Este 12 de junio se llevó a cabo en la Corte Superior de Justicia de Lima, la audiencia de vista de la causa por la apelación del Ministerio de Energía y Minas (MEM), contra la sentencia que declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por la comunidad indígena awajún de Supayaku, por haberse afectado su derecho a la consulta previa cuando el MEM autorizó las actividades de exploración del proyecto minero “Yagku Entsa” de la empresa Águila Dorada SAC.

Albercio Bazán Jempekit, presidente de la Organización Regional Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC) y representante de la comunidad awajún de Supayaku, realizó el informe de hecho, explicando que la afectación más importante fue la muerte de peces durante la fase de exploración minera que Águila Dorada realizaba en la cabecera de cuenca del río Chirinos. Esto les obligó a dejar de pescar, comer pescado y realizar actividades en el río, impactando seriamente en su alimentación, poniendo en riesgo su salud y generando un clima de miedo y tensión generalizado. Bazán invocó a respetar a los pueblos originarios por ser parte del Perú, como también lo señaló en un medio radial.

El procurador del MEM, parte demandada, aludió a tres cuestiones para defender la apelación. La primera fue que una demanda de amparo no es el mecanismo idóneo para que esta comunidad defienda sus derechos supuestamente afectados. La segunda, que las operaciones mineras se realizan en territorios de la comunidad de Naranjos y que Supayaku no es parte de la zona de influencia, por lo que cuestionó la sentencia favorable fundamentada en que Supayaku es comunidad colindante. En tercer lugar, cuestionó la competencia de los órganos judiciales de Lima, señalando que los competentes son los de Cajamarca.

David Velazco, director de FEDEPAZ y abogado defensor de Supayaku, contestó los cuestionamientos del procurador del MEM durante su informe técnico. Primero, que para prever la inminente afectación de un derecho no hay otra vía idónea que la demanda de amparo, por lo que correspondía recurrir a ella. Segundo, si bien la concesión y actividad del proyecto minero Yagku Entsa se sitúa en Naranjos, ambas comunidades utilizan recursos del mismo bosque y río; por lo tanto, la salvaguarda de aspectos ambientales, culturales y espirituales del pueblo awajún de Cajamarca incluyen a ambas comunidades, únicas en la región. Finalmente, señaló que el acto lesivo cometido por el MEM, al emitir autorización para este proyecto minero de manera inconsulta, se concretó en Lima; de ahí que la competencia sea de los tribunales de Lima.

Desde el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM) confiamos que la sentencia emitida en primera instancia, favorable a que se respete el derecho a la consulta previa de la comunidad awajún de Supayaku, sea ratificada por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Se trata de un caso emblemático por ser la primera sentencia que declara fundada una demanda de amparo por violación al derecho a la consulta previa en actividades de minería metálica, un precedente importante para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas del Perú, especialmente en lo que concierne a la consulta previa, derecho protegido por el Convenio 169 de la OIT.

15 de junio de 2018

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/06/15/supayaku-en-alerta-por-consulta-previa-sobre-mineria/

Cumplido ya el plazo de 60 días de prórroga del estado de emergencia en el corredor minero Apurímac – Cusco – Arequipa, esta medida no ha vuelto a ser ampliada. Esta semana venció la prórroga al estado de emergencia, dictada el 11 de abril pasado mediante Decreto Supremo Nº 037-2018-PCM. Hasta el momento, si bien el Gobierno no se ha pronunciado oficialmente al respecto, no ha habido una nueva renovación y por lo tanto la zona ya no se encuentra bajo estado de excepción.

Como informamos días atrás, la semana pasada el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, visitó la provincia de Cotabambas y se reunió con dirigentes, autoridades locales y representantes de la sociedad civil. Ante la solicitud de los dirigentes de levantar el estado de emergencia, que en algunas zonas ya estaba a punto de cumplir un año de vigencia, Molina ofreció interceder ante las autoridades de la Presidencia del Consejo de Ministros.

