntual a las indagatorias para esclarecer plenamente el móvil de la agresión, sin descartar ninguna línea de investigación”.

El 16 de junio, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad y la Agencia Estatal de Investigación detuvieron nuevamente a José Ebert, a quien la Fiscalía considera el presunto autor intelectual del doble homicidio, asimismo, fueron arrestados dos hombres más, identificados como Rafael O. S. alias “El Rafa” y Casildo C. H. alias “El Casildo”.

Los tres sujetos, comunicó la Fiscalía, “se ostentaron como integrantes del grupo delincuencial La Línea [el brazo armado del Cártel de Juárez]  y refirieron realizar operaciones ilícitas en la región”.

Pero, días después “El Viejón” fue liberado y pudo llevar en libertad su proceso debido a que le acusó únicamente por posesión de una camioneta robada.

“La Juez de Control, conocedora de la causa penal por posesión de vehículo robado, le impuso medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, no obstante que para esta representación social, existen elementos suficientes para presumir el grado de peligrosidad del imputado, razón por la que se recurrió a una segunda instancia”, reclamó la Fiscalía de Chihuahua.

Sin embargo, la Jueza Fabiola Domínguez, del Distrito Judicial Benito Juárez, dijo esta semana a la prensa local que el detenido fue presentado no por el delito de homicidio, sino solo por robo de auto. Pero el fiscal General del Estado, César Augusto Peniche Espejel, aseguró que el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva por posesión de armas de fuego y los antecedentes de “El Viejón”, pero que les fue negada.

El Gobernador Corral fue más allá: declaró que incluso a la impartidora de justicia “se le pusieron de conocimiento las amenazas que había sufrido don Ramón Hernández de parte de su propia familia, de su hermano y sobrinos, de un largo problema”. Y agregó que “por supuesto que hay muchas amenazas contra los jueces, y estamos analizando el caso de la Jueza”.

OSC EXIGEN JUSTICIA

Un centenar de organizaciones de la sociedad civil (OSC) lamentaron el hecho y urgieron a las autoridades a detener “la ola de violencia” en contra de defensores ambientales en la zona y a emprender las investigaciones pertinentes a fin de castigar a quienes resulten responsables.

Las demandas de las asociaciones hicieron “un enérgico llamado” a Javier Corral; César Jáuregui Robles, Secretario General de Gobierno del Estado; Irma Villanueva Nájera, Coordinadora Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Fiscalía General en el Estado; Rafael Adrián Avante Juárez, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob); y Patricia Colchero Aragonés, Unidad para la Defensa de Derechos Humanos y Periodistas, a que en el ámbito de sus competencias:

“Inicien las investigaciones correspondientes para castigar a los culpables de este terrible crimen, así como garantizar la vida e integridad física de todos los miembros de El Barzón quienes están siendo objeto de amenazas de muerte, reforzando las medidas de seguridad de sus integrantes”.

María Colín, campañista legal de Greenpeace México, informó que el 18 de junio pasado enviaron una carta a las autoridades, con la exigencia de justicia; no obstante, al cierre de esta edición no habían recibido respuesta alguna.

Hace algunos meses, el Centro Mexicano de Derecho (Cemda) dio a conocer que de julio de 2016 a diciembre de 2017, hubo 88 ataques en contra de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México. Además, durante dicho periodo se dio un incremento en el número de homicidios que hasta entonces llegó a 29.

La abogada ambientalista recriminó que “a todas luces esto es un ejemplo de lo que ocurre a todo lo largo y ancho del país. Esto demuestra que México es un país sumamente peligroso para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, en particular en el tema de la defensa del medio ambiente”.

No es la primera vez que El Barzón Chihuahua es blanco de intimidaciones y agresiones: apenas el mes pasado, Martín Solís Bustamante y Eraclio Rodríguez, integrantes de esa organización, fueron amenazados de muerte por luchar en contra de la construcción y operación ilegal de pozos de agua en la cuenca del Río del Carmen.

Antes, el 22 de octubre de 2012, el dirigente barzonista Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Solís Contreras fueron asesinados. Hasta el momento no ha existido justicia por dichos crímenes y la Fiscalía se ha negado a mostrar el expediente a los familiares, quienes buscan saber en qué etapa va el proceso, acusó Joaquín Solorio hermano de Ismael y cuñado de Manuelita.

Ismael defendía el agua de Buenaventura y se oponían a la instalación de la minera El Cascabel, filial de la canadiense Mag Silver en el ejido Benito- Juárez.

Fuente:http://www.sinembargo.mx/23-06-2018/3431170