“Si un gobierno hace eco de las demandas de la población en torno por ejemplo a la contaminación generada por una empresa, y decide expulsar o quitar la concesión a esta empresa, la empresa puede demandar al gobierno. Hace cinco anos, había por lo menos 60 países de Africa, Asia y América latina demandas por las empresas transnacionales ante el Banco Mundial, que es el tribunal que a final de cuentas decide y muchas veces le da la razón a las transnacionales. Costa Rica y El Salvador son los únicos dos países que por ley han prohibido la minería metálica en su territorio, por lo que les han llegado demandas de las empresas canadienses y australianas y han tenido que gastar millones de dólares en su defensa legal. Al final ganaron pero han sido los únicos dos casos y por lo general las corporaciones ganan.
Si la gente defiende sus derechos humanos al agua, a la salud y la alimentación, entonces en los tratados empezaron a ver la forma de asegurar que la movilización social no sea un derecho humano sino un crimen. Cuando la gente está protestando, bloqueando una carretera, puede ser demandada por secuestro, delincuencia organizada, o terrorismo. Los tratados convierten la protesta social y las demandas por los derechos humanos en un crimen. Para los gobiernos es mas fácil modificar el código penal y criminalizar la protesta social que pagar millones de dólares en las demandas de las empresas. La confrontación es cada vez más fuerte entre los movimientos y las corporaciones en toda América latina.
(…) América latina tiene muchos bienes comunes naturales: bosque, madera, biodiversidad, agua, gas, petroleo, minerales. Esos bienes comunes naturales incorporados al mercado ahora los llamamos recursos naturales y se les pone precio, entonces vienen la lucha por quien es dueño de eso. (…) Prácticamente todos los gobiernos de América latina tienen acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, China, Estados Unidos o Canadá, por lo que hay una disputa muy fuerte por todos estos recursos. Esos TLC van avanzando a un ritmo sumamente acelerado y la extracción ha sido cada vez mas fuerte. En México, por ejemplo, del 2000 al 2011 se extrajo 2.5 veces más oro que durante los 300 años de colonia española.
Eso ha implicado que la gente se esté levantando y organizando, pero es peligroso en América latina, donde quien se oponga es perseguido. Hay mucha esperanza ya que la resistencia es muy fuerte, los movimientos están resistiendo, la gente está buscando la manera de blindar sus territorios, de generar territorios libres de minería, represas y transgénicos y está generando alternativas propias y locales. Eso es lo que hace que la gente sea muy amenazante para los intereses corporativos, por eso es tan peligroso. Tenemos casos por toda América latina, y sobre todo muchos feminicidios, porque las mujeres están en frente de todas las resistencias en el continente.”
Fuente:http://movimientom4.org/2018/07/video-gustavo-castro-los-tratados-de-libre-comercio-convierten-la-protesta-social-en-un-crimen/
En el departamento de Colón, al norte de Honduras, las comunidades se han organizado para frenar las 59 concesiones mineras que el gobierno ha otorgado a empresas privadas, sin consultar a la ciudadanía. 34 del total de las concesiones se ubican en Tocoa, un municipio amenazado con desaparecer porque su montaña está destinada para la minería, y su parte baja está plagada por el monocultivo de la palma africana.
Los defensores de derechos humanos están siendo perseguidos en el Perú. Red Muqui alertó sobre las amenazas que estaba recibiendo el presidente de la central única de ronda campesinas de Huancabamba en Piura, Isaac Huamán quien nos dio detalles de lo sucedido.
Representantes de varias organizaciones que están en contra y a favor de la actividad minera en el Azuay se dieron cita este lunes 23 de julio, en los exteriores de la Corte Provincial de Justicia, para conocer de primera mano la resolución sobre el proyecto en Río Blanco.
Este lunes 23 de julio fue la audiencia de apelación a la suspensión de trabajos en el proyecto Río Blanco
Representantes de unas 35 organizaciones aglutinadas en la Coalicion Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales, CONROA, realizaron una marcha de protesta y posterior plantón en Tegucigalpa, en desacuerdo con la explotación de la mineria metálica que impulsa el Gobierno del presidente Juan Orlando Hérnández.
El senador nacional Juan Mario Pais (FPV), presentó un recurso de amparo contra el Gobierno Nacional por «el ocultamiento de información» en torno al Memorándum de entendimiento para la exploración y explotación de uranio en la provincia del Chubut que firmaron Argentina y Rusia.
Hace pocos días se conocieron algunos acuerdos entre organizaciones indígenas y empresas mineras que ocupan el territorio ancestral Shuar en las cordilleras de El Cóndor y Kutukú (1). Un análisis de los tres documentos nos muestra lo que las empresas mineras son capaces de hacer para acceder a los minerales que se encuentran en los territorios indígenas.
Ante la posibilidad de que la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco apruebe una ordenanza prohibiendo toda actividad minera en las zonas altas de la provincia liberteña mencionada, el dirigente ronderil expresó sus dudas de que una iniciativa así tenga actualmente el sustento necesario para poder aprobarse.
Ecologistas en Acción-Ciudad Real denuncia que la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), a través de la Escuela de Minas de Almadén, «está desarrollando un plan que persigue desarrollar decenas de minas en las comarcas de Montes de Toledo, Montes de Ciudad Real y Sierra Morena y el Valle de Alcudia, cuyas primeras iniciativas son las minas de Abenójar y de Fontanarejo».