La no renovación de esta medida, que venía restringiendo derechos ciudadanos al libre tránsito y reunión, a la inviolabilidad del domicilio y a la libertad y seguridad personales de unas 50 mil personas en tres regiones del país, abre una posibilidad para que se retome el diálogo, tal como solicitan las organizaciones sociales.

El estado de emergencia se decretó en agosto del año pasado en diversos distritos de Apurímac y Cusco, tras las protestas de la población por los impactos de la carretera por la que transitan cientos de vehículos mineros diariamente, generando incesantemente vibraciones y polvareda que perjudican las viviendas, los sembríos y la salud humana. La medida fue ampliada una y otra vez, y a inicios de este año se amplió a lo largo de todo el corredor vial Apurímac – Cusco – Arequipa, donde se ubican grandes proyectos mineros como Las Bambas, Constancia, Antapaccay, entre otros.

Hacemos votos para que la decisión de no volver a prorrogar el estado de emergencia permita retomar el diálogo, suspendido unilateralmente por el Estado, y resolver las demandas legítimas de la ciudadanía en el marco del respeto a la democracia y el estado de derecho.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/06/13/no-se-prorrogo-estado-de-emergencia-en-el-corredor-minero/

La Libertad

Nuestro entrevistado remarcó la necesidad de multiplicar canales de información a la población sobre temas mineros. Además, refirió que la población ha expresado su negativa a ver minería formal en la zona y que la minería informal se ha expandido a sus anchas.

Población demanda información confiable sobre minería

Para contrarrestar la desinformación de la población sobre temas mineros, “nosotros lo que hemos pensado es sacar programas radiales para ir concientizando a la gente para que en lo sucesivo podamos levantarnos pero con una base”. Esto es importante “porque tampoco podemos ir contra la norma. La minería formal, según ellos, cumplen la parte legal”, acotó.

Esa información se tiene que difundir en los medios. En Santiago de Chuco, por más que se hagan gestiones para solicitar medios de comunicación, con respecto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, “no pasa nada”, dijo. Citó el caso de solicitud para el uso de una emisora desde el 2009 sin obtener resultados. “¿Cómo se va informar a la población?”, se pregunta.

Informó que actualmente cuentan con las ondas de radio Nor Andino. Sin embargo, expresó su desconfianza ante los contenidos que  puedan ser divulgados desde las autoridades ediles ya que “informan según su conveniencia”.

“Nos sentimos desbordados”

Alegó que en las funciones de defensa del medio ambiente encargadas a su grupo de trabajo, integrado por 16 personas, se sienten desbordados, ya que Santiago de Chuco en cuanto al tema minero es prácticamente “tierra de nadie”. A mucho, precisó que “lo que estamos haciendo es convocar al pueblo para que tomen consciencia” de la situación.

García Gelderes nos asegura que, en verdad, no es mucho lo que se pueda hacer desde el Comité de Defensa del Agua y Medio Ambiente – Santiago de Chuco. Esto debido a que “no tenemos ni la parte logística para poder movilizarnos”, lamentó.

La población rechaza actividad minera

Actualmente, “la preocupación más grande de la población se da con la situación de la cabecera de cuenca del Huacamarcanga. Se está por instalar una empresa de nombre Newmont. Ya tiene todos los permisos necesarios del Ministerio de Energía y Minas, y ya se encuentra en la primera etapa de la exploración”, dijo.

Al respecto, resaltó que “el 80% de la población no quiere la minería debido a que en esa zona baja el canal Vicente Jiménez que va a la población de Santiago de Chuco. La minera ha convocado a talleres, pero la gente no quiere saber nada de la minería formal”.

Sabemos que la minería trae desarrollo con el canon minero, pero en tanto tiempo Santiago de Chuco se ha mantenido retrasado. Las empresas mineras hacen daños porque no son fiscalizadas por las autoridades. Hay arbitrajes, hicieron mal y aun así las empresas ganan. “¿Entonces para qué queremos minería?”. Si administraran bien los recursos estas mineras, pues bienvenidos, acotó.

“Nosotros como desconocemos de la parte técnica de la minería, pensamos que van a malograr los acuíferos. Aunque ellos (representantes de la minera) nos explican que eso no va a ser así y de que van a cuidar el medio ambiente. Pero la gente no quiere saber nada”.

En cuanto a la minería informal en la zona, nuestro entrevistado calificó la situación de caótica. Y esto se debe a que, según él, sus preocupaciones y demandas en este tema no son escuchados por quienes detentan el poder. “No pasa nada con las autoridades que han sido elegidas para velar por el pueblo”, expresó.

Minería no existe para los candidatos

Los candidatos no se pronuncian acerca del tema minero ni la defensa al medio ambiente, aseguró García Gelderes. En un encuentro importante como el último taller del presupuesto participativo, allí solo acudió un solo candidato, que solo estuvo el primer día para luego retirarse, reveló nuestro entrevistado.

Fuente:http://www.inforegion.pe/251600/santiago-de-chuco-hay-desinformacion-sobre-temas-mineros/

La minera Southern Copper, del Grupo México, buscará reactivar la actividad minera en la norteña región peruana de Cajamarca, la de mayor pobreza del país, con la explotación de la mina de cobre Michiquillay, cuyo contrato de concesión fue suscrito hoy con el Ministerio de Energía y Minas de Perú.

El yacimiento, que requiere invertir 2.500 millones de dólares para su explotación, está en la misma región donde el proyecto para operar la mina de oro Conga, pendiente de una inversión de 4.800 millones de dólares, está paralizado por un marcado conflicto social, que dejó cinco muertos en 2012.

Entre el 43,1 % y el 52 % de la población de Cajamarca, eminentemente rural, vive bajo el umbral de la pobreza, al vivir con menos de 338 soles (101,4 dólares) al mes, según el último el informe de la evolución de la pobreza monetaria 2007-2017 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Sin embargo, Cajamarca es junto a la sureña región de Apurímac la región con mayor potencial minero, principal pilar de la economía peruana.

“Cajamarca es una región que a pesar de la minería que se ha desarrollado en los últimos años aún está en niveles de pobreza que no debiera encontrarse actualmente”, reconoció el ministro peruano de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, durante la ceremonia de suscripción del contrato con Southern.

“El Estado, particularmente a través de este Gobierno, promoveremos que la minería realmente genere un cambio y pueda reducir los niveles de pobreza y las brechas que hoy existen en muchas zonas mineras. Trabajaremos especialmente con este enfoque en Cajamarca”, agregó.

Ísmodes recordó que la inversión minera es “fundamental” para Perú, y anticipó que el Gobierno hará un seguimiento muy cercano a Michiquillay para garantizar su éxito.

Prometió trabajar junto a la empresa y la población para promover “un buen diálogo y una buena actividad responsable, que respete los estándares ambientales”.

Por su parte, el presidente de Southern Perú, Óscar González, afirmó que Michiquillay tendrá una producción anual de 225.000 toneladas de cobre, lo que a su criterio consolidará la expansión cuprífera de Perú, actualmente segundo producto mundial de este metal.

González aseguró que su compañía utilizará “tecnología punta amigable con el medioambiente” y deseó contribuir al desarrollo de la región como ya lo hace la minera en las sureñas regiones de Moquegua y Tacna con la producción de las minas de Toquepala y Cuajone.

No obstante, Southern tiene paralizado su proyecto para explotar la mina Tía María, en la también sureña región de Arequipa, por las protestas de los campesinos del cercano valle del río Tambo, un conflicto que en 2015 dejó cuatro fallecidos, entre ellos un policía.

En la ceremonia de suscripción del contrato de Michiquillay también participó el viceministro de Minas, Miguel Incháustegui, el director ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), Alberto Ñecco, y el gerente general de Activos Mineros, Antonio Montenegro.